Entidades tendrán hasta el viernes para radicar sus reclamos contra el gobierno de Puerto Rico

La fecha límite para que las entidades puedan presentar las evidencias de sus reclamos (proof of claims, en inglés) contra el gobierno como parte del proceso de quiebra de Título III, será este viernes, 29 de junio a las 4:00 p.m.

Todas las entidades que radiquen las evidencias de sus reclamos contra más de un deudor en el proceso de quiebra de Título III deberán presentar cada evidencia por separado con respecto a cada uno, de acuerdo con los documentos judiciales.

“Todas las pruebas de reclamo deben (i) estar escritas en inglés o español; (ii) estar denominado en moneda legal de los Estados Unidos a partir de la fecha de inicio del caso correspondiente al Título III; (iii) establecer específicamente la base legal y de hecho para el reclamo afirmado; (iv) incluir una copia de la documentación de respaldo o, si dicha documentación es voluminosa, debe adjuntarse un resumen de dicha documentación o una explicación de por qué dicha documentación no está disponible; (v) incluir una firma original o electrónica de la entidad que reclame o un agente autorizado de cada ente; y (vi) se ajustan sustancialmente al Formulario de Evidencia de Reclamo aprobado por el tribunal “, señalan los documentos.

Las evidencias de los reclamos deben ser entregadas y recibidas por Prime Clerk, el administrador en los casos del Título III, a más tardar a las 4:00 p.m. Deben usar un formulario específico provisto para el caso en el sitio web de Prime Clerk.

Los acreedores que envíen sus comprobantes de reclamos deben enviarles un correo de primera clase al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Centro de Procesamiento de Reclamaciones, c/o Prime Clerk LLC, Grand Central Station, P.O. Box 4708, Nueva York, NY 10163-4708.

Si son entregados por un servicio de mensajería urgente, deberán enviarse al Centro de Procesamiento de Reclamaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico c/o Prime Clerk, LLC, 850 Third Avenue, Suite 412, Brooklyn, NY 11232.

Todas las pruebas de reclamos que se entreguen personalmente se pueden llevar a las siguientes ubicaciones: (a) Centro de Procesamiento de Reclamaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico c. Prime Clerk, LLC, 850 Third Avenue, Suite 412, Brooklyn, NY 11232, José V. Toledo Federal Building & US Courthouse, 300 Recinto Sur Street, San Juan, PR 00901; el Edificio MCS, Suite 222 A, 880 Tito Castro Avenue, Ponce, PR 00716-4732; el Edificio Federal Federico Degetau y el Juzgado U.S. de Clemente Ruiz Nazario, 150 Calle Carlos Chardón, San Juan, Puerto Rico, 00918-1767 u otros lugares enumerados por los deudores.

Alternativamente, las pruebas de reclamación pueden enviarse electrónicamente a través del sitio de gestión de casos de los Deudores en la siguiente dirección: https://cases.primeclerk.com/puertorico/EPOCIndex.

Prime Clerk no aceptará evidencias de reclamo por fax, telecopia o correo electrónico; siempre y cuando puedan enviarse a través del sitio web de Prime Clerk mencionado anteriormente.

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Las personas que no están obligadas a presentar pruebas de reclamación en o antes de la fecha límite son:

A. Reclamos Permitidos: Cualquier persona o entidad cuyo reclamo haya sido permitido previamente por una orden de este Tribunal ingresada en o antes de la Fecha de vigencia aplicable;

B. Reclamos pagados: cualquier persona o entidad cuyo reclamo fue pagado en su totalidad por un deudor, incluidos los reclamos pagados por un deudor después de la fecha de inicio de su respectivo caso de Título III;

C. Pruebas de reclamo ya presentadas: Cualquier persona o entidad que ya haya presentado correctamente un comprobante de reclamo, que se ajuste sustancialmente al Formulario de prueba de reclamo, en estos casos de título III ante el tribunal o los agentes de reclamos y avisos de los deudores;

D. Reclamaciones debidamente enumeradas y clasificadas en listas de acreedores: cualquier persona o entidad cuyo reclamo figura en una de las Listas de acreedores y el reclamo no figura como “disputado”, “contingente” o “sin liquidar”, o la persona o entidad no lo incluye disputar el monto y la naturaleza del reclamo según lo establecido en la Lista de Acreedores aplicable, y la persona o entidad no niega que el reclamo sea una obligación del Deudor;

E. Clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico: Clientes de la AEE en conexión con la disposición de sus depósitos o cualquier disputa individual de servicio o facturación

F. Reclamaciones de pensiones: con respecto a los beneficios de pensión y cualquier otro beneficio posterior a la jubilación, cualquier jubilado, empleado activo y ex empleado de un Deudor de Título III, incluido cualquier ex empleado de un Deudor del Título III que reciba una pensión anticipada, un incentivo financiero o otros beneficios provistos bajo la Ley Núm. 70-2010 o la Ley Núm. 211-2015 o leyes o programas similares, o cualquier persona que sea o participe en un plan de pensión administrado por un Deudor del Título III, y cualquier beneficiario de cualquiera de las personas

G. Reclamaciones de empleados sindicales o no sindicales: empleados representados o no representados por un sindicato, empleados despedidos o ex empleados para recibir beneficios de compensación y empleo, incluidos, entre otros, sueldos, salarios, beneficios médicos para empleados y/o beneficios de seguros o compensación para trabajadores reclamaciones; provisto, sin embargo, que las Reclamaciones de Compensaciones no incluirán reclamaciones afirmadas o que se afirmarán en cualquier pleito o procedimiento administrativo basado en una ley común, ley estatutaria o reglamentaria relacionada con agravios o no relacionados aun cuando dichos reclamos afirmen como daños un derecho a sueldos, salarios, beneficios médicos del empleado y/o beneficios del seguro;

H. Reclamaciones de los miembros de un sindicato individual: cualquier persona o entidad que tenga un reclamo limitado a obligaciones adeudadas según sus respectivos convenios colectivos de trabajo, incluidas, entre otras, quejas formales o reclamaciones derivadas de su relación laboral actual o anterior con el Estado.

I. Reclamaciones individuales de los titulares de bonos que surgen de bonos que no tienen un fideicomisario, agente fiscal, o agente similar o apoderado: cualquier persona o entidad que tenga un reclamo que se limite al reembolso del principal, intereses y cualquier otro importe que pueda surgir en virtud del acuerdo de fideicomiso respectivo o documento de fianza que no establece un fideicomisario, agente fiscal o agente similar o nominado que pueda presentar una evidencia de reclamo principal.

J. Reclamaciones individuales de los titulares de bonos cubiertos por la evidencia de reclamación principal sometida.

K. Reclamaciones de Prestamista de Crédito Individual: Cualquier persona o entidad que tenga un reclamo que se limite al reembolso del capital, intereses y otros honorarios y gastos, en la medida en que el agente relevante, si dicho agente exista, presente un Contrato de Crédito Prueba de Demanda Principal contra el Deudor correspondiente en la Fecha de la barra general o antes de esa fecha a cuenta de todas las reclamaciones del prestamista contra el Deudor correspondiente según el contrato de crédito respectivo.

L. Reclamos intergubernamentales: cualquier municipalidad, departamento o agencia de la Mancomunidad que no sea un Deudor o “instrumentalidad territorial cubierta” como se define en PROMESA, que presente un reclamo contra un deudor por un monto inferior a $ 200 millones.

M. Gastos administrativos: cualquier titular de un reclamo permitido según el Código de Quiebras.

N. Evidencias de reclamo con fechas límite separadas: cualquier titular de un reclamo para el cual este Tribunal ha fijado o ha fijado un plazo diferente; y

O. Reclamos Administrativos de Profesionales: Profesionales que afirman reclamos administrativos por honorarios y gastos sujetos a la aprobación del Tribunal de conformidad con Promesa.




Conglomerado bancario más grande de EE.UU. pasa la primera ronda de pruebas de estrés

El conglomerado bancario más grande de EE.UU. se encuentra bien capitalizado y podría continuar ofreciendo préstamos a individuos y corporaciones durante una severa recesión mundial, según los resultados de las pruebas de estrés o tensión financiera publicados recientemente por la Junta de la Reserva Federal.

Entre los que pasaron la prueba se encuentran Santander Holdings USA Inc., que tiene sucursales de Banco Santander en Puerto Rico, y Bank of America Corp., Citigroup, UBS Americas Holding y otros con oficinas en la isla.

El escenario hipotético más severo proyecta $578 billones en pérdidas totales para las 35 compañías tenedoras de bancos participantes durante los nueve trimestres examinados. El escenario “severamente adverso”, el más fuerte en las pruebas de resistencia de la Fed, es una recesión global severa con una tasa de desempleo en Estados Unidos que sube en casi 6 puntos porcentuales al 10 por ciento, acompañada de una “curva de rendimiento del Tesoro”.

El índice de capital de nivel 1 de capital común agregado de las empresas, que compara capital de alta calidad con activos ponderados por riesgo, caería desde un nivel real de 12.3 por ciento en el cuarto trimestre de 2017 a un nivel mínimo de 7.9 por ciento en el escenario hipotético de estrés. Desde 2009, las 35 firmas han agregado aproximadamente $800 billones en capital común tangible”, detalla el comunicado.

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El vicepresidente Randal Quarles agregó que “a pesar de un escenario difícil y otros factores que afectaron la prueba de este año, los niveles de capital de las empresas después de la hipotética recesión global severa son mayores que los niveles de capital reales de los grandes bancos en los años previos a la más reciente recesión”.

Varios factores afectaron los índices de capital luego de las pruebas de tensión financiera, expresó la Junta de la Fed.

“Los saldos de las tarjetas de crédito son generalmente más altos, produciendo mayores pérdidas bajo estrés, ascendentes a $113 billones este año. Además, los cambios recientes en el código de impuestos afectaron a las empresas y los efectos fueron diferentes en todas las compañías. Varias empresas tuvieron disminuciones inmediatas y únicas de sus coeficientes iniciales de capital debido a ciertas consecuencias contables de los cambios impositivos. La ley de impuestos también eliminó algunos beneficios contributivos que tendieron a aumentar los ingresos después de impuestos en momentos de estrés”.

Al explicar que el capital es esencial para “las organizaciones bancarias, el sistema financiero y la economía” porque puede “absorber pérdidas y ayudar a asegurar que las pérdidas recaigan sobre los accionistas”, la junta dijo que sus escenarios de estrés son deliberadamente estrictos, pero los resultados no son pronósticos o resultados esperados.

Esta es la octava ronda de pruebas de estrés de la Fed desde 2009 y la sexta ronda requerida por la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor promulgada por el presidente Obama en 2010 tras la crisis financiera de 2008.

Las 35 firmas examinadas este año representan alrededor del 80 por ciento de los activos de todos los bancos que operan en EE.UU. La Fed utiliza sus propias proyecciones independientes de pérdidas e ingresos para cada empresa.

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La recientemente aprobada Ley de Crecimiento Económico, Reforma Regulatoria y Protección al Consumidor ya no exige que las compañías con menos de $100 billones en activos consolidados se sometan a pruebas de estrés, incluidas las pruebas de estrés de la Ley Dodd-Frank y CCAR, dejando a un lado a CIT Group Inc., Comerica Inc. y Zions Bancorporation a partir de los resultados de este año.

El consejo dijo que “tendrá más información sobre la implementación de la nueva ley en una fecha posterior”.




Al Senado enmiendas a Ley de ADN

La Cámara de Representantes aprobó hoy el proyecto que enmienda la “Ley de Análisis de ADN Post Sentencia” para establecer que el periodo para presentar una moción de solicitud de análisis de ADN se contará a partir del momento en que el solicitante advenga en conocimiento de nueva evidencia.

Así lo dicta el Proyecto de la Cámara 1379, que enmienda el Artículo 4 de la Ley 246 para que, en lugar de contar el periodo de 12 meses “a partir de la vigencia de la ley” como establece el lenguaje, sea desde que el solicitante o su abogado conozca de información que pudiera sustentar la solicitud.

La medida inducida por el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, y el representante José Quiquito Meléndez, pasó el primer cedazo de la Legislatura a una semana de ser radicada. Méndez sentenció que la propuesta “hace justicia” a los reclusos que no han “ejercido su derecho”.

El presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez. (Juan J. Rodríguez/CB)

“Estamos actuando a la altura de nuestro juramento al país”, expuso el representante popular Luis Vega Ramos sobre la medida. “De propiciar un sistema donde la verdad siempre vaya primero, donde el no culpable tenga toda oportunidad razonable para probar esa no culpabilidad”, agregó.

Una enmienda adicional a la ley actual propone brindar al fiscal del distrito un término de 60 días para presentar una moción en oposición a la petición de análisis de ADN, en lugar de 30 días. Otra enmienda nueva dicta que el solicitante –o su abogado– deberá solicitar el traslado de la evidencia que no se encuentre en custodia del Negociado de Ciencias Forenses mediante una moción.

La controversia por la vigencia del estatuto captó la atención pública cuando salió a relucir que el Departamento de Justicia alega ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico que la Ley ya caducó, según la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, debido al término establecido en el Artículo 4.

“La base de toda sociedad está concentrada en que su sistema de justicia funciona”, puntualizó Méndez al sentenciar que la afirmación de la titular de Justicia, de que las peticiones de análisis de ADN aumentarían si no se controla el término original y que no habría fondos suficientes, es falsa.

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De ser aprobada en el Senado, la iniciativa legislativa pasaría al escritorio del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, quien adelantó la semana pasada que respaldaría la medida “como científico y funcionario público”. Añadió que el debatido término de 12 meses “es injusto para aquellos que podrían demostrar su inocencia con los avances de la ciencia, como lo son las pruebas de ADN”.

La “Ley de Análisis de ADN Post Sentencia” fue radicada ante la Asamblea Legislativa por primera vez en 2014. La objeción del Negociado instó un veto expreso del entonces gobernador, Alejandro García Padilla, por entender que “el Gobierno no posee los fondos para ejecutarlo” debidamente.

A pesar del veto, la medida fue presentada nuevamente y convertido en ley en 2015. De acuerdo a la exposición de motivos del P. de la C. 1379, “este estatuto ha permitido que varias personas [no culpables] que estaban cumpliendo sus respectivas condenas […] fueran puestas en libertad”.

Senado repudia discrimen en hospitales

Por otro lado, el Alto Cuerpo dio paso al Proyecto del Senado 335 de la autoría del portavoz de la minoría popular Eduardo Bhatia y el cual dispone que las salas de emergencia públicas y privadas no podrán negar sus servicios hospitalarios en casos de emergencia o mujeres de parto, “por razón de raza, color, sexo, edad, religión, condición socioeconómica u orientación sexual”, entre otras.

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Mientras, ninguna escuela pública o privada podrá discriminar contra aquellos estudiantes “que no cuentan con su certificado de vacunación al día” debido a su estatus migratorio. Ordena además a la institución realizar “todas las gestiones pertinentes” para que el estudiante pueda vacunarse.

“[Esta medida] da un espaldarazo a lo que es el principio fundamental de que aquella mujer [u] hombre que tenga que ir al hospital, que no se le pueda preguntar su estatus migratorio antes de ofrecerle ayuda, eso es un paso muy favorable para Puerto Rico”, resaltó Bhatia en un turno breve.

Entre algunos de los senadores que se unieron a la medida como coautores, destacan el senador independiente José Vargas Vidot, el independentista Juan Dalmau, y los novoprogresistas Henry Neumann, Larry Seilhamer, Miguel Romero, Carmelo Ríos, Migdalia Padilla y Ángel Martínez.

Mientras transcurría la sesión legislativa, se informó que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, presentó hoy la Resolución del Senado 583, que ordena investigar posibles violaciones a la Ley de Cannabis Medicinal ante posibles violaciones al estatuto convertido en ley el año pasado.




Rosselló respaldará enmiendas de la Legislatura a ley de pruebas de ADN

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares expresó el lunes su respaldo a no limitar el término que un convicto puede solicitar el amparo de la Ley 246-2015 conocida como “Ley de Análisis de ADN Post Sentencia”.

“Como científico y ahora como funcionario público he trabajado incansablemente porque los avances en la ciencia redunden en una mejor manera de gobernar y en que tengamos una sociedad más justa. El término jurisdiccional de 12 meses para presentar dicha moción al tribunal es injusto para aquellos que podrían demostrar su inocencia con los avances de la ciencia como lo son las pruebas de ADN. Por ello, respaldaremos que se enmiende este estatuto junto al liderato legislativo”, expresó el gobernador en un comunicado.

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Precisó que esta ley dispone un mecanismo jurídico para que aquellos convictos por ciertos delitos puedan solicitar que el tribunal ordene el análisis científico de ADN en aquellas piezas de evidencia que no fueron analizadas en el juicio en su contra o en evidencia nueva que haya surgido luego de la convicción.

Detalló que el estatuto, como fue firmado por el exgobernador Alejandro García Padilla, en su Artículo 4, dispuso un término jurisdiccional de 12 meses para presentar la moción al tribunal para realizar las pruebas.

El mandatario sostuvo que a tales efectos, se encuentra ante la consideración del Tribunal Supremo de Puerto Rico un caso en el que se alega que el término para solicitar un remedio post sentencia conforme a la Ley 246-2015 caducó, al no haber cumplido con el término establecido en el Artículo 4.




Estrenamos la Hellcat de las guaguas SUV

Siempre he dicho que los ingenieros de la división Street Racing Technologies (SRT) de Chrysler son seres con mentes tenebrosas. Ellos son los que se encargan de inventar con motores que ya de por sí son potentes para sacarles aún más fuerza y llevarlos a niveles demenciales de potencia. Toman vehículos que ya de por sí son rápidos y los transforman en misiles de cuatros ruedas.

Las obras más célebres de SRT son las versiones Hellcat del Dodge Charger y el Dodge Challenger, que tienen 707 caballos de fuerza. No contentos con eso, siguieron haciendo ajustes, y se las ingeniaron para extraerle aún más energía al motor Hemi del Challenger Hellcat y llevarlo hasta los 840 caballos. Equipado con esa bestia de motor el carro pasa a llamarse Demon.

El nuevo modelo Trackhawk de la Jeep Grand Cherokee está equipado con el mismo motor Hemi V8 de 6.2 litros con supercharger y 707 caballos de fuerza que tienen las temibles versiones Hellcat del Dodge Charger y el Dodge Challenger. (Andrés O'Neill/CB)

El nuevo modelo Trackhawk de la Jeep Grand Cherokee está equipado con el mismo motor Hemi V8 de 6.2 litros con supercharger y 707 caballos de fuerza que tienen las temibles versiones Hellcat del Dodge Charger y el Dodge Challenger. (Andrés O’Neill/CB)

El modelo que más recientemente cayó en las manos maquiavélicas de SRT fue la Jeep Grand Cherokee. Pues a estas mentes torcidas se les ocurrió instalarle a una cómoda guagua familiar de lujo nada menos que el mismo motor de los Hellcats, el monstruoso Hemi de 6.2 litros con supercharger y caballaje de 707. Equipada así, la guagua adquiere el nombre de Grand Cherokee Trackhawk, el halcón de la pista. Y aunque no le dieron el nombre de Hellcat, se puede decir con toda propiedad que es la Hellcat de las guaguas SUV.

Otra cosa puede decirse de la Trackhawk: es la guagua SUV más potente del mundo. No hay guagua de producción que supere sus 707 caballos de fuerza.

En estos días tuve acceso a toda esa potencia. Como parte de un evento de manejo para la prensa internacional, probé la Trackhawk en una larga ruta por Maine y el vecino estado de New Hampshire.

Los expresos de Maine tienen un límite de velocidad un poquito más alto que los de Puerto Rico: 70 mph. Para un vehículo ordinario es más que suficiente, pero para un monstruo como la Trackhawk (y su conductor), quedarse en las 70 o 75 es una tortura. A esa velocidad el Hemi simplemente comienza a ponerse en forma. Es cuando pide más presión del pie derecho, listo para dar muchísimo más. Bueno, como que su velocidad tope es de 180 mph. ¿No les dije que SRT crea misiles de cuatro ruedas?

Manejar un vehículo así en la carretera conllevó mucha mesura. Afortunadamente, parte del día de prueba fue en Club Motorsports, una pista recién construida en New Hampshire. Allí se manejó la Trackhawk sin riendas.

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Como muchos de los mejores autos deportivos, la Trackhawk tiene un sistema llamado “Launch Control”. Muy apropiado el nombre porque prácticamente es eso mismo: un sistema de despegue. Activado, permite un arranque casi perfecto de 0 a 60 mph. Con la compañía de un instructor, realicé esta prueba siguiendo sus órdenes: “Activa el sistema. Hunde el pedal de freno. Presiona el acelerador hasta el fondo”.

A este punto, el Hemi suelta un rugido que da miedo. Pero más terror da la acción instantánea que ocurre luego de la próxima instrucción: “¡Suelta el freno!”.

Al hacer eso, la Trackhawk libera unos niveles de potencia casi nucleares que la disparan hacia el frente y que pegan a uno contra el espaldar del asiento. En cuestión de un instante alcanza velocidades de tres dígitos y rápidamente sale la próxima orden del instructor: “¡Frena!”.

Frené y miramos el cronómetro en el panel de instrumentos: 3.8 segundos. O sea, un arranque de 0 a 60 mph de menos de cuatro segundos… ¡en una guagua de 5,500 libras y con tres personas a bordo! Es un numerito que definitivamente pertenece a la liga de autos exóticos.

Sí, definitivamente la Trackhawk es la Hellcat de las guaguas SUV.