Senado designa representante a Comisión de Igualdad

El Senado anunció hoy la designación de Annabel Guillén Casañas como su representante en la “Comisión de Igualdad”, creada bajo la Ley por la Igualdad y Representación Congresional de los Ciudadanos Americanos de Puerto Rico (Plan Tenesí) para promover la estadidad en Washington.

Así lo informó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, en una misiva al presidente de la Comisión, Pedro Rosselló González, en la que afirma que Guillén Casañas “tiene todos los méritos para continuar defendiendo los derechos de todos los ciudadanos norteamericanos residentes en Puerto Rico”.

“Su capacidad, experiencia profesional y contactos en la capital federal son valores añadidos a la lucha en la igualdad de derechos para todos los puertorriqueños y puertorriqueñas”, agregó Rivera Schatz sobre la exempleada de La Fortaleza bajo el gobierno de Rosselló González.

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En la carta, Rivera Schatz resaltó la “realidad colonial” que vive Puerto Rico y criticó nuevamente la imposición de la junta de control fiscal y la “aprobación de medidas en clara violación de nuestros derechos como ciudadanos americanos”, en referencia a la recién aprobada reforma contributiva federal.

“Es por ello que la Comisión de Igualdad para Puerto Rico cobra mayor relevancia en la determinación del futuro de nuestra isla”, agregó el presidente del Senado.

La semana pasada, Rivera Schatz viajó junto al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, el presidente de la Cámara Carlos “Johnny” Méndez y otros líderes del gobierno local para presentar la Comisión ante el Congreso. En el evento, la comisionada residente Jenniffer González exigió trato igual para la isla.




Propuestas para nuevo sistema judicial de menores enfrentan diferencias en la legislatura

La senadora y otrora secretaria de Correción, Zoe Laboy expresó que no estaría apoyando las medidas de la Cámara de Representantes ni del Senado que buscan implantar un nuevo ordenamiento judicial para menores.

“Con mucho cariño y mucho respeto a los compañeros, yo creo que son dos extremos. Uno es muy restrictivo, muy punitivo; el otro es muy liberal. Los jóvenes también tienen que responder por sus actos”, expresó Laboy.

El anuncio de Laboy de que no estaría apoyando ninguna de las medidas que atiende el tema de los procesos judiciales para menores, se dio ayer en el hemiciclo del Senado, luego que el presidente del cuerpo, Thomas Rivera Schatz, anunciara que nuevamente se pospone la votación sobre los Proyectos de la Cámara 1035 y 1036 y el Proyecto del Senado 489, que atienden el tema.

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Aunque varios miembros del Senado han expresado reservas sobre las medidas, en particular sobre el Proyecto de la Cámara 1035, Rivera Schatz indicó que la posposición no se debe a falta de votos sino a que hay senadores que no pudieron estar presentes, “pero quieren ser parte de la discusión”.

En el caso del Proyecto de la Cámara 1035, de la autoría del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, Laboy lo identificó como muy punitivo. Asimismo, indicó que luego de trabajar en el sistema de cárceles tanto estatal como federal entiende que cuando se está procesado a un menor, “yo sé que las instituciones juveniles deben ser la última alternativa para estos menores”.

En cuanto al proceso en el tribunal, hay dos aspectos que se resaltaron de la medida. Para la senadora debe haber una edad mínima o capacidad mental mínima para ir a juicio. Para atender esta problemática, Laboy entiende que se debe considerar la implantación de pruebas de competencia en el tribunal.

Toda persona debajo de cierta edad sería evaluado para determinar “la competencia del menor, eso quiere decir que el menor entiende lo que está pasándole, que puede ayudar en su defensa y que está consiente. El tribunal entonces entiende que está listo para enfrentar las consecuencias de sus actos”, sugirió Laboy.

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La senadora, quien fue secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación bajo el exgobernador, Pedro Rosselló, también identificó “la renuncia automática de jurisdicción del Tribunal de Menores” como otra de las razones por las que no puede apoyar el Proyecto de la Cámara 1035.

“Yo creo que no se debe renunciar automáticamente la jurisdicción del tribunal de menores y debe haber una vista antes para que el procurador o procuradora tenga el peso de la prueba y demuestre que es en el mejor bienestar de ese menor renunciar a la jurisdicción”.

En dicha medida se establece que el procurador de menores tendrá que solicitar la renuncia de jusridicción cuando las imputaciones sean “asesinato en primer grado, en la modalidad que está bajo la autoridad del tribunal; cualquier otro delito grave que esté sujeto a una pena de noventa y nueve (99) años; y cualquier otro hecho delictivo que surja de la misma transacción o evento y se determine causa probable, en interés de un menor entre la edad de catorce (14) y dieciocho (18) años, al cual se le impute una falta Clase II o III y anteriormente se le hubiese adjudicado en su interés una falta Clase II o III”, lee el proyecto de Méndez.

En torno al Proyecto del Senado 489, Laboy lo catalogó de muy liberal y resaltó que tiene que darle más responsabilidad a los jóvenes por sus actos. Igualmente, entiende que debe hacerse mayor distinción entre como se trabajan las faltas menos graves de las graves. La senadora usó de ejemplo las disposiciones en el proyecto en cuanto a faltas que surgen en los planteles escolares.

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“En el del compañero Vargas Vidot establece que toda falta que se cometa en un plantel escolar tiene que agotarse los remedios administrativos del proceso disciplinario de las escuelas. Yo creo que eso no puede ser para todas las faltas”, sentenció.

El senador independiente, José Vargas Vidot es uno de los autores del Proyecto del Senado 489, pero cabe señalar que dicha medida cuenta con la autoría y coautoría de senadores tanto del Partido Nuevo Progresista como del Partido Popular Democrático.

Los otros autores son Carmelo J. Ríos Santiago Henry Neumann Zayas, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Eduardo Bhatia Gautier, Abel Nazario Quiñones. Los coautores son Rossana López León, Aníbal José Torres Torres, Cirilo Tirado Rivera, José Nadal Power, José L. Dalmau Santiago, Miguel A. Pereira Castillo




[COLUMNA] Esto es raro

La semana pasada, cuando el gobernador Ricardo Rosselló Nevares le tomó juramento a los dos “senadores” y cinco “representantes” que el estado de Puerto Rico enviaría al Congreso, a la Comisión de Igualdad que irá a Washington y traerá de vuelta la estadidad, lo que me vino a la mente fue: esto es raro.

Primero, ¿no debería el gobernador, el capitán de un barco que se hunde, dedicar todo su tiempo a salvar al pueblo para que no se ahogue?

Primera reunión de la Comisión de Igualdad: 15 de agosto (Suministrada)

¿Acaso Rosselló Nevares y el Partido Nuevo Progresista (PNP) no llevaron a cabo un plebiscito de estatus el 4 de junio para que el propio pueblo de Puerto Rico le pidiera al Congreso la estadidad? ¿Acaso fue un terrible fracaso? Aunque se esperaba que más del 70% de los votantes acudiera a las urnas, ¿cómo es que solo el 23% votó? ¿No obtuvo la estadidad 332,000 votos menos que en el plebiscito de 2012? Entonces, ¿por qué la gente no le vociferó al capitán: ‘atiende la nave que se hunde’? Esto es raro.

Ahora bien, ¿no creó el gobernador otro grupo, el apolítico Frente por Puerto Rico, precisamente para convencer al Congreso de que debía impedir que la isla se ahogara? Y para revivir el crecimiento económico, ¿no es esencial restablecer la competitividad de Puerto Rico? Y para lograr este cometido, ¿no es vital restaurar el incentivo contributivo a la inversión que la isla perdió, aprobando un sustituto para la Sección 936?

Pero el presidente de la Comisión de Igualdad es Pedro Rosselló Gonález: el padre del actual gobernador y también exgobernador de la isla. ¿Y no fue él quien en 1996 cabildeó en el Congreso para eliminar la Sección 936? Y junto él estaba el exgobernador Carlos Romero Barceló. ¿No es él quien ha llevado a cabo una cruzada vitalicia precisamente en contra todas las formas de incentivos de exención contributiva, comenzando con la 936? ¿Y no acaba él de publicar una columna de periódico diciendo que cada exención contributiva otorgada por el gobierno de Puerto Rico durante los últimos 50 años ha sido ilegal e inconstitucional?

¿Cuáles son las posibilidades de que ellos traigan la estadidad a la isla? Una reciente encuesta nacional mostró que solo el 32% del pueblo estadounidense apoya la idea de convertir a Puerto Rico en un estado. Más allá de eso está la realidad económica. Los estadistas, por supuesto, no lo creen, pero la realidad es que la estadidad es económicamente imposible. La respuesta es: ninguna.

Así que el gobernador Rosselló Nevares está enviando a Washington una comisión que tiene una misión imposible; pero eso debilitará, si no anulará, la misión del otro grupo que es vital para evitar que Puerto Rico se ahogue. Esto es raro.

Pero si hacemos un poco de investigación, la cosa se pone más rara. En el 1973, Romero Barceló escribió un libro titulado “La estadidad es para los pobres”. La tesis es que Puerto Rico no es un estado debido a una gigantesca conspiración. Las corporaciones estadounidenses conspiran con el Partido Popular Democrático (PPD) para obtener grandes ganancias en la isla, evitando pagar impuestos federales y pagando salarios más bajos.

Treinta y cuatro años más tarde, en 2007 y después de cumplir dos cuatrienios como gobernador, Rosselló González escribió un libro que abundó en la teoría de Romero Barceló y se tituló “El triunvirato del terror”. Rosselló González añadió otros conspiradores: las fuerzas armadas estadounidenses, grupos racistas antihispánicos y otros intereses estadounidenses que han logrado que el secretario de Justicia de los Estados Unidos y el FBI en Puerto Rico “criminalicen el movimiento estadista” persiguiendo a los líderes de la estadidad.

Y añade lo que él llama “la élite económica criolla”: ricos y poderosos “imperios económicos” puertorriqueños que se benefician enormemente de que Puerto Rico no sea un estado.

Ahora bien, Rosselló González pregunta: ¿no resulta contradictorio que la élite puertorriqueña apoye y mantenga el “colonialismo” —que para él es una forma de esclavitud— si al hacerlo se niega a sí misma derechos políticos fundamentales?

No, escribe él. Durante la esclavitud en el sur de Estados Unidos había “esclavos domésticos” a los que se les daban privilegios y servían a sus amos blancos manteniendo la opresión de los “esclavos de campo”. Y continúa diciendo que en los campos de concentración nazi, algunos prisioneros recibieron privilegios y a cambio sirvieron como “capos”, fungiendo como habilitadores y ejecutores de sus maestros nazis.

Rosselló González menciona nombres: el imperio mediático Ferré-El Nuevo Día, el conglomerado Richard Carrión-Banco Popular, el imperio Jaime Fonalledas-Plaza Las Américas, y otras grandes empresas.

¿Realmente los está comparando con “esclavos domésticos” y con “capos” de los campos de concentración nazi ? Sí, lo hace. Él escribe que por supuesto existen diferencias, pero que “los componentes de la élite económica criolla desempeñan el papel tradicional de los ‘esclavos domésticos’ y los ‘capos’”. ¿No es raro todo esto?

Pero, ¿por qué tomar en serio estas raras teorías de conspiración? Porque para Romero Barceló y Rosselló González, gobernadores de Puerto Rico durante 16 años, no fue una teoría. Era la realidad: Puerto Rico no es un estado debido a una monstruosa conspiración. Y esto explica sus políticas y sus acciones para rehacer la economía puertorriqueña de manera que fuera compatible con la estadidad.

El origen de la crisis de Puerto Rico se remonta directamente a estas políticas y acciones de Rosselló González como gobernador y de Romero Barceló como comisionado residente en el Congreso entre 1992-2000. La más perjudicial —y por mucho—fue matar la competitividad de Puerto Rico para que el Congreso matara la Sección 936.

Pero hicieron mucho más daño. Las finanzas del Gobierno quedaron en la ruina gastando miles de millones de dólares en proyectos sin fuente de pago, miles de millones en elefantes blancos como el Tren Urbano, en el plan de Salud que causó enormes déficits presupuestarios y en la ley para sindicalizar a los empleados gubernamentales. Y hubo corrupción.

Si Rosselló González dedicó buena parte de su libro a atacar las empresas Ferré, eso no debe sorprender a nadie. Él cita a Antonio Luis Ferré —fundador y editor de El Nuevo Día y, por cierto, quien ayudó a su padre a fundar el Partido Nuevo Progresista— cuando escribió en 2000 que los ocho años del mandato de Rosselló padre fue “el periodo más corrupto de la historia puertorriqueña. En 100 años no ha habido un gobierno tan corrupto como el de Pedro Rosselló”.

Se puede añadir algo a esta oración. En 100 años ningún gobierno le ha hecho más daño a Puerto Rico que el de Pedro Rosselló.

Y no, no existe una conspiración. Puerto Rico no es un estado debido a la realidad económica. Pero Rosselló González y Romero Barceló son enviados a Washington asegurándole al pueblo de Puerto Rico que la Comisión de Igualdad traerá la estadidad en cinco años. Esto es raro.

 

A.W. Maldonado fue reportero y columnista en The San Juan Star, editor ejecutivo de El Mundo y editor en jefe de El Reportero.

 




[VIDEO] Pedro Rosselló presidirá la Comisión de Igualdad 

Aunque no hará uso de fondos públicos, la Comisión utilizará personal de PRFAA para sus funciones, se indicó a preguntas de CB en Español. Será la Legislatura el organismo que fiscalizará las labores de la Comisión, reconoció Rosselló González. (Suministrada)

La Comisión de Igualdad, cuya misión es lograr la anexión de Puerto Rico como el estado 51 de Estados Unidos, celebró hoy su primera reunión y designó al exgobernador Pedro Rosselló González como su presidente y a la national committeewoman del Partido Republicano, Zoraida Fonalledas, como su vicepresidenta.

El primer encuentro del grupo se realizó en La Fortaleza, donde los siete “congresistas” de Puerto Rico juraron a sus cargos frente al gobernador Ricardo Rosselló Nevares y la comisionada residente Jenniffer González. 

 

En el cónclave también se presentó el website de la Comisión de Igualdad y se leyó el reglamento que deberán seguir los integrantes. La aprobación del reglamento, sin embargo, se pospuso para otro encuentro, pues se les dará la oportunidad para evaluarlo con detenimiento por al menos una semana, indicó Rosselló González en una rueda de prensa.

El reglamento contiene las labores de los dos senadores y cinco representantes de Puerto Rico ante el Congreso federal, el uso de fondos y la prohibición del uso de dinero público, la obligación de celebrar reuniones mensuales, cuál será el quórum, entre otros asuntos administrativos.

Comisión de Igualdad: no busca un rescate financiero, quiere la estadidad

No se publicará por el momento por ser un “borrador”, dijo el exgobernador Rosselló González en tono jocoso, haciendo referencia a la disputa legal del Gobierno de su hijo sobre la primera versión del presupuesto que se entregó a la junta de control fiscal y que el senador Eduardo Bhatia reclama que se divulgue.

El ahora presidente de la Comisión de Igualdad, uno de los tres demócratas del grupo, explicó que seleccionaron la oficina de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, en inglés), en Washington D.C., como su sede, pues será donde se llevarán a cabo la mayoría de las labores.

De hecho, la segunda reunión del grupo será en esa sede el 12 y 13 de septiembre. En esta discutirán el plan de actividades de la Comisión y sus visitas al Congreso y otras oficinas gubernamentales de Estados Unidos, entre otros asuntos.

Aunque no hará uso de fondos públicos, la Comisión utilizará personal de PRFAA para sus funciones, se indicó a preguntas de CB en Español. Será la Legislatura el organismo que fiscalizará las labores de la Comisión, reconoció Rosselló González.

Pese a que fueron designados desde junio, los integrantes de la Comisión aún no han tenido reuniones o comunicaciones con figuras importantes del Congreso federal o la Casa Blanca.

“La Comisión no tiene ninguna iniciativa con el presidente [Donald] Trump en estos momentos ni con la Cámara ni el Senado, estamos comenzando nuestras labores. La contestación corta es que no. Eso no quiere decir que otras personas hayan tenido algún tipo de contacto o algunas iniciativas, pero la Comisión propia comienza ahora sus labores”, declaró el presidente del organismo.

Mientras tanto, el exgobernador Carlos Romero Barceló, senador demócrata en el grupo, indicó que “he tenido comunicaciones desde hace años con senadores y representantes, pero no desde que estoy en la Comisión”.

Nombramientos a Comisión de la Igualdad pasan el cedazo de la Cámara

Pese a que hay quienes argumentan que será difícil lograr la estadidad para Puerto Rico en plena crisis económica y con un proceso similar al de una quiebra en el tribunal federal —mediante la ley federal Promesa—, Rosselló González consideró que es el momento adecuado para realizar el reclamo de “igualdad”.

Afirmó que ya ha habido decisiones judiciales, reportes presidenciales y la imposición de la junta de control fiscal mediante la ley Promesa que confirman que “estamos en un sistema no democrático colonial”. También ha habido dos plebiscitos de estatus en 2012 y 2017 en los que se ha rechazado el estatus actual y se ha favorecido la estadidad, agregó.

No obstante, afirmó que saben que el Congreso no necesariamente los reconocerá como congresistas, como ocurrió con Tenesí cuando envió su delegación hace más de dos siglos.

Además de Rosselló González, Romero Barceló y Fonalledas, el expresidente del Senado Charlie Rodríguez, el exgobernador Luis Fortuño, el general retirado Félix Santoni y el expelotero Iván Rodríguez —que participó de la reunión por videoconferencia—, completan la Comisión.




[COLUMNA] El poder de ser políticamente correcto

Cuando visité las fábricas de Fomento y hablé con la gerencia en mi faceta como reportero para The San Juan Star a principios de la década del 1960, sentí que había algo que no tenía sentido.

Dos grandes aspectos para aquel entonces eran la notable industrialización de Puerto Rico y el crecimiento del movimiento pro-estadidad.

Para el 1960, Fomento había establecido 530 fábricas y tenía otras 91 en camino. En las elecciones de ese año, el partido estadista creció de sus pasados 172,838 votos a 252,364.

Los aspectos fueron vistos como relacionados. El crecimiento del movimiento estadista fue el resultado de que Hawái y Alaska llegaran a convertirse en estados, pero más aún del rápido crecimiento de la clase media. El resultado de miles de puertorriqueños que trabajaban en esas fábricas de Fomento a través de la isla.

Pero esta relación no tenía sentido para mí. Las fábricas de Fomento existían gracias a la exención federal de impuestos que era posible ya que Puerto Rico era un Estado Libre Asociado (ELA) y no un estado de la nación.

Lógicamente las fábricas de Fomento debían haber estado creando partidarios del ELA. Pero cuando visité esas fábricas, vi de primera mano que no lo hacían.

En la campaña del 1960, cubriendo a Luis A. Ferré y viendo a tantos estadistas saludarlo con entusiasmo en las fábricas de Fomento —tanto empleados como profesionales— me pregunté: ¿ellos no hacen la conexión de que, si Puerto Rico fuera un estado, esta fábrica no existiría?

[COLUMNA] ¿Cuál es la realidad de Puerto Rico?

¿Por qué? Encontré que parte de la respuesta era la práctica de ser políticamente correcto.

Puesto que la regla de oro para todos los industriales, especialmente los de Estados Unidos, era “no entrar en el pantano de la política puertorriqueña”, ser políticamente correcto dictaba que la gerencia actuara y hablara como si fuera absolutamente neutral.

Por supuesto. La gerencia no debía aparentar que le estaba diciendo a los empleados cómo votar. Pero imaginé a los propietarios y a los gerentes, en la privacidad de sus oficinas corporativas, diciéndose a sí mismos: “Por supuesto, todos sabemos que si perdemos la exención federal de impuestos empezamos a hacer maletas, ¡pero no debemos decírselo a nadie!”.

Así que muchos empleados de las fábricas de Fomento no hicieron la conexión: si yo voto por la estadidad, efectivamente estoy votando en contra de mi fábrica, de mi trabajo.

Años más tarde, a mediados de la década del 1990, vi algo similar.

Se hizo evidente que el gobernador Pedro Rosselló y el comisionado residente Carlos Romero Barceló iban a lograr que el Congreso eliminara la Sección 936. De hecho, estaban violando la promesa de campaña del partido del 1992 en la que decían que apoyarían la 936 hasta que se encontrara una alternativa.

El 20 de agosto de 1996 la Sección 936 fue eliminada de manera escalonada sin que hubiese una alternativa. Un mes más tarde, Rosselló fue reelegido de forma abrumadora, convirtiéndose en el primer candidato en obtener más de un millón de votos.

Según fueron cerrando las fábricas 936, para el año 2016 unos 37,556 empleados de manufactura habían perdido sus empleos, un tercio de la cifra total. Me pregunté, ¿cuántos fueron trabajadores de las 936 que no hicieron la conexión en 1996 y votaron por Rosselló?

[COLUMNA] La decisión del gobernador Rosselló

Y tenemos un ejemplo más del poder de ser políticamente correcto.

Cuando el Congreso creó la junta fiscal de Promesa en 2016, también creó el Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Económico para Puerto Rico, compuesto de ocho miembros del Congreso, cuatro de cada partido.

Su tarea no podría ser más importante: recomendarle al Congreso que legislara para revivir el crecimiento económico de la isla. Y parecía obvio que su recomendación más importante sería precisamente promulgar un sustituto para la Sección 936. Incorrecto.

La sección que lidia con la exención 936 describió lo que llamó el “debate” entre los puertorriqueños: algunos dijeron que era importante, que su eliminación era “perjudicial”, mientras que otros decían que no, que no lo era, que era “exagerada e ineficiente”. Y el Grupo de Trabajo no toma ningún bando.

Por supuesto, hubo y hay un “debate”. Los estadistas siempre se opusieron a la Sección 936 y finalmente la mataron, tildándola como “incompatible con la estadidad”.

Pero para desempeñar sus labores, ¿el Grupo de Trabajo se vio precisado a abrirse paso a través de la política y la ideología de la isla para llegar a la realidad económica puertorriqueña? Y si lo hizo, ¿cómo fue incapaz de hacer la conexión de que matar la Sección 936 fue lo que causó la recesión?

En el informe de 125 páginas al Congreso hay mucho que ayudaría a Puerto Rico. Pero en vez de recomendar un sustituto para la 936, esto es lo que “recomienda”:

“El Grupo de Trabajo está abierto a la posibilidad de que el Congreso les proporcione un trato contributivo más competitivo a las compañías estadounidenses que inviertan en Puerto Rico, siempre y cuando las salvaguardas adecuadas estén diseñadas para asegurar que la compañía esté creando actividad económica real y empleo en la isla”.

¿Y qué recomienda esta “recomendación”?

El Grupo de Trabajo fue un rayo de esperanza de que el Congreso, tras crear Promesa, tomaría la acción más importante para revivir el desarrollo económico. En lugar de eso, al parecer no quería ofender a nadie en el “debate” de la 936; fue víctima de ser políticamente correcto.

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Y esto nos lleva a otro ejemplo más del poder de esa práctica —creo que el más importante y el más perjudicial. La palabra “imposible” es usualmente evitada por ser políticamente incorrecta.

Así como los dueños y los gerentes de las fábricas de Fomento no le decían a sus empleados toda la verdad, tampoco Estados Unidos se la dijo a Puerto Rico. Por mucho tiempo he creído que Estados Unidos debía haberle dicho a Puerto Rico: “mira, tienes la libertad de votar como quieras, eres libre para querer cualquier estatus político. Pero debes saber que entrar en la unión como un estado hoy es, y en el futuro será, económicamente imposible”.

Por supuesto que no lo ha hecho ni lo hará. Es cierto. ¿Podríamos imaginar algo más políticamente incorrecto? Sin embargo, ello le habría evitado a Puerto Rico, y a sí mismos, muchas penurias.

 

A.W. Maldonado fue reportero y columnista en The San Juan Star, editor ejecutivo de El Mundo y editor en jefe de El Reportero.




Nombramientos a Comisión de la Igualdad pasan el cedazo de la Cámara

A pesar de los reclamos de la minoría, la Cámara de Representantes aprobó hoy a viva voz los nombramientos de los siete miembros de la llamada Comisión de la Igualdad, que fueran aprobados ayer en el hemiciclo del Senado.

Luego que el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jorge Navarro, leyera las biografías de los nominados a dicha comisión –los exgobernadores Carlos Romero Barceló, Luis Fortuño y Pedro Rosselló; la empresaria Zoraida Fonalledas; el pelotero de Grandes Ligas Iván Rodríguez; el general retirado, Félix Santori; y el expresidente del Senado, Charlie Rodríguez– varios representantes de minoría refutaron no solo la efectividad de la estrategia diseñada por el partido de gobierno para obtener la estadidad, sino la transparencia de los nominados.

El representante Luis Vega Ramos atacó enérgicamente los nombramientos de los siete miembros que constituirán la Comisión de la Igualdad. (Suministrada/Vía Twitter)

El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Vega Ramos, tronó contra los nombramientos y aseguró que el único que posee credibilidad del grupo es el pelotero Rodríguez, al este exigir que se enmendara el Proyecto de la Cámara 1162  -que constituye la Comisión- para que se desistiera de utilizar fondos públicos para las operaciones del grupo cabildero.

“Les auguro que no solo fracasarán en esta gestión sin sentido, les auguro, desgraciadamente, que esta gestión sin sentido distraerá y será una excusa conveniente para que muchos en Washington no atiendan los verdaderos retos que Puerto Rico tiene en la capital federal. Ustedes con esta acción fanática, torpe, le dan un pretexto adicional a los amigos y amigas en Washington que no quieren atender los asuntos esenciales de la isla, incluyendo el de la descolonización y la aplicación de la cláusula territorial”, comentó enérgicamente durante su alocución en el hemiciclo cameral.

Vega Ramos continuó comentando datos históricos sobre algunos nominados que, aseguró, fueron obviados de las biografías incluidas en los informes positivos.

“Escuchaba yo al compañero [Jorge] Navarro Suárez hablar de las cualificaciones de cada nominado y, por ejemplo, hablaba de Carlos Romero Barceló y se le olvidó mencionar que fue él el comisionado residente que entregó 100,000 empleos cuando cabildeó con la administración del expresidente Bill Clinton. Y no voy a hablar de sus años como gobernador, lo voy a dejar en su lucha contra el olimpismo, en su lucha contra la cultura, en su lucha contra la universidad, porque si hablo de otras cosas que se hicieron y que Romero Barceló aplaudió cuando era gobernador, los ánimos de algunos se pueden caldear”, comentó el legislador en referencia al histórico caso de los asesinatos de dos jóvenes independentistas en el Cerro Maravilla en 1978, durante su incumbencia como gobernador.

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Pedro Rosselló”, continuó, “el fundador de la deuda extra constitucional. Eso no está en su biografía, que fue él quien nos metió en este lío. Ni hablar de los 40 amigos que bien vivieron bajo el gobierno de Pedro Rosselló. Luis Fortuño, el hombre de la Ley 7, el de los 28,890 despidos, el doble CRIM, el que acabo de fastidiar el crédito de Puerto Rico cogiendo casi $17,000 millones, muchos de ellos sin fuente de repago. El que nombró a Carlos García como presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y hoy no le va a cobrar nada a la Comisión de la Igualdad porque se lo está cobrando a un bufete al que le dio millonarios contratos cuando fue gobernador, y ahora está allí lo más bien”, añadió.

Por su parte, el representante por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, hizo lo propio oponiéndose a los nombramientos y denunciando la presunta gestión ilusoria que representa la Comisión de la Igualdad.

Márquez enfatizó en el supuesto fracaso que representó el pasado plebiscito del 11 de junio, que solo recogió el voto de poco más del 20% del electorado.

“Claro está, esa información no aparece en el P. de la C. 1162, no aparece en las enmiendas y ni hablar de la cantidad de irregularidades que han surgido como parte del proceso del escrutinio de ese referéndum en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), que cuestiona grandemente la forma en que se llevó a cabo. Les auguro que la ilusión, lo irreal de la estadidad es lo que se pretende llevar a Washington”, dijo.

El legislador pipiolo aseguró que el PNP continúa alimentando la “ilusión de lo imposible” y aseguró que la realidad de Puerto Rico de ser un país diferente a los Estados Unidos, mayormente relacionado a América Latina, será el clavo final en el ataúd de la estadidad.

Márquez, sin embargo, no entró en detalles con cada uno de los nominados, pero aseguró que en el momento en que el Congreso pida rendición de cuentas sobre quiénes fueron los responsables de la crisis económica por la que atraviesa el Gobierno de Puerto Rico, algunos de los miembros tendrán que dar un paso adelante.

Comisión de Igualdad: no busca un rescate financiero, quiere la estadidad

“Algunos de ellos, cuando vayan a Washington y les pregunten sobre el desastre económico que tiene Puerto Rico y les pregunten dónde están los responsables de quebrar al país, tendrán que levantar la mano algunos de ellos para decir que ellos son los responsables porque, no es de ahora, eso viene de décadas de malas administraciones”, indicó.

“Otros miembros de la Comisión, huelga hablar de sus cualificaciones, realmente están allí como parte de un preámbulo de la Comisión como parte de una introducción para tratar de llevar lo que no es. Les auguro una vez más que no va a pasar nada con el problema fundamental de este país”, concluyó.

Luego de las exposiciones en contra de la medida, la Cámara de Representantes aprobó a viva voz el P. de la C. 1162, que crea la Ley por la Igualdad y Representación Congresional de los Ciudadanos Americanos de Puerto Rico.

 




Comisión de Igualdad: no busca un rescate financiero, quiere la estadidad

Luego de que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares seleccionara a los siete congresistas puertorriqueños que integrarán la Comisión de Igualdad, el grupo se prepara para su primera reunión informal en o antes del 28 de julio.

En este encuentro, los cinco representantes y dos senadores federales desarrollarán los planes para solicitar la anexión de Puerto Rico como el estado 51 de Estados Unidos en un proceso similar al que Tennessee utilizó en el siglo 18.

La comisión también enfocará sus esfuerzos en los estados con presencia significativa de puertorriqueños y latinos, pues su mensaje es que Puerto Rico será el primer estado hispano de Estados Unidos. (J. Scott Applewhite/AP)

También seleccionarán a su presidente, establecerán una agenda de trabajo de cara a sus visitas al Congreso y atenderán los asuntos que solicita la Ley 30 de 2017, Ley por la Igualdad y Representación Congresional de los Ciudadanos Americanos de Puerto Rico, que crea la comisión.

Además, discutirán las posibles enmiendas a la Ley 30, como lo es la eliminación del uso de fondos públicos para los trabajos de la comisión y la posibilidad de establecer un director ejecutivo dentro del ente. Estos asuntos serían discutidos por la Legislatura dentro de la sesión extraordinaria que el gobernador convocará a finales de julio.

Así lo informó a CB en Español uno de los integrantes de la Comisión de Igualdad, el expresidente del Senado Charlie Rodríguez Colón, uno de los tres demócratas en el grupo. Los exgobernadores Pedro Rosselló González y Carlos Romero Barceló completan los demócratas en la comisión, en la que también se encuentra el expelotero de Grandes Ligas Iván Rodríguez Torres como integrante independiente. Los republicanos en el grupo son el exgobernador Luis Fortuño, la national committeewoman del Partido Republicano Zoraida Fonalledas y el mayor general retirado Félix Santoni.

“Nuestra gestión principal tiene que ser en el Congreso. Parte del esfuerzo será cabildear por que se cumpla con la voluntad del pueblo en los plebiscito de 2012 y 2017, en los que se votó por la estadidad. También nos desplazaremos a los 50 estados para conversar con legisladores estatales y con gobernadores”, declaró Rodríguez Colón.

La comisión también enfocará sus esfuerzos en los estados con presencia significativa de puertorriqueños y latinos, pues su mensaje es que Puerto Rico será el primer estado hispano de Estados Unidos.

Anuncian los tres republicanos a la Comisión de Igualdad

“Nuestro mensaje es claro, es un mensaje de igualdad: se está ejerciendo un discrimen geográfico contra los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico… No estamos pidiendo un ‘bailout’. La estadidad no es un rescate financiero a Puerto Rico para que el Gobierno federal asuma la deuda”, afirmó el expresidente del Senado.

En la ruta para convertirse en el estado 51, Puerto Rico deberá competir con Washington D.C., que también tiene seleccionados a sus congresistas para ejercer presión en el Congreso.

“La situación de D.C. es distinta. D.C. es la sede del Gobierno federal. Unos dicen que para que D.C. se convierta en estado hay que enmendar la Constitución de Estados Unidos”, planteó Rodriguez Colón, quien sostuvo que Puerto Rico, al igual que los estados que utilizaron el Plan Tennessee para lograr la estadidad, es un territorio.

“Somos el territorio que más tiempo ha estado en esa condición: 119 años. En el caso de Alaska, se demoraron 13 años en obtener la estadidad una vez votaron por ella, y el Plan Tennessee lo adoptaron tres años antes. Esto es un proceso… Es vísteme despacio que tengo prisa”, agregó.

Atenderán en extraordinaria cambios a la ley del Fideicomiso de Ciencias

De otro lado, el secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario, confirmó que los cambios a la Ley 30 se verán en la sesión extraordinaria y no descartó la implementación de la figura de un director ejecutivo en la Comisión de Igualdad para que organice los trabajos. También se establecerán las bases para que el organismo cuente con otros asesores, ya que al momento solo se nombró al abogado José Fuentes Agostini como asesor de política pública.

La forma en que la comisión levantará fondos privados también se incluirá en los cambios a la Ley 30.




Gobernador designa cuatro de los integrantes de la Comisión de Igualdad

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, designó hoy a cuatro de los siete integrantes de la Comisión de Igualdad, organismo que solicitará la anexión de la isla como el estado 51 de Estados Unidos ante el Congreso y la Casa Blanca mediante el mecanismo del Plan Tenesí.

Los exgobernadores Carlos Romero Barceló y Pedro Rosselló González —padre del mandatario—, así como el expresidente del Senado Charlie Rodríguez Colón, serán los tres congresistas que representen al Partido Demócrata dentro de la Comisión de Igualdad, anunció el gobernador.

De igual forma, el expelotero Iván Rodríguez Torres será el integrante independiente del organismo, creado por la Ley por la Igualdad y Representación Congresional de los Ciudadanos Americanos de Puerto Rico. Esta establece la selección de cinco representantes y dos senadores puertorriqueños al Congreso estadounidense, cifra que le correspondería a la isla de acuerdo a la cantidad de habitantes.

El exgobernador Carlos Romero Barceló (izquierda) y el expelotero Iván Rodríguez (centro) fueron designados por el primer mandatario Ricardo Rosselló (derecha) a la Comisión de Igualdad, grupo compuesto por siete congresistas que pedirán la estadidad para Puerto Rico en una especie de Plan Tenesí. (Suministrada)

Aunque el impacto presupuestario de esta legislación había sido de $373,800, según manifestó la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) en un documento enviado a la junta de control fiscal, el primer ejecutivo sostuvo que este dinero podría utilizarse para otros propósitos, ya que los integrantes de la Comisión de Igualdad determinaron que trabajarán sin que se les reembolsen sus gastos.

[DOCUMENTO] OGP certifica impacto económico del Plan Tenesí

Para esto, Rosselló Nevares enviará una medida legislativa para enmendar la ley, de modo que se establezca que los siete “congresistas” puertorriqueños no recibirán fondos públicos, sino que solo se les permitirá laborar desde las oficinas de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa, en inglés), en Washington D. C.

Los integrantes de la comisión deberán ser confirmados en sus cargos por la Cámara y el Senado puertorriqueños. Como la Asamblea Legislativa está en receso, los designados podrán iniciar labores de forma inmediata, aunque se confirmen eventualmente en agosto. Los otros tres designados que completarían la comisión y que representarían al Partido Republicano serán anunciados próximamente.

“¡Qué sorpresa que Iván Rodríguez esté aquí!”, indicó el expelotero con 20 años de carrera en las Grandes Ligas en una rueda de prensa en el Salón de los Espejos, en La Fortaleza.

Rodríguez Torres, que sería uno de los cinco representantes federales la comisión, agradeció al gobernador por haberlo designado a este “grupo tan importante” y sostuvo que, con su larga trayectoria deportiva, que incluye una exaltación en el Salón de la Fama del Béisbol, “tengo muchas puertas abiertas en muchas partes del mundo” que utilizará para “echar a Puerto Rico hacia adelante”.

“Como exrepresentante del Congreso, tengo acceso al hemiciclo de la Cámara y el Senado [de Estados Unidos]. Tendré ese acceso que otros no tendrán, a eso voy: a luchar para lograr la igualdad política y económica [para Puerto Rico]”, expresó, por su parte, Romero Barceló, que será un senador federal en el grupo. “No es cuestión de tener privilegios, es exigir lo que nos corresponde como ciudadanos americanos”, agregó quien también fuera comisionado residente por ocho años y alcalde de San Juan.

Por su parte, Rosselló González, que será representante federal, sostuvo que esta “causa” de lograr la estadidad para Puerto Rico “ha dominado las ideas de mi vida adulta”, junto con la lucha por la salud y la educación.

Mientras tanto, Rodríguez Colón —presidente del Partido Demócrata en la isla y designado representante federal— adelantó que acudirán a los “capitolios de los 50 estados para lograr que también se endose la estadidad” para Puerto Rico.

“Quiero apuntar a la calidad de individuos que estamos seleccionando en esta encomienda. Todos han tenido un récord de servicio a Puerto Rico y todos han tenido resultados exitosos. Parte de su encomienda va a ser rendirle esos resultados al pueblo… Además de que va a haber un plan estratégico”, afirmó el gobernador.

Gobernador convierte en ley el Plan Tenesí




[COLUMNA] La causa de la crisis

Por más de un año, Puerto Rico ha sido un tema destacado en los Estados Unidos y en parte de los medios de comunicación en el mundo. Algo extraordinario ocurrió en esta pequeña isla del Caribe. Dejó de ser un mundialmente conocido “milagro económico” para convertirse un caso de locura económica conocido a través del mundo.

La explicación fácil y obvia es que los “políticos” de los partidos Nuevo Progresista y Popular Democrático fueron criminalmente negligentes, gastando irresponsablemente el gobierno de la isla hasta llevarlo a la quiebra.

Esto es cierto, pero falta algo. La prueba del delito. Y sí hubo prueba del delito.

El 23 de mayo de 2017, El Nuevo Día publicó una columna titulada “El fracasado modelo económico”.

Para el exgobernador Carlos Romero Barceló, la causa de la crisis de Puerto Rico se expresa en dos palabras: exención contributiva. “El núcleo del [fracasado] modelo económico ha sido ofrecerle exención contributiva a las compañías que establecen fábricas”.

Esto no es nada nuevo. Muchos economistas, tal vez la mayoría, se han opuesto a la exención contributiva para promover la inversión. El último gobernador estadounidense de Puerto Rico, Rexford Tugwell, un famoso e influyente economista, se opuso a ella y de hecho en el 1944 vetó un proyecto de ley de exención contributiva en la isla. Al líder político de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín, no le gustó —de hecho, nunca lo hizo— y encaró la oposición militante del principal economista de su gobierno, el secretario Hacienda, Sol Luis Descartes.

En el 1948, Teodoro Moscoso convenció a Muñoz para que al menos probara la exención contributiva con el propósito de industrializar la isla y sacarla de siglos de enorme pobreza.

A través de los años, Moscoso tuvo un planteamiento para contrarrestar los muchos argumentos en contra: funcionó. Pero aún, en los años 50 y 60, cuando todo el mundo pudo ver que funcionó, cuando bajo la administración de Moscoso, Fomento produjo el despunte económico de Puerto Rico, el “milagro económico”, Moscoso se vio forzado seguir convenciendo a Muñoz y a muchos otros.

En el 1972, Moscoso recibió una solicitud del gobernador estadista Luis A. Ferré.

¿Intentaría convencer a alguien más? En este momento, ¿por qué tenía que convencer a alguien? En el 1961, el presidente Kennedy lo nombró para organizar y dirigir el gran programa Alianza para el Progreso, inspirado en y reproduciendo la Operación Manos a la Obra de Puerto Rico. Incluso Rexford Tugwell estaba convencido ahora, tildando al programa de Fomento como “una de las maravillas de la historia humana”.

Pero Moscoso aceptó intentar de nuevo y accedió reunirse con el alcalde de San Juan, Carlos Romero Barceló.

Se reunieron por espacio de dos horas. En una entrevista tras la reunión, Moscoso dijo que la cosa empezó mal. Romero comenzó a decir que estaban perdiendo el tiempo, que él estaba allí solo porque Ferré le pidió que lo hiciera. Todo lo que Moscoso dijo fue incapaz de convencer a Barceló de que la exención contributiva era precisamente lo que no funcionaba en la economía puertorriqueña.

De ahí en adelante empeoraron las cosas. Nada logró convencerlo. Y Moscoso quedó impresionado. Romero, una estrella en ascenso en la política de la isla, era conocido por su estilo contundente y directo y por sus opiniones fuertes. Y Moscoso parecía estar obsesionado con la exención contributiva: “… no cedió en absoluto. Solo pelea y pelea y nunca cede…”

Moscoso lo hizo bien. Romero llegó a tener una carrera política exitosa: fue dos veces alcalde de San Juan, dos veces gobernador, electo al Senado de la isla en el 1986, electo al Congreso en el 1992 como comisionado residente de Puerto Rico.

Y nunca dejó de pelear. Era, por supuesto, un líder estadista. Pero la batalla por la estadidad, la batalla contra el Estado Libre Asociado, estaba inexorablemente ligada a su oposición a la exención contributiva. Él lo explicó en su libro de campaña del 1972 Statehood is for the Poor (La estadidad es para los pobres): un ataque brutal a la exención contributiva —una trampa para sostener el estatus del ELA, un “mito” creado para eximir a las corporaciones estadounidenses de pagar impuestos, las corporaciones que a su vez financiaban al Partido Popular para mantenerse en el poder.

Todo esto victimizando a los pobres puertorriqueños, a los ingresos fiscales perdidos negándole a la gente los servicios vitales del gobierno y los beneficios de la estadidad.

Tras ser electo gobernador en el 1976, Romero trató de eliminar la exención contributiva local, pero la resistencia en gran parte proveniente de su propia administración convenció a la Legislatura para que solo redujera la exención.

Sin embargo, el 20 de agosto de 1996, en una ceremonia en uno de los jardines de la Casa Blanca, Romero obtuvo su mayor victoria. Él había estado haciendo campaña contra la Sección 936, la exención contributiva federal, desde que fue electo al Congreso en el 1992. A él se unió el gobernador Pedro Rosselló, quien había apoyado retener la 936 cuando fue electo en el 1992 pero ahora hacía una fuerte campaña en su contra.

Esa tarde, Clinton firmó una ley políticamente necesaria para aumentar el salario mínimo federal. Pero también eliminaba en 10 años la Sección 936. Clinton, de hecho, reconoció que para Puerto Rico esto fue un error: “Esta legislación ignora las necesidades de nuestros ciudadanos en Puerto Rico, poniéndole fin ahora a los incentivos para nuevas inversiones y eliminando gradualmente los incentivos para las inversiones existentes”.

Clinton tenía razón. Las consecuencias eran evidentes. La biografía de Moscoso que escribí en el 1997 terminó declarando que cuando Clinton firmó el proyecto de ley, “la era de la Operación Manos a la Obra llegó a su fin”.

Y así lo hizo. Puerto Rico perdió el poderoso incentivo que utilizó para atraer a la industria farmacéutica y otras industrias de alta tecnología. Con la manufactura generando más del 40% de la economía de la isla, no había ningún misterio: si apagas el motor del crecimiento económico, no hay más crecimiento económico.

La mayoría de los artículos sobre la crisis de Puerto Rico señalan correctamente que la economía de la isla comenzó a declinar en 2006, año en que culminó la eliminación de la Sección 936. Y apuntan al Congreso.

Pero había una razón para que el Congreso la eliminara. Siempre hubo oposición a la Sección 936 como parte de la oposición general a la exención contributiva como un incentivo para la inversión.

Pero el Congreso no actuó hasta que el Gobierno de Puerto Rico, el gobernador Rosselló y el comisionado residente Romero argumentaron que la 936 era mala para Puerto Rico: el “modelo económico” equivocado.

Fue precisamente el argumento en el artículo de Romero con fecha del 23 de mayo de 2017. Los puertorriqueños y muchos otros se preguntan si en algún momento reviviremos nuestro crecimiento económico. Es importante saber qué lo mató. Ahí está. La prueba del delito.

 

A.W. Maldonado fue reportero y columnista en The San Juan Star, editor ejecutivo de El Mundo y editor en jefe de El Reportero.

 




Aseguran que el dinero es vital para obtener resultados en el Congreso

El exestratega del Partido Demócrata, Franklin Delano López, afirmó hoy a la clase política puertorriqueña que cualquier gestión que se haga en el Congreso federal tiene que ir apoyada de mucho dinero para obtener resultados.

A esto, agregó que cuando el exgobernador Pedro Rosselló fue electo en 1992, lo primero que le dijo fue que si quería lograr resultados en Washington, principalmente a nivel congresional, tenía que buscar dinero porque de lo contrario, no conseguiría nada.

“De las primeras cosas que le dije entonces fue que el congreso era como un supermercado, donde había que llevar dinero para conseguir algo. Si no llevas dinero, es poco o nada lo que vas a lograr”, sostuvo el exdirigente del Partido Demócrata de Puerto Rico al reiterar que, para lograr resultados en Washington, es necesario contar con buenas sumas de dinero para los congresistas y cabilderos.

[COLUMNA] El plebiscito dio resultado

En una entrevista radial (Wapa Radio), Delano López indicó que cualquier gestión que se proyecte hacer en el Congreso federal en torno al plebiscito de estatus tiene que ir acompañado de mucho dinero. Agregó  que si los partidarios de la estadidad no hacen esa gestión y no llevan dinero a la capital federal, no obtendrán resultados favorables en su lucha por obtener la estadidad.

En la década de 1970, Delano López fue fundamental. Junto al fenecido analista político Juan Manuel García Passalacqua, logró activar en Puerto Rico al Partido Demócrata, gestión que terminó con la aprobación de una ley de primarias presidenciales y una nueva relación de los demócratas locales con el Partido Demócrata Nacional, con una mayor actividad de los partidarios de la estadidad.