Radican proyecto para que FEMA aumente consideración de documentos para asistencia de vivienda

La comisionada residente, Jenniffer González Colón y el congresista Adriano Espaillat (D-NY) anunciaron el jueves la radicación del proyecto de Ley de Víctimas de Vivienda de Grandes Desastres (HR 5474) para aumentar la lista de documentos considerados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) cuando administra la asistencia de vivienda e incrementar la probabilidad de que las personas reciban asistencia para la recuperación de hogares cuando sea necesario.

“Cerca de 60,000 personas en la isla que ahora están lidiando con daños en el hogar causados por María han visto sus reclamaciones ser denegadas por FEMA debido a que no tienen títulos de propiedad. Este proyecto de ley aumenta la lista de documentos considerados por FEMA cuando administra la asistencia de vivienda, y aumenta la probabilidad de que los residentes de la isla y otras víctimas de desastres naturales reciban asistencia para la recuperación de la vivienda cuando sea necesario”, expresó la comisionada residente en declaraciones escritas.

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“Esto es parte de las discusiones que ya hemos sostenido en las vistas públicas de la Cámara federal con FEMA y las reuniones con los funcionarios del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, en inglés), pero lo convierte en una instrucción directa. Agradezco el liderazgo y el compromiso del representante Adriano Espaillat con Puerto Rico al abordar este tema que es tan importante para nuestra gente”, indicó González Colón.

Según Gonzalez Colón, la Ley de Víctimas de Vivienda de Grandes Desastres aborda dos situaciones principales. Inmediatamente, el proyecto de ley le indicará a FEMA que inserte a una misión asignada a HUD para administrar el Programa de Asistencia de Vivienda por Desastre (DHAP, en inglés), un programa que se utilizó anteriormente después de los huracanes Katrina e Ike. Esto abriría la puerta para proporcionar asistencia de alquiler temporal a las familias desplazadas de sus residencias por cualquier gran desastre declarado durante 2017, incluido el huracán María.

El proyecto de ley también haría que las personas que están alquilando o que no poseen permisos o títulos de propiedad sean elegibles para los fondos de FEMA y eviten que se les rechace la asistencia de FEMA.

A largo plazo, la Ley de Víctimas de Viviendas de Desastres Mayores permitiría el financiamiento del Alivio de Desastres bajo la Ley Stafford para ser utilizado en levantamientos de terrenos, títulos de propiedad y cualquier otro impuesto o tarifa asociados con la transferencia de propiedad.

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Dada la situación y la circunstancia de que muchos puertorriqueños no han obtenido títulos legales, esto los ha hecho inelegibles para la asistencia de vivienda después del desastre, y están excluidos de los programas que financian la reconstrucción o reparaciones importantes.

La comisionada residente mencionó que la Ley de Víctimas de Vivienda de Grandes Desastres ha sido respaldada por las siguientes organizaciones: Federación Hispana, UnidosUS, Oxfam, Coalición Nacional de Vivienda de Bajos Ingresos, Coalición de Recuperación de Vivienda por Desastre.




Proyecto busca municipios autónomos puedan emitir permisos de uso provisional

El presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara, el representante José “Memo” González Mercado, describió el lunes, el problema de la emisión de permisos en Puerto Rico como uno “vitalicio” y sostuvo que urge trabajarlo para activar la economía y poner a funcionar con rapidez a los pequeños y medianos negocios.

“Llegó el momento de un cambio y hay que hacerlo rápido y sin excusas. Tiene que eliminarse la burocracia que afecta al pueblo, al comerciante y que provoca que al final del camino, el servicio no llegue”, expresó el representante durante la primera audiencia pública en torno al Proyecto del Senado 244, cuya intención es que los municipios autónomos puedan otorgar permisos de uso provisional a las solicitudes que solo les falte el certificado del Departamento de Salud Estatal para completar su trámite. Además, que sean otorgados dentro del término de 30 días de haberse solicitado.

El director ejecutivo de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, Isabelo Molina Hernández, apoyó la medida al considerarla “una alternativa para poder lograr la eficiencia en la creación de negocios y facilitarle al pequeño comerciante el poder obtener con prontitud el “Permiso de Uso” que solicita”. A esos efectos, ponderó que los Permisos de Uso tardan mucho en emitirse y recomendó a la Comisión que investigue el porqué.

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En una ponencia enviada por el Departamento de Salud, el secretario Rafael Rodríguez Mercado rechazó que la agencia sea la que provoca los retrasos en la obtención de “Permisos de Uso”.

El funcionario destacó que en el año 2009, cuando se aprobó la Ley Número 161, supra, Salud dejó de emitir endosos para estos permisos y todo el trámite se realiza en la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe). Explicó que, no obstante, algunos municipios autónomos no atemperaron sus requisitos con el cambio en el marco legal.

La directora de la división legal de la OGPe, licenciada Islaim Rodríguez Luna, sostuvo que atender esta pieza legislativa es contraria al propósito de la Ley 161 que crea la OGPe y que fue enmendada mediante la Ley 19-2017, con el fin de transformar la OGPe en una ‘Oficina Única de Permisos’ para simplificar y estandarizar los procesos en la obtención de permisos.

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“El propósito es simplificar y reducir el tiempo de adjudicación, se consolidan e incorporan trámites en una sola solicitud, con el “Permiso Único”. En la misma solicitud se incluirá el permiso de uso, certificación para la prevención de incendios, certificación de salud ambiental, licencias sanitarias, y cualquier otra licencia u autorización aplicable. Además, los Municipios Autónomos con jerarquía de la I a la V, ya se están integrando a la Plataforma digital de la OGPe.”, “dijo la funcionaria.

A preguntas del representante González Mercado, la abogada mencionó que el ‘Permiso Único’ podrá ser tramitado en la OGPe, según el mandato de ley, una vez la Junta de Planificación de Puerto Rico (JP) termine con la revisión y posterior aprobación del Reglamento Conjunto.

Mientras, que el ayudante especial de la JP, Juan Jiménez Vélez, indicó que hoy se realiza una vista pública relacionada al Reglamento de Permisos. El representante González Mercado, expresó que “esta Comisión no sabía lo de las vistas. Por qué no se le había informado a la Comisión sobre la vista pública. Un tema tan importante y nosotros aquí nos acabamos de enterar”.

Por lo tanto, los representantes José Aponte Hernández y Roberto Rivera Ruiz de Porras, solicitaron que la JP someta a la Comisión el calendario de las Vistas Públicas, los resultados de las mismas y qué tiempo tomará completar el Reglamento.

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Asimismo, el representante González Mercado, increpó a ambos funcionarios al respecto. “Si tú tienes un municipio que puede hacer lo mismo que hace OGPe y facilitas, eliminas la doble diligencia y la burocracia, ¿por qué no se lo vas a permitir? Queremos que sometan a la Comisión opciones y recomendaciones sobre esta propuesta. Se les pidieron unas enmiendas y las someterán por escrito al igual que la JP”.




Exigen retiro de Energy Answers de lista de proyectos críticos de la junta fiscal

Miembros de la Coalición de Organizaciones Anti-Incineración, exigieron el martes, el retiro del proyecto de Energy Answers (EA) de Arecibo de la lista de proyectos críticos de la junta de control fiscal.

Esto, luego que el organismo creado por la Ley Promesa expresara que apoya la continuación del proyecto, a pesar que el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares le retiró el endoso el pasado fin de semana.

“Exigimos que se retire de inmediato el proyecto de Energy Answers de la lista de proyectos críticos de la junta de control fiscal. ¡La incineración es una amenaza para nuestra salud, ambiente y economía! ¡Ni incineración ni vertedero, la solución es Basura Cero!”, declaró Myrna Conty, coordinadora de la organización en un comunicado de prensa.

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Conty calificó como indignante que el oficial de transformación de la AEE, Noel Zamot continúe apoyando el proyecto “con la máscara de “imparcialidad e independencia”. Desde el 7 de noviembre de 2017, ya Zamot, evidentemente prejuiciado, le presentó al Congreso la incineradora como un ‘proyecto crítico ejemplar’.

“Resulta que EA no solicitó ser proyecto crítico hasta el 15 de noviembre de 2017. ¿No les parece sospechoso?”, cuestionó Conty.

Alegó que tan reciente como el 8 de enero, Zamot supuestamente violó los requisitos del Título V de la ley Promesa e incluyó la incineradora en el primer grupo de candidatos a proyectos críticos, y solicitó comentarios públicos sin proveer el informe requerido a él como Coordinador de Revitalización.

“No fue hasta que le hicimos los señalamientos, que, cínicamente, se inventaron ‘ampliar el período de comentarios en beneficio del público’. Todo por no reconocer que no siguieron los procesos y sugiere que creen que pueden ir por encima de la ley”, señaló.

Entretanto, Conty dijo que la ley Promesa dispone que los proyectos críticos podrían ser aprobados en cuestión de semanas mediante “procesos expeditos (fast track)” de las agencias.

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“O sea, que un proyecto de esta magnitud, tan dañino a la salud y el ambiente, tomaría un tiempo similar a la aprobación de una marquesina de una vivienda. Algo similar ocurrió en el 2010 cuando, el gobernador, Luis Fortuño, exabogado y ahora cabildero de EA, declaró unas órdenes ejecutivas fatulas de emergencia energética para impulsar este nefasto proyecto de EA y lograr permisos en tiempo récord”, alegó.

“Se le vé la costura a Zamot y la junta cuando dicen que no van a retirar a EA de la lista de proyectos críticos. Zamot declaró que la opinión del gobernador es ‘una más’. ¡Qué arrogancia y falta de respeto! La única transparencia de que gozan es su alianza con Fortuño y los buitres de EA”, alegó Conty.

Indicaron que el pasado 16 de enero pasado le solicitaron a la junta, entre otras cosas, copia de las comunicaciones entre la junta y/o sus miembros individuales, Zamot, sus empleados y su oficina y posibles cabilderos a favor de Energy Answers. Al día de hoy, no se les ha proporcionado tal información, según alegó Conty.




Alcalde de Caguas concede reducción de 50% en arbitrios de construcción

El alcalde de Caguas, William Miranda Torres informó el jueves que concedió una reducción del 50 por ciento sobre la base del impuesto de arbitrios de construcción que estará vigente hasta el 30 de junio de 2018.

El alcalde explicó que esta reducción se da en virtud de la Ordenanza Número 12 presentada por el alcalde de Caguas y que enmienda la Ordenanza 11A-54, Serie 2010-2011 que establece el procedimiento para la imposición de arbitrios de construcción en la ciudad Criolla. La misma fue aprobada por la Legislatura Municipal de Caguas, entró en vigor inmediatamente y fue firmada por el ejecutivo municipal.

De otra parte, la Ordenanza también dispone que “con el propósito de legitimar construcciones que dieron inicio sin contar con los permisos requeridos, se autoriza la reducción de un 25% sobre la base del impuesto de arbitrios de construcción para fines comerciales y un 50% para propósitos residenciales unifamiliares. Todo ello, en ánimo de asegurar la integridad del producto de las construcciones que se realizan en nuestra demarcación territorial, salvaguardando así la vida y la propiedad de nuestros constituyentes”.

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“Es momento de mirar a la reconstrucción del país y pensar en medidas que estimulen la actividad económica e incentiven a la ciudadanía a recuperar la normalidad. Con esta medida queremos que los ciudadanos puedan levantar sus viviendas de manera formal, cumpliendo con los códigos de construcción y asegurando que las mismas puedan resistir el embate de otro evento futuro. Además, se beneficiará el sector comercial que se ha afectado por la falta de electricidad e incentivamos la creación de empleos en la industria de la construcción”, expresó Miranda Torres en un parte de prensa.

“Esperamos que tanto el sector comercial como los ciudadanos puedan aprovechar esta reducción y comenzar un proceso de reconstrucción que permitirá el movimiento económico y la estabilidad de miles de familias que perdieron parcial o totalmente sus hogares en Caguas. Les exhorto a que cumplan con los procedimiento y reglamentos de construcción aplicables, tomando en consideración la seguridad familiar ante otros fenómenos atmosféricos que pudieran llegar a nuestra zona geográfica en el futuro”, indicó Miranda Torres.




Comisión de Servicio Público elabora nuevo código de reglamentos para agilizar procesos

Como parte de la Ley de Transformación Administrativa de la Comisión de Servicio Público (CSP), el presidente de la agencia, Luis García Fraga, informó hoy que se encuentra trabajando en la implementación de un nuevo código de reglamentos para eliminar la burocracia y agilizar los procesos.

El funcionario, explicó que mediante este nuevo código la CSP elimina las regalías, los costos por inspección, la licencia de operador y reduce las tarifas por aranceles a concesionarios independientes con una unidad.

El presidente de la CSP, Luis García Fraga (centro), expresó que el propuesto Código de Reglamentos promueve a los transportistas independientes al reducirles los costos de solicitud y descongela todas las autorizaciones. (Suministrada)

Además, propone la eliminación de los importes relacionados a los certificados de vigencias y permiso provisional, para transformarlo en un solo arancel para eliminar la burocracia en múltiples trámites administrativos.

Por otro lado, García Fraga dijo que el propuesto Código de Reglamentos de la CSP promueve a los transportistas independientes al reducirles los costos de solicitud y descongela todas las autorizaciones, promoviendo la libre competencia y garantizando un mejor servicio al pueblo de Puerto Rico.

“Con estas medidas la CSP busca mayor competencia, elimina la complicación y lentitud excesiva en la realización de estas gestiones, y fomenta que el peticionario de una autorización pueda operar de manera inmediata con la presentación de todos los documentos requeridos en el Transporte de Cargas y Pasajeros. Asimismo, estamos proponiendo la eliminación de la Licencia de Operador para fusionarla con la Licencia de Conducir que expide el Departamento de Transportación y Obras Públicas”, manifestó García Fraga en un comunicado de prensa.

“Desde la implementación de la nueva ley, la Comisión de Servicio Público ha modernizado y agilizado sus procesos administrativos, en vías de garantizar un mejor servicio y aportar al desarrollo económico de la isla. La industria del transporte público es parte esencial de nuestra economía, por lo que esta administración reafirma su compromiso con la prestación de servicios mucho más ágiles y eficientes que respondan a las necesidades de nuestros ciudadanos”, subrayó el funcionario.

“Cumpliendo con el compromiso de nuestro gobernador Ricardo Rosselló de agilizar los trámites y facilitar la integración de nuevas tecnologías a las industrias ya existentes, estamos promoviendo cambios en la CSP para mejorar y simplificar los servicios. Con este nuevo código estamos fortaleciendo a la CSP y centralizamos nuestro rol de fiscalización y reglamentación de la transportación pública”, indicó.




Comisión de Servicio Público advierte sobre vigencias de moratorias tras huracán María

El presidente de la Comisión de Servicio Público (CSP), licenciado Luis García Fraga, informó que las moratorias de autorizaciones emitidas durante la emergencia tras el huracán María, vencieron el pasado 17 de noviembre de 2017, por lo que toda persona que opere sin los permisos correspondientes se expone a una multa.

“Ante el vencimiento de la moratoria que se otorgó, los inspectores de la CSP, y demás agentes del orden público, estarán interviniendo con todo aquel que ofrezca un servicio público sin autorización de la Comisión, así como con todo aquel que opere alguna unidad bajo nuestra jurisdicción que no cumpla con los requisitos de seguridad dispuestos en los reglamentos. La CSP emitirá las multas administrativas correspondientes ante cualquier incumplimiento”, advirtió el funcionario.

El presidente de la Comisión de Servicio Público, Luis García Fraga (centro), informó que la agencia concederá un término de 15 días a todo querellado para corregir las violaciones encontradas, incluyendo la multa administrativa impuesta por no contar con autorización de la CSP. (Suministrada)

Mediante la Orden Ejecutiva Núm. XII-2017 se reincorporan los requisitos de autorización y se establece un término para corregir cualquier violación encontrada. De esta manera, queda sin efecto la Orden Ejecutiva Núm. XI-2017, emitida el pasado 24 de octubre de 2017, que decretaba una moratoria en las autorizaciones concedidas por la CSP.

“La CSP ya se encuentra operando con normalidad y todo nuestro personal estará asegurando el cumplimiento de todos nuestros reglamentos y regulaciones. Toda persona que no cuente con los permisos de la CSP para las operaciones, que así lo requieran, se expone a la imposición de una multa administrativa y/o la cancelación de su permiso”, subrayó García Fraga.

Asimismo, informó que la agencia concederá un término de 15 días a todo querellado para corregir las violaciones encontradas, incluyendo la multa administrativa impuesta por no contar con autorización de la CSP.

En el caso de las unidades que sean decretadas “Fuera de Servicio”, la unidad no podrá operar nuevamente hasta que sea reinspeccionada y aprobada para operación segura por los inspectores de la CSP.

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Acelerar los permisos en la agenda de Ángel Pérez

Facilitar los permisos de uso del comercio y las empresas que buscan establecerse en esa ciudad, así como atraer visitantes para que hagan turismo en sus instalaciones recreativas, deportivas y culturales son las prioridades de desarrollo económico que impulsan al exrepresentante Ángel Pérez a aspirar a alcaldía del municipio de Guaynabo.

El aspirante, que anteriormente se ha desempeñado como auditor de la Oficina del Contralor, y luego como director de Presupuesto de ese Guaynabo durante nueve años, indica que el presupuesto de este municipio, con unos 100 mil habitantes, es de $137 millones, de los cuales $80 millones provienen de patentes municipales y contribución a la propiedad.

En su agenda el asunto del desarrollo económico tiene una alta prioridad y para ello se propone modificar el área de permisos, “porque se pueden entregar permisos provisionales para que las empresas comiencen a trabajar de inmediato y generen empleos e ingresos al municipio. Luego en la evaluación final, si no cumplen con los requisitos establecidos, se le quita”, dijo al destacar que la promoción de empresas en su municipio es de vital importancia.

Se propone, de ser electo alcalde, crear empresas público privadas para revivir áreas y usar instalaciones que ahora están desocupadas como algunas escuelas que han cerrado. “El objetivo es lograr el establecimiento del mayor número de empresas que a su vez van a generar empleos y fondos para el municipio”, dijo.

Explicó que al lograr un aumento en el establecimiento de empresas y pequeños negocios en su municipio, no se tendrá que recurrir a establecer impuestos a la ciudadanía para cubrir los gastos por los servicios que ofrece el municipio.

“Nuestra visión no es aumentar las tasas contributivas de nuestro municipio, por eso la importancia de atraer empresas a que se establezcan en Guaynabo.

En esa misma dirección, Pérez, quien se desempeñó como representante entre 2004 y 2012, dijo que buscará explotar el área portuaria de Guaynabo y otras áreas comerciales dentro del municipio.

La reprobación del casco urbano se encuentra en su agenda de trabajo y para ello buscará también reactivar el área de viviendas y negocios en ese espacio.

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“Mi campaña es una campaña de contrastes ya que Guaynabo necesita una persona que le brinde confianza y que administre bien en momentos de crisis”, dijo al referirse a la seria crisis fiscal que afecta al país en general, y a los municipios en particular a los que el gobierno central les ha quitado unos $350 millones.

Dijo que la persona que salga electa alcalde en la elección especial que se debe estar convocando para principios de agosto próximo -y él  asegura tenerlo- debe tener un compromiso con darle continuidad a la obra que se ha hecho en Guaynabo, “con una visión de futuro y mucha eficiencia administrativa”.

Pérez, de 47 años de edad, y quien se inició en la política en la adolescencia, siendo presidente de la Juventud del PNP en Guaynabo,  asegura que será el vencedor cuando cierren los colegios el día de la elección especial.  “Saldré vencedor en la contienda”, afirmó.




Gobierno invita al sector privado a crear fuertes lazos colaborativos

El secretario de Estado, Luis Rivera Marín, le extendió una invitación a la nueva directiva de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) y a todos sus miembros a aunar esfuerzos para que la empresa privada de Puerto Rico se adhiera a la estrategia que la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares ha desarrollado para impulsar la economía de la isla.

La invitación surgió durante un conversatorio auspiciado por la CCPR para conocer a los miembros que componen la nueva directiva de la organización.

El secretario de Estado, Luis Rivera Marín, aseguró que “si está en las páginas amarillas, el gobierno no lo debería estar haciendo”. (Agustín Criollo/CB)

Rivera Marín destacó que a través de los esfuerzos del Ejecutivo, se ha legislado para promover las alianzas público privadas como motor para reactivar la economía del país.

“Los invitamos a que se unan a una mesa redonda permanente en donde ellos [la empresa privada] sean parte de las soluciones. Que empecemos a eliminar el exceso de reglamentos que existen en Puerto Rico para crear mejores empleos y desarrollo económico. Si Puerto Rico va a entrar a la ruta del progreso, donde nosotros, en la administración del gobernador ya ha legislado para lo que es una reforma laboral, una reforma de permisos donde se promueven las alianzas público privadas, y ejemplos como lo que son Enterprise Puerto Rico y el DMO,  todas deben descansar en contar con que el sector privado sea el motor de la economía”, aseguró durante su intervención en el conversatorio.

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Rivera Marín aseguró que el gobierno debe centrarse en crear un ambiente idóneo para promover el desarrollo económico y en donde, más allá de obstaculizar el proceso de permisos, los facilite.

El secretario utilizó como ejemplo el anuncio hecho el viernes pasado por Rosselló Neveras sobre la disponibilidad de emitir permisos automáticos a través del internet.

“Por fin en Puerto Rico hay permisos automáticos. Antes, aquella mujer trabajadora, madre soltera, que quiere montar su negocio, su salón de belleza, y que quizás tenía unos ahorros que con mucho trabajo acumuló, iba a pedir un permiso para su salón de belleza en un lugar donde apenas hacia unos meses había otro salón de ese tipo, y no se lo daban y estaban seis meses tratando hasta que se cansaba y desistía”, lamentó.

El funcionario recalcó que la meta es facilitar el desarrollo económico, y para ello se requiere la colaboración del sector privado, así como la invitación de la administración Rosselló Nevares a la CCPR y sus nuevos directivos.

Asimismo, destacó la eficacia de estos esfuerzos utilizando como ejemplo los esfuerzos del gobierno y el sector privado realizados en el Congreso estadounidense para lograr paridad en los fondos de Medicare y Medicaid.

“A través de la alianza del grupo multisectorial que el gobernador formó mediante orden ejecutiva y que me pidió que yo dirigiese, pude compartir con líderes de diferentes industrias de la salud, hospitales, médicos, proveedores, planes, y la Cámara de Comercio, y se realizaron más de 150 visitas a congresistas en donde, primero con Medicare, por primera vez desde 2012 hubo un aumento en fondos, y tan reciente como hace unos días se lograron allegar $300 millones para nuestros niños, para nuestros ancianos, para los más vulnerables. Ahora vamos a continuar trabajando y colaborando para asegurarnos de que se den los fondos de salud y que se dé la colaboración para el desarrollo económico”, aseguró.

Rivera Marín destacó la importancia de las pequeñas y medianas empresas (pymes) que generan dos de cada tres empleos en la isla y defendió la postura del Ejecutivo en cuanto a impulsar una reforma laboral y de permisos ya que, aseguró, la meta es promover y hacerle más fácil a estas empresas crear, desarrollar y mantener sus negocios.

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“Estamos promoviendo unas aceleradoras de negocios en donde podamos asistir a las pequeñas y medianas empresas en lo que es el desarrollo de negocios. Invitamos a la Cámara de Comercio a crear en conjunto con el Departamento de Estado un centro de desarrollo de pequeños negocios para asistirles en la creación de planes de negocios, financiamiento, lo que es la logística de exportación”, indicó a la vez que aseguró que la administración propone asegurarse de que estos comerciantes se encuentren equipados para enfrentar los retos de abrir y mantener un negocio, que se traduce a su vez en riqueza y desarrollo económico para Puerto Rico.




Dispensario de cannabis de Bayamón triunfa en demanda contra el municipio

El dispensario de cannabis medicinal The Family Dispensary reabrirá sus puertas este sábado luego de que el Municipio de Bayamón se allanara a la petición del comercio en un injunction preliminar en el que alegaban que la revocación de su permiso de uso era “discriminatoria e ilegal” porque esa determinación solo la puede realizar un tribunal.

“La sorpresiva cancelación del permiso de uso por parte del municipio [de Bayamón] resulta discriminatoria e ilegal, ya que, una vez se expide un permiso de uso, el ayuntamiento carece de facultad para cancelarlo… Si un municipio entiende que un establecimiento opera en violación de un permiso expedido tiene que recurrir al tribunal [para solicitar la cancelación], no puede hacerlo por cuenta propia”, expresó el representante legal del dispensario, Godwin Aldarondo, en una comunicación escrita emitida luego de la vista judicial realizada ayer en el Tribunal Superior de Bayamón.

The Family Dispensary es el único dispensario de cannabis medicinal que opera en el Municipio de Bayamón en el centro comercial Plaza Pradera. Fue cerrado el mes pasado luego de una vista ocular en la que se alegó que el permiso de uso expedido por el municipio no era adecuado para la venta de cannabis. (Suministrada)

The Family Dispensary es el único dispensario de cannabis medicinal que opera en el Municipio de Bayamón en el centro comercial Plaza Pradera. Fue cerrado el mes pasado luego de una vista ocular en la que se alegó que el permiso de uso expedido por el municipio no era adecuado para la venta de cannabis. (Suministrada)

Aldarondo explicó que el municipio aceptó que se expida el injuction preliminar y que se vuelva a reabrir el dispensario, que desde su cierre el pasado 10 de marzo ha reportado pérdidas estimadas en $250,000 entre ausencia de ventas y posibles daños en el inventario. El comercio recibió el permiso de uso en noviembre de 2016.

Luego de lo ocurrido en la vista judicial, la portavoz de prensa del Municipio de Bayamón, Migdalia Rivera, dijo a CB en Español que “una vez el municipio reciba la notificación del tribunal, la División Legal tomará la decisión que corresponda en ley”. Sobre una posible apelación, agregó que “se evaluarán todas las alternativas que correspondan en ley”.

El cierre del único dispensario de cannabis medicinal que ubica en Bayamón ocurrió luego de una vista ocular de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, presidida por la representante María Milagros Charbonier. En esa vista, la representante se percató de que el permiso de uso expedido por el Municipio de Bayamón era para la venta de “artículos de primera necesidad” y no para el despacho de cannabis medicinal, por lo que notificó al ayuntamiento y se realizó el cierre inmediato.

Ante el revés judicial, la representante expresó a este medio que la Comisión de lo Jurídico de la Cámara espera por un informe del Departamento de Salud sobre lo ocurrido en la vista ocular y la evaluación de los permisos que poseía el dispensario.

También sostuvo que la comisión emitirá la semana próxima un informe parcial sobre la investigación que realiza en torno a la legalidad de los procesos seguidos por el Departamento de Salud (DS) para promulgar el reglamento 8686, que rige los procesos del cannabis medicinal en la isla.

“Mis hallazgos serán referidos al Departamento de Salud con recomendación de investigación, si es que amerita, y Salud investigará. De lo que allí vi [en el dispensario], puede que haya cosas sobre lo que recomendaremos a Salud actuar porque es la finalidad de la investigación. Así que ya la próxima semana tendremos el primer informe parcial de la comisión”, sostuvo Charbonier.

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Agregó que probablemente el Proyecto del Senado 340, la posible legislación que sustituiría el reglamento que rige el cannabis medicinal en la isla, “tendrá elementos que incidirán sobre la controversia judicial”. 

El representante legal de The Family Dispensary alegó por escrito que un grupo de pacientes se unió al recurso judicial presentado por la compañía familiar porque se les privó el acceso a sus medicamentos derivados del cannabis. Sostuvo que no solo los “cientos de pacientes” que utilizan la planta “sufren un daño que bien podría tornarse irreparable” mientras no tengan acceso a ella, sino que la mercancía también está en riesgo de deteriorarse si continuaba cerrado el dispensario.

De otro lado, la gerente del dispensario, Emily Chaparros, exhortó a los pacientes a llamar para confirmar si su mercancía está disponible para dispensarse.




Claman al gobierno compromiso para auspiciar a comerciantes locales

Con el propósito de que los Pequeños y Medianos Comerciantes (PyMES) fortalezcan su economía, Karla Sustache, exdirectora de iniciativa Fuerza PyMES y fundadora de “Lo De Aquí Primero” solicitó hoy, lunes, compromiso del Gobierno de Puerto Rico y las alcaldías, a que auspicien y fomenten al comercio local.

“Si el gobierno, los alcaldes y las empresas se comprometen a comprar productos y servicios locales podemos garantizar el éxito de las empresas nativas. Se nos hace urgente que cumplan con el compromiso de compras de la pasada administración y que es parte de la Ley 62-2014. Esto no debería ser un reclamo, debería ser sentido común basado en la responsabilidad social y en el compromiso de que un mejor país es posible”, reclamó Sustache en declaraciones escritas.

Explicó que el 90 por ciento de los nuevos empleos que se crean en Puerto Rico son generados por pequeñas y medianas empresas. Además, precisó que en los pasados años más de 10,000 nuevos negocios se establecieron y las compras al gobierno en ese sector superaron los 180 millones de dólares.

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Sustache explicó que durante el cuatrienio pasado se estableció una política pública a favor de las pequeñas y medianas empresas con la aprobación de las leyes 62, 120 y 135 y actualmente se enmendó el proceso de obtención de permisos que favorecen la inserción de las mega tiendas en la isla.

“Los cabilderos de los grandes intereses lograron eliminar el estudio de impacto regional que protegía a nuestros comercios de comunidad. Este no es el momento de abrir paso a proyectos que afecten el desarrollo de las empresas locales. No podemos ir fomentando el establecimiento de empresas si no velamos por ellas. Ahora hay cientos de movimientos que invitan a reinventarse al puertorriqueño, pero no le estamos dando la ventaja competitiva ni el apoyo que necesitan para que alcancen el éxito”, señaló Sustache.

Opinó que la recesión económica que vive el país desde el 2006 y los efectos que traen las medidas de austeridad a ser impuestas por la Junta de Control Fiscal representan un escollo al desarrollo socio económico de Puerto Rico.

“Los números están ahí, ya han sido discutidos por nuestros economistas y hasta por el Nobel de economía, la única opción que tiene el sector empresarial del país es apoyarse mutuamente para juntos salir de esta dura etapa de la economía local. El llamado es a todos y todas: academia, gremios, colectivos, artistas, free lancers, estudiantes, empleados de gobierno y de empresa privada, todos debemos apostar por lo de aquí, invertir nuestro dinero en empresas locales”, exhortó la también portavoz de la fundación Lo De Aquí Primero que busca apoyar la gestión diaria de los miles de empresarios puertorriqueños.

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