Comisionado de Seguros ordena a Integrand Assurance suspender aceptación de nuevos negocios

La Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), de acuerdo a la Regla Núm. 94 del Reglamento del Código de Seguros, conocida como “Estándares y autoridad del Comisionado de Seguros con Respecto a Aseguradores que presenten Condición Financiera Adversa”, presentó el martes una orden contra Integrand Assurance Company para suspender la aceptación de nuevos negocios respecto a riesgos catastróficos en seguro de propiedad comercial y personal, y limitar la suscripción de negocios para tales riesgos únicamente a renovaciones de pólizas existentes y otras líneas de negocio.

Según explicó el Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, esta orden, además, deja sin efecto los aumentos de pago de comisiones notificados a los productores y representantes autorizados, suspende la declaración y pago de cualquier clase de dividendos, y deberán someter ante la OCS , además de los informes financieros regulares, informes financieros interinos de manera mensual. También, el asegurador deberá documentar ante la OCS la suficiencia de los niveles tarifarios en relación con los riesgos asegurados.

“A pesar que, al momento, la condición financiera de Integrand Assurance Company no es una situación de insolvencia o menoscabo de capital, de los informes financieros y auditorías realizadas se desprende que se encuentra en una condición financiera de cuidado que, de no tomarse acción correctiva, podría empeorar y desembocar en una futura insolvencia o menoscabo de capital, en perjuicio de asegurados, acreedores e interés público”, añadió Rivera Ríos.

Cada una de tales acciones están enmarcadas dentro del ámbito de las facultades que le confiere al Comisionado la Regla 94 con respecto a un asegurador que ha experimentado o pueda experimentar problemas de flujo de efectivo o liquidez. Además, el Comisionado entiende que puede haber hallazgo sobre las operaciones del asegurador que sea determinante como un riesgo en protección de los asegurados, acreedores e interés público en general. Ante esta situación, resulta preciso emitir esta orden amparada en la Regla 94.

“Como sabemos a raíz del impacto de los huracanes Irma y María, y con especial importancia por parte del gobernador, Ricardo Rosselló de que se vele por los intereses de los asegurados, nuestra Oficina ha estado monitoreando de cerca la solvencia financiera y operaciones de los principales aseguradores de propiedad y contingencia”, explicó Rivera Ríos.

A finales del 2018, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares convirtió en Ley seis proyectos que ofrecen derechos a los asegurados frente a las compañías aseguradoras. Esta leyes fueron, la Ley 242 que incorpora el proceso obligatorio para las aseguradoras de valoración (appraisal) ante un árbitro imparcial. La Ley 243 que requiere a las aseguradoras, ante un estado de emergencia en la Isla, que los fondos para la recuperación económica fluyan de forma expedita, obligando al asegurador a proceder con la emisión de pagos parciales o adelantos a la reclamación hasta que se llegue a una resolución final.

Además, la Ley 244 que requiere a cada asegurador mantener por escrito un plan de respuesta ante un evento catastrófico o de emergencia, mediante el cual se garantice la continuidad de los servicios y operaciones. La Ley 245 que permite a las entidades que cualifiquen, la colocación de riesgos comerciales particulares con aseguradores de líneas excedentes cuando, luego de circular el riesgo entre todos los aseguradores autorizados pueda suscribir esa clase de seguro en Puerto Rico.

Por otro lado, la Ley 246 que viabiliza y autoriza una nueva cubierta a bajo costo con beneficios definidos, conocida como microseguros, que, en caso de ocurrir un evento catastrófico, permitiría al asegurado recibir una indemnización predeterminada sin necesidad de pasar por los procesos de ajuste de la reclamación.

Por último, Ley 247 que crea una nueva causa de acción para casos donde el asegurador no haya procedido con buena fe o que el manejo de la reclamación fuera irrazonable.




Comisionado de Seguros y DACO presentan demandas contra aseguradoras tras María

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares informó el martes, que de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) y el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) presentaron dos demandas en contra de las aseguradoras para velar por el interés público y defender a los asegurados tras el paso del huracán María por Puerto Rico.

“La actuación de las aseguradoras en varios casos pone en juego nuestra capacidad para recuperarnos tras el paso de los huracanes. Debemos ayudar a los asegurados para impedir la migración y pérdida de empleos en la Isla”, puntualizó el primer ejecutivo en conferencia de prensa.

Rosselló Nevares añadió que “muchos asegurados se encuentran tramitando aún sus reclamaciones en los procesos internos de las aseguradoras. Este atraso es injustificable y atenta contra nuestro progreso luego de la devastación”.

Por una parte, la demanda de clase que presenta DACO en representación de los consumidores se hace con el fin de evitar que una aseguradora pueda levantar como defensa el alegado término de caducidad de un año y permitir que los asegurados sigan con sus reclamaciones bajo su póliza.

Varias aseguradoras han interpretado que los asegurados tienen un año para demandarlos en los tribunales o pierden su reclamación; esto se conoce como término de caducidad.

Dicha interpretación crea una gran injusticia pues el 20 de septiembre de este año —tras 1 año del paso del huracán María— las aseguradoras podrían denegar las reclamaciones de muchos asegurados y después alegar que estos no pueden ir al tribunal a exigir sus derechos.

Además, en esta demanda se están reclamando daños a nombre de los consumidores que todavía no han sido indemnizados.

El secretario de DACO, Michael Pierluisi, expresó que “el hecho de que, a casi un año del paso del huracán María, estas reclamaciones no estén resueltas es inaceptable”.

Asimismo, el titular de DACO añadió que “como el ente llamado a vindicar los derechos de los consumidores, trabajaremos este pleito arduamente ante todos los foros pertinentes para resolver estas reclamaciones y contribuir a que los consumidores asegurados recuperen sus pérdidas y, más importante aún, su calidad de vida. Con la presentación de este pleito, hemos puesto a los consumidores en una posición más sólida frente a las aseguradoras”.

Por otra parte, la demanda de sentencia declaratoria de la OCS se presenta para que el tribunal determine que ese término de un año no es de caducidad sino uno de prescripción, que puede ser interrumpido mediante reclamación extrajudicial, como la reclamación en el foro interno de la aseguradora.

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Eso permitirá que, para esta y futuras ocasiones, la aseguradora no pueda levantar la defensa de caducidad al año a pesar de que el asegurado haya hecho reclamaciones extrajudiciales en los foros internos de la aseguradora.

Por su parte, el comisionado de la OCS, Javier Rivera Ríos, puntualizó que “nuestra oficina, junto al Departamento de Justicia, han establecido una demanda para que el tribunal se exprese en sentencia declaratoria sobre si el periodo para un asegurado acudir a los tribunales para instar una acción judicial contra el asegurador es uno prescriptivo o de caducidad”.

Rivera Ríos también afirmó que “vemos en esto una medida favorable ya que evita la incertidumbre sobre el término que poseen los asegurados afectados por el huracán María para ir a los tribunales y hacer valer sus derechos bajo la póliza en caso de alguna controversia”.

La OCS ha tenido que notificar 53 órdenes contra las aseguradoras, con multas que ascienden a unos $5.9 millones, para atender 19,607 reclamaciones de asegurados. Además, la oficina ha recibido 1,658 querellas, de las cuales aún quedan pendientes 999.

Al 31 de julio de 2018 y solo sobre el huracán María, los asegurados han realizado unas 276,000 reclamaciones a las aseguradoras. De estas, unas 83,000 están cerradas, pero no se ha emitido pago al asegurado. También, existen unas 16,000 reclamaciones sin resolver por parte de las aseguradoras.

Mientras, la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, expresó que “a casi un año y como resultado del devastador paso del huracán María, miles de puertorriqueños y residentes de esta Isla perdieron sus pertenencias y sus hogares. Aun ante la tragedia, descansaron en poder reconstruir y recuperar la normalidad en sus vidas en el entendido de tener sus bienes asegurados”.

Vázquez Garced señaló además que “es altamente injusto que, a un año del paso del huracán, todavía haya asegurados que, pese a hacer sus reclamos a tiempo, las aseguradoras no les han respondido, atendido ni desembolsado lo que les corresponde. Esperamos que estas acciones legales ayuden a Puerto Rico a seguir adelante y a levantarse. Es lo más justo”.

Estas dos demandas se unen a otras iniciativas que presentó el gobernador ante la Asamblea Legislativa para proteger a los asegurados; las mismas se están trabajando en la Legislatura para su aprobación.

Una de las medidas propone implementar el proceso obligatorio de valoración (appraisal) por medio de un árbitro. Con este proceso —disponible en las demás jurisdicciones de los Estados Unidos—las partes podrán someter el asunto ante un árbitro para llegar a una resolución de forma rápida y económica.

Este proceso de valoración no suplantará o constituirá una renuncia del derecho del asegurado a iniciar una acción judicial.

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Otra de las medidas enmienda el Código de Seguros para prohibir cualquier cláusula o estipulación en un contrato o póliza de seguro que limite la facultad del asegurado para hacer valer sus derechos bajo la póliza en los tribunales.

Además, se presentó una enmienda para facilitar a las entidades que cualifiquen, la colocación de riesgos comerciales particulares con aseguradores de líneas excedentes.

De esta manera, se podría dispensar a ciertas entidades del requisito de circular el riesgo entre los aseguradores de la Isla antes de recurrir a un asegurador de líneas excedentes.

En momentos en los que el costo de las primas comerciales ha visto un drástico aumento, esto resultará en mayor acceso a primas más asequibles para los comercios, condominios y entidades gubernamentales.

Por otra parte, se propone establecer un mecanismo para que la Rama Judicial cree salas especializadas con jueces preparados para que, ante una declaración de emergencia, puedan ver de manera expedita los casos sobre seguros.

También se presentó una enmienda para que, en casos de que el asegurador no haya procedido con buena fe o que el manejo de la reclamación fuera irrazonable, se establecería como penalidad del pago de la totalidad de honorarios y costos para el proceso administrativo y judicial.

Mientras, se ha propuesto una enmienda para requerir a cada asegurador mantener por escrito un plan de respuesta ante un evento catastrófico o de emergencia, mediante el establecimiento de un proceso para asegurar la continuidad de los servicios y operaciones.

Además, se propuso legislar para obligar a las aseguradoras a hacer pagos parciales aplicable a las partidas donde no existe controversia.

También se presentó una medida para que las aseguradoras reembolsen los gastos incurridos en su investigación o en un examen financiero para asegurar que están debidamente capacitadas a responder a sus asegurados.

Este modelo de reembolso y fiscalización es seguido por múltiples jurisdicciones como California, Illinois, Massachusetts, Maryland, Dakota del Norte, Nueva York, Pensilvania, Rhode Island, Dakota del Sur y Utah.

Finalmente, se propuso una enmienda para crear una nueva cubierta a bajo costo con beneficios limitados y definidos, conocida como microseguros. En caso de ocurrir un evento catastrófico, el microseguro permitiría al asegurado recibir una indemnización predeterminada sin necesidad de pasar por los procesos de ajuste de la reclamación.




Comisionado de Seguros realiza inspecciones oculares sobre casos en investigación

La Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) llevó a cabo el jueves inspecciones oculares a estructuras que son motivo de investigación como parte de las medidas que han tomado en defensa y en el mejor interés de los consumidores de seguros en Puerto Rico desde las catástrofes de los huracanes Irma y María.

Estas investigaciones corresponden a querellas recibidas en la OCS, las cuales llevan estudiando a fondo y en la que están involucrados sectores comerciales y oficinas de servicios de salud.

“Estoy junto a nuestro equipo de investigaciones y conducta del mercado inspeccionando personalmente las estructuras envueltas en reclamaciones aún en controversias, con el fin de obtener de primera mano la magnitud de los daños y conocer porque a estas alturas no ha sido posible un acuerdo satisfactorio para ambas partes. De esta forma vamos a poder obtener elementos de juicio sobre la razonabilidad de los ajustes y poder emitir un nuevo enfoque a nuestra investigación que nos permitirá resolver esto de una vez y por todas. Además, podemos observar más de cerca la conducta y modo de operar de los ajustadores públicos e independientes,” explicó el Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos.

A esta vista ocular están citados por la OCS el asegurado y el asegurador, así como también los ajustadores de ambas partes, además del equipo especializado en los departamentos de investigaciones y conducta de mercado de la OCS. Esta iniciativa se une a los varios esfuerzos que la OCS ha llevado a cabo desde la catástrofe del huracán María.

“Esta oficina ha trabajado sin descanso para fiscalizar a las aseguradoras, productores, ajustadores y todo aquel regulado, exigiéndoles el mejor manejo de las reclamaciones en cumplimiento con la regulación de la industria de seguros, prueba de esto han sido diversas acciones que tomamos entre las que emitimos cerca de 32 cartas normativas y circulares dirigidas a fiscalizar distintos aspectos relacionados al manejo de estas reclamaciones”, añadió Rivera Ríos.

“El gobernador, Ricardo Rosselló está muy comprometido en la protección de los derechos del asegurado y está siguiendo muy de cerca este proceso apoyando todos los esfuerzos de nuestra oficina, inclusive, ya han sido sometidas ante la Legislatura un paquete de medidas dirigidas a fortalecer la regulación de la industria de seguros y poseer una industria mejor capacitada para manejar un futuro desastre natural o evento catastrófico”, concluyó Rivera Ríos.

La Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico está ubicada en el Edificio GAM Tower, Calle Tabonuco, 5to piso, en Guaynabo, Puerto Rico, y su teléfono es el 787-304-8686. Puede obtener más información accediendo la página de internet www.ocs.pr.gov y a través de su página de Facebook y Twitter.

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Industria farmacéutica busca facilitar acceso a medicamentos durante emergencias

Luego de las experiencias sufridas para el despacho de medicinas tras el impacto del huracán María, el sector farmacéutico del país favoreció el Proyecto de la Cámara 1560, sometido por el presidente del cuerpo, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, cuyo fin es establecer mediante ley el proceso a seguir para facilitar el acceso a medicamentos en caso de ocurrir otra emergencia.

A esos efectos, la medida discutida en vista pública de la Comisión de Salud que preside el representante Juan Oscar Morales Rodríguez, enmienda la “Ley de Farmacia de Puerto Rico”, para incluir la definición de estado de emergencia y las disposiciones alusivas a cómo tratar las repeticiones o reabastecimiento de medicamentos en medio de una emergencia.

“La destrucción provocada por el huracán afectó la infraestructura de las telecomunicaciones dejando incomunicadas y asiladas a miles de personas. Como resultado, muchos pacientes perdieron comunicación con sus médicos y la receta para continuar con su tratamiento farmacológico. Es indispensable que estos mantengan sus condiciones de salud controladas y evitar complicaciones, sumadas a la falta de energía eléctrica y de acceso a agua potable. Coloca a los pacientes en una situación de grave riesgo y deterioro de su salud. Así que es necesario tomar previsiones que nos permitan mantener un sistema de distribución y despacho de medicamentos funcional en estos casos”, expresó Morales Rodríguez.

Los dirigentes de la Asociación de Farmacias de Puerto Rico, el Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico y Coopharma, coincidieron en que durante la emergencia hubo un vacío estatutario donde ninguno de estos profesionales de la salud conocía como proceder en relación a la ausencia de recetas y la falta de comunicación.

Por lo tanto, acogieron y llevaron a cabo la dispensación de medicamentos conforme a las instrucciones emitidas por la Administración de Servicios de Salud (ASES), a través de la Orden Administrativa 2017-10-001 y la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) mediante la Carta Circular CN-2017-221-D, para que fueran dispensados sin cumplir con periodos de espera y sin necesidad de autorizaciones pertinentes o tradicionalmente requeridos por la industria.

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“La Orden Administrativa además autorizó la repetición de medicamentos de mantenimiento sin la receta médica, bastando con la presentación del frasco vacío. También, se honró el despacho de medicamentos prescritos por médicos licenciados fuera de la red de proveedores del Plan de Salud del Gobierno, aplicable a medicamentos no controlados. Las acciones tomadas por ASES y OCS fueron acertadas”, notificó la licenciada Milagros Morales del Colegio de Farmacéuticos.

Incluso, la licenciada Agnes Martínez en representación de Coopharma aseguró que las farmacias de la comunidad ejercieron su labor y cumplieron con las directrices contenidas en las Cartas Normativas mencionadas.

No obstante, señaló que el reto de las farmacias vino posterior, ya que las Cartas Normativas estaban dirigidas a las aseguradoras y la de ASES no indica que fuese extensiva a los Manejadores de Beneficios de Farmacias (PBM, en inglés) contratados por los aseguradores para el manejo y administración de los beneficios de farmacias, incluyendo el pago de las recetas propiamente despachadas por las farmacias al paciente.

Mientras, la directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias de Comunidad de Puerto Rico, Linda Ayala Bousson expresó que la intervención de la Asamblea Legislativa es necesaria para establecer el proceso a seguir y asegurar el reembolso de las aseguradoras una vez concluya la emergencia.

“El comportamiento de los PBM’s es que cuando comenzó el proceso de facturación surgieron alegaciones en que no se pagaban medicamentos debidamente despachados y no tenemos un lugar donde apelar porque las PBM’s no están reguladas”, apuntó Ayala Bousson.

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Las deponentes no pudieron especificar el monto de los reembolsos, por lo que el representante Morales Rodríguez le solicitó a la directora interina de ASES, Milagros Soto, que se encontraba observando la vista pública, que dentro de un periodo de 10 días someta los documentos de los medicamentos pagados y no pagados por ASES a las farmacias. La funcionaria indicó que cuenta con los documentos requeridos.

El representante Jesús Manuel Ortiz planteó que “las PBM’s, tienen que cumplir con las órdenes del comisionado y ASES. Es un subterfugio”.

Finalmente, Morales Martínez, sostuvo que “cada una de las recomendaciones que se vertieron serán consideradas para que sea un proyecto completo. Estoy satisfecho con la vista pública de hoy y entiendo que de ahí va salir un buen proyecto para el beneficio del pueblo de Puerto Rico, las farmacias y todos. En cuanto a la regulación de las PBM’s, esto está incluido en el Proyecto 218 que está pendiente en Reglas y Calendario de la Cámara y está listo para someterse a votación”