Agencias respaldan medida para facilitar desarrollo de tecnología 5G en Puerto Rico

Varias agencias gubernamentales endosaron el martes, la aprobación de la medida que busca facilitar el desarrollo de la tecnología 5G en Puerto Rico y viabilizar la instalación de lo que se conoce en la industria como “small cells” o pequeñas instalaciones inalámbricas.

La Comisión cameral de Desarrollo Económico y Planificación que preside el representante, Víctor Parés Otero, realizó la primera Vista Pública en torno al Proyecto de la Cámara 1976 que crea la Ley para facilitar la Implementación y uso de Pequeñas Instalaciones Inalámbricas o Small Cells en los Sistemas de Telecomunicaciones en Puerto Rico. Esto a los fines de establecer el marco regulatorio y procesal respecto a los permisos para la integración de estas instalaciones en las telecomunicaciones de la isla.

“La medida pretende llenar un vacío ya que este tipo de infraestructura innovadora no está contemplada en ningún reglamento o ley. Para ello establece un marco regulatorio y procesal ante la Oficina de Gerencia de Permisos que permita el desarrollo de esta tecnología. Promoverá la innovación en sectores como el de la salud, seguridad y educación, en el marco de la tecnología 5G”, destacó Parés Otero en comunicación escrita.

La presidenta del Negociado de Telecomunicaciones, Sandra Torres, quien participó en la audiencia pública catalogó la medida como un “proyecto de avanzada” porque, entre otras cosas, “crea un ambiente idóneo y hace de Puerto Rico una jurisdicción más atractiva para el desarrollo de negocios e inversión futura”.

Dijo, además, que establece mecanismos y velocidades extraordinarias que permitirá que agencias como la Policía de Puerto Rico puedan utilizar una tecnología más eficiente que ayudará en el trabajo que realizan. Añadió que sería otra herramienta para la continuidad de los servicios en situaciones de emergencia o desastre natural.

La arquitecta, Lissette Rodríguez, de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), dijo que la agencia endosa la medida y sometió varias recomendaciones, entre ellas, que toda construcción que se vaya a llevar a cabo, cumpla con los códigos de construcción vigentes.

La Junta de Planificación también endosó el proyecto. La planificadora, Suheidy Barreto Soto, informó en la ponencia que la Junta deberá adoptar reglamentación para la otorgación de permisos, instalación y operación de la micro célula.




Radican resolución para declarar en estado de emergencia las carreteras de Puerto Rico

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Representantes, Félix Lassalle Toro, radicó el martes, una resolución que persigue declarar un estado de emergencia en las carreteras de la Isla para agilizar los trabajos de mitigación, restauración, reparación y construcción de los sistemas viales por los próximos dos años.

“Nuestra infraestructura vial requiere de una inversión significativa e inmediata. Es por esto que se tienen que identificar mecanismos para agilizar las obras de construcción. Es sabido que los procesos de permisos, a pesar de los cambios recientemente aprobados, sigue siendo uno burocrático y lento”, recalcó Lassalle Toro en declaraciones escritas.

Se trata de la Resolución Conjunta 398 la cual también brinda una dispensa por 24 meses a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), sobre el trámite de permisos y el pago de derechos de los mencionados trabajos.

Según explicó Lassalle Toro, las carreteras que componen los sistemas viales de Puerto Rico están en su peor estado en la historia. No solo por el paso de los huracanes Irma y María el pasado año, sino por los años de falta de mantenimiento adecuado.

“Los trabajos para atender los problemas de infraestructura deben comenzar a la mayor brevedad. Es por esto, que esta Asamblea Legislativa entiende necesario, declarar una emergencia de los sistemas viales de Puerto Rico y dispensar a la ACT y al DTOP del trámite de permisos y el pago de derechos con el fin de realizar trabajos de mitigación, restauración, reparación y construcción de los sistemas viales por un período de dos años”, comentó el representante del Distrito 16, el cual comprende los municipios de Isabela, San Sebastián y Las Marías.

Recientemente el Gobernador de Puerto Rico anunció el inicio del proyecto “Abriendo Caminos”, con una inversión de $652 millones, donde se pretende comenzar a atender los problemas más críticos en las carreteras. Esto se suma a los $400 millones que la pasada administración no reclamó y otros $552 millones por asignaciones anuales federales correspondientes a este cuatrienio previo al paso de los huracanes Irma y María.




Oriental y WindMar Home establecen alianza para ofrecer financiamiento de energía solar

El proceso se llevará a cabo mediante una plataforma desarrollada por Enium Capital donde le presentarán al cliente las opciones que mejor se ajusten a sus necesidades. (Suministrada)

Oriental anunció una alianza con la empresa de energía renovable, WindMar Home para que por primera vez en Puerto Rico un banco ofrezca financiamiento para productos de energía solar, permitiéndole a los clientes obtener un ahorro mensual en su factura de luz.

“Somos dos empresas netamente puertorriqueñas, que decidimos unirnos para poder ofrecerle a los clientes un producto y servicio de primera. Muchos clientes están en buscando ahorrar en sus gastos energéticos; por lo que decidimos diseñar esta oferta atractiva y única en Puerto Rico para su beneficio”, expresó Fernando J. Herrera vicepresidente y director de Crédito a Individuos y Pymes.

Herrera explicó que el financiamiento será a través de Oriental y se solicitará mediante una plataforma desarrollada por Enium Capital. Los consultores de WindMar Home reciben la información del cliente interesado y coordinan una cita para presentar las diferentes opciones disponibles y que mejor se ajusten a sus necesidades.

Al cliente estar interesado se hace la solicitud del préstamo con ayuda del vendedor de WindMar Home, al ser aprobado comenzarán con la instalación del producto y la compañía se encargará de obtener las certificaciones y permisos necesarios para su uso. Este proceso tiene una duración aproximada de seis meses.

“Nos sentimos sumamente orgullosos de brindarles esta nueva alternativa a los puertorriqueños. A través de esta iniciativa buscamos beneficiar a los hogares con energía solar. Dentro de este financiamiento exclusivo que se estará ofreciendo por primera vez, el consumidor obtendrá la instalación de un sistema solar basado en el consumo del hogar con la opción de añadir una batería si desea permanecer energizado durante un apagón. Este es el momento de tomar control y cambiar la energía de los hogares a solar”, expresó el principal oficial ejecutivo de asuntos legales de WindMar Group, Marc Roumain.

WindMar comenzó su trayectoria con energía renovable desde el 2002, midiendo el viento en múltiples puntos de la Isla para proyectos eólicos. La empresa puertorriqueña continuó su expansión desarrollando proyectos solares. Al continuar sus labores con éxito y la oportunidad de beneficiar a los dueños de hogares, se creó WindMar Home, la línea residencial de la empresa que ofrece el mejor uso de energía solar a los hogares puertorriqueños.

Desde su fundación, la misión de WindMar ha sido proporcionar electricidad limpia, renovable y confiable, producida localmente. Con más de 15 años de experiencia y confianza en la industria, WindMar Home se ha posicionado como la compañía líder y más grande de energía renovable en Puerto Rico.

Por su parte, el director de operaciones de WindMar Group, Juan José González, señaló que WindMar Home continúa cumpliendo su misión con esta nueva iniciativa, “desde que comenzamos hace más de 15 años, nuestra meta fue clara, proporcionar electricidad limpia, renovable y confiable, producida localmente para los hogares puertorriqueños. Actualmente contamos con sobre 100 técnicos especializados en la instalación y servicio de sistemas solares”.

“En Oriental nos enfocamos en ofrecerle a nuestros clientes alternativas que sean convenientes y accesibles a sus necesidades. Queremos que nuestros clientes estén en control de su calidad de vida por lo que los ayudamos a obtener una solución energética completa en donde puedan asegurar su energía a un costo fijo y a la misma vez apoyar a mantener la Isla limpia con el uso de energía renovable. A través de esta alianza entre dos empresas locales los consumidores podrán obtener un producto confiable, que representará un ahorro mensual en su pago por energía”, expresó Herrera.

Para coordinar una cita con un vendedor de Windmar, deben acceder al siguiente enlace: https://www.windmarhome.com/land/oriental.php o llamar al 787-395-7766.




Radican proyecto para que FEMA aumente consideración de documentos para asistencia de vivienda

La comisionada residente, Jenniffer González Colón y el congresista Adriano Espaillat (D-NY) anunciaron el jueves la radicación del proyecto de Ley de Víctimas de Vivienda de Grandes Desastres (HR 5474) para aumentar la lista de documentos considerados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) cuando administra la asistencia de vivienda e incrementar la probabilidad de que las personas reciban asistencia para la recuperación de hogares cuando sea necesario.

“Cerca de 60,000 personas en la isla que ahora están lidiando con daños en el hogar causados por María han visto sus reclamaciones ser denegadas por FEMA debido a que no tienen títulos de propiedad. Este proyecto de ley aumenta la lista de documentos considerados por FEMA cuando administra la asistencia de vivienda, y aumenta la probabilidad de que los residentes de la isla y otras víctimas de desastres naturales reciban asistencia para la recuperación de la vivienda cuando sea necesario”, expresó la comisionada residente en declaraciones escritas.

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“Esto es parte de las discusiones que ya hemos sostenido en las vistas públicas de la Cámara federal con FEMA y las reuniones con los funcionarios del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, en inglés), pero lo convierte en una instrucción directa. Agradezco el liderazgo y el compromiso del representante Adriano Espaillat con Puerto Rico al abordar este tema que es tan importante para nuestra gente”, indicó González Colón.

Según Gonzalez Colón, la Ley de Víctimas de Vivienda de Grandes Desastres aborda dos situaciones principales. Inmediatamente, el proyecto de ley le indicará a FEMA que inserte a una misión asignada a HUD para administrar el Programa de Asistencia de Vivienda por Desastre (DHAP, en inglés), un programa que se utilizó anteriormente después de los huracanes Katrina e Ike. Esto abriría la puerta para proporcionar asistencia de alquiler temporal a las familias desplazadas de sus residencias por cualquier gran desastre declarado durante 2017, incluido el huracán María.

El proyecto de ley también haría que las personas que están alquilando o que no poseen permisos o títulos de propiedad sean elegibles para los fondos de FEMA y eviten que se les rechace la asistencia de FEMA.

A largo plazo, la Ley de Víctimas de Viviendas de Desastres Mayores permitiría el financiamiento del Alivio de Desastres bajo la Ley Stafford para ser utilizado en levantamientos de terrenos, títulos de propiedad y cualquier otro impuesto o tarifa asociados con la transferencia de propiedad.

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Dada la situación y la circunstancia de que muchos puertorriqueños no han obtenido títulos legales, esto los ha hecho inelegibles para la asistencia de vivienda después del desastre, y están excluidos de los programas que financian la reconstrucción o reparaciones importantes.

La comisionada residente mencionó que la Ley de Víctimas de Vivienda de Grandes Desastres ha sido respaldada por las siguientes organizaciones: Federación Hispana, UnidosUS, Oxfam, Coalición Nacional de Vivienda de Bajos Ingresos, Coalición de Recuperación de Vivienda por Desastre.




Proyecto busca municipios autónomos puedan emitir permisos de uso provisional

El presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara, el representante José “Memo” González Mercado, describió el lunes, el problema de la emisión de permisos en Puerto Rico como uno “vitalicio” y sostuvo que urge trabajarlo para activar la economía y poner a funcionar con rapidez a los pequeños y medianos negocios.

“Llegó el momento de un cambio y hay que hacerlo rápido y sin excusas. Tiene que eliminarse la burocracia que afecta al pueblo, al comerciante y que provoca que al final del camino, el servicio no llegue”, expresó el representante durante la primera audiencia pública en torno al Proyecto del Senado 244, cuya intención es que los municipios autónomos puedan otorgar permisos de uso provisional a las solicitudes que solo les falte el certificado del Departamento de Salud Estatal para completar su trámite. Además, que sean otorgados dentro del término de 30 días de haberse solicitado.

El director ejecutivo de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, Isabelo Molina Hernández, apoyó la medida al considerarla “una alternativa para poder lograr la eficiencia en la creación de negocios y facilitarle al pequeño comerciante el poder obtener con prontitud el “Permiso de Uso” que solicita”. A esos efectos, ponderó que los Permisos de Uso tardan mucho en emitirse y recomendó a la Comisión que investigue el porqué.

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En una ponencia enviada por el Departamento de Salud, el secretario Rafael Rodríguez Mercado rechazó que la agencia sea la que provoca los retrasos en la obtención de “Permisos de Uso”.

El funcionario destacó que en el año 2009, cuando se aprobó la Ley Número 161, supra, Salud dejó de emitir endosos para estos permisos y todo el trámite se realiza en la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe). Explicó que, no obstante, algunos municipios autónomos no atemperaron sus requisitos con el cambio en el marco legal.

La directora de la división legal de la OGPe, licenciada Islaim Rodríguez Luna, sostuvo que atender esta pieza legislativa es contraria al propósito de la Ley 161 que crea la OGPe y que fue enmendada mediante la Ley 19-2017, con el fin de transformar la OGPe en una ‘Oficina Única de Permisos’ para simplificar y estandarizar los procesos en la obtención de permisos.

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“El propósito es simplificar y reducir el tiempo de adjudicación, se consolidan e incorporan trámites en una sola solicitud, con el “Permiso Único”. En la misma solicitud se incluirá el permiso de uso, certificación para la prevención de incendios, certificación de salud ambiental, licencias sanitarias, y cualquier otra licencia u autorización aplicable. Además, los Municipios Autónomos con jerarquía de la I a la V, ya se están integrando a la Plataforma digital de la OGPe.”, “dijo la funcionaria.

A preguntas del representante González Mercado, la abogada mencionó que el ‘Permiso Único’ podrá ser tramitado en la OGPe, según el mandato de ley, una vez la Junta de Planificación de Puerto Rico (JP) termine con la revisión y posterior aprobación del Reglamento Conjunto.

Mientras, que el ayudante especial de la JP, Juan Jiménez Vélez, indicó que hoy se realiza una vista pública relacionada al Reglamento de Permisos. El representante González Mercado, expresó que “esta Comisión no sabía lo de las vistas. Por qué no se le había informado a la Comisión sobre la vista pública. Un tema tan importante y nosotros aquí nos acabamos de enterar”.

Por lo tanto, los representantes José Aponte Hernández y Roberto Rivera Ruiz de Porras, solicitaron que la JP someta a la Comisión el calendario de las Vistas Públicas, los resultados de las mismas y qué tiempo tomará completar el Reglamento.

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Asimismo, el representante González Mercado, increpó a ambos funcionarios al respecto. “Si tú tienes un municipio que puede hacer lo mismo que hace OGPe y facilitas, eliminas la doble diligencia y la burocracia, ¿por qué no se lo vas a permitir? Queremos que sometan a la Comisión opciones y recomendaciones sobre esta propuesta. Se les pidieron unas enmiendas y las someterán por escrito al igual que la JP”.




Exigen retiro de Energy Answers de lista de proyectos críticos de la junta fiscal

Miembros de la Coalición de Organizaciones Anti-Incineración, exigieron el martes, el retiro del proyecto de Energy Answers (EA) de Arecibo de la lista de proyectos críticos de la junta de control fiscal.

Esto, luego que el organismo creado por la Ley Promesa expresara que apoya la continuación del proyecto, a pesar que el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares le retiró el endoso el pasado fin de semana.

“Exigimos que se retire de inmediato el proyecto de Energy Answers de la lista de proyectos críticos de la junta de control fiscal. ¡La incineración es una amenaza para nuestra salud, ambiente y economía! ¡Ni incineración ni vertedero, la solución es Basura Cero!”, declaró Myrna Conty, coordinadora de la organización en un comunicado de prensa.

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Conty calificó como indignante que el oficial de transformación de la AEE, Noel Zamot continúe apoyando el proyecto “con la máscara de “imparcialidad e independencia”. Desde el 7 de noviembre de 2017, ya Zamot, evidentemente prejuiciado, le presentó al Congreso la incineradora como un ‘proyecto crítico ejemplar’.

“Resulta que EA no solicitó ser proyecto crítico hasta el 15 de noviembre de 2017. ¿No les parece sospechoso?”, cuestionó Conty.

Alegó que tan reciente como el 8 de enero, Zamot supuestamente violó los requisitos del Título V de la ley Promesa e incluyó la incineradora en el primer grupo de candidatos a proyectos críticos, y solicitó comentarios públicos sin proveer el informe requerido a él como Coordinador de Revitalización.

“No fue hasta que le hicimos los señalamientos, que, cínicamente, se inventaron ‘ampliar el período de comentarios en beneficio del público’. Todo por no reconocer que no siguieron los procesos y sugiere que creen que pueden ir por encima de la ley”, señaló.

Entretanto, Conty dijo que la ley Promesa dispone que los proyectos críticos podrían ser aprobados en cuestión de semanas mediante “procesos expeditos (fast track)” de las agencias.

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“O sea, que un proyecto de esta magnitud, tan dañino a la salud y el ambiente, tomaría un tiempo similar a la aprobación de una marquesina de una vivienda. Algo similar ocurrió en el 2010 cuando, el gobernador, Luis Fortuño, exabogado y ahora cabildero de EA, declaró unas órdenes ejecutivas fatulas de emergencia energética para impulsar este nefasto proyecto de EA y lograr permisos en tiempo récord”, alegó.

“Se le vé la costura a Zamot y la junta cuando dicen que no van a retirar a EA de la lista de proyectos críticos. Zamot declaró que la opinión del gobernador es ‘una más’. ¡Qué arrogancia y falta de respeto! La única transparencia de que gozan es su alianza con Fortuño y los buitres de EA”, alegó Conty.

Indicaron que el pasado 16 de enero pasado le solicitaron a la junta, entre otras cosas, copia de las comunicaciones entre la junta y/o sus miembros individuales, Zamot, sus empleados y su oficina y posibles cabilderos a favor de Energy Answers. Al día de hoy, no se les ha proporcionado tal información, según alegó Conty.




Alcalde de Caguas concede reducción de 50% en arbitrios de construcción

El alcalde de Caguas, William Miranda Torres informó el jueves que concedió una reducción del 50 por ciento sobre la base del impuesto de arbitrios de construcción que estará vigente hasta el 30 de junio de 2018.

El alcalde explicó que esta reducción se da en virtud de la Ordenanza Número 12 presentada por el alcalde de Caguas y que enmienda la Ordenanza 11A-54, Serie 2010-2011 que establece el procedimiento para la imposición de arbitrios de construcción en la ciudad Criolla. La misma fue aprobada por la Legislatura Municipal de Caguas, entró en vigor inmediatamente y fue firmada por el ejecutivo municipal.

De otra parte, la Ordenanza también dispone que “con el propósito de legitimar construcciones que dieron inicio sin contar con los permisos requeridos, se autoriza la reducción de un 25% sobre la base del impuesto de arbitrios de construcción para fines comerciales y un 50% para propósitos residenciales unifamiliares. Todo ello, en ánimo de asegurar la integridad del producto de las construcciones que se realizan en nuestra demarcación territorial, salvaguardando así la vida y la propiedad de nuestros constituyentes”.

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“Es momento de mirar a la reconstrucción del país y pensar en medidas que estimulen la actividad económica e incentiven a la ciudadanía a recuperar la normalidad. Con esta medida queremos que los ciudadanos puedan levantar sus viviendas de manera formal, cumpliendo con los códigos de construcción y asegurando que las mismas puedan resistir el embate de otro evento futuro. Además, se beneficiará el sector comercial que se ha afectado por la falta de electricidad e incentivamos la creación de empleos en la industria de la construcción”, expresó Miranda Torres en un parte de prensa.

“Esperamos que tanto el sector comercial como los ciudadanos puedan aprovechar esta reducción y comenzar un proceso de reconstrucción que permitirá el movimiento económico y la estabilidad de miles de familias que perdieron parcial o totalmente sus hogares en Caguas. Les exhorto a que cumplan con los procedimiento y reglamentos de construcción aplicables, tomando en consideración la seguridad familiar ante otros fenómenos atmosféricos que pudieran llegar a nuestra zona geográfica en el futuro”, indicó Miranda Torres.




Comisión de Servicio Público elabora nuevo código de reglamentos para agilizar procesos

Como parte de la Ley de Transformación Administrativa de la Comisión de Servicio Público (CSP), el presidente de la agencia, Luis García Fraga, informó hoy que se encuentra trabajando en la implementación de un nuevo código de reglamentos para eliminar la burocracia y agilizar los procesos.

El funcionario, explicó que mediante este nuevo código la CSP elimina las regalías, los costos por inspección, la licencia de operador y reduce las tarifas por aranceles a concesionarios independientes con una unidad.

El presidente de la CSP, Luis García Fraga (centro), expresó que el propuesto Código de Reglamentos promueve a los transportistas independientes al reducirles los costos de solicitud y descongela todas las autorizaciones. (Suministrada)

Además, propone la eliminación de los importes relacionados a los certificados de vigencias y permiso provisional, para transformarlo en un solo arancel para eliminar la burocracia en múltiples trámites administrativos.

Por otro lado, García Fraga dijo que el propuesto Código de Reglamentos de la CSP promueve a los transportistas independientes al reducirles los costos de solicitud y descongela todas las autorizaciones, promoviendo la libre competencia y garantizando un mejor servicio al pueblo de Puerto Rico.

“Con estas medidas la CSP busca mayor competencia, elimina la complicación y lentitud excesiva en la realización de estas gestiones, y fomenta que el peticionario de una autorización pueda operar de manera inmediata con la presentación de todos los documentos requeridos en el Transporte de Cargas y Pasajeros. Asimismo, estamos proponiendo la eliminación de la Licencia de Operador para fusionarla con la Licencia de Conducir que expide el Departamento de Transportación y Obras Públicas”, manifestó García Fraga en un comunicado de prensa.

“Desde la implementación de la nueva ley, la Comisión de Servicio Público ha modernizado y agilizado sus procesos administrativos, en vías de garantizar un mejor servicio y aportar al desarrollo económico de la isla. La industria del transporte público es parte esencial de nuestra economía, por lo que esta administración reafirma su compromiso con la prestación de servicios mucho más ágiles y eficientes que respondan a las necesidades de nuestros ciudadanos”, subrayó el funcionario.

“Cumpliendo con el compromiso de nuestro gobernador Ricardo Rosselló de agilizar los trámites y facilitar la integración de nuevas tecnologías a las industrias ya existentes, estamos promoviendo cambios en la CSP para mejorar y simplificar los servicios. Con este nuevo código estamos fortaleciendo a la CSP y centralizamos nuestro rol de fiscalización y reglamentación de la transportación pública”, indicó.




Comisión de Servicio Público advierte sobre vigencias de moratorias tras huracán María

El presidente de la Comisión de Servicio Público (CSP), licenciado Luis García Fraga, informó que las moratorias de autorizaciones emitidas durante la emergencia tras el huracán María, vencieron el pasado 17 de noviembre de 2017, por lo que toda persona que opere sin los permisos correspondientes se expone a una multa.

“Ante el vencimiento de la moratoria que se otorgó, los inspectores de la CSP, y demás agentes del orden público, estarán interviniendo con todo aquel que ofrezca un servicio público sin autorización de la Comisión, así como con todo aquel que opere alguna unidad bajo nuestra jurisdicción que no cumpla con los requisitos de seguridad dispuestos en los reglamentos. La CSP emitirá las multas administrativas correspondientes ante cualquier incumplimiento”, advirtió el funcionario.

El presidente de la Comisión de Servicio Público, Luis García Fraga (centro), informó que la agencia concederá un término de 15 días a todo querellado para corregir las violaciones encontradas, incluyendo la multa administrativa impuesta por no contar con autorización de la CSP. (Suministrada)

Mediante la Orden Ejecutiva Núm. XII-2017 se reincorporan los requisitos de autorización y se establece un término para corregir cualquier violación encontrada. De esta manera, queda sin efecto la Orden Ejecutiva Núm. XI-2017, emitida el pasado 24 de octubre de 2017, que decretaba una moratoria en las autorizaciones concedidas por la CSP.

“La CSP ya se encuentra operando con normalidad y todo nuestro personal estará asegurando el cumplimiento de todos nuestros reglamentos y regulaciones. Toda persona que no cuente con los permisos de la CSP para las operaciones, que así lo requieran, se expone a la imposición de una multa administrativa y/o la cancelación de su permiso”, subrayó García Fraga.

Asimismo, informó que la agencia concederá un término de 15 días a todo querellado para corregir las violaciones encontradas, incluyendo la multa administrativa impuesta por no contar con autorización de la CSP.

En el caso de las unidades que sean decretadas “Fuera de Servicio”, la unidad no podrá operar nuevamente hasta que sea reinspeccionada y aprobada para operación segura por los inspectores de la CSP.

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Acelerar los permisos en la agenda de Ángel Pérez

Facilitar los permisos de uso del comercio y las empresas que buscan establecerse en esa ciudad, así como atraer visitantes para que hagan turismo en sus instalaciones recreativas, deportivas y culturales son las prioridades de desarrollo económico que impulsan al exrepresentante Ángel Pérez a aspirar a alcaldía del municipio de Guaynabo.

El aspirante, que anteriormente se ha desempeñado como auditor de la Oficina del Contralor, y luego como director de Presupuesto de ese Guaynabo durante nueve años, indica que el presupuesto de este municipio, con unos 100 mil habitantes, es de $137 millones, de los cuales $80 millones provienen de patentes municipales y contribución a la propiedad.

En su agenda el asunto del desarrollo económico tiene una alta prioridad y para ello se propone modificar el área de permisos, “porque se pueden entregar permisos provisionales para que las empresas comiencen a trabajar de inmediato y generen empleos e ingresos al municipio. Luego en la evaluación final, si no cumplen con los requisitos establecidos, se le quita”, dijo al destacar que la promoción de empresas en su municipio es de vital importancia.

Se propone, de ser electo alcalde, crear empresas público privadas para revivir áreas y usar instalaciones que ahora están desocupadas como algunas escuelas que han cerrado. “El objetivo es lograr el establecimiento del mayor número de empresas que a su vez van a generar empleos y fondos para el municipio”, dijo.

Explicó que al lograr un aumento en el establecimiento de empresas y pequeños negocios en su municipio, no se tendrá que recurrir a establecer impuestos a la ciudadanía para cubrir los gastos por los servicios que ofrece el municipio.

“Nuestra visión no es aumentar las tasas contributivas de nuestro municipio, por eso la importancia de atraer empresas a que se establezcan en Guaynabo.

En esa misma dirección, Pérez, quien se desempeñó como representante entre 2004 y 2012, dijo que buscará explotar el área portuaria de Guaynabo y otras áreas comerciales dentro del municipio.

La reprobación del casco urbano se encuentra en su agenda de trabajo y para ello buscará también reactivar el área de viviendas y negocios en ese espacio.

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“Mi campaña es una campaña de contrastes ya que Guaynabo necesita una persona que le brinde confianza y que administre bien en momentos de crisis”, dijo al referirse a la seria crisis fiscal que afecta al país en general, y a los municipios en particular a los que el gobierno central les ha quitado unos $350 millones.

Dijo que la persona que salga electa alcalde en la elección especial que se debe estar convocando para principios de agosto próximo -y él  asegura tenerlo- debe tener un compromiso con darle continuidad a la obra que se ha hecho en Guaynabo, “con una visión de futuro y mucha eficiencia administrativa”.

Pérez, de 47 años de edad, y quien se inició en la política en la adolescencia, siendo presidente de la Juventud del PNP en Guaynabo,  asegura que será el vencedor cuando cierren los colegios el día de la elección especial.  “Saldré vencedor en la contienda”, afirmó.