Junta fiscal pide al gobierno copia de contratos otorgados por Rosselló antes de su renuncia

La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko reveló el lunes, que envió una comunicación electrónica al principal oficial financiero del gobierno de Puerto Rico, Omar Marrero Díaz para que le entregue copia e información sobre los más de 200 contratos que Ricardo Rosselló ejecutó o aprobó con un valor de aproximadamente 80 millones de dólares previo a su renuncia.

Algunos de estos contratos aún no aparecen en el sitio web de la Contraloría.

“Como saben, la Junta estableció una política de revisión de contratos de conformidad con la Sección 204 (b) (2) de PROMESA para requerir la aprobación de la Junta de ciertos contratos para asegurar que ellos “promueven la competencia en el mercado” y “no son inconsistentes con el plan fiscal aprobado” (“Política”). Todos los contratos gubernamentales y sus modificaciones con un valor agregado de 10 millones de dólares o más están sujetos a la aprobación de la Junta. Además, la Junta en su discreción puede revisar cualquier contrato por debajo de dicho umbral”, expresa parte de la carta.

“De conformidad con la Política, solicitamos al Gobierno de Puerto Rico que proporcione copias de todos los contratos ejecutados por cualquier entidad gubernamental designada como instrumento cubierto por la Junta (que no sean municipios) durante las últimas dos semanas del gobernador Rosselló en la oficina. Solicitamos que dichos contratos se presenten a la Junta a más tardar en agosto 16 de 2019. Los contratos que ya fueron aprobados por la no tienen que volver a presentarse”, añade la misiva.




Rosselló Nevares realiza varios nombramientos en el gobierno de Puerto Rico

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares nombró el miércoles a Omar Marrero como director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y como principal oficial financiero del Gobierno de Puerto Rico; y recomendó a Ottmar Chávez como el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, por sus siglas en inglés).

“Anuncio estos nuevos nombramientos con la seguridad de que los funcionarios llevarán a cabo su tarea de forma capaz y responsable. Todos cuentan con vasta experiencia laborando en el Gobierno y su compromiso con la Isla queda demostrado al aceptar estos puestos que permiten continuar ejecutando la agenda de nuestra administración”, sostuvo el primer ejecutivo en comunicación escrita.

Asimismo, recomendó a Fermín Fontanés como director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP); a Noelia García Bardales como directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito de Convenciones; y a Margarita Nolasco como directora ejecutiva de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA).

Ottmar Chávez continuará sus funciones como administrador de la Administración de Servicios Generales (ASG).

Rosselló Nevares agregó que “agradezco la disposición y el compromiso de estos funcionarios y les deseo éxito en sus encomiendas, ya que sus logros serán de beneficio directo para el Pueblo”.

El primer mandatario informó, además, que recomendó a Erik Rolón como director ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda.

En todos estos nombramientos, excepto el del director ejecutivo de la Aafaf, el gobernador recomienda a las juntas de directores de todas estas entidades a que ratifiquen esta recomendación.

Omar Marrero posee un bachillerato en Ciencias de Administración de Empresas de la Universidad de Dayton en Ohio, un juris doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y una maestría en Derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York.

Marrero fungió como director ejecutivo de varias agencias en el Gobierno de Puerto Rico, que incluyen a COR3, la AAPP, la Autoridad del Distrito de Convenciones y la Autoridad de Puertos. Ha fungido, además, como secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor.

Por otra parte, Ottmar Chávez —quien desde enero de 2019 ha laborado como principal oficial de compras para COR3— obtuvo un bachillerato en Administración Internacional de Assumption College en Massachusetts y una maestría en Gerencia de Proyectos y Cadena de Suministro de la Universidad George Washington. 

Chávez ha fungido como director de cadena de suministros, como director de programas y portafolios, y como líder de compras a nivel global.

Mientras, Fermín E. Fontanés posee un bachillerato de Ciencias, Política Ambiental y Funcionamiento de Recursos de la Universidad de Michigan y un juris doctorde la Escuela de Derecho de la Universidad George Washington.

Fontanés ha sido asesor legal de la AAPP desde marzo de 2018 y ha manejado aspectos de la transacción de la Autoridad de Energía Eléctrica bajo la Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico.

Su experiencia ha estado enfocada en transacciones corporativas, cumplimiento reglamentario, permisos y litigación ambiental. Ha ofrecido asesoría en todas las etapas de un proyecto, desde la revisión de diligencias y selección de ubicaciones, hasta la revisión de impactos ambientales y permisos.

De otra parte, Noelia García Bardales posee un bachillerato en Administración de Empresas del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y estudios postgraduados en Administración Internacional de Empresas de la Universidad Politécnica de Puerto Rico.

García Bardales —quien estuvo fungiendo hasta ayer como subdirectora de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones— posee sobre 20 años de experiencia en la implementación de política pública.

Entre su experiencia laboral se destacan su asesoría de integración municipal para el Sistema de Emergencias 911; y su trabajo como consultora independiente para el municipio de Corozal y para la Unión Bona Fide de Empleados Municipales.

García Bardales también laboró como directora ejecutiva del Comité de Asuntos de Salud y de la Mujer del Senado de Puerto Rico.

Por último, Margarita Nolasco posee un bachillerato en Educación Secundaria de Matemáticas de la Universidad Católica de Puerto Rico, una maestría en Educación de la State University de Nueva York y un doctorado en Educación de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

La experiencia de Nolasco en el Senado comenzó en el 2005, en donde ha sido designada como líder de mayoría y como vicepresidenta del cuerpo. Nolasco también fungió como alcaldesa del municipio de Coamo del 1997 al año 2000.

“Contamos con cada uno de estos funcionarios para impulsar la agenda de desarrollo económico y social de Puerto Rico. Hemos enfrentando grandes desafíos durante años recientes pero la resiliencia y el compromiso de los puertorriqueños nos ayudará a superar los retos que se presenten”, concluyó el gobernador.




Sobrino asegura podrá llevar a cabo todas sus tareas en el gobierno

El director ejecutivo de Aafaf, Christian Sobrino. (Suministrada)
El director ejecutivo de Aafaf, Christian Sobrino. (Suministrada)

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), Christian Sobrino, aseguró el miércoles que podrá llevar a cabo sus tareas en conjunto como principal oficial financiero del gobierno y como director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

“En la medida que yo vea que algo no es manejable, el primero que levanta la bandera soy yo”, dijo el funcionario en una mesa redonda.

Sobrino fue nombrado a ambas plazas el lunes luego del despido del exprincipal oficial financiero, Raúl Maldonado, quien también fungía como secretario de Hacienda y de director de OGP tras no haber informado a La Fortaleza de que en Hacienda existía una “mafia institucionalizada” y que fue víctima de extorsión.

El rol de principal oficial financiero (“chief financial officer” o “CFO”, en inglés) fue creado por orden ejecutiva y no es el equivalente al CFO descrito en el plan fiscal certificado, ya que este último es una agencia separada, explicó Sobrino.

El CFO local está encargado de implantar política pública y de coordinación. “Nuestro rol es supervisar la implantación de política pública, reportarle al secretario de la Gobernacion, al gobernador y ayudar a atender cualquier asunto cuando se quiera ese apoyo, pero la ejecución como tal ocurre a nivel de las agencias, entiéndase Aafaf, OGP y Hacienda”, dijo.

Asimismo, sostuvo que se enfocará por el momento en asegurar la aprobación del presupuesto y que el mismo se certifique por la junta de control fiscal. “En OGP no es tan diferente a lo que hago aquí”, dijo tras destacar que asignará más recursos de Aafaf a esa agencia pues ha sufrido bajas en su nómina.

Tras destacar “los tapones” que se forman en las oficinas de OGP, dijo que dirigirá la misma desde Aafaf en el Centro Gubernamental Minillas porque tienen estacionamiento. De hecho, dijo que recomendará la posibilidad de mover a la OGP de sus actuales oficinas. “El tapón allí no sé cómo se presta para relación con las agencias cuando es tan difícil llegar allí”, dijo.

Sobrino dijo que fue nombrado de forma interina a las plazas ya que que fue un “nombramiento repentino” debido a los abruptos eventos ocurridos el lunes. Aseguró que su salario se mantiene igual.

¿Cómo va a distribuir su tiempo?

Sobrino dijo que su oficina principal será en el Centro Gubernamental Minillas pero que de todas maneras tiene que ir a La Fortaleza todos los días a reunirse con el gobernador. “En todos mis asuntos hay un equipo de trabajo que se monta y responde a mí…y soy bien estricto con eso”, dijo.

Sobre el personal que tenía Maldonado en la Oficina del CFO, Sobrino dijo que el equipo es del Departamento de Hacienda. “No preveo cambios sustanciales… La implementación del plan fiscal seguirá siendo mía”, dijo.

Además del presupuesto, también será su prioridad sacar los informes auditados del gobierno, especialmente luego de la salida abrupta de Maldonado tras haber alegado corrupción en el Departamento de Hacienda.

Al preguntársele acerca de cómo puede un principal oficial financiero descargar su función cuando por ley el Departamento de Hacienda es la agencia encargada de implantar la Ley de Contabilidad, Sobrino dijo la ley de Aafaf le da autoridad legal para supervisar la función financiera del gobierno.

Negó que tuviera en estos momentos mucho poder porque no ha sido confirmado por el Senado y su puesto es de fácil remoción. “Yo gerencio procesos y gerencio equipos,” dijo.

Acerca del impacto negativo en las operaciones del gobierno que pudiese tener la abrupta salida de Maldonado, Sobrino dijo que el exsecretario era parte importante del equipo del gobernador y tenía apoyo pero que “the show must go on”.

Sobre si se impacta las relaciones en Washington, Sobrino dijo que la impresión que recibió de funcionarios del Departamento del Tesoro, Casa Blanca y la Oficina de Gerencia y Presupuesto, entre otros, fue que “that was just bizarre” pero aceptó que el evento puede ser utilizado para hacer a la isla lucir mal.

Al preguntársele sobre la reacción de la Junta, Sobrino dijo que ese organismo está enfocado en el presupuesto.

De otra parte, Sobrino informó que el acuerdo de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) está retrasado luego que la Jueza federal, Laura Taylor Swain lo paralizara y que, por lo tanto, cualquier legislación para implantarlo se hará en la sesión legislativa que comienza en agosto.

Esto quiere decir que ya no entrará en vigor en julio el aumento de un centavo el kilovatio hora para pagar deuda de la utilidad pública, dijo Sobrino.

El lunes es la fecha límite que tiene la AEE para recobrar pagos de deudas hechos indebidamente antes de radicar quiebra en el 2017. Sobrino dijo que todavía se están examinando cuáles suplidores de esa corporación pública son los “críticos” para trabajar con ellos acuerdos para retrasar cualquier demanda o “tolling agreements”.




Red de Transparencia rechaza protocolo para solicitudes de información sobre planes fiscales

Tras la aprobación por parte de la Oficina del Principal Oficial Financiero del gobierno de Puerto Rico sobre un procedimiento uniforme para las solicitudes de acceso a la información pública sobre los planes fiscales, representa un retroceso al acceso al información pública en Puerto Rico, señaló el grupo de trabajo dedicado al acceso a la información y la apertura de datos, Red de Transparencia.

Según el grupo de trabajo, el protocolo adoptado, en vez de promover la publicación proactiva de la información, le da la capacidad al gobierno de prohibir la divulgación de aquellos documentos solicitados que no estén identificados.

La Red de Transparencia solicitó al Principal Oficial Financiero del gobierno, Raúl Maldonado, que adapte el procedimiento a los principios internacionales a favor del acceso a la información pública, los cuales promueven la máxima divulgación de la información.

Además, la Red reitera que el protocolo debe ser cónsono con la presunción de apertura que tienen los documentos públicos en Puerto Rico desde el 1982 cuando el Tribunal Supremo estableció el acceso a la información como un derecho constitucional.

De acuerdo con el grupo de trabajo, el protocolo, según redactado, no cumple con los estándares internacionales de transparencia y acceso a la información pública, entre ellos:

  • No promueve la máxima divulgación de la información
  • No garantiza que las excepciones al acceso a la información sean limitadas y justificadas
  • No dispone para que la información esté disponible proactivamente, de forma explícita y detallada
  • No promueve la cultura de datos abiertos

La Red de Transparencia es un espacio permanente de diálogo, cooperación e intercambio de saberes y experiencias comprometido con el derecho de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental en Puerto Rico.

Los integrantes de la Red de Transparencia son Espacios Abiertos, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, Centro de Periodismo Investigativo, Agenda Ciudadana, GFR Media, Abre Puerto Rico, Sembrando Sentido, Sin Comillas y la Lcda. Ivonne Lozada.

Anteriormente, el principal oficial financiero del Gobierno y secretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, informó mediante comunicado de prensa que “como parte de la política pública de la transparencia y acceso a los documentos públicos relacionados a los planes fiscales del Gobierno de Puerto Rico al amparo de la Ley Promesa, se estableció un procedimiento uniforme para las solicitudes de acceso a la información pública en cuestión.”

“El pueblo merece conocer cuáles son los planes de desarrollo para Puerto Rico que impulsa el gobernador Ricardo Rosselló Nevares. Nuestra administración implementa unos proyecto de transformación gubernamental y económica que han comenzado a dar resultados significativos para encaminar a la isla en su estabilidad fiscal”, expresó Maldonado Gautier en declaraciones escritas.

Asimismo, Maldonado explicó que “el protocolo de acceso a los documentos públicos relacionados a los planes fiscales del Gobierno es el siguiente:

  • El propósito del presente documento es (i) establecer un procedimiento uniforme para fines del manejo de las solicitudes de acceso a información pública relacionadas a los Planes Fiscales del Gobierno de Puerto Rico al amparo de la Ley PROMESA; y (ii) garantizar el acceso a información pública sobre el tema en cuestión a la ciudadanía puertorriqueña en cumplimiento con la política pública de transparencia gubernamental.
  • Toda solicitud de información pública relacionada a los Planes Fiscales del Gobierno de Puerto Rico al amparo de la Ley PROMESA será cursada a la Oficina del Principal Oficial Financiero del Gobierno de Puerto Rico (OCFO).
  • Toda solicitud de acceso a información pública será cursada por escrito a la siguiente dirección de correo electrónico: docplanfiscal@ocfo.pr.gov. La solicitud incluirá la siguiente información mínima sobre el solicitante: Nombre y Apellidos del Solicitante o de la Entidad Solicitante, Dirección de Correo Electrónico, Número de Teléfono. La solicitud identificará específicamente el título o clasificación de los documentos solicitados de manera particularizada con el fin de que la OCFO pueda, de la faz de la solicitud, identificar la naturaleza de los documentos solicitudes. El presente Protocolo no cubre documentos que no se originan, conservan o custodian en el curso ordinario de los negocios del Gobierno de Puerto Rico.
  • La OCFO no considerará ni evaluará solicitudes de información pública que no sean notificadas a la dirección de correo electrónico aquí incluida. Bajo ningún concepto se atenderán solicitudes mediante mensajes de textos, WhatsApp, Telegram y/o comunicaciones de naturaleza informal.
  • Una vez recibida la solicitud, la OCFO contará con un término de diez (10) días laborables para fines de evaluar la solicitud y determinar si los documentos solicitados son de naturaleza pública o si, por el contrario, están cobijados por algún privilegio evidenciario reconocido en Puerto Rico. El término aquí señalado es de cumplimiento estricto y el mismo podrá ser extendido por la OCFO, con previa notificación a la parte solicitante.
  • Expirado el término de diez (10) días laborales, la OCFO le cursará un correo electrónico al solicitante informándole sobre la determinación realizada en relación a la solicitud. En dicha notificación se expresará la posición de la OCFO con relación a la naturaleza de la información solicitada. De denegarse la solicitud, la OCFO expresará las razones legales para la denegatoria, incluyendo pero no limitándose a la invocación de un privilegio evidenciario reconocido.
  • De aprobarse la solicitud, la información se suministrará por correo electrónico.”




Raúl Maldonado insiste en que no recortarán pensiones

El principal oficial financiero del Gobierno de Puerto Rico y secretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier. (Yoel Parrilla/CB)

El principal oficial financiero del Gobierno de Puerto Rico y secretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, rechazó el jueves, el recorte de 10 por ciento a las pensiones de los empleados públicos, al tiempo que anticipó que buscarán recortes mayores en los gastos del gobierno para evitar afectar a los retirados.

“Pensamos que la alternativa que le estamos dando, que es recortar servicios profesionales (y) consolidar agencias, es mucho más tangible, (y) la podemos medir más fácilmente”, dijo Maldonado a periodistas.

El funcionario destacó que no hace sentido quitarle fondos a los pensionados.

“La Junta (de Control Fiscal) se sostiene en su posición. Pero la realidad es que esto es gobernanza del gobernador Ricardo Rosselló y una política pública que vamos a establecer. Por otro lado, no hace ningún sentido económico afectar a los más vulnerables. Es quitarle dinero a unas personas que realmente tienen una necesidad económica en este momento”, dijo.

“Si hacemos recortes, haremos recortes en servicios profesionales, consolidando agencias, pero nunca haremos recortes quitándole la pensión a las personas que están retiradas”, expuso.

Maldonado manifestó que el servidor público “tiene que estar tranquilo” debido a que el gobernador seguirá “dando la pelea” para evitar el corte a las pensiones. ” Yo tengo presupuestado ya $2.4 mil millones para pagar las pensiones, no solo lo de los empleados públicos del gobierno central, sino los empleados municipales, incluyendo el Bono (de Navidad)”, sentenció.

Mientras, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez adelantó que no dará paso a ninguna legislación que promueva un recorte a las pensiones de los empleados públicos.




Ultimátum de Jaresko para que se entreguen los estados financieros del 2016

La junta de control fiscal le recordó el miércoles, por cuarta vez, al principal oficial de finanzas del Gobierno y secretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado que debe finalizar y presentar los estados financieros auditados para el año fiscal 2016.

Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la junta, dijo
que el ente, creado a través de la Ley Promesa para fiscalizar las finanzas del
gobierno, entendía que había dos asuntos sin resolver que impedían que se
terminaran los estados financieros auditados del 2016, pero que el compromiso
era presentarlos para el 31 de marzo de 2019.

“Debido al continuo retraso y la necesidad de
completar ésta y las auditorías para los años fiscales 2017 y 2018, de manera
que se pueda comenzar a trabajar a tiempo con la del 2019 para presentarla
dentro de los 180 días después de terminado el año fiscal, cumpliendo así con
las mejores prácticas, por favor infórmenos de la ruta y días necesarios
para completar los estados del fiscal 2016. Es decir, cuándo se resolverán los
dos asuntos pendientes o si no se resolverán, se tendrán en cuenta como están,
para poder completar esa auditoría, si es necesario, con las anotaciones
apropiadas “, dijo Jaresko en la carta.

Los acreedores del gobierno han estado presionando para que publiquen los estados financieros auditados. La falta de estados financieros auditados es la razón principal por la que Puerto Rico es acusado de falta de transparencia y deshonestidad.

Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la junta, dijo
que el ente, creado a través de la Ley Promesa para fiscalizar las finanzas del
gobierno, entendía que había dos asuntos sin resolver que impedían que se
terminaran los estados financieros auditados del 2016, pero que el compromiso
era presentarlos para el 31 de marzo de 2019.

“Debido al continuo retraso y la necesidad de
completar ésta y las auditorías para los años fiscales 2017 y 2018, de manera
que se pueda comenzar a trabajar a tiempo con la del 2019 para presentarla
dentro de los 180 días después de terminado el año fiscal, cumpliendo así con
las mejores prácticas, por favor infórmenos de la ruta y días necesarios
para completar los estados del fiscal 2016. Es decir, cuándo se resolverán los
dos asuntos pendientes o si no se resolverán, se tendrán en cuenta como están,
para poder completar esa auditoría, si es necesario, con las anotaciones
apropiadas “, dijo Jaresko en la carta.

Los acreedores del gobierno han estado presionando para
que publiquen los estados financieros auditados. La falta de estados
financieros auditados es la razón principal por la que Puerto Rico es acusado
de falta de transparencia y deshonestidad.

Jaresko solicitó la política pública instituida para
el cierre de los libros del año fiscal 2019 y el calendario de preparación de
documentos para el informe financiero anual (Comprehensive
Annual Financial Report – CAFR) fiscal 2019.

“El finalizar las auditorías vencidas y la
implementación de un proceso que garantice las mejores prácticas en la emisión
de los estados financieros auditados en el futuro es un elemento crítico de la
responsabilidad fiscal. Le pedimos que proporcione una respuesta a nuestra carta
y un informe de estatus para el viernes, 12 de abril de 2019”, sentenció.

Jaresko solicitó la política pública instituida para
el cierre de los libros del año fiscal 2019 y el calendario de preparación de
documentos para el informe financiero anual (Comprehensive
Annual Financial Report – CAFR) fiscal 2019.

“El finalizar las auditorías vencidas y la implementación de un proceso que garantice las mejores prácticas en la emisión de los estados financieros auditados en el futuro es un elemento crítico de la responsabilidad fiscal. Le pedimos que proporcione una respuesta a nuestra carta y un informe de estatus para el viernes, 12 de abril de 2019”, sentenció.

Esta no es la primera vez que el gobierno se retrasa en la presentación de estos informes.

En el año 2016, un grupo de representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) presentaron una medida para obligar al secretario de Hacienda a publicar, no más tarde del 1 de diciembre siguiente al cierre del año fiscal, los Informes Financieros Anuales Auditados del Gobierno de Puerto Rico, ante la situación creada durante la administración del gobernador Alejandro García Padilla por el retraso en la presentación de dichos informes para los años 2013 y 2014. La legislación nunca fue aprobada.




Principal Oficial Financiero de Puerto Rico revisará salarios de contratos del gobierno

Raúl Maldonado, el ahora jefe del gabinete del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, comenzará a medir cuán adecuado es cada contrato del gobierno mientras evalúa la necesidad de que contratistas externos realicen trabajos.

“Vamos a ver la tarifa por hora y compararla con lo que se cobra en Estados Unidos por industria, y si paga más, el secretario de la agencia tendrá que justificarlo”, respondió Maldonado, quien también es Secretario de la Gobernación, a preguntas de CB en Español sobre el proceso de contratación del gobierno.

Desde el comienzo del año fiscal, existen aproximadamente 11,432 contratos registrados con el gobierno en la Oficina del Contralor. Una lista de contratos desde el 1 de julio de 2017 hasta el 26 de junio de 2018, compilada por un consultor de gestión jubilado y publicada en las redes sociales, revela que el gobierno adjudicó 89,514 contratos de servicios y más de 3,390 contratos de consultoría durante ese período. Este último ascendió a $326 millones. Wapa Televisión informó que desde el inicio del año fiscal 2018, el gobierno ha firmado más de 400 contratos para servicios de relaciones públicas y medios, por un total de más de $400 millones.

Secretario de la Gobernación negocia intercambios para centralizar sistemas del gobierno

El 3 de julio, la junta de control fiscal anunció modificaciones a su política de revisión de contratos gubernamentales, que ahora incluye que todos los contratos superiores a $10 millones deben ser revisados ​​por la junta antes de darles el visto bueno. El ente rector ya ha rechazado algunos contratos.

Sin embargo, el plan fiscal del gobierno establece que el Principal Oficial Financiero debe certificar y controlar todos los contratos y facturas del gobierno. Maldonado no especificó cuándo comenzaría el nuevo procedimiento de supervisión de contratos.

El también Secretario de la Gobernación señaló que revisará la necesidad de contratistas externos para entonces favorecer el uso de recursos internos. “La UPR tiene excelentes académicos que se pueden utilizar en muchas áreas”, dijo.

Por otro lado, Maldonado dijo que el alto costo de los contratos, especialmente para los consultores, debería disminuir a medida que el gobierno firma acuerdos de reestructuración de deuda con los diferentes acreedores. “Podemos evitar litigios innecesarios y gastos en consultores”, dijo.




Principal Oficial Financiero de Puerto Rico se encargará de los presupuestos del gobierno

La Oficina del Principal Oficial Financiero (CFO, en inglés) no solo será el nervio central de las decisiones financieras del gobierno y el cumplimiento del plan fiscal, sino que también pondrá en marcha esfuerzos para detectar delitos económicos y en septiembre comenzará la reingeniería de ciertas agencias gubernamentales para estabilizar sus finanzas y obtener fondos federales.

El CFO también supervisará todas las compras del gobierno ya que el jefe de la Administración de Servicios Generales, Ottman Chávez, será uno de los funcionarios que se unirá a la oficina.

CB en Español se reunió con el Principal Oficial Financiero, Raúl Maldonado (quien también es el secretario del Departamento de Hacienda), quien dice que ahora está pasando más tiempo en su nueva oficina en La Fortaleza porque esta ubicación le otorgará un mejor acceso a los jefes de las agencias.

Debido a las disputas presupuestarias entre el gobernador y la junta de control fiscal, Maldonado todavía no estaba seguro sobre el presupuesto del CFO, pero dice que ha solicitado $5 millones para las operaciones. Dentro de los 60 días, el CFO espera contar con un estimado de 40 trabajadores, compuesto por consultores en las áreas de financiamiento, compras y recursos humanos, que vendrán de las diferentes agencias que regularán.

¿Qué hace el CFO? La oficina se asegurará de que las agencias cumplan con el plan fiscal, preparen informes mensuales y trimestrales sobre ingresos y presupuestos, y ayuden a las agencias a corregir las deficiencias operacionales. Por primera vez, todas las agencias tendrán una entidad supervisando sus acciones que también tendrá el poder de intervenir y hacer correcciones.

Gobierno busca que municipios reembolsen pagos de pensiones

Durante el fin de semana, la junta de control fiscal felicitó al gobierno por proporcionar ciertos informes de presupuesto y nómina. La directora ejecutiva, Natalie Jaresko, expresó que presentar informes puntuales era un paso hacia la transparencia.

“Por primera vez en la historia financiera de Puerto Rico, todas las decisiones financieras de las agencias estarán centralizadas. Esto es muy importante porque el plan fiscal tiene iniciativas que permean a todas las agencias. Es decir, los ahorros deben estar en todas las agencias. Administrar el efectivo y los desembolsos de los presupuestos son asuntos que involucran a todas las agencias, y la idea del CFO es que una sola entidad ayude a todas las agencias a cumplir con el plan fiscal. Creo que ese es el objetivo principal”, indicó.

Si las decisiones financieras se canalizan a través del CFO, ¿cómo va a hacer que el gobierno sea más ágil? “El CFO canalizará la ejecución del plan fiscal. Las agencias deberán cumplir con todas las medidas del plan fiscal y el director financiero será el alma de la ejecución operativa, que ayudará a las agencias a cumplir con el plan fiscal. En términos simples, si veo que una agencia necesita recursos para cerrar sus libros, les asigno los recursos y los ayudo a cerrar los libros, para que puedan cumplir. La idea es llenar las lagunas operacionales pero, al mismo tiempo, corregirlas. Si veo que un proceso necesita ser corregido, lo hago para asegurar que la agencia tenga un sistema de clase mundial”, señaló.

En ese sentido, el CFO tendrá el poder de realizar cambios en las agencias independientemente de lo que diga la ley de sus estatutos. La oficina también tiene el control de los recursos financieros, compras y recursos humanos de todas las agencias, que se unirán a la oficina para ejecutar su trabajo.

El CFO, sin embargo, no tendrá jurisdicción sobre las corporaciones públicas, pero el gobierno está evaluando la ley para cambiar eso. Tampoco tendrá jurisdicción sobre los consultores contratados por la junta de control fiscal, aunque es una entidad territorial que ya gastó millones en servicios profesionales.

Esa es la razón por la que Maldonado dijo que los consultores de la junta de control fiscal no deberían revisar el trabajo del CFO, sino trabajar junto con su oficina para garantizar el cumplimiento de los planes fiscales. “Mi petición a la junta de control fiscal es que sus asesores trabajen con nosotros, no revisar nuestro trabajo, sino ayudarnos a ejecutar el plan fiscal. La junta tiene excelentes consultores. Prefiero que trabajen con nosotros porque nosotros [el gobierno] somos los que les pagamos de todos modos”, dijo Maldonado.

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Desde ahora hasta diciembre, el CFO se integrará lentamente con cada agencia. Su primer gran proyecto será pasar todo un mes con el Departamento de Salud, en septiembre, ayudándolos con sus finanzas y facturación porque deben cumplir con ciertos requisitos para obtener fondos federales. Posteriormente, abordará el Departamento de Familia, el Negociado de la Policía, el Departamento de Corrección y la Administración de Servicios de Salud Mental. También enviará personas al Negociado de Ciencias Forenses para ayudar a estabilizar sus finanzas.

A medida que el número de agencias disminuya a 40 de 110 en los próximos cinco años, el trabajo del CFO será más fácil. El CFO ayudará a las agencias a cumplir con los informes presupuestarios mensuales y trimestrales para el plan fiscal y lograr la transparencia al publicarlos. “Vamos a hacer público cómo cada agencia está trabajando en comparación con el plan fiscal”, dijo. Si una agencia no cumple con los objetivos del plan fiscal y gasta más de lo que se requiere, Maldonado dijo que “el presupuesto de la agencia se reducirá. Tendremos el mecanismo para hacer que cumplan”.

En un esfuerzo por ayudar con el cumplimiento, el gobierno establecerá un sistema financiero unificado, cuya implementación fue demorada por el huracán María. “Nos llevará 18 meses implementar el sistema, para que todas las agencias puedan comunicarse”, dijo Maldonado.

Al mismo tiempo, un equipo de auditores está trabajando para completar los estados financieros del gobierno auditados del 2016 y comenzar el proceso con los estados financieros auditados del 2017.

También está trabajando en un programa con la Policía, Hacienda y Justicia para detectar transacciones inusuales y delitos económicos, como el lavado de dinero en el sector privado.

Junto a Maldonado en la oficina del CFO se encuentra Francisco Peña, quien se encargará de centralizar cientos de cuentas del gobierno sirviendo como un tesorero virtual para todas las agencias. Omar Rodríguez supervisará las auditorías y las agencias completarán sus informes, y Chávez gestionará las adquisiciones como parte del CFO.

En cuanto a las adquisiciones, Maldonado dijo que habrá un sitio web de proveedores que permitirá a las agencias realizar compras. “A los proveedores se les pagará dentro de los 30 días, siempre que nos den un descuento. El gobierno ahorrará dinero y los proveedores podrán obtener préstamos de los bancos que [anteriormente] no podían obtener porque el gobierno tardó mucho tiempo en pagar”, expresó.

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