PPD dejará en manos de cada legislador votación sobre Pierluisi

El portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández dijo el jueves que no habrá reglas de caucus para que los integrantes de la delegación voten sobre el nombramiento de Pedro Pierluisi como secretario del Departamento de Estado.

“Que cada cuál vote bajo su criterio. Una de las determinaciones que nosotros vamos a hacer hoy en nuestro caucus es que no va a haber votación para determinar cómo se va a expresar cada legislador. Cada legislador va a tener que efectuar su criterio y asumir su responsabilidad en cuanto va a ser su votación en cuanto al nombramiento. No hay una determinación de caucus”, dijo Hernández en entrevista radial (WKAQ).

Pierluisi juramentó el miércoles al mencionado cargo, luego que fuera nominado por el saliente gobernador, Ricardo Rosselló Nevares. De ser confirmado por ambos cuerpos legislativos, Pierluisi se convertiría en el sucesor de Rosselló Nevares, cuya renuncia es efectivo el viernes, 2 de agosto a las 5:00 de la tarde.

Hernández indicó que le enviaron una carta al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez para que se celebre una vista pública que estaría a cargo de la Comisión de Gobierno, presidida por el representante, Jorge Navarro.

“Solicitamos que la Cámara le de un proceso transparente, responsable de rendición de cuentas a la nominación de secretario de Estado. Yo creo que esto es un proceso que no se puede ver de un punto de vista partidista”, dijo el portavoz popular.

“Hay muchas dudas, hay muchas preguntas. Yo no quiero prejuzgar. Hay un sinnúmero de preguntas específicamente de lo que ha sido el desempeño de él en los últimos dos años y medio”, agregó Hernández ante las cuestionamientos que se han levantado por alegados conflictos de Pierluisi y su relación con la Junta de Control Fiscal (JCF).

La delegación del PPD tendrá una reunión de caucus a las 10:00 de la mañana. Para las 11:00 de la mañana habrá una sesión extraordinaria para que se dé por enterado sobre el nombramiento. Entonces, según detalló Hernández, la Comisión de Gobierno emitiría un informe para atender el nombramiento en la sesión del viernes.

La solicitud de una vista pública sobre la designación y al determinación de que cada legislador popular en ambos cuerpos vote bajo su criterio, se produjo en una reunión de la Junta de Gobierno de la colectividad, según informó el presidente, Aníbal José Torres.




Jenniffer González exige nombramiento de un secretario de Estado

La comisionada residente, Jenniffer González Colón. (Jaime Rivera/CB)

La comisionada residente, Jenniffer González Colón exigió el lunes que se nombre un secretario de Estado.

“Nadie puede obligar a nadie a ocupar un cargo que no desea y es su prerrogativa así hacerlo.  Lo que no se puede tolerar es la incertidumbre de quien dirigirá los destinos de Puerto Rico. En el ambiente que vive la isla es importante tener una línea sucesora clara que brinde credibilidad y estabilidad a la función de gobierno. Para eso, nuestra Constitución y las leyes establecieron un orden de sucesión. 

Al haber vacante en Estado, era lógico que el ocupante de la  secretaría de Justicia asumiera el cargo y en su defecto el secretario de Hacienda. Al secretario de Hacienda no tener la edad mínima para ocupar el cargo de gobernador, recaería en el secretario de Educación. Por eso es tan necesario se nomine un secretario de Estado con el consentimiento de los cuerpos legislativos y así mantener la continuidad del gobierno.

Hay que darle paz y estabilidad a todos los sectores de nuestra sociedad, a Washington y al mundo entero. Mientras tanto, yo sigo enfocada en mis labores en la Capital Federal, para que los congresistas y demás funcionarios federales tengan la certeza de que tienen a alguien del gobierno de Puerto Rico dando el frente por nuestro Pueblo, en momentos en que continua la recuperación de la crisis fiscal, huracanes Irma y María y los fondos de Medicaid entre otras medidas”, dijo González Colón en comunicación escrita.

Entretanto, ante el rechazo de la gobernación por parte de la secretaria de Justicia Wanda Vázquez, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, exigió el lunes en el reclamo para que el saliente gobernador Ricardo Rosselló Nevares nomine a un secretario o secretaria de Estado.

El presidente del Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres. (CyberNews)
El presidente del Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres. (CyberNews)

“El gobernador Rosselló tiene la responsabilidad indelegable de nombrar una persona al cargo de Secretario de Estado que pueda asumir el trabajo que él no ha podido desempeñar. Basta ya de utilizar el ordenamiento constitucional para su juego político y el revanchismo intra partido”, dijo Torres en medio de un mensaje emitido vía Facebook.

“Quiero dejar meridianamente claro que ante las expresiones contradictorias de la Secretaria de Justicia para que se reclute un Secretario de Estado para que asuma la gobernación, el Partido Popular Democrático advierte que nuestras delegaciones de Senado y la Cámara de Representantes no se prestarán para llevar a cabo ningún procedimiento de confirmación atropellado, improvisado o evadiendo el análisis ponderado y responsable que requiera dicha posición, toda vez que la persona seleccionada tendrá entre sus responsabilidades futuras el nombramiento de un Juez del Tribunal Supremo, decenas de nombramientos judiciales, el nombramiento de un Contralor(a), un director(a) de la Oficina de Ética Gubernamental y un Procurador(a) del Ciudadano (Ombudsman)”, añadió.

El domingo la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced rechazó que quiera ocupar el cargo de gobernador.

Ricardo Rosselló Nevares funge como gobernador hasta el viernes, 2 de agosto de 2019 a las 5:00 de la tarde, luego de presentar su renuncia ante dos semanas de fuertes manifestaciones a raíz del contenido del chat de Telegram entre él y once allegados, entre funcionarios de gabinete, asesores y contratistas.




Tatito Hernández urge comenzar proceso de residenciamiento para obligar renuncia de Rosselló

El portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático, Rafael “Tatito” Hernández Montañez. (CyberNews)
El portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático, Rafael “Tatito” Hernández Montañez. (CyberNews)

El portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD), Rafael “Tatito” Hernández Montañez exigió el miércoles al presidente Carlos “Johnny” Méndez Núñez  que convoque lo antes posible a los representantes para comenzar el proceso de residenciamiento, para forzar la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares.

“Exigimos al presidente que convoque y comience el proceso hoy. Ya nosotros estamos listos. El representante independiente (Manuel Natal Albelo) y el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP, Denis Márquez) también está listo, por lo que somos 17 votos. Lo que hace falta son 17 votos en el Partido Nuevo Progresista den el paso y eso obligaría al gobernador (a renunciar).

“Esto es un proceso que está diseñado para no hacerse -porque es bien lamentable el proceso- y dimita. Eso es lo que estamos buscando”, añadió.

El presidente cameral reunió al Caucus al mediodía del miércoles para discutir el resultado del informe encomendado a los abogados Francisco Reyes Caparrós, Luis Enrique Rodríguez Rivera y Enrique Colón Santana, el cual concluyó que hay al 5 delitos – 4 de ellos graves0 en el chat de la red de mensajería de Telegram, que administraba el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y otras 11 personas de su administración.




Alertan sobre nombramiento del PNP en la CEE con salario exorbitante

El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Lind Orlando Merle, alertó al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), licenciado Juan Dávila, mediante una misiva, de un supuesto nombramiento por parte de la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Norma Burgos.

“Mientras el país está atento a la seria situación que involucra al gobernador Ricardo Rosselló, en la Comisión Estatal de Elecciones, la comisionada del PNP, Norma Burgos, pretende nombrar un ayudante suyo, en la posición que deja vacante su hijo y con un salario de 7,642 dólares mensuales, mientras la CEE atraviesa una difícil situación fiscal”, dijo Merle en comunicación escrita. 

“La Comisionada Electoral del PNP aprovecha que el pueblo está atento al Gobernador para continuar repartiéndose los puestos y altos salarios en la CEE.”, precisó Merle.

“Como comisionado electoral del PPD continuaremos denunciando las acciones del PNP, quiénes en lugar de fortalecer la democracia a través de nuestras instituciones, la debilitan con sus acciones”, concluyó.




Recorte presupuestario deja la CEE “casi inoperante y sin dinero” para las primarias

(Efrén Rodríguez/CB)

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila, advirtió el lunes que el ente quedaría casi inoperante y sin dinero para llevar a cabo las primarias, como consecuencia del recorte de cerca de $9 millones que implantó la Junta de Control Fiscal (JCF).

“Realmente, de cara a los próximos eventos electorales, (la CEE va a quedar) casi inoperante. No se presupuestó ni un solo centavo para papeletas para las primarias que es el evento electoral más complicado. Las primarias, al ser tantos los candidatos, requiere una mayor logística. Las papeletas tienden a ser más grandes”, dijo Dávila en entrevista radial (WKAQ). 

“Son dos primarias que corren a la vez: la del PNP y la del PPD. La realidad es que por virtud de la ley, la CEE es la llamada a correr esas primarias, además de las primarias nacionales de los partidos demócratas y republicanos que la Comisión corre y que cuestan”, agregó.

Explicó que el próximo primero de diciembre comienza el proceso de radicación de candidaturas, mientras que en marzo de 2020 serán las primarias del partido demócrata. En junio del próximo año, serían las primarias locales. Las elecciones generales corresponden al próximo año fiscal.

“Este año fiscal es eleccionario. Ya estamos en el año eleccionario y no habría el dinero para correr las primarias como está aprobado el presupuesto al día de hoy, 8 de julio. No habría dinero para celebrar esas primarias. No hablemos del recorte de cerca de $9 millones en nómina en el presupuesto operacional para este año fiscal que es eleccionario”, explicó el funcionario.

Indicó que el presupuesto de la CEE, según el probado por la JCF es de $29 millones, incluyendo $4.4 millones para el pago de las pensiones.

Señaló que según la reforma propuesta, se deben eliminar la cantidad de Juntas de Inscripción Permanentes (JIP), y que envió comunicación a los comisionados electorales para atender esta situación. El lunes habrá una reunión para evaluar las transformaciones que se puedan hacer para identificar ahorros.   

“Yo abogo que podemos disminuir algunas JIP y ahorramos gastos, pero aún disminuyéndolas, un recorte de 9 millones de dólares en nómina, sencillamente, en un año electoral (es negativo)”, agregó al indicar esos cambios deben ser a tono con la ley electoral.

Dávila dijo que en la CEE, actualmente, laboran 664 empleados, que reducirían a cerca de 230 con el recorte en la partida de nómina.

“La verdad es que este recorte de cerca de $9 millones es muy severo”, insistió.




Senado vota a favor del veto expreso del gobernador sobre vacaciones de paramédicos y vigilantes

El Senado, con 27 votos a favor, uno en contra y uno abstenido, votó a favor sobre el veto expreso del gobernador Ricardo Rosselló Nevares respecto al Proyecto del Senado 632 para que los empleados del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas y del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) continúen acumulando 30 días de vacaciones anuales, y no 15, como establece la ley. 

Según se informó en declaraciones escritas, las votaciones a favor contaron con el apoyo de los senadores de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) y los senadores Juan Dalmau Ramírez (PIP) y José Vargas Vidot. No obstante, se abstuvo el senador Nelson Cruz Santiago y votó en contra la senadora Margarita Nolasco.

Por otro lado, se informó que el proyecto que regula las apuestas deportivas en la isla fue aprobado con enmiendas en el Senado, por lo que se anticipa que la medida pasará a comité de conferencia. Una de las enmiendas introducidas al Proyecto de la Cámara 2038, que establece una ley a los fines de definir la política pública sobre las apuestas en eventos deportivos y ligas de juegos electrónicos, fue enmendado en Sala por el senador popular José Luis Dalmau Santiago.

“Bajo este concepto (apuestas por Internet) no quedan autorizadas las apuestas en eventos deportivos donde las ligas deportivas estén diseñadas para jugadores menores de 18 años. Tampoco serán autorizadas aquellas apuestas sobre eventos deportivos de instituciones educativas de nivel primario, intermedio y secundario ni sobre eventos de deporte colegial o universitario celebradas en Puerto Rico”, lee la enmienda presentada por el senador Dalmau Santiago. 

Ante esto, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, le informó al senador que cuando realicen “el comité de conferencia” la van a discutir. Además, que han “acogido sus enmiendas ya”. El proyecto cameral fue aprobado el martes en la Cámara de Representantes.

Otro proyecto que sufrió enmiendas fue la Resolución Conjunta de la Cámara 514, de la autoría del representante Antonio Soto Torres, para asignar $20 millones del Fondo General 2019-2020 a asignaciones a entidades e instituciones semipúblicas, públicas y privadas cuyas actividades o servicios propendan al desarrollo de programas y bienestar social, de la salud, educación, cultura, entre otros. Si la Cámara de Representantes no está de acuerdo, pudiera ir a comité de conferencia.

El próximo día de sesión es el viernes, 28 de junio, a las 3:00 p.m.




“Presupuesto simbólico” del gobernador es casi el mismo de la junta fiscal, dicen representantes populares

Los representantes del Partido Popular Democrático (PPD) Rafael “Tatito” Hernández, Jesús Santa Rodríguez, Jesús Manuel Ortiz y Javier Aponte Dalmau aseguraron el domingo que el presupuesto recomendado por el gobernador, Ricardo Rosselló, “es uno simbólico y básicamente igual al sometido por la Junta de Control Fiscal”.

“Perdimos la oportunidad como Legislatura de evaluar seriamente el presupuesto, y crear los fundamentos para enfrentar a la Junta de Control Fiscal. Como hemos dicho, y nos reafirmamos: Rosselló y la Junta son lo mismo, y los supuestos encontronazos son para las gradas”, subrayó Hernández Montañez durante conferencia de prensa. 

A su vez, aseguraron que Rosselló tiene las prioridades distorsionadas.

“El Presupuesto recomendado por el Gobernador demuestra claramente que no tiene como prioridad ni la salud, ni la educación, ni las instrucciones que brindan servicios a los sectores más vulnerables”, manifestó el representante Jesús Santa Rodríguez.

Asimismo, Santa Rodríguez señaló la falta de información y la no certificación de los datos provistos por parte del principal Oficial Financiero de la Administración. “El señor Raúl Maldonado no ha dado cara a esta Legislatura. Ciertamente, si sabía que hay otros asuntos muy serios que tiene que atender, como la investigación federal, pues entonces debió buscar los mecanismos para mitigar su ausencia, o simplemente renunciar, y dejar a otra persona a cargo”, sentenció Santa Rodríguez al tiempo que añadió que Maldonado no es el único funcionario del Gobierno que han brillado por su ausencia.

Mientras, el representante Jesús Manuel Ortiz denunció que “el incumplimiento del Gobernador con el calendario propuesto para trabajar el presupuesto provocó que el proceso de análisis en la Asamblea Legislativa fuera uno atropellado e insuficiente. El poco tiempo de análisis fue evidente, dada la poca participación de los jefes de agencia en la confección del presupuesto presentado por el Gobernador. Lo que sí queda claro es que ambos presupuestos, el de la Junta y el del Gobierno, fallan en asignar los recursos necesarios en áreas de servicios esenciales para la gente. Ese es el caso de Ciencias Forenses, Hospital Pediatrico y Universitario, servicios de Educación Especial, UPR, entre otros. Todo tiende a indicar que tendremos que lidiar en la marcha con los efectos que ambos presupuestos tendrán sobre los servicios básicos, tal y como sucedió el año fiscal corriente”, señaló Ortiz.

Por su parte, el representante Javier Aponte Dalmau cuestionó “la falta de conocimientos de los jefes de agencia en torno al presupuesto durante las vistas, y la no participación de sectores no gubernamentales en la confección del presupuesto. Aquí no contaron ni con el Colegio de CPA, ni con el Instituto de la Nueva Economía, ni con el Instituto de Estadísticas, ni con la Junta de Planificación, ni con las entidades sin fines de lucro, entre otras”, señaló Aponte Dalmau.




La razón oculta para la falta de pago de las aseguradoras tras el huracán María

Por Miguel Díaz Román

Las pesadilla que aún viven miles de asegurados
cuyas reclamaciones tras el paso del huracán María no han sido pagadas, o cuyo
pago resultó insuficiente para cubrir las pérdidas, se pudieron haber evitado
si la Reserva Catastrófica del país no hubiese sido menguada por enmiendas
promovidas por las aseguradoras con la anuencia de la Oficina del Comisionado
de Seguros (OCS), concluyó una investigación del Centro de Periodismo
Investigativo (CPI).

La Reserva Catastrófica es un fondo creado por
ley en 1994 para reducir la dependencia de las aseguradoras del mercado de
reaseguro internacional y evitar así los aumentos de prima luego de un evento
catastrófico. Pero en la medida en que los objetivos de la Reserva se fueron
anulando con enmiendas a la ley aprobadas en la pasada década, y las
aseguradoras continuaron dependiendo del reaseguro, los clientes de estas
empresas han enfrentado aumentos significativos del monto de la prima cada vez
que ocurre un evento catastrófico, de acuerdo con los hallazgos de la
investigación. Tras el paso del huracán María, ese aumento oscila entre el 300% y 400%.

Cuando se puso en vigor la Reserva hace 24 años,
una medida administrativa obligaba a las aseguradoras a aportar 10% del total
de las primas suscritas en los seguros catastróficos al fondo. Pero, en el
2003, cuando la Reserva había acumulado $311.1 millones, esa aportación de las
aseguradoras fue reducida al 1%. En el 2006, durante el gobierno compartido del
Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP), se le
dio el golpe de muerte al establecerse por ley un límite a la cantidad de
dinero que podía acumular la Reserva y eximir a las aseguradoras de continuar
realizando su aportación luego de alcanzado ese tope.

La nueva ley también avaló que las aseguradoras contrataran
reaseguro para proteger el 98% de su riesgo catastrófico. El restante 2%
estaría protegido con el monto acumulado en la Reserva, en caso de que
ocurriera un evento catastrófico.

En conjunto, las enmiendas y modificaciones
representaron la derrota de los objetivos de la Reserva Catastrófica. Para el
2017, cuando el país sufrió la destrucción del huracán María, la mayor
catástrofe de su historia reciente, la Reserva solo tenía en su fondo $299
millones de los $2,355 millones que debió tener para esa fecha si las
mencionadas enmiendas no se hubiesen aprobado, concluyó un análisis del CPI
validado con el consultor y especialista en contabilidad de seguros, Gregorio
Del Valle.

Tras el paso del huracán María, las aseguradoras
no respondieron con los pagos de las reclamaciones como se esperaba hasta el
punto en que, un año después del evento, el gobierno de Puerto Rico demandó a
14 aseguradoras por su lentitud en pagar las reclamaciones o por la falta de
pago a miles de ciudadanos y entidades del sector público y privado.

Para entonces, el Comisionado de Seguros, Javier
Rivera Ríos, reconoció al CPI que algunas aseguradoras no habían contratado el
reaseguro suficiente para los riesgos que habían suscrito, lo que provocó la
inédita situación de que algunas empresas carecieron de fondos para pagar a sus
asegurados. “Los modelos [para estimar la exposición catastrófica] que los
aseguradores estaban utilizando no fueron adecuados; y los que fueron bastante
conservadores – cada asegurador tiene la discreción de utilizar el modelo que
les sea favorable – pues pudo haber sido que los estimados de riesgo
catastrófico no fueron suficiente. Eso no le pasó a todos, pero las cosas que
hemos visto con los reaseguradores, pues sí definitivamente es que no les dió.
Eso fue lo que ocurrió”, indicó Rivera Ríos.

Entre estas aseguradoras figuraban Triple S
Propiedad, Real Legacy y QBE Seguros, que en conjunto recibieron inyecciones de $584 millones por medio de
“transacciones especiales” o inyecciones de sus corporaciones matrices debido a
que no compraron suficiente reaseguro. La OCS intervino con la aseguradora Real
Legacy y, luego de un intento de rehabilitación, vendió sus activos a la
aseguradora Universal Insurance. La OCS le impuso restricciones a la
aseguradora Integrand Assurance debido a la falta de fondos para pagar reclamaciones
y a que también contrató un reaseguro muy por debajo del riesgo asegurado.

Según la OCS, a noviembre del 2018, las
aseguradoras habían recibido 253,299 reclamaciones por un monto de más de $5.4
mil millones. Tras casi año y medio del huracán, al inicio del presente año aún
existían cerca de 11,000 reclamaciones sin pagar. El impago ha ocurrido a pesar
de que el Código de Seguros dispone que los aseguradores están obligados a
pagar en 90 días.

Una de estas reclamaciones sin pagar es la de
Loida Vendrell Rodríguez, quien se desempeña como terapista física en el
Hospital Pavía de Santurce. El apartamento de Vendrell Rodríguez, ubicado en el
Condominio Atrium Park en Guaynabo, resultó afectado por el huracán María. Los
daños ascienden a $7,000 y para rehabilitar su hogar se vio obligada a tomar un
préstamo, el cual espera cubrir con el pago de su reclamación. El asegurador
del condominio es QBE Seguros. “Todavía no le han pagado al condominio la
reclamación por $3.5 millones y no sé qué va a pasar. Ya pronto serán dos años
sin recibir mi pago”, dijo Vendrell Rodríguez.

Una situación similar padece Jaileen Rosado,
cuyo apartamento en el Condominio Torres del Parque en Bayamón sufrió daños
estructurales y aún la Junta de Titulares y la aseguradora Mafre no han llegado
a un acuerdo sobre el monto a pagar. “Las paredes donde están los
acondicionadores de aire de mi apartamento tienen grietas enormes y yo no sé
cómo se van a resolver estos daños”, señaló Rosado, quien trabaja en la
administración de una mueblería en Río Piedras.

La Reserva Catastrófica fue ideada por el
fenecido ex Comisionado de Seguros, Juan García, quien la estableció tras la
aprobación de la Ley 73 en 1994, que la convirtió en el Capítulo 25 del Código
de Seguros. Desde sus inicios, la propuesta para establecer la Reserva
reconocía que era imposible eludir totalmente la dependencia en el reaseguro, pero
sí entendía que la reducción de esa dependencia podría evitar los aumentos de
prima luego de un evento catastrófico. También señala que el fondo creado por
ley aspiraba a que “los aseguradores cuenten con la capacidad financiera para
ofrecer la mayor protección a aquellos asegurados expuestos a dichos riesgos”.

El ex Comisionado García estableció que las
aseguradoras debían aportar a la reserva el 10% anual de las primas suscritas
en los seguros catastróficos. La Carta Normativa debía ser renovada anualmente.
Esto fue así desde el 1994 hasta el 2000, cuando García abandonó el puesto de
Comisionado de Seguros a finales de la administración del ex gobernador Pedro
Rosselló. Durante la nueva administración de la gobernadora Sila Calderón, fue
nombrado al cargo Fermín Contreras, quién renovó la tasa de 10% entre los años
2001 y 2003, cuando renunció a la posición.

Pero el 29 de diciembre del 2003, la entonces
sub Comisionada de Seguros, Dorelisse Juarbe, redujo la tasa al 1%.

En entrevista con el CPI, Contreras sostuvo que
no tuvo nada que ver con la decisión de reducir de 10% al 1% la aportación de
las aseguradoras a la reserva. “Desde diciembre 5 del 2003 dejé de firmar
documentos en esa oficina porque mi renuncia era efectiva al final del año. Yo
no tuve nada que ver con esa decisión”, indicó Contreras.

Aseguró que favorecía la Reserva Catastrófica
por lo que durante los tres años que ocupó el puesto de Comisionado de Seguros
renovó la tasa de 10% y se manifestó a favor de mantenerla como se concibió en
el 1994. “Porque es un mecanismo útil para beneficiar al consumidor”. Contreras
también avaló mantener que las aseguradoras realicen una adecuada aportación a
la reserva, aunque matizó que dicha aportación debía considerar las condiciones
del mercado de seguros para evitar afectar la viabilidad económica de las compañías.
“Hay que hacer un análisis ponderado de la suscripción, del riesgo asegurado y
cómo todo esto afecta el sobrante de las aseguradoras. Es un asunto complejo”,
dijo.

Contreras advirtió que la grave situación de
impago en la que han incurrido muchas aseguradoras se pudo evitar de existir
una Reserva Catastrófica sólida. “Una reserva robusta le hubiese permitido a
los asegurados estar en una mejor posición para pagar las reclamaciones y que
no pasara lo que pasó: que todavía no han pagado miles de reclamaciones”,
señaló.

Juarbe, quien fue nombrada al cargo de
Comisionada de Seguros por Calderón y luego por el gobernador Aníbal Acevedo
Vilá, se negó a responder las preguntas del CPI alegando falta de tiempo y que
no tenía a la mano documentos relacionados con la Reserva Catastrófica.

Las enmiendas a la ley que se aprobaron durante
el llamado gobierno compartido durante la administración de Acevedo Vilá de
2005 al 2009, surgieron del Proyecto de la Cámara 2106. La medida no llegó
desde el ejecutivo, sino que fue una iniciativa del entonces representante PNP
Antonio Silva, para entonces presidente de la Comisión de Hacienda. En el
Capitolio, Silva patrocinó numerosas medidas de interés del sector de las
aseguradoras. En el Senado, la medida la evaluó la Comisión de lo Jurídico y
Asuntos Financieros, que era presidida por el exsenador Jorge De Castro Font,
quien aceptó sobornos de la Asociación de Compañías de Seguros (ACODESE) a
cambio de la aprobación de varias medidas, según trascendió en los procesos por
corrupción que el exsenador enfrentó en los tribunales, delitos por los cuales
cumplió cárcel.

Los sobornos fueron pagados por Betsy Barbosa,
ex directora ejecutiva de ACODESE, según trascendió en los tribunales. Barbosa
fue la única deponente en las vistas públicas del Proyecto 2106 para enmendar
la Reserva Catastrófica, según la hoja de trámite de la medida provista por la Oficina
de Servicios Legislativos del Capitolio. Del documento se desprende que el
proyecto fue presentado por Silva en octubre del 2005, y en septiembre del 2006
el legislador presentó un proyecto sustitutivo con varias modificaciones. La
medida fue aprobada en Cámara y Senado sin enmiendas y sin contar con un
estudio técnico que debió producir la Oficina del Comisionado de Seguros para
identificar cómo afectaría a los consumidores el nuevo tope propuesto y el
impacto que causarían los cambios a la Reserva Catastrófica.

En entrevista con el CPI, Silva sostuvo que a
pesar de haber presentado el proyecto 2106 y también el sustitutivo, no
recuerda las razones que dieron origen a las profundas enmiendas a la Reserva
Catastrófica que contenía la medida. “Lo que recuerdo de esto es que
beneficiaba a los consumidores y ayudaba a las compañías de seguro a seguir
asegurando, y como casi el 100% (de los riesgos de las aseguradoras) estaba
cubierto por reaseguro, pues yo no vi nada malo. Pero si después de María hay
algo… pues yo invito al Comisionado de Seguros y a ACODESE a hacer algún tipo
de acercamiento a la Legislatura para revertirlo. Nunca, nunca, nunca, en todos
los proyectos que yo hice, vislumbraba afectar al consumidor puertorriqueño”,
indicó Silva.

Los argumentos del exlegislador coinciden con
los planteamientos que en representación de ACODESE hizo Barbosa en su
ponencia, en la que tildó de “irreal” el objetivo de reducir la dependencia en
el reaseguro; respaldó que las aseguradoras utilizaran el reaseguro para
cobijar sus riesgos catastróficos y avaló imponer un tope a la Reserva. En la
ponencia, Barbosa recomendó enmiendas a la manera en que se registran las
aportaciones a la Reserva en los estados anuales de las aseguradoras, con el
fin de aumentar la partida sobrante y de esta manera elevar la capacidad de
venta de seguros. Esto porque el Código de Seguros dispone que el monto
acumulado en el sobrante multiplicado por tres será la totalidad de primas de
seguro que un asegurador puede vender en el mercado.

Aunque el exlegislador no pudo señalar si la
medida fue ideada exclusivamente por él o si otras personas se le acercaron
para que presentara las enmiendas, dejó abierta la posibilidad de que la medida
se haya originado en la administración de Acevedo Vilá debido a que, según
indicó, en ocasiones el exgobernador le solicitaba que presentara determinadas
medidas con su nombre para evadir los obstáculos que surgían en la Cámara y el
Senado, que estaban dominados por la mayoría novoprogresista. “Yo quería ayudar
a Puerto Rico”, comentó el exlegislador.

El CIP le cuestionó por escrito a Acevedo Vilá
si fue cierto que Silva presentó medidas a petición suya para evadir el rechazo
de la mayoría novoprogresista y su asistente,
Juanita Colombani, sostuvo por escrito que: “Ni el asesor legislativo ni el
exgobernador tienen ningún recuerdo específico de que eso ocurriera y ambos
coinciden en que algo así lo recordarían”.

Silva también descartó que el Proyecto 2106
fuera una iniciativa de la industria de seguros. “Si recibió enmiendas, no las
radicó la industria. Si fuera un proyecto de la industria como tal no hubiese
recibido tantas enmiendas. Al final del camino, si el gobernador lo firmó, el
Comisionado de Seguros tuvo que decir que sí, porque sino me lo vetaban”, dijo
el ex legislador. No obstante, algunas de las enmiendas que sufrió la medida sí
están sugeridas en la ponencia de ACODESE que Barbosa leyó ante la Comisión de
Hacienda que presidió Silva, encontró el CPI.

El proyecto se convirtió en la Ley 227 tras la
firma de Acevedo Vilá en octubre del 2006. El exgobernador lo firmó sin el
beneficio de una evaluación técnica de la Oficina del Comisionado de Seguros y
sin las observaciones de un memorando de derecho que abundara sobre la
conveniencia de firmar o rechazar la medida, como suele ocurrir con los
proyectos que llegan al despacho del Primer Ejecutivo y que son preparados por
el asesor legal en legislación de La Fortaleza. Acevedo Vilá no estuvo
disponible para entrevista ni respondió a varias interrogantes que le envió el
CPI.

Se le preguntó si el Proyecto 2016 era de su
administración y se le solicitó que definiera los
fundamentos que le llevaron a convertir en ley la medida. Otra interrogante fue
si recibió un informe detallado de las razones para limitar la Reserva y cómo
se podrían garantizar el beneficio de los asegurados ante un evento
catastrófico sin una Reserva como la que estaba establecida originalmente.
También se le cuestionó si conocía las consecuencias de la aprobación del
Proyecto 2106 y por qué firmó una medida que se aprobó sin análisis en la
Legislatura y para el cual la OCS no acudió a las vistas públicas.

En declaraciones escritas la
asistente del ex gobernador, Juanita Colombani, sostuvo que “la Ley 227 de 2006
no se originó con un proyecto de administración, sino que fue de la autoría del
representante de la mayoría del PNP Antonio Silva. El único recuerdo que tiene
el exgobernador Acevedo Vilá sobre esa medida es que no generó controversia ni
hubo oposición. Cotejamos el historial legislativo y se aprobó 41-4 en la
Cámara y por unanimidad en el Senado (27-0). Por tus preguntas y por el interés
del CPI en este tema, hemos querido, durante más de una semana, reconstruir un
poco el período con la Comisionada de Seguros de entonces, Dorelisse Juarbe,
pero ella no ha estado disponible, aunque fue puesta al tanto del asunto
puntual de la consulta”.

La Ley 227 estableció un límite a la cantidad de dinero que podía acumular la Reserva
y eximió a las aseguradoras de su aportación luego de alcanzado el tope. El
tope fue definido como el 8% de la llamada “pérdida máxima probable”, que es
una estimación económica de las pérdidas que enfrentaría un asegurador tras un
evento catastrófico tomando en consideración la totalidad de los riesgos
catastróficos asegurados.

Estos cambios resultaron en que el monto
acumulado en la Reserva, que comprende las aportaciones de las 20 aseguradoras
del país que ofrecen seguros catastróficos, ascendiera a $299 millones para el
2017. Catorce años atrás, en el 2003, cuando se redujo la aportación de las
aseguradoras a la Reserva, el fondo era de $311.3 millones.

A su vez, la Ley 227 de 2006 avaló que las
aseguradoras contrataran reaseguro para el 98% de su pérdida máxima probable.
El restante 2% de esa pérdida sería cobijada por la Reserva en caso de que
aconteciera un evento catastrófico. Incluso, por medio de su reglamento, se le
permitió a los aseguradores comprar reaseguro para el 100% de su riesgo
catastrófico.

El Capítulo 25 establecía que la Reserva
Catastrófica estaría depositada en un fideicomiso y que sus fondos aumentarían
hasta alcanzar “una suma que sea por lo menos cuatro veces el promedio anual de
la primas netas directas del asegurador por los tres años calendarios
precedentes”. Utilizando esta fórmula y las cifras de las aseguradoras del país
sobre primas suscritas en seguros catastróficos a partir del 2012, el CPI
estimó que para el 2017 la Reserva debió acumular $2,355 millones. El consultor
y especialista en contabilidad de seguros, Gregorio Del Valle, avaló la estimación y agregó que
“si el fideicomiso hubiera logrado un rédito de 6% anual, la Reserva hubiera
alcanzado el límite aproximado de $2,377 millones”.

De acuerdo con las declaraciones de Barbosa en
el Tribunal, en septiembre del 2006, mientras el proyecto 2106 transitaba su
etapa final en la Legislatura antes de convertirse en ley, De Castro Font le solicitó
(a Barbosa) un pago de $10,000. Para entonces el ex legislador ya había
recibido $30,000 por medio de facturas falsas que ACODESE pagaba a la agencia
de publicidad Sajo, García & Partners. A preguntas del CPI, De Castro Font
negó reiteradamente que hubiese solicitado dinero a cambio de aprobar esta
legislación y dijo que “si la medida no funcionó pues que la deroguen”.

La actual directora ejecutiva de ACODESE,
Iraelia Pernas, se negó a opinar sobre de las acciones que describió Barbosa en
los tribunales y sobre si la asociación pagó un soborno para que fuera aprobada
la medida que enmendó la Reserva Catastrófica. “Yo no sé si se pagó o no, yo no
estaba allí. Pregúntale eso a Betsy Barbosa”, sostuvo Pernas. La ejecutiva
también se negó a opinar sobre las enmiendas a la Reserva. “Yo no participé de ese
análisis y prefiero no opinar sobre eso”, indicó.  

Pernas reveló que ACODESE prepara un proyecto de
ley para modificar el trato contable que la Ley 73 contempla para la Reserva
Catastrófica y que, en resumen, permite que en los libros financieros de las
aseguradoras se registre el 2% de la Reserva como un pasivo o dinero que se
utilizará para pagar compromisos, mientras que los fondos restantes se
consideren excedente o sobrante. Esto último responde a que desde que comenzó
la Reserva Catastrófica se permitió que parte del monto acumulado se sumara
como parte del sobrante, algo que favorece la acreditación de las aseguradoras.

Pernas reconoció que el aumento de 2% en la
partida del sobrante favorecerá la acreditación de las aseguradoras y colocará
a estas empresas en una posición más competitiva en relación con las
aseguradoras estadounidenses que operan en el mercado local.

Agregó que una buena acreditación es necesaria
para que las instituciones bancarias permitan que las aseguradoras vendan sus
productos de seguro para complementar los financiamientos hipotecarios, de
autos y financiamientos para proyectos de construcción.

Jaime González, presidente de Antilles Insurance
Company, una de las principales aseguradoras del país, opina que la Reserva
Catastrófica “no funciona”. “No sirve para nada. La deberían eliminar. Puerto
Rico es la única jurisdicción de los Estados Unidos que tiene esa reserva. Yo
la considero como parte de mi capital y de mi familia”.

“Yo no la utilizo (la Reserva Catastrófica) para
nada. Yo (Antilles Insurance) retengo entre $4 millones y $5 millones (el valor
del riesgo catastrófico asegurado por el que debería responder Antilles), y lo
demás lo reaseguro”, explicó González.

El ejecutivo insistió en que “nadie (ningún
asegurador en Puerto Rico) usó la Reserva Catastrófica para comprar menos
reaseguro. Por más de 20 años vengo reteniendo lo mismo (entre $4 millones y $5
millones), y lo demás lo reaseguro”, admitiendo así que los aseguradores no han usado la Reserva para lo que
se diseñó. Ante la interrogante de si el uso de la Reserva podría
reducir el sobrante y, como resultado, poner en riesgo la acreditación, González
reconoció: “si usas la Reserva, no hay dudas que se afecta el excedente”.

Por su parte, el Comisionado de Seguros, Rivera
Ríos, se mostró cauteloso sobre el presunto efecto que la Reserva podría
ejercer sobre las finanzas de las aseguradoras locales. “Además de las reservas
tradicionales que se le piden al asegurador, también está la Reserva
Catastrófica y hay que tener mucho cuidado con eso porque hay que tener un
balance y ver cómo ese asegurador que está en el mercado esté solvente y
adecuado, y hasta dónde tú le puedes pedir… es un balance progresivo”, indicó
Rivera Ríos.

No obstante, el Comisionado advirtió que “en
éste momento no estamos contemplando aumentar la Reserva”.

Según fuentes cercanas al proceso de aprobación
de la Reserva Catastrófica, su justificación estratégica se basaba en que
Puerto Rico está localizado en una zona muy propensa a desastres naturales como
los terremotos, debido a las numerosas fallas geológicas que atraviesan la isla
y además, por su ubicación en el Caribe, está en la ruta de los huracanes que
nacen frente a las costas de África. De acuerdo a la Asociación Nacional de
Comisionados de Seguros (NAIC por sus siglas en inglés), una de la principales
razones de por qué en Estados Unidos no se ha utilizado el recurso de la
Reserva Catastrófica es por la renuencia del gobierno federal de eximir de
contribuciones los fondos depositados en ese tipo de reserva. En Puerto Rico la
Reserva está exenta del pago de contribuciones mientras sus fondos se utilicen
para pagar reclamaciones por catástrofes o se mantengan depositados en el
fideicomiso que estableció la Ley 73.

En el documento, elaborado luego del paso del
huracán Katrina, la NAIC patrocina el establecimiento de este tipo de reservas
y señala que numerosos países de Europa y el Caribe las han establecido para
lidiar con las pérdidas causadas por desastres naturales. Recientemente, el
gobierno de la República Dominicana tomó un préstamo de $300 millones para
establecer su reserva catastrófica.




Portavoces del PPD señalan que plan fiscal de Rosselló está sobreestimado en $42 billones

(Suministrada)
(Suministrada)

Los portavoces del Partido Popular Democrático (PPD) en Cámara y Senado, Ramón Luis Cruz Burgos y José Luis Dalmau Santiago, denunciaron el martes, que el Plan Fiscal del gobernador Ricardo Rosselló supuestamente está basado en estimados falsos por 42 mil millones de dólares, lo que provoca aumento en impuestos y menos servicios para la gente.

Además, sentenciaron que Rosselló y el Partido Nuevo Progresista (PNP) “en otro engaño al país”, supuestamente intentan hacer creer que el desastre fiscal se resuelve con la estadidad.

“Quisieron utilizar el dolor, sufrimiento y las pérdidas materiales de las familias puertorriqueñas para otorgar contratos sin control con los fondos que recibieron por la emergencia. Pretendieron hacer ver una realidad fiscal y financiera inexistente que les permitiese seguir con sus patrones de gastos para consolar a los suyos a base de puestazos. El gran problema de estas exageraciones y mentiras de la administración Rosselló, que se las creyó la Junta de Control Fiscal, es que mientras mentían para seguir en lo suyo, han aumentado el número de impuestos, han desangrado a la Universidad de Puerto Rico, han dado un duro golpe a los municipios y han creado un gobierno más grande, más burocrático, más ineficaz y alejado del pueblo”, precisó Cruz Burgos en comunicación escrita.

Además, el representante añadió que la nueva mentira es que ese desfase en los números lo subsana la estadidad. “Ahora tratan de convertir el Plan de Mentiras en parapeto para justificar la estadidad”.

Por su parte, Dalmau Santiago indicó que todo Plan Fiscal aprobado por la Junta, presentado por el gobernador Ricardo Rosselló, contiene supuestos económicos que no eran reales y, por tanto, no se cumplieron. “El gobierno de Puerto Rico ha sido irresponsable y mintió cuando fundamentó el plan fiscal en supuestos que sabía eran incorrectos y datos imposibles de cumplir. La Junta de Supervisión Fiscal ha sido igualmente irresponsable al aceptar los supuestos económicos planteados por la administración Rosselló cuando sabían que eran irreales”.

Los portavoces señalaron que el gran problema de estos supuestos económicos falsos es que el presupuesto de gastos que tiene el gobierno, depende de que se cumplan esas metas. Al no cumplirse, los recaudos son menores, los recursos disponibles para dar servicios a los ciudadanos y para hacer obras disminuyen.

“El problema de la administración Rosselló, es el mismo del Gobernador, mienten. Los planes fiscales son el mecanismo que aprieta el bolsillo de nuestras familias. Por lo que desde 2017, la administración Rosselló ha estado mintiendo y tratando de corregir con otras mentiras en los Planes Fiscales subsiguientes”, sentenciaron.

Según alegaron, en el Plan Fiscal que el Gobierno sobreestimó el dinero que entrará en la economía por 41.93 billones de dólares:

  1. Sobre estimaron los daños del huracán María en un intento de utilizar el dolor de los puertorriqueños para salvar sus finanzas gubernamentales y reclamar logros de obra pública. Estimaron 65 billones de dólares en fondos federales de recuperación a través de FEMA. (Página 41 Plan Fiscal, abril 2018). El Plan fiscal sometido por la administración Rosselló en el mes de marzo asume una inversión de dinero de FEMA de 46 billones de dólares. 19 billones menos en la economía de Puerto Rico.
  2. Sobre estimaron el monto total de la inversión privada con los pagos de aseguradoras por daños del huracán María. El Plan Fiscal expone la cantidad de 16 billones de dólares. (Páginas 22, 24 y 41 del Plan Fiscal abril 2018). La realidad se distancia muchísimo de la mentira del Plan Fiscal de Rosselló. Según información de la industria de seguros y la ACODESE, a febrero de 2018:

  1. De las 170,681 reclamaciones recibidas, se pagó un 44 por ciento de los casos, esto es 75,493 reclamaciones.

997. Las reclamaciones adjudicadas ascendieron a un pago total de $991,857,997.00, cifra que ya ha sido desembolsada por estos aseguradores e inyectada a la economía para compensar a los asegurados por los daños resultantes del desastre.

63. Esta última cantidad incluye la cifra de $362,560,063.00, que se ha pagado por concepto de adelantos, mientras se concluye la adjudicación de toda la reclamación. (Véase Periódico Metro 6 de febrero de 2018. https://www.metro.pr/pr/noticias/2018/02/06/aseguradoras-rinden-cuentas-sobre-pagos-tras-huracan-maria.html).

El estimado de la administración Rosselló se quedó corto, en el mejor de los escenarios, por 14 billones de dólares.

El Plan fiscal revisado presentado por la administración Rosselló el 11 de marzo de 2019, reduce esta cantidad a 8 billones de dólares, una reducción de 6 billones de dólares en impacto en la economía y 6 billones en exceso a los números reales de las aseguradoras y de acuerdo al patrón de pagos por reclamaciones. (Páginas 19-21). Al final del día son 14 billones menos en la economía de Puerto Rico por este concepto, sin que se revise el impacto en los impuestos y costo de vida de los puertorriqueños, para que el gobierno cumpla su presupuesto descuadrado.

3. Sobre estimaron el impacto económico de la mal llamada reforma laboral, que en realidad ha sido la Ley 7 de los empleados del sector privado en Puerto Rico. (Página 128, 130, 155-160 Plan Fiscal, abril 2018). El Plan Fiscal revisado de 2018 establece que el impacto en el Producto Nacional Bruto (GNP, por sus siglas en inglés) sería de punto veinticinco por ciento (.25%). (Página 42 Plan Fiscal 2018). El plan fiscal presentado por Rosselló este mes, lo reduce a punto quince por ciento (.15%). (Plan Fiscal marzo 2019, páginas 22-23).

4. Sobre estimaron el monto de inversión privada en Alianzas Público Privadas. El Plan Fiscal presentado en 2017 por la administración Rosselló, aseguró una inversión de sobre 8 billones de dólares en inversión privada bajo el modelo de Alianzas Público Privadas (APP). En el Plan Fiscal revisado de 2018, se eliminó la referencia a la cantidad de inversión en la economía por este concepto. En el plan presentado este mes, vuelve a no cuantificarse la inversión por las APP. La realidad es que los proyectos en proceso de permisos a penas suman 2.5 billones en inversión. Lo que implica un desfase de 5.5 billones de dólares en este renglón.

5. Se quedaron cortos en la aprobación de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos aprobara el desembolso total de los 4.9 billones de dólares del préstamo de emergencia aprobado por el Congreso tras el paso del huracán María y que fueran incluidos en el plan fiscal para cubrir los desfases de liquidez gubernamental en el presupuesto o “liquidity gaps”. (Páginas 24, 41 y 45 Plan Fiscal abril 2018). La aprobación fue de 1.47 billones. La desconfianza en la capacidad administrativa de Rosselló, costó 3.43 billones en dinero prestado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

6. En fin, la mentira y los supuestos falsos de la administración de Rosselló, les ha llevado a sobre estimar la inversión en nuestra economía por la cantidad de 41.93 billones de dólares. Claro está, esto no cuantifica el impacto de decir que las reforma laboral significa un aumento del .25 por ciento del PNB y luego reducirlo a .15 por ciento, aunque sabemos que el resultado real es el despido inmisericorde de miles de trabajadores puertorriqueños, cuando está por terminarse el periodo probatorio de nueve (9) meses.




Condenan reasignación de $11.7 millones dirigidos al pago del seguro social de agentes

El representante popular, Jesús Manuel Ortiz, condenó el martes, la solicitud por parte del gobierno para reasignar al pago de seguros en agencias de gobierno, $11.7 millones que están destinados al pago de seguro social de agentes de la policía.

La denuncia surge luego de que trascendiera públicamente (Periódico Metro) la solicitud hecha por el gobierno a la junta de control fiscal (JCF).

“Es lamentable que el gobierno utilice el mecanismo de solicitud de reasignación de fondos para quitarle recursos a la policía en vez de usarlo para suplir las necesidades apremiantes de nuestro aparato de seguridad pública. Quitarle $11.7 millones dirigidos al pago de seguro social de los agentes, para usarlos en el pago de seguros en agencias de gobierno es un desplante más a los policías que todos los días se lanzan a la calle a proteger la vida y propiedad de los puertorriqueños. Esta acción es una evidencia más de la falta de prioridades del gobierno de Ricardo Rosselló”, indicó el portavoz de la minoría PPD en la Comisión de Seguridad Pública.

El representante emplazó a la JCF a que no acepte la solicitud del Gobierno, ya que atenta contra las condiciones de trabajo y vida de oficiales de la policía que ofrecen un servicio esencial al país.

“Si la Junta quiere de verdad garantizar un servicio esencial como lo es la seguridad pública, tiene que rechazar la solicitud del gobierno y solicitar que los recursos para el pago de seguros salgan de partidas que no afecten servicios básicos”, sentenció.