Junta fiscal acuerda extensión para que el Senado provea información sobre cuentas bancarias

La directora de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko anunció el lunes que le dio su visto bueno a una extensión solicitada por el Senado de Puerto Rico para proveer la información sobre las cuentas bancarias.

“Le damos la bienvenida a la decisión del Senado de encontrar una solución aceptable para cumplir con la petición de la Junta y unirse al resto de las entidades del Gobierno en este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. La transparencia es sumamente importante en este proceso de transformación”, dijo Jaresko en declaraciones escritas.

La acción del Senado ocurre luego de una demanda radicada por la Junta el pasado 14 de febrero de 2019, en un procedimiento adversarial bajo el caso de Título III del Estado Libre Asociado. En varias ocasiones, la Junta solicitó al Senado la información financiera, pero este cuerpo legislativo se negó a proveerla, según alegó Jaresko.

La información fue solicitada conforme a la Sección 104 (c)(2) de la Ley Promesa, que provee a la Junta el derecho de acceder a cualquier relevante del Gobierno de Puerto Rico.

“Esperamos que nunca tengamos que volver a gastar el dinero de los contribuyentes para exigirle a cualquier rama del Gobierno cumplir con proveer información necesaria para llevar a Puerto Rico hacia la transparencia fiscal”, dijo Jaresko.




AEE salda préstamo de $300 millones con el gobierno central

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) cumplió con el saldo al gobierno central del préstamo de $300 millones que le fue concedido en febrero de 2018 para añadirle liquidez financiera a la corporación luego de los huracanes Irma y María, se informó el jueves.

José Ortiz Vázquez, director ejecutivo de la AEE confirmó en comunicación escrita que “el pasado viernes, 8 de marzo de 2019 se cumplió con el pago de este préstamo que fue de vital importancia para darle estabilidad a la agencia, mientras se lograba estabilizar el servicio de energía eléctrica y restablecer el flujo de efectivo”.

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino Vega, indicó que el préstamo fue pieza clave para brindarle liquidez a corto plazo a la AEE en momentos donde el pueblo de Puerto Rico a penas se recuperaba del impacto de dos huracanes.

“Desde la AAFAF continuaremos trabajando mano a mano con la AEE para mantener la estabilidad fiscal de la corporación pública. Por tal razón, continuaremos monitoreando rigurosamente la liquidez de la AEE para proteger el servicio que se le ofrece a la ciudadanía”, explicó Sobrino Vega al expresar que este desembolso no impactó la liquidez del Gobierno.

La AEE pagó $9,050,000 millones por concepto de intereses, o el 5 por ciento.

Ortiz añadió además que “la Autoridad aún enfrenta retos financieros mientras continúa su transformación después de entrar en el proceso de Título III, bajo la ley Promesa. Agradecemos el apoyo financiero brindado por el Gobierno Central durante estos últimos dos años”, sostuvo el funcionario.




Junta fiscal pedirá al Tribunal Supremo revisar decisión sobre nombramientos de sus miembros

El presidente de la junta de control fiscal, José Carrión, anunció el jueves, que solicitará al Tribunal Supremo de Estados Unidos una revisión a la decisión del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito del pasado 15 de febrero de 2019, que determinó que los miembros de la junta tienen que ser nombrados en conformidad con la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de Estados Unidos.

La junta también solicitará una suspensión a la orden del Primer Circuito mientras el Tribunal Supremo considera la petición de recurso de certiorari de la junta.

“A la junta se le ha provisto con la responsabilidad de ayudar a Puerto Rico a alcanzar responsabilidad fiscal y poder acceder a los mercados de capital. La ley Promesa creó a la junta de control fiscal como una entidad dentro del gobierno de Puerto Rico y no del gobierno federal. Por lo tanto, la Cláusula de Nombramientos no aplica a los miembros de la junta. La mayoría de los miembros de la junta votó a favor de la apelación.

El proceso de nombramiento de Promesa estableció una junta bipartita, asegurando decisiones balanceadas para ayudar a que Puerto Rico se pueda recuperar y prosperar.

“La junta de control fiscal continúa su trabajo, velando por los mejores intereses de Puerto Rico”, expresó Carrión en comunicación escrita.




Junta fiscal deroga resoluciones presupuestarias de sobre $30 millones en gastos

La junta de control fiscal ha derogado 24 resoluciones presupuestarias que totalizan más de $30 millones en gastos porque no cumplen con el plan fiscal.

La medida se produce un día después de que el gobernador Ricardo Rosselló le expresara a un comité del Senado federal que los poderes de la junta de control fiscal debían definirse porque la entidad estaba entrometiéndose con las operaciones diarias del gobierno. Es la primera decisión de índole mayor luego de que la junta fuese declarada inconstitucional por el Tribunal Apelativo de Boston porque los nombramientos de sus miembros no cumplen con la disposición constitucional sobre nombramientos.

En una carta, la directora ejecutiva de la junta, Natalie Jaresko, dijo que la disciplina fiscal y los presupuestos responsables son salvaguardas importantes para la prosperidad de Puerto Rico.

El gobierno presentó recientemente varias resoluciones conjuntas a la junta de control fiscal pretendiendo autorizar más de $30 millones en gastos. “Ninguna de las apropiaciones o reprogramaciones contenidas en estas Resoluciones Conjuntas están contempladas en el presupuesto certificado para el Estado Libre Asociado para el año fiscal 2018 o 2019, tampoco fueron aprobados por la junta de control fiscal”, señaló.

La ley federal Promesa, dijo, otorga el poder de certificar presupuestos exclusivamente a la junta de control fiscal. Esta responsabilidad y la autoridad han sido confirmadas por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico y el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito.

Por otra parte, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos celebró que “una autorización de gastos del año anterior que no esté cubierta por el presupuesto es inconsistente con la declaración de Promesa de que el presupuesto certificado por la junta de control fiscal para el año fiscal está completo, y por lo tanto es anticipado por esa disposición legal por virtud de la Sección 4 de Promesa”, dijo Jaresko.

“En consecuencia, cada una de las Resoluciones Conjuntas es anulada e inválida”, agregó.

La junta solicitó que a más tardar el 8 de marzo de 2019 se provea información sobre desembolsos hechos por virtud de las resoluciones.




Gobernador anuncia permanencia de reglamento en protección de pacientes

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares, anunció el martes, que prevalece el reglamento en protección de los pacientes, pese a cuestionamientos iniciales de la junta de control fiscal.

Se trata del Reglamento 9063, aprobado al amparo de la Ley 47-2017 para brindar mayores protecciones a los pacientes en Puerto Rico.

“A pesar de que dicho reglamento fue inicialmente cuestionado por la Junta, nuestra administración realizó los esfuerzos necesarios para que los derechos de los pacientes fueran salvaguardados y protegidos, según lo ordena la Ley 47-2017 y su reglamento”, dijo Rosselló Nevares en comunicación escrita.

Explicó que la aprobación de la Ley 47 tuvo el objetivo de que los servicios de salud de los pacientes no se vieran afectados por discrepancias y divergencias de criterios entre las aseguradoras y los proveedores de salud.

Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), Christian Sobrino, informó que la Aafaf y la procuradora del Paciente, Edna Díaz de Jesús, presentaron al organismo creado por Promesa toda la información solicitada referente al Reglamento para Implementar el Procedimiento Sumario al Amparo de las Disposiciones de la Ley Número 47-2017.

“Luego de un proceso iterativo, la junta revirtió su determinación inicial y dio paso al reglamento. Dicha aprobación permite que la Procuradora del Paciente comience a implementar mecanismos de fiscalización que garanticen la calidad de los servicios que reciben los pacientes en Puerto Rico”, expresó Sobrino Vega.

Por su parte, Díaz de Jesús, indicó que “con la decisión de dicho ente, sin duda alguna, se favorecen a todos los pacientes, al validar un instrumento que garantiza y provee las herramientas necesarias para que el sistema de servicios de salud ofrezca un cuidado de calidad, seguro, eficiente y centrado en sus necesidades. Estoy satisfecha con la determinación y reitero que este reglamento dará dirección a las entidades aseguradoras y a los proveedores”.

Explicó que con la aprobación de este reglamento se le permite a la Oficina del Procurador del Paciente implementar mecanismos de fiscalización que garanticen la calidad de los servicios que reciben los pacientes en Puerto Rico. Un ejemplo de lo anterior es que se prohíbe que se le nieguen o dilaten la autorización de una hospitalización a un paciente, siempre que exista una recomendación médica basada en el criterio de necesidad médica.

De igual forma, mencionó que, de denegársele a un paciente su hospitalización o tratamiento en medio de una emergencia médica, el paciente podrá presentar una querella ante el Procurador del Paciente y el aludido Procurador tendrá un término no mayor setenta y dos (72) horas para adjudicar dicha querella.

Díaz De Jesús agradeció a todos aquellos que colaboraron en la elaboración de la Ley Núm. 47 y en el desarrollo del Reglamento 9063 y añadió que “esto ha sido un esfuerzo que unió voluntades con un mismo fin, dar transparencia a unos procesos y garantizar el derecho de los pacientes a recibir servicios de calidad”.




Gobernador nombra nuevos miembros a la junta de directores de Cofina

La oficina del gobernador de Puerto Rico en La Fortaleza anunció el jueves que el primer ejecutivo Ricardo Rosselló Nevares nombró a Daniel Heimowitz, Richard Kolman y Alexandre Zyngier a la junta de directores de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) con fecha de efectividad del 12 de febrero de 2019.

Según se anunció el 12 de febrero de 2019, el tercer plan de ajuste enmendado al amparo del Título III de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de 9 de enero de 2019 se convirtió en el primer plan de ajuste al amparo del Título III de la Ley Federal de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, en inglés) en ser confirmado y entrar en vigor.

“Poco después de entrar en efecto el plan de ajuste y luego de Cofina emitir cerca de $12,000 millones en bonos reestructurados de rentas del impuesto sobre ventas, la nueva junta de directores sostuvo su primera reunión y expresó su entusiasmo por ser parte de la reestructuración de la deuda de Cofina y de los esfuerzos de Puerto Rico por alcanzar una economía más resiliente, vibrante y fuerte”, indicó en declaraciones escritas.

La Fortaleza expresó que “además de cumplir con los estándares de independencia establecidos en la ley orgánica de Cofina —que requiere que ningún miembro de la junta sea oficial, empleado o director de ninguno de los componentes del Gobierno de Puerto Rico, que no sea la propia Cofina—  los nuevos miembros de la junta poseen las más altas credenciales y gozan de mucho respeto en Estados Unidos, por lo que aportan una gran experiencia y sofisticación en finanzas municipales a Cofina:

  • Daniel Heimowitz: el Sr. Heimowitz es el fundador y principal oficial Ejecutivo de Verify Financial, una empresa emergente que utiliza vistas de crédito, proporcionadas por pares en compañías de inversionistas institucionales, para mejorar las evaluaciones de crédito tradicionales. El Sr. Heimowitz cuenta con una carrera de más de 40 años en calificaciones de crédito de finanzas publicas y en la banca de inversiones y ha ocupado puestos en la alta gerencia de Moody’s, Lehman Brothers y RBC Capital Markets. A lo largo de su carrera, ha sido un participante activo del mercado de bonos municipales como miembro del Municipal Analyst Group of New York, la National Federation of Municipal Analysts y la Society of Municipal Analysts y como ex miembro del Government Accounting Standards Advisory Council y presidente del Municipal Forum of New York. Laboró en la Junta Reglamentadora de Valores Municipales (MSRB, en inglés) de 2012 a 2014 y presidió el MSRB en 2014.
  • Richard Kolman: el Sr. Kolman se ejerce en la actualidad como jefe del grupo de valores municipales y miembro del comité de operaciones de Academy Securities, un banco de inversiones propiedad de veteranos militares y discapacitados. Luego de una carrera de 25 años en Goldman Sachs, en 2007 el Sr. Kolman dejó su puesto como co-jefe del departamento de valores municipales en Goldman Sachs para desempeñarse como vicepresidente de la Municipal and Infrastructure Assurance Corporation hasta 2010, cuando se convirtió en director ejecutivo y jefe del grupo de valores municipales en US Bank. El Sr. Kolman dejó su puesto en US Bank en 2016 para asumir el rol que ostenta actualmente en Academy Securities. Ha laborado en el comité ejecutivo de la Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA) y en 2007 SIFMA le otorgó el premio honorífico a toda su carrera. Además, fue miembro de la MSRB de 1996 a 1999 y actualmente es miembro del comité ejecutivo municipal de la SIFMA. Por más de 15 años, el Sr. Kolman se ha desempeñado en el consejo de administración del East Side House Settlement, una organización de base comunitaria que da servicio al distrito de Mott Haven en el Sur del Bronx. Actualmente se desempeña como tesorero y presidente de la Finance Community.
  • Alexandre Zyngier: el Sr. Zyngier cuenta con más de 20 años de experiencia en inversiones, estrategias y operaciones. En 2013 fundó Batuta Advisors para dedicarse a las inversiones y la asesoría tanto en el mercado público como en el mercado privado. Posee una vasta experiencia desempeñándose en juntas de directores. Actualmente es miembro de las juntas de directores de Atari SA, Torchlight Energy Resources, Inc., AudioEye Inc., Applied Minerals, Inc. y ciertas otras entidades privadas. Anteriormente fue presidente de la junta de Vertis Inc., miembro de la junta de Island One LLC y presidente ejecutivo de DTV America Corporation. Poseé una Maestría en Administración de Empresas (MBA) con concentración en Finanzas y Contabilidad de la Universidad de Chicago y un Bachillerato en Ciencias con concentración Ingeniería Química de UNICAMP en Brazil.”



Entra en vigor el plan de ajuste de Título III de Cofina

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf) y la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) anunciaron que el tercer plan de ajuste enmendado al amparo del Título III de Cofina del 9 de enero de 2019, el cual fue confirmado por el Tribunal de Distrito federal para el distrito de Puerto Rico mediante una orden enmendada emitida el 5 de febrero de 2019, entró en vigor.

“Con esto se marca un hito, ya que es el primer plan de ajuste al amparo del Título III de la Ley Federal de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, en inglés) en ser confirmado y entrar en vigor”, indicaron.

“La emisión de bonos nuevos y otras transacciones que forman parte de la reestructuración proveen beneficios económicos claros para Puerto Rico. En el día de hoy Cofina reestructuró cerca de 24 por ciento de la deuda consolidada de Puerto Rico y se le ahorraron a Cofina más de $17,000 millones en servicio a la deuda. Los acuerdos implementados gracias al plan de ajuste proveerán al gobierno de Puerto Rico acceso a un promedio de $425 millones anuales durante los próximos 40 años, dinero que en el pasado era utilizado para pagar la deuda de Cofina”, expresaron.

“Conforme al plan de ajuste, Cofina emitió alrededor de $12,000 millones en nuevos bonos por concepto de ingresos del impuesto sobre las ventas conforme al plan de ajuste”, informó la junta de control fiscal en declaraciones escritas.

Además, la junta de control fiscal certificó, por consentimiento escrito unánime, el presupuesto en cumplimiento para Cofina para el año fiscal 2019. “El presupuesto incluye los fondos para cubrir los gastos operacionales pasados y futuros de Cofina. La certificación de cumplimiento y el presupuesto, los cuales fueron enviados al gobernador de Puerto Rico, están disponibles en la página de internet de la junta de control fiscal”, indicó el ente rector.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares indicó en comunicación escrita que “la salida de Cofina del Título III de Promesa es un paso importante para la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico, el regreso a los mercados de capital y sentar las bases de una economía más resiliente, vibrante y fuerte. El logro de hoy es prueba de que el gobierno de Puerto Rico puede alcanzar soluciones para reestructurar la deuda que salvaguardan los intereses del pueblo de Puerto Rico”.




García Padilla asegura acuerdo de Cofina valida que la deuda era impagable

El exgobernador Alejandro García Padilla expresó el martes que el acuerdo de reestructuración de deuda de la Corporación para el Fondo de Interés Apremiante (Cofina) valida sus comentarios hechos en el pasado de que la deuda era impagable.

“Aunque lo alcanzado con Cofina es un recorte tímido, el mero hecho de que sucediera hace que la historia nos de la razón a los que iniciamos esos procesos. Buscar un mecanismo de reestructuración de deuda fue una decisión correcta y necesaria. En cambio, la imposición que nos exigieran a cambio de darnos la capacidad de reestructurar, la Junta, ha probado ser ineficiente”, sostuvo en declaraciones escritas.

El exgobernador agradeció la creación de la ley federal Promesa que hizo posible que se llevara a cabo la reestructuración.”Con la libertad de quien no aspira a ningún cargo electivo, agradezco a los que en mi gobierno y en la administración del Presidente Barack Obama trabajaron en esa dirección. Igualmente, agradezco que el actual gobierno continuara el camino trazado, aún discrepando en algunas áreas”, declaró.

“Como dije hace ya más de tres años, la deuda según pactada era impagable y es necesario recortarla. Repito hoy lo que dije entonces: le daremos en herencia a nuestros hijos un país con menos deuda del que heredó mi gobierno”, dijo García Padilla.

“El acuerdo de Cofina tendrá que ser revisado y ampliado en unos años. Es demasiado generoso con los bonistas y deja un pagaré muy alto, aunque más bajo que lo que pactaron algunos gobiernos anteriores al mío. Es un punto de comienzo demostrando que dije la verdad: es necesario y es posible reestructurar y reducir la deuda”, señaló.




Anuncian confirmación del plan de ajuste de Título III de Cofina

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), Christian Sobrino Vega y la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) anunciaron el lunes que el Tribunal Federal de Distrito de Puerto Rico confirmó el Tercer Plan de Ajuste Enmendado de Título III de Cofina del 9 de enero de 2019.

“La exitosa confirmación del primer plan de ajuste conforme al Título III de la Ley Federal de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, en inglés) se da luego de la reciente reestructuración del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico conforme al Título VI de Promesa. Bajo el liderato del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, este acuerdo representa un logro significativo en la evolución del objetivo de política pública de Puerto Rico de alcanzar la responsabilidad fiscal y acceder a los mercados de capital”, indicaron.

El Plan de Ajuste de Cofina obtuvo el apoyo abrumador de los acreedores de dicha corporación. Los resultados auditados de la votación muestran que los tenedores de más de $14,500 millones de reclamaciones de bonos votaron en aceptación o se consideró que aceptaron el Plan de Ajuste de Cofina. Los votos a favor sobrepasaron por mucho los votos necesarios para confirmar el Plan de Ajuste conforme al Título III de Promesa.

Esta abrumadora aceptación —que fue expresada por muchos más bonistas y aseguradoras de los que suscribieron el acuerdo en apoyo al plan de Cofina— demuestra la unidad y el apoyo general de los diferentes inversionistas a la resolución del litigio de Cofina con el Gobierno de Puerto Rico, así como de los asuntos contenciosos entre acreedores.

El Plan de Ajuste de Cofina provee además beneficios económicos claros para Puerto Rico. Mediante el Plan de Ajuste, una vez entre en vigor, se reestructurará cerca de 24% de la deuda consolidada de Puerto Rico, y Cofina ahorrará más de $17,000 millones en servicio a la deuda.

Los acuerdos transaccionales incorporados en el Plan de Ajuste le darán al Gobierno de Puerto Rico acceso a un promedio de $425 millones anuales por los próximos 40 años —dinero que en el pasado se utilizaba para pagar la deuda de Cofina.

“La confirmación del Plan de Ajuste evidencia una vez más el compromiso del Gobierno de trabajar de cerca con la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, los acreedores y otras partes con interés para desarrollar soluciones sofisticadas, confiables y justas a los diferentes desafíos de reestructuración de Puerto Rico. La Asamblea Legislativa de Puerto Rico se unió a Aafaf (en representación del Gobernador) y jugó un rol crucial en la reestructuración de Cofina —la Asamblea Legislativa aprobó, y el Gobernador firmó, la legislación que viabilizó el Plan de Ajuste y los acuerdos transaccionales. El Gobierno espera continuar trabajando constructivamente junto a todas las partes con interés y adelantar los esfuerzos de reestructuración de la deuda en los próximos meses”, expresaron.




Junta fiscal y Comité de Acreedores no Asegurados objetan $6 billones de deuda inconstitucional

El Comité Especial de Reclamaciones de la junta de control fiscal anunció que, junto al Comité Oficial de Acreedores No Asegurados (Comité de Acreedores) en la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, han presentado una objeción a más de $6 billones de deuda en bonos de Puerto Rico.

Según se informó en una comunicación escrita, la objeción afirma que la Deuda Inválida fue emitida en clara violación a la Constitución de Puerto Rico y debe ser declarada nula y sin efecto.

“La junta de control fiscal y el Comité de Acreedores le han pedido a la juez federal que está supervisando el caso de la reestructuración de Puerto Rico que declare nula y sin efecto la Deuda Inválida, y a rechazar las reclamaciones de la Deuda Inválida bajo el Título III de Promesa”, indicó el ente federal.

Detallaron que el 13 de septiembre de 2017, el Comité Especial de la junta de control fiscal contrató a Kobre & Kim como un equipo investigativo independiente para llevar a cabo una investigación de la deuda de Puerto Rico y su conexión a la presente crisis fiscal. El Comité Especial describió la investigación como “una parte integral de la misión de la Junta para restaurar el balance fiscal y las oportunidades económicas, así como promover el regreso de Puerto Rico a losmercados de capital”. Luego de que Kobre & Kim publicara su informe de 600 páginas el 20de agosto de 2018, la junta de control fiscal designó el Comité Especial de Reclamaciones, compuesto por los miembros de la junta de control fiscal Andrew Biggs, Arthur González, Ana Matosantos y David Skeel, para investigar posibles reclamaciones que surjan del Informe de Kobre & Kim. El Comité Especial de Reclamaciones contrató a Brown Rudnick LLP para asistirle en ese proceso.

“La objeción presentada es la primera acción importante tomada por la junta de control fiscal como resultado de su concienzuda y exhaustiva investigación”, indicaron.

Asimismo, se informó que la junta de control fiscal y el Comité de Acreedores identifica más de 6 mil millones de dólares de Deuda Inválida como excediendo el límite constitucional de deuda del Artículo VI, Sección 2 de la Constitución de Puerto Rico. La Deuda Inválida incluye todos los bonos de obligación general—bonos respaldados por la buena fe y crédito de Puerto Rico—emitidos por Puerto Rico en el 2012 y 2014.

Separadamente, el Comité de Acreedores también alega que la Deuda Inválida viola el requerimiento de balancear el presupuesto en el Artículo VI, Sección 7 de la Constitución de Puerto Rico, porque los dineros procedentes de las emisiones de deuda fueron usados para financiar déficits. El Comité de Acreedores está representado por Paul Hastings LLP como abogados y Zolfo Cooper LLC como consultores financieros.