Oficina del Contralor revela AEE cometió irregularidades significativas

La Contraloría de Puerto Rico reveló el jueves que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) cometió irregularidades significativas en el proceso de compras de combustible y pagos por servicios profesionales.

El Informe establece que en ocho contratos y una enmienda para la compra de combustible entre el 2008 al 2012 por la suma de $4.6 mil millones, la AEE no incluyó en los contratos la cláusula para imponer el cargo de intereses por demora. A pesar de la ausencia de esta cláusula en los contratos, la Autoridad desembolsó $3.3 millones a los proveedores.

“Además, contrario al Procedimiento de Pago de Intereses del 1996 y otros reglamentos vigentes, el tesorero de la AEE no pudo suministrar para examen de nuestros auditores, los informes y las investigaciones realizadas sobre los pagos de cargos por demora”, señala el informe.

La auditoría de tres hallazgos señala que se efectuaron pagos por $2.3 mil millones a una compañía que se había declarado culpable por fraude en el foro federal en el 2006.

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“Esta situación contraria a la Ley 458-2000 para Disponer la Prohibición de Adjudicar Subasta o Contrato a Personas Convictas de Delitos Constitutivos de Fraude, Malversación o Apropiación Ilegal de Fondos Públicos, se realizó mediante la transferencia de fondos a terceros a petición del proveedor. Esta cesión de fondos está regulada por el Procedimiento para Tramitar las Cesiones de Fondos aprobado en el 2002. Sin embargo, los directores de Finanzas y los tesoreros de la Autoridad, no confirmaron la declaración jurada del proveedor”, dice el informe.

Del 2009 al 2017, la AEE realizó desembolsos por $2.7 millones a 29 contratistas para reconocer y pagar deuda por servicios rendidos sin contrato. “Esta situación contraria a la ley vigente propicia que se presenten reclamaciones fraudulentas e ilegales y que se efectúen pagos por servicios no prestados.”

“El Informe comenta que se identificó un proveedor de combustible que rindió y pagó su Planilla Mensual de Arbitrios al Departamento de Hacienda más de dos años posteriores al término fijado por la Ley”, dijo el contralor.




Higgins contrata a un asesor para que lo ayude en la AEE

Walter Higgins, director ejecutivo y CEO de la AEE. (Jaime Rivera/CB)

Walter Higgins, director ejecutivo de la AEE. (Jaime Rivera/CB)El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Walter Higgins, contrató a un conocido suyo para ofrecerle servicios de asesoría a un costo de más de $20,000 mensuales, para un total de $315,000 al finalizar la vigencia del mismo.

Se informó que el contratista es Víctor H. Peña Vargas, quien sería un amigo de Higgins.

La contralora Yesmín Valdivieso confirmó la existencia del contrato. “Sí. Está registrado en nuestra oficina”, dijo Valdivieso en entrevista radial (WKAQ 580).

“Según el contrato, [ganará] $22,500 mensuales”, detalló la funcionaria.

Según el resumen del contrato, divulgado en el portal cibernético de la Oficina de la Contralora, el mismo fue firmado el pasado 9 de mayo y estará vigente hasta el 31 de mayo de 2019. La categoría es de servicios de consultoría y el tipo de servicio es consultoría financiera. El contrato no tiene renovación automática y es no exento.

Informes de prensa indican que el documento expone que el pago no puede superar los $45,000 entre el 9 de mayo y el 30 de junio de 2018. Por otro lado, dispone que en total, el contrato no puede exceder los $270,000.

El contrato detalla que Peña Vargas se encargará de funciones como ofrecer asistencia a Higgins para mejorar el plan de operación de la AEE, mejorar transacciones operacionales, emisión de pagos a proveedores, revisar asuntos fiscales, preparación del presupuesto, medición de metas, entre otras.

Valdivieso explicó que todos los contratos del gobierno deben pasar por el crisol de la Secretaría de la Gobernación y de la Oficina de Gerencia de Presupuesto (OGP). En caso que el contrato sea de más de $10 millones, debe tener el aval de la junta de control fiscal.

Por su parte, el vicepresidente del Senado Larry Seilhamer dijo que buscará que el Alto Cuerpo someta a Higgins tercero a una sesión de interpelación.

“Lo máximo que podemos hacer es interpelar al señor Higgins. Es necesario, es urgente y pertinente que nosotros en el Senado de Puerto Rico podamos llamar al señor Higgins para que nos justifique y nos diga cuáles son sus funciones y tareas. Siempre me ha dado la impresión que el señor Higgins es una imposición de la junta de control fiscal y responde a unas personas o entidades que no es el pueblo de Puerto Rico”, dijo Seilhamer en la misma emisora.

 




Asignan FEI para alcalde de Culebra por posibles violaciones al Código Penal

El alcalde de Culebra, William Solís Bermúdez, será investigado por un Fiscal Especial Independiente (FEI) ante la posible comisión de delitos por violación a los Artículos 252 y 264 del Código Penal de Puerto Rico de 2012, trascendió el jueves.

La determinación de que se realice esa investigación surge luego de que el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) evaluara el referido del Departamento de Justicia, que al realizar una investigación preliminar concluyó que el alcalde incurrió en actos contrarios a la ley.

Esto por, supuestamente, realizar y sufragar los costos de viaje a la Isla de Saint Thomas junto a dos legisladores, diversos funcionarios municipales, familiares y otras personas privadas, con el propósito de celebrar el Día del Profesional Administrativo en el año 2014.

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La presidenta del PFEI, licenciada Nydia Cotto Vives, dijo en declaraciones escritas que “la investigación preliminar de Justicia tuvo su génesis en el Informe de Auditoría M-17-37 que fuera remitido por la Oficina del Contralor de Puerto Rico, en el cual se especifican los aludidos hechos”.

Agregó, que también se le imputan al alcalde de Culebra violaciones al Artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental.

La presidenta del PFEI indicó que el organismo designó a la licenciada Cándida Sellés Ríos como Fiscal Especial Independiente a cargo de este caso y a la licenciada Zulma Fúster Troche, como Fiscal Delegada.

Explicó, además, que las Fiscales Especiales designadas, deberán rendir el Informe de investigación Final dentro del plazo de 90 días contados a partir de la notificación de la resolución emitida por el Panel.




Contralora revela deuda de $85 millones de la AMA a varias agencias de gobierno

La contralora Yesmín Valdivieso emitió el martes, una opinión adversa sobre la reglamentación, las cuentas por pagar y los contratos de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA).

El informe señala que la AMA adeuda $85 millones desde el 2008 a varias entidades del gobierno. Las agencias afectadas son: el Sistema de Retiro, el Departamento de Hacienda, el Fondo del Seguro del Estado, la Autoridad de Energía Eléctrica, el Departamento del Trabajo, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Administración de Terrenos y la Administración de Servicios Generales.

Además, por concepto de intereses, multas, recargos y penalidades ha tenido que pagar $1.5 millones al Sistema de Retiro, Departamento de Hacienda y Servicio de Rentas Internas, y todavía adeuda $18.5 millones por estas deficiencias.

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“Nuestros auditores identificaron también que los $5.8 millones depositados por la Federal Transit Administration del 2010 al 2017 para el pago de los beneficios marginales de los empleados de mantenimiento y reparación, no se utilizaron para los propósitos aprobados, entre otras faltas de control”, destacó.

La auditoría de cinco hallazgos describe las múltiples deficiencias con el registro de cuentas por pagar, en la formalización y administración de los contratos otorgados a contadores públicos autorizados y las tardanzas de más de un año para el registro y envío de los contratos y enmiendas a la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

El Informe comenta que la AMA ha incumplido con las recomendaciones de los auditores externos, entre otras, con la falta de pago de deudas millonarias, ausencia de reconciliación de los informes diarios o tardanzas en el pago de las remesas del Seguro Social.

Además, la AMA perdió $51 millones en sus ingresos del 2013 al 2016 y los ingresos por concepto de tarifas de pasajeros disminuyeron un 53 por ciento, o sea de $4.9 millones en el 2013 a $2.3 millones en el 2016.

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Entretanto, la auditoría revela que los 58 reglamentos, procedimientos y manuales de la AMA, tenían hasta 38 años sin haber sido revisados y aprobados. De hecho, se conformó un Comité de revisión de reglamentos el 15 de diciembre de 2015 pero tras año y medio no se había reunido para atender la situación de la reglamentación obsoleta.

“Esta situación impide a la AMA ejercer un control adecuado y propicia la comisión de irregularidades”, expresó Valdivieso.

Esta y otras situaciones pueden dificultar que la AMA cumpla su propósito y afecte a miles de ciudadanos que no tienen otra alternativa de transportación.

El Informe cubre el periodo del 1 de julio de 2010 al 31 de diciembre de 2016 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.




Auditoría revela utilización incorrecta de $135 millones por el Departamento del Trabajo

Los hallazgos de una auditoría divulgada el lunes revelan que el Negociado para el Fomento de Oportunidades de Trabajo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) usó incorrectamente un total de $135 millones.

“El informe revela que el Fondo de Incentivos, que ascendió a $135 millones del 2013 al 2015, se usó de forma incorrecta. Nuestros auditores examinaron cuatro contratos clasificados como de arte y cultura y hallaron que los patronos en vez de usar los incentivos salariales para puestos de nueva creación o de mantenimiento (puestos ya ocupados por empleados incentivados) lo utilizaron para pagar contratistas independientes o a patronos que ya participaban del Fondo”, detalló la contralora, Yesmín Valdivieso, en un comunicado de prensa.

Como parte del informe DA-18-05, la contralora precisó que la Entidad A recibió $95,100 para 85 empleos en obras de teatro. Sin embargo, contrató 44 artistas como independientes y a un actor que a su vez era el incorporador y presidente de la Entidad B. Esta última entidad también recibió $56,500 para 57 empleos en un proyecto televisivo; no obstante, contrató 59 artistas y personal de producción siendo uno de los contratados a su vez agente residente e incorporador de las Entidades C y D.

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Del mismo modo, el Negociado otorgó $87,600 a la Entidad C para seis empleos en programas de comedia de televisión que el patrono ocupó con seis contratistas independientes y $20,722 a la Entidad D para un puesto de ingeniería de sonido que también ocupó mediante un contrato de servicios profesionales, según detalló la contralora.

Asimismo, especificó que la auditoría de un hallazgo concluye que es evidente que las acciones de las entidades son contrarias a la ley y a la reglamentación aplicable, y que el Negociado tenía conocimiento y permitía estas situaciones que se apartan del propósito de la Ley de Seguridad de Empleo (Ley 74 del 21 de junio de 1956).

Entretanto, sostuvo que el documento comenta también que la ausencia de cláusulas claras y específicas en los contratos con los patronos de la industria del arte y cultura, no promueven la utilización efectiva y correcta de los Fondos de Incentivos conforme a la Ley de Seguridad de Empleo.

El Informe cubre el periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de octubre de 2016 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.




Senado pide investigación del Contralor a contratos de la AEE

Mientras el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Ricardo Ramos, asegura que el debatido contrato millonario a la empresa Whitefish Energy no fue otorgado de forma ilegal, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, solicitó hoy a la Oficina del Contralor que realice una investigación “rápida pero abarcadora” de los contratos concedidos por la corporación pública.

En una misiva dirigida a la contralora, Yesmín Valdivieso, el presidente del alto cuerpo solicitó que su oficina indague sobre los contratos que ha otorgado la corporación pública a raíz de la emergencia que se vive en el país tras el embate del huracán María, así como un “análisis de costos con otras alternativas disponibles”.

El líder senatorial pidió además que se indague sobre el flujo de caja disponible y estimado y las facturaciones generadas y pagos emitidos, por lo menos hasta el próximo martes, 31 de octubre.

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A 36 días del paso del huracán, Rivera Schatz enfatizó que la investigación debe realizarse “con la celeridad que demandan millones de ciudadanos, que necesitan que se reestablezcan los servicios de la Autoridad a la mayor brevedad posible”. Al día de hoy, la generación de la AEE está en apenas un 26%.

El pedido de investigación surge luego de que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, ordenara a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) una auditoría de los contratos de la AEE y pidiera al Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional que también investigue los acuerdos.

Esta no ha sido la única solicitud de investigación que ha trascendido en los pasados días. En la Casa de las Leyes, el senador independentista Juan Dalmau Ramírez y el representante popular Jesús Manuel Ortiz hicieron lo propio en la pasada sesión con resoluciones para investigar los contratos.

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Mientras, con la oposición del Gobierno, la junta de control fiscal nombró ayer a Noel Zamot como Oficial de Transformación de la corporación pública. Ante esto, Rosselló Nevares puntualizó que la administración de entidades locales recae únicamente sobre oficiales “democráticamente electos”.




Contralor detecta “ambigüedades” en uso de fondos públicos de San Juan

Un informe publicado hoy por la Oficina del Contralor encontró que el Municipio de San Juan y su Legislatura aprobaron una serie de resoluciones sobre el uso de fondos públicos para actividades multitudinarias que “carecían de claridad” sobre su fin público y el máximo de fondos a utilizarse.

Según el informe, las resoluciones aprobadas por la Legislatura Municipal para la celebración de actividades en repudio a la imposición de la junta de control fiscal y otros eventos, resultaron “ser ambiguas con respecto a las actividades a atenderse y los fondos públicos autorizados”.

Carmen Yulín Cruz y sus seguidores celebran victoria en San Juan. (Felipe Torres/CB)

El informe de 25 páginas detalla entre sus hallazgos que el Municipio de San Juan desembolsó $288,803 en un total de 22 eventos entre el 27 de febrero de 2013 y el 11 de noviembre de 2016. Esto se dividió entre $64,644 en el pago de personal municipal y $224,159 en otros gastos.

Entre algunas de las actividades detalladas en el informe se encuentran la marcha multitudinaria contra el Impuesto de Valor Añadido (IVA) por $4,260; tres actividades en contra de la junta fiscal por $16,765; y 11 actividades relacionadas a la excarcelación de Oscar López por $73,613.

En cuanto a otras cinco actividades relacionadas con el apoyo a marchas de la equidad de la comunidad LGBTT y las de Clamor a Dios, “no se aprobaron resoluciones u ordenanzas” que detallaran el uso de estos fondos. Estos eventos reportaron un desembolso de $22,660.

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Ante este cuadro, la Oficina del Contralor recomendó a la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto “asegurarse de presentar y firmar resoluciones municipales que sean detalladas y claras en cuanto a la asignación y uso de fondos públicos a utilizarse, si alguno” y a la Legislatura Municipal asegurarse de remitir para la firma de la alcaldesa resoluciones “detalladas y claras”.

“Exhortamos a la alcaldesa y a la Legislatura Municipal a que le den prioridad a las necesidades apremiantes de su Municipio y que realicen resoluciones detalladas y claras. De esta manera, prevalece la transparencia que debe existir en tiempos de crisis fiscal como los que atraviesa nuestro país”, culminó el informe del Contralor, remitido al gobernador Ricardo Rosselló.




Fortaleza condena forma en que se renominó al director del Instituto de Estadísticas

La Junta de Directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico anunció hoy el nombramiento del Dr. Mario Marazzi-Santiago para un segundo término de 10 años como director ejecutivo de la entidad. La junta realizó la nominación a pesar de que el pasado viernes el gobernador Ricardo Rosselló destituyó a cuatro de sus siete miembros.

Los miembros removidos de la junta fueron el presidente Antonio Fernós Sagebién, la vicepresidenta Ana Dávila, Marta Álvarez y Sonia Balet Dalmau.

Mario Marazzi-Santiago, director ejecutivo del Instituto de Estadísticas. (Suministrada)

“Agradezco enormemente la confianza depositada en mi persona para continuar dirigiendo esta importante institución por los próximos 10 años. También, quiero agradecer al gobernador por solicitar que permaneciera como director ejecutivo del Instituto. Es con un gran sentido de responsabilidad y compromiso que acepto la nominación para la dirección ejecutiva del Instituto”, manifestó por su parte el Dr. Marazzi-Santiago en declaraciones escritas.

Mientras tanto, el destituido presidente Fernós Sagebién aseguró que “bajo el liderato del Dr. Marazzi-Santiago se le podrá dar la continuidad administrativa a los grandes esfuerzos que ya se vienen realizando para implantar las mejoras metodológicas necesarias a estos efectos”.

Tras conocer el nombramiento, el secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario, lamentó por escrito que la junta se haya convocado tras la destitución del primer mandatario y sin contar con los miembros recién nombrados: la presidenta de la Junta de Planificación, María Gordillo, y la abogada Jeannelle Alemar Escabí. Ante esto, anticipó que la “nueva junta” se reunirá esta semana para tomar acciones.

“Determinar la dirección por 10 años de una institución de Gobierno de la importancia del Instituto de Estadísticas no es algo que se deba hacer vía telefónica y sin realizar ningún tipo de entrevistas a otros candidatos con personas tomando decisiones hasta fuera de Puerto Rico. Esta decisión ultra vires se toma convocando una junta inexistente con 24 horas para tomar una decisión tan trascendental como la que intentaron”, expresó Rosario, quien sostuvo que la determinación está fuera del marco legal y pone mal a la agencia que representan.

El Dr. Marazzi-Santiago es el primer empleado y primer director ejecutivo del Instituto. Su nombramiento fue efectivo el 1 de agosto de 2007 y estaba pautado para vencer el próximo 31 de julio de 2017. Por esa razón, a finales de mayo la Junta de Directores del Instituto había emitido una convocatoria pública para identificar al próximo director ejecutivo del Instituto.

En este proceso, se recibieron varias solicitudes de candidatos cualificados, incluso de candidatos que viven fuera de Puerto Rico. Posteriormente, la Junta de Directores tuvo la oportunidad de analizar y deliberar sobre las cualidades de los distintos candidatos.

Recientemente, para sorpresa de la Junta de Directores, todos los candidatos que cualificaban para el puesto, excepto el Dr. Marazzi-Santiago, emitieron comunicaciones retirándose de la aspiración. Por ende, para asegurar la continuidad administrativa del Instituto, la Junta de Directores celebró en el día de ayer una reunión extraordinaria y acordó por mayoría nombrar a un segundo término al Dr. Marazzi-Santiago como director ejecutivo.

Durante estos 10 años, el Instituto ha sido auditado tres veces por la Oficina del Contralor. En todos los informes, bajo la administración del Dr. Marazzi-Santiago, el Instituto ha recibido opiniones favorables y ningún señalamiento.




Gobierno reconoce irregularidades con datos sobre empleados transitorios

El Gobierno reconoció hoy los problemas que enfrenta en la recopilación de datos, los cuales se reflejaron incluso en el cómputo de los empleados transitorios que laboran en el sector público.

Según el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), José Marrero, un estudio que realizó en febrero de 2017 sacó a relucir que las agencias del Gobierno por años remitían información incorrecta a la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) y los datos, a su vez, eran recopilados por el Instituto de Estadísticas.

Esto significa que muchas de las estadísticas gubernamentales podrían estar incorrectas. 

Ante esta situación, la OGP y la OCPR acordaron tener reuniones periódicas para examinar la recopilación de los datos gubernamentales, “de forma que cumplan con todas las leyes y que sean certeras”, afirmó la contralora Yesmín Valdivieso. 

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“Este año nos dimos a la tarea de, por ejemplo, computar la cantidad de empleados transitorios por agencia con estudios certificados por profesionales fuera de la estructura de la entidad gubernamental y notamos los errores que se cometen en la recopilación de datos”, expresó, por su parte, el director de la OGP en un comunicado.

Para que la situación no vuelva a ocurrir, la OGP solicitó ayuda a la OCPR, se informó.

De otro lado, el secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario, sostuvo que la política pública del gobernador Ricardo Rosselló Nevares es tener los “estándares más confiables” en la recopilación de datos y medición de resultados.

“Parte del problema de Puerto Rico es la falta de confiabilidad y acceso a la información. El propio Gobierno ha operado a ciegas por décadas. La visión del gobernador sobre el Instituto de Estadísticas es de transformación para que, además de ser una entidad que recopile datos y los publique, se convierta en un ente que pueda asegurar que las agencias adopten las mejores prácticas nacionales e internacionales. Tenemos que asegurar que los datos que se publican son certeros”, dijo Rosario.

Después de meses de incertidumbre, el Gobierno anunció a principios de mes que 2,490 empleados transitorios no verían renovados sus contratos. Con esto, se confirmó que la cifra de transitorios reduciría de 8,790 a 6,300. 

Sin embargo, en el plan fiscal se hablaba de 11,448 empleados transitorios, y el Instituto de Estadísticas emitió gráficas en las que ubicaba el promedio de estos trabajadores en 10,000 anualmente, reduciendo la cifra en los meses de verano, cuando el Departamento de Educación —que posee la mayor cantidad de transitorios— se encuentra de vacaciones.

La meta del gobernador, según dijo hace unas semanas, es llegar “a 6,000” empleados transitorios, “un poco menos, 5,700 a 6,000”.

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Contralor reporta déficit presupuestario en Loíza por $5.1 millones

Un informe de auditoría emitido por la Oficina del Contralor encontró que el municipio de Loíza excedió sus gastos presupuestarios por $5.1 millones y desembolsó cerca de $1.3 millones para gastos operacionales sin contar con fondos suficientes para su pago entre 2012 y 2015.

El informe de 44 páginas fue remitido al gobernador Ricardo Rosselló y los presidentes de la Cámara y el Senado, Carlos “Johnny” Méndez y Thomas Rivera Schatz, respectivamente. En el documento se incluyen las posturas del exalcalde de Loíza, Eddie Manso Fuentes, y la otrora presidenta de la Legislatura Municipal y ahora senadora, Nayda Venegas Brown.

A la izquierda el exalcalde de Loíza, Eddie Manso. (Agustín Criollo/CB)

Ante la imputación de que “el entonces alcalde y el director de finanzas no administraron eficientemente las finanzas del municipio”, Manso Fuentes argumentó que el déficit se debe principalmente a la reducción de los fondos asignados por el gobierno central durante los pasados ocho años y la “imposición de cargas adicionales”, como el aumento a la Aportación Patronal.

En cuanto al supuesto desembolso de fondos, el exalcalde de Loíza sostuvo que “bajo mi administración nunca se efectuó un pago sin que se contara con los fondos suficientes en las cuentas bancarias que respaldara el mismo”. De acuerdo a Manso Fuentes, esto se debió a transferencias entre no cuentas que no se realizaron al momento de efectuar los pagos.

El informe, que cubrió el periodo entre 1 de septiembre de 2012 al 31 de diciembre de 2015, establece además que el municipio sobrestimó los ingresos de patentes, Impuesto por Ventas y Uso (IVU) y arbitrios, mientras que los sobregiros se elevan a sobre $171,000 en 17 fondos.

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“Siempre que compareció el director de finanzas del municipio a discutir el presupuesto en la Legislatura Municipal, nos confirmó la veracidad de la información vertida y explicó a satisfacción de la Legislatura la procedencia de los estimados”, sostuvo por su parte Venegas Brown a la vez que resaltó que cumplió en todo momento con su obligación de aprobar un presupuesto balanceado.

Otros hallazgos detallados en el informe de la Contraloría establecen que el municipio no remitió los informes sobre el uso dado a los fondos legislativos a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), realizó construcciones de obras y compras de bienes y servicios sin obtener cotizaciones, y mantuvo empleados transitorios por periodos que excedían el término.

Manso Fuentes estuvo en oficina por tres términos, desde el 2005.