Senado crearía Oficina de Asuntos Federales en Washington

El Senado inició hoy su tercera sesión ordinaria con la aprobación de una resolución que propone fundar una oficina que vele por los procesos legislativos federales que impacten directamente a Puerto Rico.

La Resolución del Senado 554, de la autoría del presidente Thomas Rivera Schatz, establece que la Oficina de Asuntos Federales, Sociales y Económicos será financiada con el presupuesto del Senado, que recientemente sufrió un recorte de $1.9 millones a petición de la junta de control fiscal.

El presidente del Senado ofrece mensaje de inicio por la tercera sesión ordinaria. (Suministrada)

“Esa oficina, nosotros la vamos a establecer para tener un área donde podamos operar”, explicó el líder senatorial. Se desconoce cuánto dinero requerirá el establecimiento de la oficina. La medida permite adquirir equipo y materiales necesarios, así como “vehículos de transporte” con los fondos.

La medida legislativa establece además que el presidente del Senado nombrará un director ejecutivo que “desempeñará los deberes del cargo de acuerdo a las directrices del presidente”. El director deberá recomendar cualquier contrato de servicios profesionales o consultivos de individuos necesarios para el funcionamiento de la oficina, así como proponer los reglamentos internos del organismo.

La propuesta fue anunciada por Rivera Schatz durante su mensaje por el inicio de la tercera sesión ordinaria. En el hemiciclo del Senado, el líder novoprogresista sostuvo que “este ha sido el Senado más productivo de la historia”, con la presentación de 1,565 medidas en la Legislatura, de las cuales 793 fueron del Senado.

Durante su mensaje, el líder senatorial resaltó seis factores que, a juicio suyo, trastocaron la labor de la Asamblea Legislativa tales como la imposición de la junta de control fiscal de parte del Congreso federal, un gobierno en quiebra, y el impacto de los catastróficos huracanes Irma y María el pasado mes de septiembre.

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“Nunca, jamás, un gobierno electo por el pueblo tuvo que asumir un caos presupuestario de esa magnitud. Recibimos un gobierno que, sin una gota de lluvia ni una ráfaga de viento ya era zona de desastre total. No quedaba piedra sobre piedra, y nada funcionaba”, puntualizó Rivera Schatz.

Como es de costumbre, Rivera Schatz arremetió en diversas ocasiones contra el “sistema colonial” que, según dijo, impide el progreso de la isla. “[Los miembros de la] junta de control fiscal son unos buenos para nada”, reclamó durante una conferencia de prensa al concluir su mensaje en el pleno.

En respuesta al rendimiento positivo del Senado afirmado por Rivera Schatz, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) Eduardo Bhatia dispuso que el Alto Cuerpo no cumplió con su gestión investigativa, en particular sobre el controversial contrato a Whitefish Energy para trabajos de restauración del sistema eléctrico y el éxodo masivo de puertorriqueños tras el impacto de los huracanes.

“Si estas son las crisis que tenemos y ninguna de ellas las ha atendido el Senado, ¿cómo podemos pararnos aquí a decir que ha sido el mejor Senado? Puerto Rico lo que necesita es un gobierno que se ponga de pie y trabaje por los problemas de los puertorriqueños”, sentenció Bhatia en el pleno.

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La recién iniciada sesión contó con la presencia de varios jefes de agencia, alcaldes, miembros del Tribunal Supremo, representantes y exlegisladores. Entre ellos se encontró el director interino de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) Justo González y el titular del Departamento de Estado, Luis G. Rivera Marín.

Mientras continuaba la espera por el mensaje de Rivera Schatz –que inició con más de una hora de retraso–, la Cámara de Representantes dio paso a las primeras medidas de la nueva sesión, entre ellas el P. del S. 185 para que el Negociado de la Policía reciba un seminario anual de Lenguaje de Señas.

La segunda sesión ordinaria –que se extendió hasta el 15 de diciembre– culminó con la aprobación de varias medidas polémicas, entre ellas las que buscan enmendar la Ley de Menores, vetadas por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares recientemente por exponer “políticas públicas opuestas”.




Propuestas para nuevo sistema judicial de menores enfrentan diferencias en la legislatura

La senadora y otrora secretaria de Correción, Zoe Laboy expresó que no estaría apoyando las medidas de la Cámara de Representantes ni del Senado que buscan implantar un nuevo ordenamiento judicial para menores.

“Con mucho cariño y mucho respeto a los compañeros, yo creo que son dos extremos. Uno es muy restrictivo, muy punitivo; el otro es muy liberal. Los jóvenes también tienen que responder por sus actos”, expresó Laboy.

El anuncio de Laboy de que no estaría apoyando ninguna de las medidas que atiende el tema de los procesos judiciales para menores, se dio ayer en el hemiciclo del Senado, luego que el presidente del cuerpo, Thomas Rivera Schatz, anunciara que nuevamente se pospone la votación sobre los Proyectos de la Cámara 1035 y 1036 y el Proyecto del Senado 489, que atienden el tema.

Prevalecen reservas en el Senado sobre la Ley del Nuevo Gobierno

Aunque varios miembros del Senado han expresado reservas sobre las medidas, en particular sobre el Proyecto de la Cámara 1035, Rivera Schatz indicó que la posposición no se debe a falta de votos sino a que hay senadores que no pudieron estar presentes, “pero quieren ser parte de la discusión”.

En el caso del Proyecto de la Cámara 1035, de la autoría del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, Laboy lo identificó como muy punitivo. Asimismo, indicó que luego de trabajar en el sistema de cárceles tanto estatal como federal entiende que cuando se está procesado a un menor, “yo sé que las instituciones juveniles deben ser la última alternativa para estos menores”.

En cuanto al proceso en el tribunal, hay dos aspectos que se resaltaron de la medida. Para la senadora debe haber una edad mínima o capacidad mental mínima para ir a juicio. Para atender esta problemática, Laboy entiende que se debe considerar la implantación de pruebas de competencia en el tribunal.

Toda persona debajo de cierta edad sería evaluado para determinar “la competencia del menor, eso quiere decir que el menor entiende lo que está pasándole, que puede ayudar en su defensa y que está consiente. El tribunal entonces entiende que está listo para enfrentar las consecuencias de sus actos”, sugirió Laboy.

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La senadora, quien fue secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación bajo el exgobernador, Pedro Rosselló, también identificó “la renuncia automática de jurisdicción del Tribunal de Menores” como otra de las razones por las que no puede apoyar el Proyecto de la Cámara 1035.

“Yo creo que no se debe renunciar automáticamente la jurisdicción del tribunal de menores y debe haber una vista antes para que el procurador o procuradora tenga el peso de la prueba y demuestre que es en el mejor bienestar de ese menor renunciar a la jurisdicción”.

En dicha medida se establece que el procurador de menores tendrá que solicitar la renuncia de jusridicción cuando las imputaciones sean “asesinato en primer grado, en la modalidad que está bajo la autoridad del tribunal; cualquier otro delito grave que esté sujeto a una pena de noventa y nueve (99) años; y cualquier otro hecho delictivo que surja de la misma transacción o evento y se determine causa probable, en interés de un menor entre la edad de catorce (14) y dieciocho (18) años, al cual se le impute una falta Clase II o III y anteriormente se le hubiese adjudicado en su interés una falta Clase II o III”, lee el proyecto de Méndez.

En torno al Proyecto del Senado 489, Laboy lo catalogó de muy liberal y resaltó que tiene que darle más responsabilidad a los jóvenes por sus actos. Igualmente, entiende que debe hacerse mayor distinción entre como se trabajan las faltas menos graves de las graves. La senadora usó de ejemplo las disposiciones en el proyecto en cuanto a faltas que surgen en los planteles escolares.

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“En el del compañero Vargas Vidot establece que toda falta que se cometa en un plantel escolar tiene que agotarse los remedios administrativos del proceso disciplinario de las escuelas. Yo creo que eso no puede ser para todas las faltas”, sentenció.

El senador independiente, José Vargas Vidot es uno de los autores del Proyecto del Senado 489, pero cabe señalar que dicha medida cuenta con la autoría y coautoría de senadores tanto del Partido Nuevo Progresista como del Partido Popular Democrático.

Los otros autores son Carmelo J. Ríos Santiago Henry Neumann Zayas, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Eduardo Bhatia Gautier, Abel Nazario Quiñones. Los coautores son Rossana López León, Aníbal José Torres Torres, Cirilo Tirado Rivera, José Nadal Power, José L. Dalmau Santiago, Miguel A. Pereira Castillo




Prevalecen reservas en el Senado sobre la Ley del Nuevo Gobierno

Durante el proceso de vistas sobre el Proyecto del Senado 653, el cual crearía la Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico, senadores de minoría presentaron fuertes reservas a los poderes que se le daría al Ejecutivo si se aprueba dicha medida.

De avalarse el proyecto de ley, el gobernador Ricardo Rosselló podrá presentar un plan de reorganización del gobierno que incluya el cierre o consolidación de agencias. Además, si la legislatura no tiene una votación sobre dicho plan en 30 días, quedaría aprobado.

“Yo comparto con el gobernador y con esta administración la necesidad imperiosa que hay de reorganizar el gobierno de Puerto Rico. En eso estamos de acuerdo. El problema que tengo es con el proceso que ustedes están sometiendo”, dijo el portavoz de la minoría PPD en el Senado, Eduardo Bhatia (Juan J. Rodríguez/CB)

Mientras, el senador del Partido Popular Democrático (PPD), Eduardo Bhatia y el senador por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau argumentaron que la medida es inconstitucional ya que el plan podría entrar en vigor sin contar con la aprobación de la legislatura.

La oposición para Bhatia no es sobre la reorganización del gobierno, sino a que se permita que una ley pueda ser aprobada sin que cuente con el apoyo de la Asamblea Legislativa.

“Yo comparto con el gobernador y con esta administración la necesidad imperiosa que hay de reorganizar el gobierno de Puerto Rico. En eso estamos de acuerdo. El problema que tengo es con el proceso que ustedes están sometiendo”, dijo el portavoz de la minoría PPD en el Senado.

A esos efectos, Bhatia le increpó a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, sobre las razones para dar paso a dicha legislación cuando ya existen mecanismos en ley para reorganizar el gobierno. Igualmente, señaló que el gobernador ya cuenta con el poder para evaluar el desempeño de los jefes de agencias.

Secretaria de Justicia afirma que “Ley del Nuevo Gobierno” no viola la Constitución

“¿Por qué yo debo votar a favor de un proyecto de ley cuando todas estas facultades que usted [Vázquez] está diciendo ya existen en ley? Lo que quisiera que usted me dijera en arroz y habichuelas es para qué es este proyecto”, le cuestionó Bhatia a la titular de Justicia.

Vázquez sólo enumeró herramientas ya existentes, pero el presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Christian Sobrino, añadió que la medida responde a que hay que moverse rápidamente debido a la crisis que enfrenta el país. Ante esto, el senador del PIP aseveró que “en tiempos de crisis hay que proteger los poderes legislativos”.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz argumentó en la vista pública que la legislatura no estaba dando “un cheque en blanco” al Ejecutivo porque si el gobernador no entregaba legislación cónsona con el plan de reorganización, dicho plan entraría en vigor.

Cabe señalar que la Secretaria de Justicia aclaró que aún si el gobernador no presenta legislación, el plan de reorganización permanece vigente. Asimismo explicó que cualquier disposición en las leyes orgánicas de las agencias que no sea cónsona con el plan queda suspendida.

“El proyecto tal y como está acordado, me refiero entonces a lo que sería el artículo 4.04 específicamente nos dice: ‘las disposiciones de una ley orgánica que creen una agencia operarán en la medida que no sean incompatibles con la Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico”, dijo Vázquez.




Demandan al gobernador por nueva oficina “inconstitucional”

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, presentó una demanda contra el gobernador Ricardo Rosselló Nevares para solicitarle al Tribunal que declare inconstitucional la orden ejecutiva que crea la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción (OCRR).

El legislador de la Pava explicó además que solicitó en el recurso legal que se emita un interdicto preliminar para que el primer ejecutivo suspenda de manera temporera la implementación de dicha orden (OE-2017-65) hasta que se resuelva la controversia.

En la foto, el portavoz del PPD en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández. (Archivo)

“No podemos permitir que en medio del escándalo de Whitefish la respuesta del Ejecutivo sea la creación de un cuarto oscuro donde se oculte la impunidad de la corrupción gubernamental. Después del reclamo a gritos por transparencia en los foros locales como internacionales, es una total contradicción que la nueva entidad creada mediante decreto sea eximida unilateralmente por el Ejecutivo de la política pública de auditorías, rendición de cuentas, y de presentar informes”, sentenció Hernández Montañez.

“Esta orden ejecutiva básicamente adopta por mandato unilateral el grueso de las funciones contempladas en los proyectos de ley bajo consideración legislativa, de los cuales ya fue descargado y derrotado en votación unánime en el Senado, y que la Cámara de Representantes no le dará paso. Nosotros no podemos permitir que esto ocurra ya que esta orden ejecutiva ignora el poder conferido en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la Asamblea Legislativa para crear, definir y suprimir agencias en la Rama Ejecutiva”, manifestó el portavoz.

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Del mismo modo, el legislador argumentó en la demanda que la orden alega ampararse en un artículo de la Ley 20 del 10 de abril del 2017, que le concede al gobernador ciertos poderes extraordinarios en casos de situaciones de emergencia o desastre y opinió que no se desprende de la propia ley que el gobernador goza de la facultad de crear una nueva unidad gubernamental inmune a los procesos de fiscalización, que reúna bajo la dirección de una sola persona tantos poderes.

“Esta demanda busca detener esta afrenta contra la democracia por parte de un gobernador que se ha asignado a sí mismo el poder absoluto para hacer y deshacer sin ser fiscalizado ni contar con la transparencia que reclama el pueblo”, puntualizó Hernández Montañez al tiempo que aseguró que “se ve a todas luces una intención de la Rama Ejecutiva de repartir contratos a conocidos bajo la excusa de la situación de emergencia.”




Senado va tras contrato millonario de Whitefish Energy

El Senado se unió hoy a la controversia que ha causado el contrato de $300 millones otorgado a la empresa Whitefish Energy para asistir en el rescate del sistema eléctrico de Puerto Rico, cuando el senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, planteó indagar en los contratos que ha otorgado la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a partir de septiembre.

La Resolución del Senado 466, presentada por Dalmau Ramírez a cinco días de que se anunciara la contratación de la aparente inexperta empresa sostiene que la situación de emergencia que vive la isla tras el embate del huracán María no puede ser motivo para “favoritismo e improvisación”.

El senador del Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau. (Suministrada)

“Ese contrato, en estos momentos, tiene más sombra que luz. […] En otros momentos en Puerto Rico, si la historia nos ha enseñado algo, los momentos de crisis y presión pública han llevado a gobiernos a firmar contratos leoninos, que en nada son de provecho para Puerto Rico, manifestó.

El portavoz independentista en el Senado sentenció que la responsabilidad del Alto Cuerpo ahora es investigar las condiciones bajo las que se otorgó el contrato cuestionado por amplios sectores y defendido por otros, como el director ejecutivo de la frágil corporación pública, Ricardo Ramos.

Dalmau Ramírez destacó que la emergencia causada por el ciclón permite realizar contratos sin el debido proceso de subastas, lo que “exige que uno sea más cuidadoso”. Si bien el legislador no busca obstaculizar la recuperación de la isla, sostuvo que esto no debe ser “un cheque en blanco”.

Intentan desvincular a Trump de la contratación de Whitefish en Puerto Rico

“En este momento de crisis, la necesidad requiere tener pulso de cirujano. Eso significa que la empresa que se vaya a contratar para servicios de reconstrucción tiene que tener un historial con respecto a atender este tipo de crisis. En segundo lugar, que tenga la credibilidad pública en el manejo de crisis similares [y] que esté limpia de polvo y paja de influencias políticas”, enumeró.

Este último aspecto fue expuesto en una investigación de The Daily Beast y que Dalmau Ramírez resaltó durante un aparte con los medios al argumentar que Whitefish “no tenía dos empleados” al momento de ser contratada y que proviene de Montana, con “la misma población que Maricao”.

Con estas preocupaciones en mente, el legislador sometió hoy la R. del S. 466, para ordenar a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura una investigación total sobre los contratos que ha otorgado la AEE para de la reparación de su maltrecha infraestructura.

[VÍDEOS] ¿Quién es Whitefish Energy?

A este pedido se unió el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Eduardo Bhatia, al informar que presentó una moción para ordenar la entrega de “todos los contratos” que han sido otorgados por la AEE y también la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Los senadores de minoría no han sido los únicos en solicitar una investigación exhaustiva del contrato otorgado a Whitefish. Los congresistas de origen puertorriqueño Luis Gutiérrez Nydia Velázquez también dijeron sentir preocupación por el contrato asentido luego del huracán María.

Ante las sospechas levantadas por los aparentes lazos entre la empresa y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Gutiérrez solicitará al Departamento de Justicia federal y al Buró Federal de Investigaciones (FBI) investigar la posible conexión con “la Casa Blanca de Trump”.




Bhatia pide cautela ante cesión de poderes legislativos

Con extensos debates y libre de su usual demora, el Senado reinició hoy su interrumpida sesión ordinaria con un llamado del portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Eduardo Bhatia, a ser cautelosos con la medida que propone confiar al Ejecutivo la facultad de consolidar agencias.

“[En la Legislatura] tenemos unos poderes porque nos los dio el pueblo y los da la Constitución de Puerto Rico. No nos quejemos de los poderes antidemocráticos que tiene la junta de control fiscal, si los poderes democráticos que tenemos nosotros los estamos cediendo”, expresó Bhatia.

Eduardo Bhatia señaló que los legisladores deben estar “muy pendientes” a la medida que sometió hoy el Ejecutivo ante la Asamblea Legislativa al sentenciar que el mandatario tiene más poderes que “ningún gobernador”, en cualquiera de los 50 estados de Estados Unidos. (Yoel Parrilla/CB)

El otrora presidente del Senado enfatizó que los legisladores deben estar “muy pendientes” a la medida que sometió hoy el Ejecutivo ante la Asamblea Legislativa al sentenciar que el mandatario tiene más poderes que “ningún gobernador”, en cualquiera de los 50 estados de Estados Unidos.

“Yo quiero trabajar con el gobernador [Ricardo Rosselló Nevares] de la mano, no quiero trabajar detrás del gobernador. Yo quiero trabajar con él para reconstruir a Puerto Rico, y estoy seguro de que todos queremos lo mismo, pero no lo vamos a hacer en el tráiler de atrás”, puntualizó Bhatia.

En un turno posterior de 25 minutos, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, subrayó que la idea de reducir el total de agencias no es nueva, y que ya se comenzó a acatar a través de la unión de siete entidades en el Departamento de Seguridad Pública para ahorrar $28 millones.

Al Ejecutivo poder para consolidar agencias de gobierno

Rivera Schatz explicó que la medida responde a su propuesta de aprobar un solo proyecto que permita al mandatario consolidar las agencias del Gobierno, sin necesidad de desfilar por la Casa de las Leyes que cuente con un plan sobre cómo se rediseñará el funcionamiento de agencias.

“La Asamblea Legislativa procura que –con un solo proyecto– se pueda manejar lo que se ha llamado el rediseño, la consolidación del gobierno de Puerto Rico. Pero en absolutamente nada la Asamblea Legislativa ha entregado un cheque en blanco [al Ejecutivo]”, expuso el líder senatorial.

Extienden sesión ordinaria

Luego de cerca de un mes en receso, causado por el paso del huracán María, el Senado aprobó extender la segunda sesión ordinaria hasta el próximo 15 de diciembre en lugar de culminar el 14 de noviembre. La decisión permitiría a la Asamblea Legislativa atender medidas de emergencia.

En la sesión de sobre tres horas, también se aprobó el Proyecto de la Cámara 480, para incluir en los productos de primera necesidad susceptibles a congelación de precios durante emergencias productos de protección y de cuidado personal, como el jabón líquido y toallas desinfectantes.

El Senado reanudará sus labores el próximo martes, 24 de octubre.

Cámara crea Comisión Total Especial

En el hemiciclo conjunto al Senado, la Cámara de Representantes dio paso a la Comisión Total Especial, que buscará brindar soluciones a la crisis que causó el ciclón María en Puerto Rico. De la misma forma, autoriza a los representantes a servir de enlace en agencias federales y locales.

“[Se autoriza] a los representantes a continuar sirviendo de apoyo y enlace intergubernamental, para coordinar y servir en esfuerzos de ayuda de las agencias federales, estatales y municipales, así como donativos de personas y organizaciones privadas”, lee la medida de cuatro páginas.

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Comisión cameral de Ética asume jurisdicción en caso contra Torres Zamora 

La Comisión de Ética de la Cámara determinó hoy que asumirá jurisdicción en las imputaciones de hostigamiento sexual contra el vicepresidente del cuerpo legislativo, José “Pichy” Torres Zamora, y el director de su oficina, Félix Daniel García. 

La determinación se tomó luego de que la comisión se reuniera esta mañana y discutiera el informe presentado por la oficial examinadora Blanca Sáez, contratada por el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, para realizar una investigación independiente sobre los hechos. Aunque Méndez dijo que lo difundiría a los medios, el contenido del informe, que tuvo un costo de $67,000, no ha sido difundido publicado. 

Los representantes de minoría que integran la comisión, Denis Márquez, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y Rafael “Tatito” Hernández, del Partido Popular Democrático (PPD), explicaron a los periodistas que en los próximos cinco días se informará a Torres Zamora sobre la determinación para que presente una respuesta en un periodo de 15 días. 

Florece debate sobre informe de “Pichy” Torres Zamora

La Comisión de Ética de la Cámara recibirá también en los próximos cinco días los documentos que posee la Oficina de Capital Humano, donde la supuesta víctima presentó una querella contra el director de la oficina de Torres Zamora, quien no es un funcionario electo. 

“El tema principal en el día de hoy fue el tema estrictamente procesal y jurisdiccional. De forma unánime se determinó jurisdicción sobre el documento que remitió el presidente de la Cámara de Representantes”, apuntó Hernández, quien destacó que Torres Zamora recibirá copia de los documentos para presentar su respuesta y defensa “en derecho”. 

Hernández destacó que esto no significa una adjudicación, sino que es un trámite procesal. Eventualmente, la comisión determinará si hay causa o si se desestimará el caso. 

“Fuimos muy incisivos en la comisión de que se cumpla con los términos… Entiendo que van a haber argumentos sobre los procedimientos dentro de la Comisión de Ética que posiblemente incidan sobre las decisiones que tome la comisión”, expresó Márquez, sin entrar en detalles de los procedimientos que siguió el presidente cameral en este caso. 

Quien sí criticó el proceso fue Hernández, quien insistió que, a su juicio, el “manejo no era el más correcto”, pues se contrató a una persona externa para evaluar a un funcionario electo, cuando es la Comisión de Ética la que tiene jurisdicción en ese sentido. 

“Cualquier documento, proceso administrativo, querella que tenga relación a un funcionario electo, esas entidades no deben hacer ningún tipo de investigación por su parte. Lo que tienen que hacer es remitirlo automático para nosotros entrar en los méritos de la misma, para evitar controversia”, indicó el portavoz del PPD en la Cámara. 

[VIDEO] A Comisión de Ética caso de hostigamiento sexual que involucra a “Pichy” Torres Zamora

Méndez recibió el informe sobre el supuesto caso de hostigamiento sexual el pasado 24 de agosto, pero no fue hasta el 29 que indicó que lo remitió a la Comisión de Ética de la Cámara.

La denuncia de la supuesta víctima se dio a conocer semanas atrás. La mujer detalló cómo del 15 de febrero recibió una llamada en la que le ofrecían un trabajo en la Cámara. Al acudir a la entrevista, fue atendida por García, quien luego le pidió llevarle el contrato a su casa, donde ocurrieron parte de los incidentes de hostigamiento sexual, pues supuestamente el hombre la tocó como justificación para otorgarle el empleo.

Aunque supuestamente no ocurrió nada con Torres Zamora, la fémina dio a entender que éste conocía de la situación. Torres Zamora ha negado las imputaciones. 

Al inicio de la investigación, Torres Zamora fue relevado de sus responsabilidades como vicepresidente cameral, pero no de su cargo.




Alcaldes respaldan medida que facilitaría financiamiento de obra municipal

Los recortes presupuestarios al gobierno central, sumado a la debacle del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), continúan rondando sobre los 78 municipios de Puerto Rico como un ominoso recordatorio de lo frágil de la economía local.

Sin embargo, un proyecto de ley impulsado por el senador y otrora alcalde de Yauco, Abel Nazario, promete un respiro para las finanzas de los ayuntamientos ya que viabilizaría continuar con la obra pública que la falta de liquidez mantiene paralizada.

El Proyecto del Senado 535, de la autoría de Nazario, busca enmendar la “Ley de Financiamiento Municipal de Puerto Rico” del 1996, para permitir que los municipios puedan solicitar préstamos a las cooperativas de ahorro y crédito garantizando dichas obligaciones con el Fondo de Redención, sin que sea necesario requerir y obtener autorización previa del BGF.

El otrora alcalde de Yauco, Abel Nazario, aseguró que ampliando la oferta para préstamos a los municipios, estos se beneficiarán con la posibilidad de continuar obras de infraestructura. (Suministrada)

“El proyecto lo que hace es facilitar el que los municipios tengan acceso a los préstamos garantizados, porque estos préstamos están garantizados por el fondo de Contribución Adicional Especial (CAE) del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM), que es la parte que usan los municipios para financiamiento municipal de obras públicas”, explicó Nazario en entrevista con CB en Español. El legislador destacó que la medida intenta cortar al BGF como intermediario para que los municipios puedan acceder a financiamiento en la banca privada.

“Este proyecto permite ahora a los municipios a no tener que ir al BGF sino que el CRIM mismo certifica y permite que, ya sea en un banco privado, ya sea con Rural Development o, ahora, con este proyecto, con las cooperativas, los municipios puedan seguir teniendo una línea de crédito para seguir haciendo obra pública”, añadió mientras lamentó que toda la obra de infraestructura municipal en los ayuntamientos del país esté casi detenida en su totalidad.

Incluso, a pesar de que el proyecto fue sometido por un senador afiliado al Partido Nuevo Progresista (PNP), la medida ha encontrado apoyo bipartita entre los alcaldes del país.

Comité de municipios se retira del proceso de quiebra

El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico (AAPR) –organismo que agrupa a los ejecutivos municipales afiliados al Partido Popular Democrático (PPD)- Rolando Ortiz Velázquez, alabó la iniciativa de Nazario y catalogó el proyecto como “adecuado” en momentos en que el panorama parece agudizarse para los municipios frente a los recortes impuestos por la junta de control fiscal.

“Las cooperativas son la institución de servicios financieros más cercana a la ciudadanía, en especial en los pueblos más pequeños. Los municipios son la institución de servicio y respuesta social más cercana al ciudadano. En ese paralelismo, la unión que se pretende es un complemento para hacer frente a la crisis”, indicó Ortiz Velázquez a través de una comunicación escrita.

“Como cooperativista y como alcalde, ciertamente, me parece muy adecuada la medida siempre que la misma esté acompañada de las medidas de control máximo que aseguren el capital de las cooperativas y sus socios”, insistió.

Del mismo modo, el presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico (FAPR) –que agrupa a los alcaldes del PNP-, Carlos Molina Rodríguez, expresó su apoyo al P. del S. 535 considerándolo como un mecanismo prudente para el futuro económico de los 78 ayuntamientos del país.

“En la FAPR hemos hecho manifiesto nuestro apoyo al Proyecto del Senado 535 del senador Abel Nazario. Nuestro apoyo no solo responde a la opinión de que el proyecto propone una medida favorable para el futuro económico de los municipios, sino también el de las miles de cooperativas en Puertos Rico y el de sus socios”, aseguró Molina Rodríguez.

Más municipios buscan unirse a demanda de San Juan por acuerdo del BGF

El también alcalde de Arecibo destacó que la cartera de préstamos de los municipios es la única que nunca ha incurrido en un impago ya que, según aseguró, además de una administración adecuada, la estructura legal que reglamenta los préstamos para los municipios ha protegido el cumplimiento cabal de los pagos.

“Actualmente, la ley utiliza los recursos del CRIM, los envía a un fideicomiso y es desde esa herramienta que se emiten los pagos. De concretarse este proyecto, los pagos correspondientes a esas deudas se beneficiarían igual de esa estructura legal. Los alcaldes federados confiamos en la aprobación del P. del S. 535 como parte de un gran número de medidas legislativas y administrativas que deberían colocar a nuestras ciudades en posición de encarar el futuro en beneficio de todos los puertorriqueños”, concluyo.

El P. del S. 535 fue referido ante la Comisión de Asuntos Municipales  y la Comisión de Hacienda del Senado para su evaluación.




Asamblea Legislativa inicia segunda sesión ordinaria

Sin mayores contratiempos, inició la segunda sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa con la aprobación de 11 medidas en la Cámara de Representantes, otros 13 proyectos en el Senado y la discusión sobre la ubicación de los representantes del Partido Popular Democrático (PPD).

Luego de tres horas de receso, el Alto Cuerpo aprobó el Proyecto del Senado 102, que busca ampliar los lugares designados para que una madre entregue a un recién nacido -en vez de abandonarlo-, así como dictar programas de apoyo a la madre que decida entregar a su hijo en la Oficina de la Procuradora de la Mujer.

El Senado durante su primer día de la segunda sesión ordinaria. (Génesis Ibarra/CB)

Sobre la pieza legislativa, el senador independiente José Vargas Vidot presentó una serie de enmiendas para “humanizar el lenguaje” de la medida, entre las que se aprobó un aumento de 30 a 60 días para que el Departamento de la Familia establezca el protocolo a seguir.

Entre las medidas avaladas en la Cámara está el Proyecto del Senado 142, para crear un Comité Interagencial para diseñar y brindar adiestramiento a empleados del Departamento de Educación sobre cómo identificar casos de abuso sexual a menores.

Entretanto, el Proyecto de la Cámara 404 establece un grupo de trabajo interdisciplinario para evaluar a aquellos menores con sospecha de maltrato intrafamiliar, mientras que el P. de la C. 868 permite a reclusos por incumplimiento de pensiones alimentarias realizar recogido de café.

Completo el caucus popular en la Cámara

Durante el primer día de sesión, el portavoz de la Minoría popular en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, detalló que el caucus de la Pava se completó luego de que los representantes Manuel Natal, Luis Vega Ramos y Luis Raúl Torres se reintegraran nuevamente a la delegación.

Fuera de las portavocías del PPD trío de disidentes

“Le notificamos que tenemos todos los miembros de la delegación del Partido Popular dentro del caucus del Partido Popular. Ya lo hemos desglosado en las diferentes comisiones y esperamos su determinación [presidente de la Cámara]”, indicó “Tatito” Hernández en un turno de aclaración.

La discusión en la Cámara inició cuando se cuestionó la ubicación del trío de disidentes en las bancas del hemiciclo, luego de que la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) expresara que los representantes no se podían mover de sus bancas sin una comunicación oficial.

“Las instrucciones al Sargento de Armas es que devuelva a cada legislador a las bancas que habían sido asignadas, hasta tanto usted [“Tatito” Hernández] y yo no nos sentemos junto con el portavoz de la Mayoría y veamos cómo quedan configuradas las bancas”, dictó Méndez.

La Cámara recesó hasta el jueves, 24 de agosto a las 11:00 de la mañana mientras que el Senado reanudará sus trabajos el próximo lunes, 28 de agosto a la 1:00 de la tarde.




Rivera Schatz anticipa que Senado analizará reforma municipal

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, anunció hoy que próximamente el Senado discutirá y analizará una reforma municipal que buscará atemperar la Ley de Municipios Autónomos para otorgarles un mayor grado de autonomía fiscal, promover la participación ciudadana y brindarles las facultades necesarias para que asuman una función central en el desarrollo socioeconómico.

El anuncio se produjo durante la conferencia “Los municipios ante la crisis fiscal y la imposición de la junta de control fiscal” convocada por la Junta de Directores de la Asociación Puertorriqueña de Analistas Financieros (APAF) donde varios economistas y contadores públicos autorizados estuvieron presentes.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, comentó que entre el 2013 y 2014 los municipios administraron $3,938 millones en fondos públicos provenientes de fuentes municipales, estatales y federales y emisión de deuda. (Juan J. Rodríguez/CB)

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, comentó que entre el 2013 y 2014 los municipios administraron $3,938 millones en fondos públicos provenientes de fuentes municipales, estatales y federales y emisión de deuda. (Juan J. Rodríguez/CB)

Rivera Schatz indicó que, como parte de la reforma a la Ley de Municipios Autónomos, se deberá fortalecer aún más la figura de los consorcios municipales, fomentar y facilitar el establecimiento de empresas municipales que asuman funciones técnicas asociadas con procesos administrativos, así como impulsar alianzas con el tercer sector y corporaciones sin fines de lucro, según lleva a cabo el gobierno estatal.

“Con la aprobación de Promesa, la imposición de la junta fiscal y la implantación del Plan Fiscal certificado, hay una nueva realidad que necesariamente tendrá un impacto en todos los municipios. Es por esto que a los municipios tenemos que darle atención muy particular. Tenemos que reconfigurar todo el andamiaje contributivo que tiene algún efecto en las arcas municipales”, indicó el presidente senatorial.

En torno a la consolidación de municipios, Rivera Schatz reiteró su posición de no creer en la consolidación de los mismos. “Son precisamente los municipios los que brindan el servicio de primera mano a sus constituyentes,  resolviendo lo que el gobierno central, por burocracia, no puede resolver. Por esto me he dado a la tarea de buscar soluciones”, expresó.

“Nos hemos reunido en múltiples ocasiones con alcaldes de ambos partidos políticos, para atender de manera prioritaria, todo lo concerniente a los efectos pasados, presentes y futuros de la crisis en las finanzas municipales. Hemos establecido una agenda de trabajo cuya finalidad es procurar que los gobiernos municipales tengan la facultad de operar libre de intervenciones innecesarias y elaborar opciones reales para trabajar asuntos como el recogido de basura, salud, Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), retiro, recaudos municipales y fuentes de financiamiento”, argumentó Rivera Schatz.

Recientemente, el presidente del Senado llegó a unos acuerdos con alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Popular Democrático (PPD) en torno al proyecto que reestructura la deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Al gobernador medida que viabiliza reestructuración de la deuda del BGF

En el caso del CRIM, Rivera Schatz reconoció que se debe reconfigurar una estructura “que sea ágil y efectiva” no tan sólo para los municipios sino para los ciudadanos que permita “una justicia en términos de lo que se paga, de lo que se recauda y de lo que se invierte”.

Asimismo, en cuanto a las decisiones tomadas por la presente administración, tomando como base el plan fiscal certificado por la junta de control fiscal, indicó que el mismo incide en la administración municipal de fondos públicos.

El presidente del Senado comentó que entre el 2013 y 2014 los municipios administraron $3,938 millones en fondos públicos provenientes de fuentes municipales, estatales y federales y emisión de deuda, según citó del documento: “Estudio para evaluar la estructura municipal de Puerto Rico” preparado por la compañía Estudios Técnicos. Esto representa cerca de un 29% de la suma del Fondo General de Puerto Rico y el gasto total municipal, señaló.

Otro estudio realizado por el Centro de Investigación y Política Pública, publicado en julio de 2017 con información disponible sobre 68 municipios en el 2016, estableció que dichos municipios recibieron unos $428 millones en aportaciones y subsidios del gobierno central.

Al comparar la situación fiscal de esos 68 municipios con su situación en el 2010, Rivera Schatz concluyó que la brecha entre los municipios en salud fiscal es mayor actualmente en comparación con el año 2010. Por lo tanto, los municipios que consistentemente han reflejado buena salud fiscal han mejorado su puntuación, mientras que los municipios con pobre salud fiscal han empeorado.

El Senado llevará a cabo una “Cumbre Municipal” el próximo martes, 29 de agosto para discutir todas las propuestas de los alcaldes que serán plasmadas en un documento que genere legislación y que atienda la realidad fiscal de los municipios.

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