Ciudadanos y entidades cívicas presentan mandamus por información sobre Mapa de Calificación

(Arek Socha/Pixabay)

Un grupo de ciudadanos y entidades cívicas informaron el viernes que presentaron un recurso de mandamus ante el Tribunal de San Juan que reclama atención urgente de parte del tribunal ante el acceso a la información sobre el Mapa de Calificación.

“La información es objeto de este caso no ha sido divulgada por la Junta de Planificación y es una pública, no privilegiada, pero también esencial para poder conocer y aquilatar lo propuesto en el mapa. Se trata de información que la Junta no hizo disponible durante el tiempo que lo tuvo en su portal del Internet para comentarios, no ahora tampoco”, dijo en declaraciones escritas, Pedro Cardona Roig, portavoz del grupo.

Alegó que una ventana dedicada al Mapa de Calificación, fue eliminada del portal de la Junta de Planificación el viernes 27 de septiembre, por razones que desconocen y que se restableció parcialmente luego.

Entretanto, Cardona Roig señaló que el recurso de mandamus agrega que “es un confuso y ambiguo un aviso público del 28 de junio del 2019. Se estima que, calculadas conservadoramente, el Mapa afectará 1.38 millones de cuerdas o el 61 por ciento de los terrenos de Puerto Rico”.

Indicó que el viernes se verán las alegaciones de las partes a las 2:00 de la tarde en la Sala 904 del Centro Judicial de San Juan.




Portavoces aseguran Gobernadora está en contra de la quema de carbón y el depósito de cenizas

(CyberNews)

La portavoz del Campamento Contra las Cenizas en Peñuelas, Yanina Moreno, se expresó complacida el lunes luego de sostener una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez Garced, en la que mencionó lograron varios compromisos para atender el problema de salud pública que representa el depósito de cenizas de carbón en la planta Applied Energy System (AES) de Guayama y en la que la mandataria se expresó en contra de la quema de carbón y del depósito de cenizas en Puerto Rico.

“Inicialmente le preguntamos a ella (la gobernadora) cuál era su posición respecto a esto y una de las cosas que ella planteo es que ella está en contra de la quema de carbón y el depósito de cenizas en Puerto Rico. Discutimos varios puntos con ella, el hecho de que en sobre 14 municipios d ha depositado cenizas y el daño que esto ha ocasionado, incluyendo obviamente el pueblo de Peñuelas. Hay un problema de salud pública a nivel nacional y seguridad nacional que nos preocupa grandemente. Los estudios que se ha realizado demuestran la cantidad de arsénico que hemos visto en las cenizas y que han sido expuestas en áreas bien cercanas a las comunidades […] el problema de salud que tenemos, donde prácticamente a diario unas dos personas mueren de cáncer y otras son diagnosticadas prácticamente al mismo tiempo. Ella se comprometió, quizás es el cambio que hemos visto, con ningún gobernador hemos tenido esa apertura, eso para nosotros es positivo”, dijo en conferencia de prensa al salir de la reunión con la mandataria.

Según, Moreno, la gobernadora se comprometió a trabajar un proyecto senatorial que tendría el efecto de prohibir el depósito de cenizas en la Isla (PS 1221), entre otros asuntos.

Al ser cuestionada sobre si existe alguna negociación con AES, moreno señalo que desconocen, pero con la campaña publicitaria de la empresa sobre la energía renovable, esperan que no estén envueltos en esos proyectos.

“Estamos hablando de una compañía criminal, que ya no solamente ha ocasionado un daño ambiental y a nuestra salud. Sino que ha tenido serias multas de EPA y la Junta de Calidad Ambiental y han campeado por su respeto con total impunidad”, mencionó.

Por su parte, el portavoz de Diálogo Ambiental de Salinas, Víctor Alvarado Guzmán, quien participó de la reunión de miembros del Campamento contra las Cenizas de Carbón en Peñuelas, con la gobernadora Wanda Vázquez, describió el encuentro como positivo e informó que le pidieron a la mandataria que visite las comunidades de Peñuelas y Guayama que son las más afectadas por efecto de las cenizas de la empresa AES en la salud de los residentes.

“Es la primera vez que tenemos esta reunión con algún gobernador porque nunca antes nos habían querido atender. Ha sido muy positiva. Le hemos hecho la invitación a la gobernadora a que vaya a las comunidades de Guayama y Peñuelas, que son las más afectadas por el asunto de las cenizas. La veo muy abierta a eso y hay otros asuntos que le estamos plantando… en término de la salud el Departamento de Salud es un cero a la izquierda”, dijo Alvarado Guzmán, quien ofreció sus expresiones al salir de la Mansión Ejecutiva.




Portavoces de la empresa privada harán un foro para congresistas

(CyberNews)
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Portavoces de distintas organizaciones de la empresa privada participarán de los esfuerzos en Washington, D.C., para lograr destrancar el desembolso de fondos federales para recuperación, dijo el martes la comisionada residente, Jenniffer González Colón.

“Ante esta situación y la importancia y la urgencia de que los fondos se utilicen para la reconstrucción de carreteras, puentes, pero también de vivienda que hay sobre 26 mil familias usando toldos azules, podamos destrancar los fondos que todavía no han llegado a la isla”, dijo la comisionada residente en conferencia de prensa.

González Colón sostuvo que, por ejemplo, a raíz de los arrestos federales por corrupción a funcionarios y contratistas de la Administración de Servicios de Salud (ASES) hubo cambios sustanciales en el proyecto para financiar el Plan de Salud del Gobierno.

Como parte del esfuerzo -que incluye el viaje de la gobernadora Wanda Vázquez Garced a la capital federal entre el 8 al 12 de septiembre- los portavoces de la empresa privada realizarán el 17 y 18 de septiembre un foro para congresistas.

“Van a funcionar a manera de panel. Se va a dividir en tres temas: desarrollo económico, turismo, salud. Esto es bien importante, porque no es el gobierno hablando. Esto es como un ‘briefing’ que le van a dar a congresistas y ‘staffers’. Ahí se habla de números, de por qué tienen que ser 12 mil millones para salud. Es el estudio integrado de cómo afecta a Puerto Rico en estas diferentes áreas”, expresó.

Además del proyecto para financiar la tarjeta de Salud- que ronda los 12 mil millones, González Colón mencionó que otras medidas que procuran para su aprobación son el crédito por trabajo y el crédito por menores; convertir a la isla en un conector (hub) de carga aérea; proyecto de créditos contributivos para zonas de stress económico y los fondos de reconstrucción.




Portavoz de detallistas de gas propano solicita aumento de precio en Puerto Rico

(CyberNews)
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El portavoz de la Coalición de Distribuidores Independientes de Gas Propano (Codigas), Luis Feliciano dijo el lunes que en reunión con la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, solicitaron –entre otras cosas– un aumento en el precio del gas propano.

“Se habló de hacer un estudio- pero hace años que se está hablando de hacer un estudio- esperamos que ahora se ordene hacer un estudio. Para que tengan una idea, en Puerto Rico es donde más barato se vende el gas propano en el mundo. Nosotros estamos de acuerdo en que nos otorguen una tarifa justa y razonable para cubrir nuestras operaciones”, dijo Feliciano a preguntas de la prensa.

“Para que tengan una idea, el que va a Kissimee (Florida) paga el gas a tres dólares, veinticinco centavos por galón. Aquí el promedio está en dos dólares por galón. Eso es un tema que ella va a evaluar”, añadió.

“Nosotros lo que le pedimos al gobierno es que si va a hacer un aumento, que mire nuestros Estados Financieros, para que determine cuál sería el precio razonable para nuestra industria”, sostuvo.

Los portavoces de los distribuidores de gas licuado (detallistas o gaseros) se reunieron junto con el presidente de la Federación de Taxistas, Juan de León con la gobernadora Wanda Vázquez Garced para exponer sus objeciones a los reglamentos del Negociado del Transporte y Otros Servicios Públicos.

En el caso de los distribuidores de gas, la objeción principal responde a inclusión de los Códigos de Transportación del gobierno federal, lo cual aumenta a mas de 300 las posibles infracciones que enfrentan estos pequeños empresarios. A su entender, el Código de Puerto Rico, tiene mayores restricciones que el gobierno federal.

“También se habló de la parte arrancelaria. Ahora el proceso de renovar licencias se ha visto que cada servicio que damos, cada persona que da un servicio, cada oficina, cada unidad, cada tanque, cada planta, cada vehículo se va a considerar como una franquicia distinta, con fecha distinta de vencimiento. Eso lo complicó, ahora yo tendría que estar sometiendo documentos todos los meses a la Comisión”, expuso Feliciano.

En el caso de los taxistas, el reclamo es para que las tarifas,tanto para los taxistas como para los choferes de las redes de transporte sean equitativas.

“Hay varias alternativas, nos vamos a sentar próximamente con el presidente del Negociado, Luis García Fraga, para ver cuál es las mas viable”, expresó Juan de León.

Los portavoces se expresaron complacidos con que la gobernadora los escuchó.




Portavoces del PPD señalan que plan fiscal de Rosselló está sobreestimado en $42 billones

(Suministrada)
(Suministrada)

Los portavoces del Partido Popular Democrático (PPD) en Cámara y Senado, Ramón Luis Cruz Burgos y José Luis Dalmau Santiago, denunciaron el martes, que el Plan Fiscal del gobernador Ricardo Rosselló supuestamente está basado en estimados falsos por 42 mil millones de dólares, lo que provoca aumento en impuestos y menos servicios para la gente.

Además, sentenciaron que Rosselló y el Partido Nuevo Progresista (PNP) “en otro engaño al país”, supuestamente intentan hacer creer que el desastre fiscal se resuelve con la estadidad.

“Quisieron utilizar el dolor, sufrimiento y las pérdidas materiales de las familias puertorriqueñas para otorgar contratos sin control con los fondos que recibieron por la emergencia. Pretendieron hacer ver una realidad fiscal y financiera inexistente que les permitiese seguir con sus patrones de gastos para consolar a los suyos a base de puestazos. El gran problema de estas exageraciones y mentiras de la administración Rosselló, que se las creyó la Junta de Control Fiscal, es que mientras mentían para seguir en lo suyo, han aumentado el número de impuestos, han desangrado a la Universidad de Puerto Rico, han dado un duro golpe a los municipios y han creado un gobierno más grande, más burocrático, más ineficaz y alejado del pueblo”, precisó Cruz Burgos en comunicación escrita.

Además, el representante añadió que la nueva mentira es que ese desfase en los números lo subsana la estadidad. “Ahora tratan de convertir el Plan de Mentiras en parapeto para justificar la estadidad”.

Por su parte, Dalmau Santiago indicó que todo Plan Fiscal aprobado por la Junta, presentado por el gobernador Ricardo Rosselló, contiene supuestos económicos que no eran reales y, por tanto, no se cumplieron. “El gobierno de Puerto Rico ha sido irresponsable y mintió cuando fundamentó el plan fiscal en supuestos que sabía eran incorrectos y datos imposibles de cumplir. La Junta de Supervisión Fiscal ha sido igualmente irresponsable al aceptar los supuestos económicos planteados por la administración Rosselló cuando sabían que eran irreales”.

Los portavoces señalaron que el gran problema de estos supuestos económicos falsos es que el presupuesto de gastos que tiene el gobierno, depende de que se cumplan esas metas. Al no cumplirse, los recaudos son menores, los recursos disponibles para dar servicios a los ciudadanos y para hacer obras disminuyen.

“El problema de la administración Rosselló, es el mismo del Gobernador, mienten. Los planes fiscales son el mecanismo que aprieta el bolsillo de nuestras familias. Por lo que desde 2017, la administración Rosselló ha estado mintiendo y tratando de corregir con otras mentiras en los Planes Fiscales subsiguientes”, sentenciaron.

Según alegaron, en el Plan Fiscal que el Gobierno sobreestimó el dinero que entrará en la economía por 41.93 billones de dólares:

  1. Sobre estimaron los daños del huracán María en un intento de utilizar el dolor de los puertorriqueños para salvar sus finanzas gubernamentales y reclamar logros de obra pública. Estimaron 65 billones de dólares en fondos federales de recuperación a través de FEMA. (Página 41 Plan Fiscal, abril 2018). El Plan fiscal sometido por la administración Rosselló en el mes de marzo asume una inversión de dinero de FEMA de 46 billones de dólares. 19 billones menos en la economía de Puerto Rico.
  2. Sobre estimaron el monto total de la inversión privada con los pagos de aseguradoras por daños del huracán María. El Plan Fiscal expone la cantidad de 16 billones de dólares. (Páginas 22, 24 y 41 del Plan Fiscal abril 2018). La realidad se distancia muchísimo de la mentira del Plan Fiscal de Rosselló. Según información de la industria de seguros y la ACODESE, a febrero de 2018:

  1. De las 170,681 reclamaciones recibidas, se pagó un 44 por ciento de los casos, esto es 75,493 reclamaciones.

997. Las reclamaciones adjudicadas ascendieron a un pago total de $991,857,997.00, cifra que ya ha sido desembolsada por estos aseguradores e inyectada a la economía para compensar a los asegurados por los daños resultantes del desastre.

63. Esta última cantidad incluye la cifra de $362,560,063.00, que se ha pagado por concepto de adelantos, mientras se concluye la adjudicación de toda la reclamación. (Véase Periódico Metro 6 de febrero de 2018. https://www.metro.pr/pr/noticias/2018/02/06/aseguradoras-rinden-cuentas-sobre-pagos-tras-huracan-maria.html).

El estimado de la administración Rosselló se quedó corto, en el mejor de los escenarios, por 14 billones de dólares.

El Plan fiscal revisado presentado por la administración Rosselló el 11 de marzo de 2019, reduce esta cantidad a 8 billones de dólares, una reducción de 6 billones de dólares en impacto en la economía y 6 billones en exceso a los números reales de las aseguradoras y de acuerdo al patrón de pagos por reclamaciones. (Páginas 19-21). Al final del día son 14 billones menos en la economía de Puerto Rico por este concepto, sin que se revise el impacto en los impuestos y costo de vida de los puertorriqueños, para que el gobierno cumpla su presupuesto descuadrado.

3. Sobre estimaron el impacto económico de la mal llamada reforma laboral, que en realidad ha sido la Ley 7 de los empleados del sector privado en Puerto Rico. (Página 128, 130, 155-160 Plan Fiscal, abril 2018). El Plan Fiscal revisado de 2018 establece que el impacto en el Producto Nacional Bruto (GNP, por sus siglas en inglés) sería de punto veinticinco por ciento (.25%). (Página 42 Plan Fiscal 2018). El plan fiscal presentado por Rosselló este mes, lo reduce a punto quince por ciento (.15%). (Plan Fiscal marzo 2019, páginas 22-23).

4. Sobre estimaron el monto de inversión privada en Alianzas Público Privadas. El Plan Fiscal presentado en 2017 por la administración Rosselló, aseguró una inversión de sobre 8 billones de dólares en inversión privada bajo el modelo de Alianzas Público Privadas (APP). En el Plan Fiscal revisado de 2018, se eliminó la referencia a la cantidad de inversión en la economía por este concepto. En el plan presentado este mes, vuelve a no cuantificarse la inversión por las APP. La realidad es que los proyectos en proceso de permisos a penas suman 2.5 billones en inversión. Lo que implica un desfase de 5.5 billones de dólares en este renglón.

5. Se quedaron cortos en la aprobación de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos aprobara el desembolso total de los 4.9 billones de dólares del préstamo de emergencia aprobado por el Congreso tras el paso del huracán María y que fueran incluidos en el plan fiscal para cubrir los desfases de liquidez gubernamental en el presupuesto o “liquidity gaps”. (Páginas 24, 41 y 45 Plan Fiscal abril 2018). La aprobación fue de 1.47 billones. La desconfianza en la capacidad administrativa de Rosselló, costó 3.43 billones en dinero prestado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

6. En fin, la mentira y los supuestos falsos de la administración de Rosselló, les ha llevado a sobre estimar la inversión en nuestra economía por la cantidad de 41.93 billones de dólares. Claro está, esto no cuantifica el impacto de decir que las reforma laboral significa un aumento del .25 por ciento del PNB y luego reducirlo a .15 por ciento, aunque sabemos que el resultado real es el despido inmisericorde de miles de trabajadores puertorriqueños, cuando está por terminarse el periodo probatorio de nueve (9) meses.




Piden investigar procesos de compra en agencias de gobierno

El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Carmelo Ríos Santiago, presentó una resolución para investigar las “aparentes fallas” y falta de uniformidad en los sistemas de compra de las agencias de gobierno, entre las que destacó los Departamentos de Educación (DE), Salud (DS), Corrección y Rehabilitación (DCR), Familia (DF) y Transportación y Obras Públicas (DTOP).

La pesquisa también incluiría a la Administración de Servicios Generales (ASG), entidad responsable de las compras del gobierno.

El portavoz del PNP en el Senado, Carmelo Ríos, pidió investigar el proceso de compras en las agencias gubernamentales. (Felipe Torres/CB)

El portavoz del PNP en el Senado, Carmelo Ríos, pidió investigar el proceso de compras en las agencias gubernamentales. (Felipe Torres/CB)

“Con el pasar de los años y a pesar de la continua aprobación de leyes —la más reciente fue la Ley 181-2016 para atender las diferentes fallas del sistema—, la no uniformidad en las compras del gobierno continúa. La falta de cumplimiento con los reglamentos, los altos costos con el pago de bienes, la ineficiencia de los procedimientos, la falta de uso de la innovación tecnológica para los procedimientos de compra y la tardanza en la entrega de los bienes parecen no haberse resuelto”, expuso el senador en la Resolución del Senado 193.

En el 2011, el Plan de Reorganización 3 ordenó a la ASG a implantar la política pública relativa a la adquisición de bienes, obras y servicios no profesionales para las agencias gubernamentales, corporaciones públicas y municipios que voluntariamente opten por utilizar sus servicios con el propósito de promover la optimización de la gestión del gobierno.

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Debido a la falta de un proceso uniforme, el legislador comentó que el deber del gobierno es “atender estas inquietudes con seriedad e innovar para asegurarnos que las mejores prácticas se estén implementando para así propiciar la eficiencia, agilidad y calidad en los procesos y servicios gubernamentales”.

De ser aprobada por los senadores, la investigación estaría a cargo de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, que preside el senador Miguel Laureano.




Buscan crear comisión para mayor acceso a asistencia legal gratuita

El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara de Representantes, Denis Márquez Lebrón, informó el miércoles sobre la radicación de una medida que busca garantizar mayor acceso a representación legal para aquellos ciudadanos con desventaja económica.

“La falta de medios económicos no puede ser un obstáculo para que una persona tenga acceso a representación legal en los casos de naturaleza criminal, y en caso de no poder costearla, el Estado tiene la obligación de proveerla de forma gratuita”, indicó el representante en declaraciones escritas.

De aprobarse la Resolución Conjunta 136 se crearía la Comisión Conjunta Permanente de Acceso a la Justicia en Casos Civiles, adscrita a la Asamblea Legislativa, que tendría la encomienda de documentar la necesidad de asistencia legal gratuita o a bajo costo en reclamaciones civiles administrativas y judiciales.

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“… a través del litigio civil se dilucidan asuntos que afectan derechos fundamentales como vivienda, educación derechos paterno o materno filiales, salud y alimentos de menores que, en muchos casos, representan costos que los ciudadanos no pueden asumir. De esa forma, se lacera de forma irremediable lo que debe ser una de las principales aspiraciones de una sociedad democrática: el acceso a la justicia”, aseguró el legislador independentista.

Además, presentaría propuestas que promuevan el acceso a orientación y representación legal para personas de ingresos limitados e identificar medidas o recursos que viabilicen la ampliación de la prestación de esos servicios.

“La dilación de la tramitación en los casos civiles abona a la multiplicación de los gastos asociados al litigio. Estas personas podrían beneficiarse de programas de representación legal a costo reducido. Esta falta de acceso a la justicia resulta en que, por ejemplo, las madres y padres de niños y niñas de educación especial no puedan reclamar el derecho constitucional de sus hijos a una educación apropiada; que haya familias desalojadas de su vivienda mediante expropiación, desahucio o ejecución de hipoteca, entre otras situaciones”, amplió el licenciado.

El representante concluyó que la medida busca también allegar recursos a aquellas instituciones y entidades que se han dado a la tarea de proveer representación legal en casos civiles a ciudadanos indigentes como la Corporación de Servicios Legales, las divisiones legales de algunos municipios, el programa Pro Bono del Colegio de Abogados y las clínicas de las facultades de Derecho, entre otros.