Presentan legislación para garantizar derecho sobre neutralidad de internet en Puerto Rico

Los representantes Luis Vega Ramos (PPD) y Luis “Junior” Pérez Ortiz (PNP), presentaron el martes, legislación bipartita para garantizar el derecho de todos los usuarios de internet en Puerto Rico a la neutralidad en el acceso a las redes cibernéticas (Net Neutrality, en inglés), ante la reciente determinación de la administración del presidente Donald Trump, tomada a través de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en inglés) de eliminar esa protección a nivel federal.

“Tras la nefasta decisión de la administración Trump de eliminar la protección en cuanto al acceso neutral y equitativo a las redes cibernéticas por parte de los ciudadanos, se hace vital que Puerto Rico se una al creciente número de jurisdicciones que están preservando este acceso por legislación estatal y lo declaren como un derecho de todo ciudadano”, dijo Vega Ramos en declaraciones escritas.

Explicó que el Proyecto de la Cámara 1427 tiene el propósito de establecer el derecho de todo ciudadano residente en Puerto Rico a la neutralidad a través de las redes cibernéticas mediante una política pública que preserve el libre flujo de toda información y contenido y que limite las prácticas de mercadeo que crean paquetes para el uso de ciertas aplicaciones, flujo de información o data por las compañías que proveen servicios de telecomunicaciones y de banda ancha en Puerto Rico.

Legislatura rechaza determinación de la FCC sobre neutralidad de internet

El proyecto enmendaría el inciso (f) del Artículo 7 del Capítulo II y la sección (s) del Artículo 4, Capítulo III de la Ley Número 213 de 12 de septiembre de 1996, según enmendada, conocida como “Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996”, para adscribirle la responsabilidad a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de velar por la protección de este derecho.

Enfatizó que esta legislación no es sólo importante por sus aspectos económicos sobre los consumidores de servicios de internet, sino también se ha convertido en una garantía esencial a la libre expresión y al acceso de información de todo ciudadano.

“En plena era de la informática, el acceso neutral y sin restricciones irrazonables, de contenido o costo, es parte esencial y contemporánea de los derechos humanos a la libertad de expresión y al acceso de información. La internet se ha convertido en la plaza pública por excelencia para que los ciudadanos se expresen; es la imprenta o las ondas radiales y televisivas modernas donde buscamos noticias, es la biblioteca enorme donde nuestros niños y jóvenes encuentran información para educarse. No garantizar el acceso libre y neutral a las redes cibernéticas atenta contra los derechos fundamentales del pueblo. Por eso agradezco al compañero Pérez Ortíz por haberse unido a esta iniciativa para así establecer su carácter bipartidista”, añadió.

FCC revierte reglas de “neutralidad” en internet

El representante Pérez Ortíz es el autor de la Resolución Concurrente de la Cámara 58, la cual fue aprobada unánimemente por la Cámara recientemente y que condena enérgicamente la determinación de la FCC de “poner fin a la neutralidad de la internet en los Estados Unidos y sus consecuencias nefastas para los usuarios en Puerto Rico”.

Además de las preocupaciones en torno a la limitación de los derechos fundamentales a la libertad de expresión, asociación y acceso a la información, los legisladores advirtieron que de no ser aprobada la medida se abriría la puerta para que las compañías de internet segreguen artificialmente el acceso a distintos servicios, portales o aplicaciones para cobrar cargos adiciones para permitir el acceso. De ahí, que el proyecto establece la neutralidad en acceso a las redes cibernéticas como un derecho.

Actualmente, jurisdicciones como Massachusetts, Nebraska, Rhode Island y Washington han presentado legislación para contrarrestar la aprobada eliminación a la neutralidad cibernética, mientras que Nueva York y California están por radicar legislación.

FCC evaluará que empresas de telecomunicaciones informen sobre servicio en Puerto Rico

En otras jurisdicciones estatales han comenzado otros esfuerzos por neutralizar los alcances de la determinación de la FCC. La preservación de las reglas de neutralidad cibernética ha comenzado una batalla legislativa y legal a través de todos los Estados Unidos y el mundo de suma importancia.

Los legisladores se mostraron optimistas en torno a la pronta aprobación del proyecto. “Con este proyecto, nos pondríamos a la vanguardia global de la defensa de este nuevo derecho ciudadano”, concluyó Vega Ramos.




Ortiz Velázquez denuncia supuesto “discrimen” de Hacienda con alcaldes populares

El alcalde de Cayey y presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Rolando Ortiz Velázquez denunció el viernes que las supuestas acciones del Departamento de Hacienda (DH) “confirman un obvio discrimen de la administración Rosselló contra municipios con alcaldes populares” en la distribución de fondos de recuperación tras el paso de huracanes.

“El secretario de Hacienda informó ayer desembolsó $4 millones a varios municipios el pasado 18 de diciembre. De los 23 municipios beneficiados, 21 son dominados por alcaldes novoprogresistas. Si alguien tenía dudas del patrón de discrimen contra la mayoría de los municipios por parte del gobernador Rosselló, aquí tiene otra prueba. Se está abusando del amplio poder que tiene la figura del Gobernador para discriminar contra los que no somos de su partido”, detalló Ortiz Velázquez en declaraciones escritas.

El presidente de los alcaldes asociados añadió que “el secretario del DH admite que los municipios somos la primera línea de respuesta ante cualquier emergencia y que están conscientes de las necesidades por las que atraviesan los mismos luego de los huracanes Irma y María. Sin embargo, la administración convierte la distribución de fondos en una piñata para los municipios novoprogresistas”.

Gobierno anuncia desembolso de $4 millones a diversos municipios

“En el día de ayer, el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, indicó que los $4,047,083.33 millones asignados en diciembre pasado, fueron desembolsados según ordena la Resolución Conjunta número 17 del 13 de agosto de 2017, para asignar a los municipios, agencias e instrumentalidades públicas la cantidad de $11.5 millones. En diciembre de 2017 se inició el proceso, entregando una porción del dinero asignado”, mencionó.

Los municipios beneficiados fueron Aguada, Aguadilla, Aguas Buenas, Arecibo, Barranquitas, Bayamón, Camuy, Cataño, Ceiba, Cidra, Florida, Juncos, Lares, Las Marías, Manatí, Mayagüez, Moca, Naguabo, Naranjito, Orocovis, Ponce, San Sebastián y Toa Baja.

Solamente Juncos y Mayagüez están dirigidos por alcaldes populares, Alfredo ‘Papo’ Alejandro y José Guillermo Rodríguez, respectivamente. Cabe señalar que en las pasadas elecciones, la mayoría de los 78 municipios de Puerto Rico resultaron en manos de alcaldes populares.

“De ese total de $11.5 millones a distribuir, esperamos que se haga justicia con todos los municipios, porque aquí se ha trabajado para todas las comunidades. En nuestros municipios nadie preguntaba por las calles y barrios las afiliaciones de los necesitados para dar ayudas. La administración Rosselló debe aprender de eso”, finalizó Ortiz Velázquez.

Alcaldes populares piden que USACE y FEMA intervengan en controversia con la AEE




Alcaldes populares piden que USACE y FEMA intervengan en controversia con la AEE

El presidente de la Asociación de Alcaldes, Rolando Ortiz, dijo hoy que ninguno de los integrantes del Partido Popular Democrático (PPD) firmará el acuerdo con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) propuesto por La Fortaleza para colaborar con el restablecimiento energético en sus municipios.

“Esto lo único que tiene de acuerdo es el título”, dijo el alcalde de Cayey en conferencia de prensa.

Según Ortiz, el documento estipula que para los trabajos en el sistema eléctrico no se puede utilizar empleados del municipio. Más bien, tienen que contratar empresas privadas certificadas por la AEE.

“Son muy pocos los municipios que tienen la capacidad económica de contratar brigadas privadas en este momento”, sostuvo.

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Ortiz Velázquez dijo, además, que le solicitará al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE) y a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), que intervengan en la controversia de manera que puedan certificar si la cantidad de brigadas asignadas por municipio es o no equitativa.

Los alcaldes del PPD insisten en que la asignación de brigadas se hace en favor de los municipios del Partido Nuevo Progresista (PNP) y en detrimento de los afiliados al PPD.

Hasta el momento, 9 alcaldes del PNP como, el de Arecibo, Bayamón y Naranjito realizaron el convenio con la AEE.

La Fortaleza anuncia que permitirá acuerdos entre municipios y AEE para restaurar sistema




Alcalde de Cayey cataloga como “insultante” acuerdo del Gobierno para restaurar sistema eléctrico

El alcalde de Cayey y presidente de la Asociación de Alcaldes, Rolando Ortiz Velázquez, expresó que el llamado acuerdo que la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares está enviando a los alcaldes para ayudar a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a restaurar el servicio eléctrico en los municipios “es simplemente un borrador hecho de mala fe, a la carrera y con el obvio propósito de que pueda firmarlo, ya que las condiciones son abusivas e insultantes”.

“El país entero tiene que indignarse con una administración que es incompetente en restaurar el servicio, desorganizada en la manera en que lleva sus trabajos y es obvio que no tiene interés alguno en que se restaure el servicio. Se le permitió al alcalde novoprogresista de San Sebastián trabajar el asunto con sus brigadas y con la protección del gobernador. Ese es el acto más claro de discrimen, a Jiménez, por ser del partido del gobierno se le permite. A los populares no. Ahora se escucha a dicho alcalde por los medios incitando a que hagamos lo que él hizo. Claro, él está protegido”, dijo Ortiz Velázquez en un parte de prensa.

El mandatario cayeyano presentó el borrador de 13 páginas que recibió la tarde del martes por parte de La Fortaleza, en el que se especifica que serán los municipios los responsables de remover escombros en propiedades privadas, de la transportación de materiales de la AEE, de comunicarles a las comunidades los trabajos a realizarse y además se prohíbe el uso de empleados municipales en las labores, con el propósito de que se contraten empresas privadas bajo los parámetros y evaluaciones de la AEE.

La Fortaleza anuncia que permitirá acuerdos entre municipios y AEE para restaurar sistema

“La pregunta que cualquier persona sensata se hace es si en el caso del alcalde novoprogresista de San Sebastián, Javier Jiménez, usaron esos mismos parámetros, porque nosotros llevamos varias semanas solicitando reuniones y acuerdos. Primero tuvimos que lidiar con la negativa del ingeniero Carlos Torres de cooperar con los municipios, luego con la ausencia del gobernador Rosselló en el asunto y ahora envían este borrador de acuerdo que lo que evidencia es que no quieren que los municipios participemos. Insisto, este borrador es un insulto”, añadió el líder de la entidad que agrupa a los alcaldes afiliados al Partido Popular Democrático (PPD).

Con relación al pago por los servicios, el acuerdo propuesto por La Fortaleza especifica que “no se le pagará a los municipios por los costos en los que incurran y que no se hacen responsables si la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) no reembolsa los gastos incurridos. Incluso, todos los participantes en los trabajos en los municipios tienen que ser supervisados por la AEE, corporación que se reserva el derecho de cancelar los mismos en cualquier momento, a pesar de que también se reservan el derecho de supervisar “de manera periódica”, sin más detalles.

“Otra de las disposiciones insólitas que tiene este documento enviado a los alcaldes es que se les responsabiliza por mantener un Registro de Materiales. ¡Estamos hablando de la entidad que no sabía que tenía más de 2,000 piezas escondidas en un almacén en Palo Seco y que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos tuvo que incautar bajo medidas de seguridad!”, añadió Ortiz Veláquez.

AEE rechaza ayuda de los alcaldes para restablecer servicio de luz

Entretanto, dijo que la AEE no se compromete a proveer los materiales y en caso que entreguen algunos, no son ni responsables de los daños que se puedan causar ni tampoco serían responsables si los mismos funcionan o no.

“En el inciso 20 llega al colmo de responsabilizar a los municipios por asegurar la existencia, integridad y disponibilidad de los materiales para restablecer el servicio. Incluso, tampoco quieren hacerse responsables de las reclamaciones que puedan surgir sobre los materiales que la AEE provea. Llegan al colmo de solicitarle indemnizaciones a los municipios”, abundó el alcalde de Cayey.

Por otro lado, dijo que el documento solicita millonarios seguros de responsabilidad “de $3,000,000 por cada ocurrencia y $3,000,000 por cada agregado”. Incluso, solicita un seguro adicional de $1,000,000 por cada empleado y $1,000,000 por cada accidente.

Alcaldes y ciudadanos se manifiestan frente a La Fortaleza

Adicional, se exige otro seguro de $3,000,000 para cubrir algún daño a vehículos de la AEE, e incluso los alquilados. En todos los casos, el asegurado adicional es la AEE.

“Estamos sometiendo este borrador a la prensa y al público en general para que examinen al detalle cómo es que esta administración de Ricardo Rosselló continua burlándose del dolor de los puertorriqueños y de la necesidad de los que no tienen servicio de energía eléctrica. Al día de hoy, miércoles, el gobernador no se ha pronunciado sobre el terrible desastre que tiene en la AEE, donde es él quien personalmente nombró a Ricardo Ramos y ahora a Justo González. Mientras el lunes nos tiramos a la calle a protestar, él estaba entretenido en juegos electrónicos y con el mayor descaro publica una foto suya sonriendo y celebrando lo que para él es una gracia. Para el pueblo puertorriqueño, esto es una desgracia”, finalizó Ortiz Velázquez.




Senado crearía Oficina de Asuntos Federales en Washington

El Senado inició hoy su tercera sesión ordinaria con la aprobación de una resolución que propone fundar una oficina que vele por los procesos legislativos federales que impacten directamente a Puerto Rico.

La Resolución del Senado 554, de la autoría del presidente Thomas Rivera Schatz, establece que la Oficina de Asuntos Federales, Sociales y Económicos será financiada con el presupuesto del Senado, que recientemente sufrió un recorte de $1.9 millones a petición de la junta de control fiscal.

El presidente del Senado ofrece mensaje de inicio por la tercera sesión ordinaria. (Suministrada)

“Esa oficina, nosotros la vamos a establecer para tener un área donde podamos operar”, explicó el líder senatorial. Se desconoce cuánto dinero requerirá el establecimiento de la oficina. La medida permite adquirir equipo y materiales necesarios, así como “vehículos de transporte” con los fondos.

La medida legislativa establece además que el presidente del Senado nombrará un director ejecutivo que “desempeñará los deberes del cargo de acuerdo a las directrices del presidente”. El director deberá recomendar cualquier contrato de servicios profesionales o consultivos de individuos necesarios para el funcionamiento de la oficina, así como proponer los reglamentos internos del organismo.

La propuesta fue anunciada por Rivera Schatz durante su mensaje por el inicio de la tercera sesión ordinaria. En el hemiciclo del Senado, el líder novoprogresista sostuvo que “este ha sido el Senado más productivo de la historia”, con la presentación de 1,565 medidas en la Legislatura, de las cuales 793 fueron del Senado.

Durante su mensaje, el líder senatorial resaltó seis factores que, a juicio suyo, trastocaron la labor de la Asamblea Legislativa tales como la imposición de la junta de control fiscal de parte del Congreso federal, un gobierno en quiebra, y el impacto de los catastróficos huracanes Irma y María el pasado mes de septiembre.

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“Nunca, jamás, un gobierno electo por el pueblo tuvo que asumir un caos presupuestario de esa magnitud. Recibimos un gobierno que, sin una gota de lluvia ni una ráfaga de viento ya era zona de desastre total. No quedaba piedra sobre piedra, y nada funcionaba”, puntualizó Rivera Schatz.

Como es de costumbre, Rivera Schatz arremetió en diversas ocasiones contra el “sistema colonial” que, según dijo, impide el progreso de la isla. “[Los miembros de la] junta de control fiscal son unos buenos para nada”, reclamó durante una conferencia de prensa al concluir su mensaje en el pleno.

En respuesta al rendimiento positivo del Senado afirmado por Rivera Schatz, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) Eduardo Bhatia dispuso que el Alto Cuerpo no cumplió con su gestión investigativa, en particular sobre el controversial contrato a Whitefish Energy para trabajos de restauración del sistema eléctrico y el éxodo masivo de puertorriqueños tras el impacto de los huracanes.

“Si estas son las crisis que tenemos y ninguna de ellas las ha atendido el Senado, ¿cómo podemos pararnos aquí a decir que ha sido el mejor Senado? Puerto Rico lo que necesita es un gobierno que se ponga de pie y trabaje por los problemas de los puertorriqueños”, sentenció Bhatia en el pleno.

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La recién iniciada sesión contó con la presencia de varios jefes de agencia, alcaldes, miembros del Tribunal Supremo, representantes y exlegisladores. Entre ellos se encontró el director interino de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) Justo González y el titular del Departamento de Estado, Luis G. Rivera Marín.

Mientras continuaba la espera por el mensaje de Rivera Schatz –que inició con más de una hora de retraso–, la Cámara de Representantes dio paso a las primeras medidas de la nueva sesión, entre ellas el P. del S. 185 para que el Negociado de la Policía reciba un seminario anual de Lenguaje de Señas.

La segunda sesión ordinaria –que se extendió hasta el 15 de diciembre– culminó con la aprobación de varias medidas polémicas, entre ellas las que buscan enmendar la Ley de Menores, vetadas por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares recientemente por exponer “políticas públicas opuestas”.




Propuestas para nuevo sistema judicial de menores enfrentan diferencias en la legislatura

La senadora y otrora secretaria de Correción, Zoe Laboy expresó que no estaría apoyando las medidas de la Cámara de Representantes ni del Senado que buscan implantar un nuevo ordenamiento judicial para menores.

“Con mucho cariño y mucho respeto a los compañeros, yo creo que son dos extremos. Uno es muy restrictivo, muy punitivo; el otro es muy liberal. Los jóvenes también tienen que responder por sus actos”, expresó Laboy.

El anuncio de Laboy de que no estaría apoyando ninguna de las medidas que atiende el tema de los procesos judiciales para menores, se dio ayer en el hemiciclo del Senado, luego que el presidente del cuerpo, Thomas Rivera Schatz, anunciara que nuevamente se pospone la votación sobre los Proyectos de la Cámara 1035 y 1036 y el Proyecto del Senado 489, que atienden el tema.

Prevalecen reservas en el Senado sobre la Ley del Nuevo Gobierno

Aunque varios miembros del Senado han expresado reservas sobre las medidas, en particular sobre el Proyecto de la Cámara 1035, Rivera Schatz indicó que la posposición no se debe a falta de votos sino a que hay senadores que no pudieron estar presentes, “pero quieren ser parte de la discusión”.

En el caso del Proyecto de la Cámara 1035, de la autoría del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, Laboy lo identificó como muy punitivo. Asimismo, indicó que luego de trabajar en el sistema de cárceles tanto estatal como federal entiende que cuando se está procesado a un menor, “yo sé que las instituciones juveniles deben ser la última alternativa para estos menores”.

En cuanto al proceso en el tribunal, hay dos aspectos que se resaltaron de la medida. Para la senadora debe haber una edad mínima o capacidad mental mínima para ir a juicio. Para atender esta problemática, Laboy entiende que se debe considerar la implantación de pruebas de competencia en el tribunal.

Toda persona debajo de cierta edad sería evaluado para determinar “la competencia del menor, eso quiere decir que el menor entiende lo que está pasándole, que puede ayudar en su defensa y que está consiente. El tribunal entonces entiende que está listo para enfrentar las consecuencias de sus actos”, sugirió Laboy.

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La senadora, quien fue secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación bajo el exgobernador, Pedro Rosselló, también identificó “la renuncia automática de jurisdicción del Tribunal de Menores” como otra de las razones por las que no puede apoyar el Proyecto de la Cámara 1035.

“Yo creo que no se debe renunciar automáticamente la jurisdicción del tribunal de menores y debe haber una vista antes para que el procurador o procuradora tenga el peso de la prueba y demuestre que es en el mejor bienestar de ese menor renunciar a la jurisdicción”.

En dicha medida se establece que el procurador de menores tendrá que solicitar la renuncia de jusridicción cuando las imputaciones sean “asesinato en primer grado, en la modalidad que está bajo la autoridad del tribunal; cualquier otro delito grave que esté sujeto a una pena de noventa y nueve (99) años; y cualquier otro hecho delictivo que surja de la misma transacción o evento y se determine causa probable, en interés de un menor entre la edad de catorce (14) y dieciocho (18) años, al cual se le impute una falta Clase II o III y anteriormente se le hubiese adjudicado en su interés una falta Clase II o III”, lee el proyecto de Méndez.

En torno al Proyecto del Senado 489, Laboy lo catalogó de muy liberal y resaltó que tiene que darle más responsabilidad a los jóvenes por sus actos. Igualmente, entiende que debe hacerse mayor distinción entre como se trabajan las faltas menos graves de las graves. La senadora usó de ejemplo las disposiciones en el proyecto en cuanto a faltas que surgen en los planteles escolares.

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“En el del compañero Vargas Vidot establece que toda falta que se cometa en un plantel escolar tiene que agotarse los remedios administrativos del proceso disciplinario de las escuelas. Yo creo que eso no puede ser para todas las faltas”, sentenció.

El senador independiente, José Vargas Vidot es uno de los autores del Proyecto del Senado 489, pero cabe señalar que dicha medida cuenta con la autoría y coautoría de senadores tanto del Partido Nuevo Progresista como del Partido Popular Democrático.

Los otros autores son Carmelo J. Ríos Santiago Henry Neumann Zayas, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Eduardo Bhatia Gautier, Abel Nazario Quiñones. Los coautores son Rossana López León, Aníbal José Torres Torres, Cirilo Tirado Rivera, José Nadal Power, José L. Dalmau Santiago, Miguel A. Pereira Castillo




Prevalecen reservas en el Senado sobre la Ley del Nuevo Gobierno

Durante el proceso de vistas sobre el Proyecto del Senado 653, el cual crearía la Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico, senadores de minoría presentaron fuertes reservas a los poderes que se le daría al Ejecutivo si se aprueba dicha medida.

De avalarse el proyecto de ley, el gobernador Ricardo Rosselló podrá presentar un plan de reorganización del gobierno que incluya el cierre o consolidación de agencias. Además, si la legislatura no tiene una votación sobre dicho plan en 30 días, quedaría aprobado.

“Yo comparto con el gobernador y con esta administración la necesidad imperiosa que hay de reorganizar el gobierno de Puerto Rico. En eso estamos de acuerdo. El problema que tengo es con el proceso que ustedes están sometiendo”, dijo el portavoz de la minoría PPD en el Senado, Eduardo Bhatia (Juan J. Rodríguez/CB)

Mientras, el senador del Partido Popular Democrático (PPD), Eduardo Bhatia y el senador por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau argumentaron que la medida es inconstitucional ya que el plan podría entrar en vigor sin contar con la aprobación de la legislatura.

La oposición para Bhatia no es sobre la reorganización del gobierno, sino a que se permita que una ley pueda ser aprobada sin que cuente con el apoyo de la Asamblea Legislativa.

“Yo comparto con el gobernador y con esta administración la necesidad imperiosa que hay de reorganizar el gobierno de Puerto Rico. En eso estamos de acuerdo. El problema que tengo es con el proceso que ustedes están sometiendo”, dijo el portavoz de la minoría PPD en el Senado.

A esos efectos, Bhatia le increpó a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, sobre las razones para dar paso a dicha legislación cuando ya existen mecanismos en ley para reorganizar el gobierno. Igualmente, señaló que el gobernador ya cuenta con el poder para evaluar el desempeño de los jefes de agencias.

Secretaria de Justicia afirma que “Ley del Nuevo Gobierno” no viola la Constitución

“¿Por qué yo debo votar a favor de un proyecto de ley cuando todas estas facultades que usted [Vázquez] está diciendo ya existen en ley? Lo que quisiera que usted me dijera en arroz y habichuelas es para qué es este proyecto”, le cuestionó Bhatia a la titular de Justicia.

Vázquez sólo enumeró herramientas ya existentes, pero el presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Christian Sobrino, añadió que la medida responde a que hay que moverse rápidamente debido a la crisis que enfrenta el país. Ante esto, el senador del PIP aseveró que “en tiempos de crisis hay que proteger los poderes legislativos”.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz argumentó en la vista pública que la legislatura no estaba dando “un cheque en blanco” al Ejecutivo porque si el gobernador no entregaba legislación cónsona con el plan de reorganización, dicho plan entraría en vigor.

Cabe señalar que la Secretaria de Justicia aclaró que aún si el gobernador no presenta legislación, el plan de reorganización permanece vigente. Asimismo explicó que cualquier disposición en las leyes orgánicas de las agencias que no sea cónsona con el plan queda suspendida.

“El proyecto tal y como está acordado, me refiero entonces a lo que sería el artículo 4.04 específicamente nos dice: ‘las disposiciones de una ley orgánica que creen una agencia operarán en la medida que no sean incompatibles con la Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico”, dijo Vázquez.




Demandan al gobernador por nueva oficina “inconstitucional”

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, presentó una demanda contra el gobernador Ricardo Rosselló Nevares para solicitarle al Tribunal que declare inconstitucional la orden ejecutiva que crea la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción (OCRR).

El legislador de la Pava explicó además que solicitó en el recurso legal que se emita un interdicto preliminar para que el primer ejecutivo suspenda de manera temporera la implementación de dicha orden (OE-2017-65) hasta que se resuelva la controversia.

En la foto, el portavoz del PPD en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández. (Archivo)

“No podemos permitir que en medio del escándalo de Whitefish la respuesta del Ejecutivo sea la creación de un cuarto oscuro donde se oculte la impunidad de la corrupción gubernamental. Después del reclamo a gritos por transparencia en los foros locales como internacionales, es una total contradicción que la nueva entidad creada mediante decreto sea eximida unilateralmente por el Ejecutivo de la política pública de auditorías, rendición de cuentas, y de presentar informes”, sentenció Hernández Montañez.

“Esta orden ejecutiva básicamente adopta por mandato unilateral el grueso de las funciones contempladas en los proyectos de ley bajo consideración legislativa, de los cuales ya fue descargado y derrotado en votación unánime en el Senado, y que la Cámara de Representantes no le dará paso. Nosotros no podemos permitir que esto ocurra ya que esta orden ejecutiva ignora el poder conferido en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la Asamblea Legislativa para crear, definir y suprimir agencias en la Rama Ejecutiva”, manifestó el portavoz.

Rosselló defiende su nueva Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción

Del mismo modo, el legislador argumentó en la demanda que la orden alega ampararse en un artículo de la Ley 20 del 10 de abril del 2017, que le concede al gobernador ciertos poderes extraordinarios en casos de situaciones de emergencia o desastre y opinió que no se desprende de la propia ley que el gobernador goza de la facultad de crear una nueva unidad gubernamental inmune a los procesos de fiscalización, que reúna bajo la dirección de una sola persona tantos poderes.

“Esta demanda busca detener esta afrenta contra la democracia por parte de un gobernador que se ha asignado a sí mismo el poder absoluto para hacer y deshacer sin ser fiscalizado ni contar con la transparencia que reclama el pueblo”, puntualizó Hernández Montañez al tiempo que aseguró que “se ve a todas luces una intención de la Rama Ejecutiva de repartir contratos a conocidos bajo la excusa de la situación de emergencia.”




Senado va tras contrato millonario de Whitefish Energy

El Senado se unió hoy a la controversia que ha causado el contrato de $300 millones otorgado a la empresa Whitefish Energy para asistir en el rescate del sistema eléctrico de Puerto Rico, cuando el senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, planteó indagar en los contratos que ha otorgado la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a partir de septiembre.

La Resolución del Senado 466, presentada por Dalmau Ramírez a cinco días de que se anunciara la contratación de la aparente inexperta empresa sostiene que la situación de emergencia que vive la isla tras el embate del huracán María no puede ser motivo para “favoritismo e improvisación”.

El senador del Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau. (Suministrada)

“Ese contrato, en estos momentos, tiene más sombra que luz. […] En otros momentos en Puerto Rico, si la historia nos ha enseñado algo, los momentos de crisis y presión pública han llevado a gobiernos a firmar contratos leoninos, que en nada son de provecho para Puerto Rico, manifestó.

El portavoz independentista en el Senado sentenció que la responsabilidad del Alto Cuerpo ahora es investigar las condiciones bajo las que se otorgó el contrato cuestionado por amplios sectores y defendido por otros, como el director ejecutivo de la frágil corporación pública, Ricardo Ramos.

Dalmau Ramírez destacó que la emergencia causada por el ciclón permite realizar contratos sin el debido proceso de subastas, lo que “exige que uno sea más cuidadoso”. Si bien el legislador no busca obstaculizar la recuperación de la isla, sostuvo que esto no debe ser “un cheque en blanco”.

Intentan desvincular a Trump de la contratación de Whitefish en Puerto Rico

“En este momento de crisis, la necesidad requiere tener pulso de cirujano. Eso significa que la empresa que se vaya a contratar para servicios de reconstrucción tiene que tener un historial con respecto a atender este tipo de crisis. En segundo lugar, que tenga la credibilidad pública en el manejo de crisis similares [y] que esté limpia de polvo y paja de influencias políticas”, enumeró.

Este último aspecto fue expuesto en una investigación de The Daily Beast y que Dalmau Ramírez resaltó durante un aparte con los medios al argumentar que Whitefish “no tenía dos empleados” al momento de ser contratada y que proviene de Montana, con “la misma población que Maricao”.

Con estas preocupaciones en mente, el legislador sometió hoy la R. del S. 466, para ordenar a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura una investigación total sobre los contratos que ha otorgado la AEE para de la reparación de su maltrecha infraestructura.

[VÍDEOS] ¿Quién es Whitefish Energy?

A este pedido se unió el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Eduardo Bhatia, al informar que presentó una moción para ordenar la entrega de “todos los contratos” que han sido otorgados por la AEE y también la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Los senadores de minoría no han sido los únicos en solicitar una investigación exhaustiva del contrato otorgado a Whitefish. Los congresistas de origen puertorriqueño Luis Gutiérrez Nydia Velázquez también dijeron sentir preocupación por el contrato asentido luego del huracán María.

Ante las sospechas levantadas por los aparentes lazos entre la empresa y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Gutiérrez solicitará al Departamento de Justicia federal y al Buró Federal de Investigaciones (FBI) investigar la posible conexión con “la Casa Blanca de Trump”.




Bhatia pide cautela ante cesión de poderes legislativos

Con extensos debates y libre de su usual demora, el Senado reinició hoy su interrumpida sesión ordinaria con un llamado del portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Eduardo Bhatia, a ser cautelosos con la medida que propone confiar al Ejecutivo la facultad de consolidar agencias.

“[En la Legislatura] tenemos unos poderes porque nos los dio el pueblo y los da la Constitución de Puerto Rico. No nos quejemos de los poderes antidemocráticos que tiene la junta de control fiscal, si los poderes democráticos que tenemos nosotros los estamos cediendo”, expresó Bhatia.

Eduardo Bhatia señaló que los legisladores deben estar “muy pendientes” a la medida que sometió hoy el Ejecutivo ante la Asamblea Legislativa al sentenciar que el mandatario tiene más poderes que “ningún gobernador”, en cualquiera de los 50 estados de Estados Unidos. (Yoel Parrilla/CB)

El otrora presidente del Senado enfatizó que los legisladores deben estar “muy pendientes” a la medida que sometió hoy el Ejecutivo ante la Asamblea Legislativa al sentenciar que el mandatario tiene más poderes que “ningún gobernador”, en cualquiera de los 50 estados de Estados Unidos.

“Yo quiero trabajar con el gobernador [Ricardo Rosselló Nevares] de la mano, no quiero trabajar detrás del gobernador. Yo quiero trabajar con él para reconstruir a Puerto Rico, y estoy seguro de que todos queremos lo mismo, pero no lo vamos a hacer en el tráiler de atrás”, puntualizó Bhatia.

En un turno posterior de 25 minutos, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, subrayó que la idea de reducir el total de agencias no es nueva, y que ya se comenzó a acatar a través de la unión de siete entidades en el Departamento de Seguridad Pública para ahorrar $28 millones.

Al Ejecutivo poder para consolidar agencias de gobierno

Rivera Schatz explicó que la medida responde a su propuesta de aprobar un solo proyecto que permita al mandatario consolidar las agencias del Gobierno, sin necesidad de desfilar por la Casa de las Leyes que cuente con un plan sobre cómo se rediseñará el funcionamiento de agencias.

“La Asamblea Legislativa procura que –con un solo proyecto– se pueda manejar lo que se ha llamado el rediseño, la consolidación del gobierno de Puerto Rico. Pero en absolutamente nada la Asamblea Legislativa ha entregado un cheque en blanco [al Ejecutivo]”, expuso el líder senatorial.

Extienden sesión ordinaria

Luego de cerca de un mes en receso, causado por el paso del huracán María, el Senado aprobó extender la segunda sesión ordinaria hasta el próximo 15 de diciembre en lugar de culminar el 14 de noviembre. La decisión permitiría a la Asamblea Legislativa atender medidas de emergencia.

En la sesión de sobre tres horas, también se aprobó el Proyecto de la Cámara 480, para incluir en los productos de primera necesidad susceptibles a congelación de precios durante emergencias productos de protección y de cuidado personal, como el jabón líquido y toallas desinfectantes.

El Senado reanudará sus labores el próximo martes, 24 de octubre.

Cámara crea Comisión Total Especial

En el hemiciclo conjunto al Senado, la Cámara de Representantes dio paso a la Comisión Total Especial, que buscará brindar soluciones a la crisis que causó el ciclón María en Puerto Rico. De la misma forma, autoriza a los representantes a servir de enlace en agencias federales y locales.

“[Se autoriza] a los representantes a continuar sirviendo de apoyo y enlace intergubernamental, para coordinar y servir en esfuerzos de ayuda de las agencias federales, estatales y municipales, así como donativos de personas y organizaciones privadas”, lee la medida de cuatro páginas.

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