Encuesta revela riesgo cibernético figura entre principales preocupaciones de empresas

(Darwin Laganzon/Pixabay)
(Darwin Laganzon/Pixabay)

El riesgo cibernético figura entre las primeras cinco preocupaciones de las organizaciones y empresas, esto a pesar de que la mayoría de sus líderes se mantienen ajenos a las gestiones sobre prevención y manejo de ataques a los sistemas informativos de las compañías, reveló la Encuesta de Percepción del Riesgo Cibernético 2019, realizada por la firma Marsh, líder global en consultoría de riesgos y seguros, en conjunto con Microsoft.

El estudio recoge la visión de riesgo cibernético de más de 1,500 empresas a nivel mundial, 531 de ellas, localizadas en Latinoamérica.

De acuerdo con la encuesta, hoy día cerca del 80 por ciento de las organizaciones colocan el riesgo cibernético entre sus cinco principales preocupaciones, en comparación con el 62 por ciento reflejado en una encuesta similar hecha en 2017. Sin embargo, solo el 11 por ciento expresó un alto grado de confianza en su capacidad para evaluar las amenazas cibernéticas, prevenir ataques, y responder a estos con eficacia. En este renglón hubo una baja, con relación a la estadística presentada hace tres años, que fue de 19 por ciento.

La encuesta reveló que la gestión estratégica del riesgo cibernético continúa siendo un desafío para las organizaciones, a pesar de ser un asunto de alta prioridad a nivel organizacional.

El estudio mostró además que nueve de cada 10 firmas, o un 88 por ciento de los encuestados, identifican a sus departamentos de tecnología y seguridad como responsables principales de la gestión para prevenir ataques cibernéticos.

A menor escala, casi dos tercios, o un 65 por ciento de las organizaciones encuestadas, identificaron a la alta gerencia y junta de directores como responsables de la gestión para disminuir el riesgo cibernético, seguidos por el área o departamento de manejo de riesgo con un 49 por ciento.

Según señaló el estudio, la discrepancia tiene que ver con el tiempo dedicado al tema. Apenas el 16 por ciento del grupo que componen la alta gerencia y junta directiva dedican más que unos días a la gestión de dicho asunto, mientras que más que la mitad (51 por ciento) dedican pocas horas o ningún tiempo al mismo.

De igual manera, las organizaciones continúan adoptando nuevas tecnologías, pero no están seguras de los riesgos que conllevan.

La encuesta reveló que el 77 por ciento de los entrevistados señalaron estar adoptando o haber adoptado computación en la nube (“cloud computing”), funciones, procesos automatizados y robóticos o de inteligencia artificial, pero solo el 5 por ciento dijeron que evalúan el riesgo cibernético durante la vida útil de la tecnología. El 11 por ciento afirmó no evaluar el riesgo en lo absoluto.

Por otra parte, la encuesta estableció que el 67 por ciento de la inversión en riesgo cibernético para los próximos tres años estará centrada en tecnología y mitigación, pero no en el conjunto de los elementos que crean resiliencia frente a esta situación creciente y cambiante.

“Las empresas están siendo cada vez más conscientes de este problema, pero todavía no están priorizando sus recursos en crear verdadera resiliencia, es decir, en identificar, cuantificar, mitigar, transferir y planificar su respuesta en caso de un incidente”, subrayó Kristina Evans, líder del equipo dedicado al Riesgo Cibernético de Marsh en Puerto Rico.

Evans destacó que la encuesta demuestra que el 64 por ciento de las organizaciones consultadas mencionan que uno de los principales detonantes para el incremento en la inversión para seguridad cibernética son los ataques de este tipo.

“La dura realidad a la que las organizaciones deben enfrentarse es que el riesgo cibernético no se puede eliminar. Por lo tanto, debe gestionarse de forma estratégica desde el primer nivel de la organización”, añadió la ejecutiva.

Por su parte, Joram Borenstein, gerente general de Cybersecurity Solutions Group en Microsoft, sostuvo que “en la era de la tecnología de transformación y las cadenas de suministro más interconectadas, las prácticas y la mentalidad de gestión del riesgo cibernético de ayer ya no son suficientes, y en realidad, pueden inhibir la innovación. Corresponde a los líderes senior centrarse en estos temas para el bienestar de sus organizaciones, clientes, empleados y más”.




Junta fiscal demanda tenedores de bonos del Sistema de Retiro

Ana J. Matosantos y David A. Skeel, Jr., miembros de la junta de control fiscal. (Juan J. Rodríguez/CB)
Ana J. Matosantos y David A. Skeel, Jr., miembros de la junta de control fiscal. (Juan J. Rodríguez/CB)

La junta de control fiscal (JCF), radicó el domingo, demandas contra tenedores de bonos emitidos por el Sistema de Retiro de Empleados (SRE) para recobrar aproximadamente 392 millones de dólares en pagos totales.

Las demandas tienen la intención de recobrar intereses y principal de bonistas grandes que tengan al menos 2.5 millones de dólares en bonos que el SRE nunca estuvo autorizado a emitir al público.

Estos bonos, según la JCF, los cuales fueron emitidos en el 2008, nunca se sometieron a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para aprobación.

“La Junta de Control Fiscal no pretende perseguir litigios de estas causas hasta que el tribunal determine si los bonos impugnados son, en efecto, inválidos. El pueblo de Puerto Rico no tendría por qué pagar por bonos que se emitieron ilegalmente”, dijo David Skeel, miembro del Comité Especial de Reclamaciones de la JCF en comunicación escrita.

“No obstante, ningún tenedor de cantidades menores de bonos tendrá que devolver ni principal ni intereses”, destacó.

Además, la JCF radicó demandas contra varias entidades para recobrar pagos efectuados por el SRE y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) que confligían con el Código de Quiebras de los Estados Unidos y las leyes de Puerto Rico.

“Las querellas le permiten a la JCF asegurar que unos 190 millones de dólares en pagos a suplidores fueron efectuados apropiadamente. Cada uno de los suplidores identificados recibió pagos de más de 2.5 millones de dólares sin un contrato válido, o los pagos no coinciden con sus respectivos contratos durante los cuatro años previos a mayo de 2017, cuando la JCF inició los procesos de ajuste de deudas bajo Promesa”, indicó el ente rector en declaraciones escritas.

“Al ir a los tribunales con estos reclamos estamos siguiendo las leyes de quiebra de los Estados Unidos y Puerto Rico”, dijo Skeel.

“Le debemos al pueblo de Puerto Rico asegurar que los pagos efectuados por el gobierno y sus entidades hayan sido apropiados, pero también entendemos las preocupaciones de los suplidores que están sujetos a estas acciones. Hemos decidido excluir los contratos pequeños de los procedimientos, ya que perseguir reclamaciones más pequeñas sería una carga demasiado pesada, particularmente si se compara con las cantidades que podríamos recobrar”, agregó.

“También estamos en vías de establecer un proceso informal para resolver estos asuntos con los suplidores fuera de los tribunales, si fuera posible, y para ayudar a los suplidores a clarificar qué pagos recibieron”, dijo Skeel.

“Las acciones legales no necesariamente implican que los individuos y entidades cometieron un crimen. Si un suplidor demuestra un fundamento apropiado para los pagos, la JCF desestimará la demanda”, señaló la junta.

La JCF radicó el 2 de mayo de 2019 demandas relacionadas a unos 250 pagos efectuados a suplidores y contratistas por parte del gobierno de Puerto Rico. La Junta se encuentra analizando pagos efectuados por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y podría recobrar esos pagos.




Afica emite nuevos bonos de inversión por primera vez en más de una década

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), Christian Sobrino Vega, anunció que el viernes 28 de diciembre, la Autoridad para el Financiamiento de Facilidades Industriales, Turísticas, Educativas, Médicas y de Control Ambiental de Puerto Rico (Afica) emitió $9 millones en nuevos bonos Afica para financiar la construcción y el desarrollo de una biblioteca, centro de ciencias y otras mejoras para la Escuela Baldwin de Puerto Rico.

Sobrino Vega destacó que los nuevos bonos de Afica no están garantizados por el Gobierno de Puerto Rico ni por ninguna instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico y que el pago de principal e intereses de dichos bonos provendrá únicamente de la institución educativa.

“Esta es la primera emisión de bonos de Afica desde diciembre de 2012 y la primera emisión Afica para nueva inversión desde principios de la década del 2000. Esto representa que Puerto Rico continúa recuperando la confianza del sector inversionista al estar dispuestos a comprometer capital en proyectos educativos de la isla. Así mismo, estamos muy complacidos de que esta emisión se realice para una entidad sin fines de lucro que promueve la excelencia académica”, expresó el director ejecutivo de la Aafaf y también Presidente de la Afica.

En torno a los mejoras de la escuela, Sobrino detalló que dichos bonos se utilizarán para la construcción y renovación del Centro de Innovación para estudiantes, que incluye laboratorios, tecnología y otros espacios de aprendizaje para los alumnos. Además, se desarrollará una biblioteca con recursos académicos, nuevos espacios para las reuniones de los estudiantes y la comunidad y tecnología multimedia para continuar innovando los métodos de aprendizaje.

Afica fue creada mediante la Ley Núm. 121 de 27 de junio de 1977, según enmendada, para emitir bonos y prestar el producto de la venta de dichos bonos para proporcionar financiamiento a proyectos elegibles, tal como se define en la Ley y las regulaciones de Afica. El propósito de esta entidad es promover el desarrollo económico, la salud, la educación, el bienestar y la seguridad de los ciudadanos de Puerto Rico. Afica no recibe calificación crediticia ya que actúa como un emisor conducto para el beneficio de entidades privadas.




Contesta grupo de GOs a la oferta del gobierno

Un grupo de bonistas de obligaciones generales (GOs) aseguró hoy que la oferta de reestructuración que presentó el gobierno de Puerto Rico “no es creíble” y lanzó un llamado a la administración de Ricardo Rosselló para que trabaje con los acreedores y evite un proceso bajo el Capítulo III de Promesa.

“La oferta del gobierno no es un punto de partida creíble para negociar. Dentro de sus muchos errores, se basa completamente en el plan fiscal del 13 de marzo, el cual viola Promesa”, manifestó Andrew Rosenberg, portavoz el grupo de bonistas ad hoc de GOs.

Por su parte, el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Gerardo Portela, manifestó que el gobierno continúa comprometido a lograr acuerdos de buena fe con los acreedores. Aseguró que se anticipa que las conversaciones continúen durante “las próximas semanas”.

No obstante enfatizó que esto solo será posible dentro de los parámetros del plan fiscal.

Sobre la oferta del gobierno, Portela dijo que busca “maximizar el recobro de los acreedores de una manera consistente con la meta de crecimiento económico de Puerto Rico”.

Gobierno publica su primera oferta a los acreedores

La propuesta del gobierno -con fecha del 24 de abril y que lleva por nombre “GO/Cofina Project Estado”- incluiría recortes de principal que podrían ir desde un mínimo de 48 centavos por cada dólar para (GOs), hasta un máximo de 70 centavos por dólar para los créditos más débiles.

El grupo de bonistas GOs -cuyo crédito recibe el mejor trato bajo la oferta- añadió que exhortan a la administración Rosselló a que busque una solución consensual “basada en una proyección financiera creíble” y que evite un proceso de reestructuración de deuda bajo el Capítulo III de Promesa. Esta última ruta, según Rosenberg, parece ser la intención de la junta de control fiscal.

“El gobierno ha tenido, y continúa teniendo, discusiones con acreedores, incluyendo, pero sin limitarse, al proceso de mediación con el juez retirado Allan Gropper”, sostuvo hoy Portela en declaraciones escritas.

Mientras, el grupo de GOs reiteró sus críticas al plan fiscal sobre el cual están anclados las proyecciones financieras del gobierno.

La oferta del gobierno -la cual fue publicada en la madrugada de hoy- se da a tan solo días de que culmine la suspensión de demandas, o “stay”, de Promesa el 1 de mayo. También se desconoce si la junta fiscal decidirá radicar casos bajo el Capítulo III de la ley federal para mantener el “stay”.

No obstante, el ente rector ya abrió la puerta para poder aprobar el inicio de casos bajo Capítulo III sin tener que convocar una reunión pública. De igual forma, recientemente dejó entrever en una carta a dos congresistas que el Capítulo III -o el proceso de reestructuración de deuda al amparo de un tribunal- sería inevitable toda vez que es la única forma de mantener un “stay” en las demandas, así como para reestructurar obligaciones no relacionadas a la deuda, tales como pensiones.

Junta abre la puerta al Capítulo III de Promesa