PPD dejará en manos de cada legislador votación sobre Pierluisi

El portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández dijo el jueves que no habrá reglas de caucus para que los integrantes de la delegación voten sobre el nombramiento de Pedro Pierluisi como secretario del Departamento de Estado.

“Que cada cuál vote bajo su criterio. Una de las determinaciones que nosotros vamos a hacer hoy en nuestro caucus es que no va a haber votación para determinar cómo se va a expresar cada legislador. Cada legislador va a tener que efectuar su criterio y asumir su responsabilidad en cuanto va a ser su votación en cuanto al nombramiento. No hay una determinación de caucus”, dijo Hernández en entrevista radial (WKAQ).

Pierluisi juramentó el miércoles al mencionado cargo, luego que fuera nominado por el saliente gobernador, Ricardo Rosselló Nevares. De ser confirmado por ambos cuerpos legislativos, Pierluisi se convertiría en el sucesor de Rosselló Nevares, cuya renuncia es efectivo el viernes, 2 de agosto a las 5:00 de la tarde.

Hernández indicó que le enviaron una carta al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez para que se celebre una vista pública que estaría a cargo de la Comisión de Gobierno, presidida por el representante, Jorge Navarro.

“Solicitamos que la Cámara le de un proceso transparente, responsable de rendición de cuentas a la nominación de secretario de Estado. Yo creo que esto es un proceso que no se puede ver de un punto de vista partidista”, dijo el portavoz popular.

“Hay muchas dudas, hay muchas preguntas. Yo no quiero prejuzgar. Hay un sinnúmero de preguntas específicamente de lo que ha sido el desempeño de él en los últimos dos años y medio”, agregó Hernández ante las cuestionamientos que se han levantado por alegados conflictos de Pierluisi y su relación con la Junta de Control Fiscal (JCF).

La delegación del PPD tendrá una reunión de caucus a las 10:00 de la mañana. Para las 11:00 de la mañana habrá una sesión extraordinaria para que se dé por enterado sobre el nombramiento. Entonces, según detalló Hernández, la Comisión de Gobierno emitiría un informe para atender el nombramiento en la sesión del viernes.

La solicitud de una vista pública sobre la designación y al determinación de que cada legislador popular en ambos cuerpos vote bajo su criterio, se produjo en una reunión de la Junta de Gobierno de la colectividad, según informó el presidente, Aníbal José Torres.




Tatito Hernández urge comenzar proceso de residenciamiento para obligar renuncia de Rosselló

El portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático, Rafael “Tatito” Hernández Montañez. (CyberNews)
El portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático, Rafael “Tatito” Hernández Montañez. (CyberNews)

El portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD), Rafael “Tatito” Hernández Montañez exigió el miércoles al presidente Carlos “Johnny” Méndez Núñez  que convoque lo antes posible a los representantes para comenzar el proceso de residenciamiento, para forzar la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares.

“Exigimos al presidente que convoque y comience el proceso hoy. Ya nosotros estamos listos. El representante independiente (Manuel Natal Albelo) y el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP, Denis Márquez) también está listo, por lo que somos 17 votos. Lo que hace falta son 17 votos en el Partido Nuevo Progresista den el paso y eso obligaría al gobernador (a renunciar).

“Esto es un proceso que está diseñado para no hacerse -porque es bien lamentable el proceso- y dimita. Eso es lo que estamos buscando”, añadió.

El presidente cameral reunió al Caucus al mediodía del miércoles para discutir el resultado del informe encomendado a los abogados Francisco Reyes Caparrós, Luis Enrique Rodríguez Rivera y Enrique Colón Santana, el cual concluyó que hay al 5 delitos – 4 de ellos graves0 en el chat de la red de mensajería de Telegram, que administraba el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y otras 11 personas de su administración.




Cámara de Representantes aprueba con enmiendas el nuevo presupuesto para el año fiscal 2019-2020

(Suministrada)

La Cámara de Representantes aprobó, con enmiendas, la Resolución Conjunta de la Cámara 505, que atiende el presupuesto recomendado para el año fiscal 2019-2020 y asigna $9,188, 633 para el funcionamiento operacional de los programas y las agencias que componen la Rama Ejecutiva, Judicial y Legislativa.

“El pueblo de Puerto Rico no debe tener duda que seguirá recibiendo los servicios gubernamentales aún con la situación económica en que nos encontramos y con los retos que enfrentamos actualmente”, dijo en declaraciones escritas el presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico y “Promesa”, el representante Antonio “Tony” Soto Torres. Mencionó, además, que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no proveyó el estimado certificado de ingresos detallados.

Por otra parte, Soto Torres indicó que el presupuesto sometido del gobernador Ricardo Rosselló Nevares fue de $9,624 millones, mientras que el de la JSF es de $9,051 millones. La variación entre el monto recomendado por la JSF y el aprobado por la Cámara de Representantes es de $137 millones, para una diferencia de %1.51.

Como parte de las partidas presupuestarias, Soto Torres destacó $100 millones para el Departamento de Educación, y así “asegurar la transportación” de los estudiantes del Programa de Educación Especial. Además, $3.4 millones dirigidos al Negociado del Cuerpo de Bomberos para atender y fortalecer la partida de nómina, más de $21 millones para obras y mejoras permanentes para los Hospital Pediátrico Universitario. Así como $6.3 millones para materiales y suministros de Salud Correccional.

En cuanto a los fondos para entidades sin fines de lucro, el presidente de la Comisión dijo que restablecieron las asignaciones al Museo de Arte de Puerto Rico, el Museo de Arte Contemporáneo, el Taller de Fotoperiodismo, el Ballet Concierto, la Sociedad para Asistencia Legal, Servicios Legales de Puerto Rico y Pro Bono, entre otros.

Por su parte, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, reaccionó a las críticas de la minoría al sostener que es “un presupuesto confeccionado con austeridad y sin dejar a un lado a los menos aventajados”.

“Todos los que han hablado vinieron aquí (en cuatrienios pasados) a darle el voto a unos presupuestos descuadrados y la imposición de nuevos impuestos, salvo algunos que emitieron un voto explicativo… En una fecha histórica tuvimos una oportunidad fuera de este recinto… Se abrieron las puertas para que Puerto Rico tuviera acceso. Esta Administración no ha despedido a ningún empleado público y los chavos de los alcaldes están en la Resolución Conjunta de la Cámara 519”, argumentó Méndez Núñez.

El líder cameral puntualizó en el pleno que preparan “un presupuesto que no impone nuevas contribuciones y está balanceado.  En el presupuesto de país está el aumento de salario para los maestros, para la Policía, para los Bomberos. Está el aumento de salario para el personal de Ciencias Forenses y, adicional a eso, estamos asignando los recursos necesarios para que cada una de esas agencias pueda atender las necesidades de los más desprotegidos.  Esta no es la administración del ‘no se puede’, esta es la Administración de que ‘se puede’, pero con menos dinero y, más que todo, hemos hecho los ajustes necesarios en todas las agencias de gobierno de esta administración para ello”.

Por su parte, el portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD), Rafael “Tatito” Hernández, argumentó que “han aprobado cuatro resoluciones del Senado y de la Cámara repartiendo el mismo dinero”. Esto, al mencionar que el secretario de Hacienda le notificó a la Comisión que el dinero no estaba disponible.

Mientras, el representante Denis Márquez Lebrón, portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), opinó que “este nuevo presupuesto podría ser el acomodo razonable a la Junta de Control Fiscal”.  Al mismo tiempo, sostuvo que el presupuesto “está basado en el cometimiento a la voluntad de la Junta, y no responde a los intereses de este pueblo”.  

Como parte del debate, asumió un turno el representante Manuel Natal Albelo, quien expresó que pueden “hablar de los 96 millones de dólares que le recortan a la Universidad de Puerto Rico. En solo cinco años cerraron el 43 por ciento de las escuelas en Puerto Rico. Ahora que están entregando las escuelas en bandeja de plata, ahora tienen aumento en educación”.  




“Presupuesto simbólico” del gobernador es casi el mismo de la junta fiscal, dicen representantes populares

Los representantes del Partido Popular Democrático (PPD) Rafael “Tatito” Hernández, Jesús Santa Rodríguez, Jesús Manuel Ortiz y Javier Aponte Dalmau aseguraron el domingo que el presupuesto recomendado por el gobernador, Ricardo Rosselló, “es uno simbólico y básicamente igual al sometido por la Junta de Control Fiscal”.

“Perdimos la oportunidad como Legislatura de evaluar seriamente el presupuesto, y crear los fundamentos para enfrentar a la Junta de Control Fiscal. Como hemos dicho, y nos reafirmamos: Rosselló y la Junta son lo mismo, y los supuestos encontronazos son para las gradas”, subrayó Hernández Montañez durante conferencia de prensa. 

A su vez, aseguraron que Rosselló tiene las prioridades distorsionadas.

“El Presupuesto recomendado por el Gobernador demuestra claramente que no tiene como prioridad ni la salud, ni la educación, ni las instrucciones que brindan servicios a los sectores más vulnerables”, manifestó el representante Jesús Santa Rodríguez.

Asimismo, Santa Rodríguez señaló la falta de información y la no certificación de los datos provistos por parte del principal Oficial Financiero de la Administración. “El señor Raúl Maldonado no ha dado cara a esta Legislatura. Ciertamente, si sabía que hay otros asuntos muy serios que tiene que atender, como la investigación federal, pues entonces debió buscar los mecanismos para mitigar su ausencia, o simplemente renunciar, y dejar a otra persona a cargo”, sentenció Santa Rodríguez al tiempo que añadió que Maldonado no es el único funcionario del Gobierno que han brillado por su ausencia.

Mientras, el representante Jesús Manuel Ortiz denunció que “el incumplimiento del Gobernador con el calendario propuesto para trabajar el presupuesto provocó que el proceso de análisis en la Asamblea Legislativa fuera uno atropellado e insuficiente. El poco tiempo de análisis fue evidente, dada la poca participación de los jefes de agencia en la confección del presupuesto presentado por el Gobernador. Lo que sí queda claro es que ambos presupuestos, el de la Junta y el del Gobierno, fallan en asignar los recursos necesarios en áreas de servicios esenciales para la gente. Ese es el caso de Ciencias Forenses, Hospital Pediatrico y Universitario, servicios de Educación Especial, UPR, entre otros. Todo tiende a indicar que tendremos que lidiar en la marcha con los efectos que ambos presupuestos tendrán sobre los servicios básicos, tal y como sucedió el año fiscal corriente”, señaló Ortiz.

Por su parte, el representante Javier Aponte Dalmau cuestionó “la falta de conocimientos de los jefes de agencia en torno al presupuesto durante las vistas, y la no participación de sectores no gubernamentales en la confección del presupuesto. Aquí no contaron ni con el Colegio de CPA, ni con el Instituto de la Nueva Economía, ni con el Instituto de Estadísticas, ni con la Junta de Planificación, ni con las entidades sin fines de lucro, entre otras”, señaló Aponte Dalmau.




Delegación del PPD en la Cámara radica demanda contra la junta fiscal

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Rafael “Tatito” Hernández, y unos 15 legisladores de la cámara baja del Partido Popular Democrático (PPD) desafiaron el martes la constitucionalidad de la junta de control fiscal.

“La Junta hoy quiere gobernar, quiere legislar y quiere establecer la política pública en Puerto Rico sin ser electa democráticamente. Ese poder no lo tiene y no se desprende de ningún inciso de la Ley de Promesa. No estamos retando la Ley Promesa, estamos retando específicamente a la junta de control fiscal”, expresó Hernández en conferencia de prensa.

La demanda, que se presentará ante el Tribunal de Distrito de los EE.UU., presenta argumentos similares a los de una demanda separada presentada por el gobernador Ricardo Rosselló, que busca que la junta deje de imponer su propio presupuesto.

Además, los legisladores acusan a la junta de obligar a la legislatura a eliminar los beneficios laborales a cambio de no imponer su propio presupuesto.

“En medio de las audiencias de la Cámara, llegó una carta de la junta que decía que la derogación de la Ley de Despido Injustificado debía ser aprobada o de lo contrario la junta iba a eliminar los bonos de Navidad y otras cosas”, dijo el representante Luis Vega Ramos.

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Hernández recordó que cuando se iba a incluir el marco legal dentro de las cláusulas territoriales en la Ley Promesa, había alertado que la “mezcla de política y finanza es tóxica y se van a arrepentir”, y aseguró que el tiempo del dio la razón.

Hay tres argumentos constitucionales. Una de ellas es que la junta debe ser confirmada de acuerdo con la Cláusula de Nombramientos de la Constitución. Para un caso separado, la juez Laura Taylor Swain dijo la semana pasada que la junta estaba constitucionalmente nombrada. Vega Ramos dijo que el PPD estaba enfatizando en ese punto.

El representante dijo que otro argumento presentado es que Puerto Rico es una forma republicana de gobierno que contiene tres ramas del gobierno, cada una con sus propios deberes y responsabilidades y que los intentos de la junta de imponer políticas públicas violan la doctrina de la separación de poderes.

La juez Swain, sin embargo, ya ha dicho que el Congreso, en virtud de la Cláusula Territorial, tiene poderes plenarios sobre Puerto Rico, y que Promesa faculta a la junta para, entre otras cosas, aprobar los planes y presupuestos fiscales de Puerto Rico y sus instrumentos, anular las acciones ejecutivas y legislativas que son “inconsistentes con los planes y presupuestos fiscales aprobados, y comienzan un procedimiento de tipo bancarrota en una corte federal en nombre de Puerto Rico o sus dependencias”.




Representante del PPD denuncia supuestos esquemas de corrupción en la Guardia Nacional

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez solicitó el martes, al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, la destitución inmediata del ayudante general de la Guardia Nacional, el general Isabelo Rivera, “por su inacción y el mal manejo” de varias alegaciones sobre esquemas de corrupción en la Puerto Rico State Guard (PRSG), al igual que la expulsión del Brigadier general Edwin Rivera Malavé, el coronel Jesús “Nesty” Delgado, el coronel Jorge Santini y el mayor Héctor Vázquez.

“Tras trascender públicamente en los medios el mal manejo que el general Isabelo Rivera había realizado en torno a las alegaciones de uso ilegal de propiedad pública, exigí el resultado de las investigaciones y las acciones tomadas por este funcionario sobre denuncias que laceran la imagen de la milicia puertorriqueña. Sin embargo, no hubo respuesta alguna. Tras las expresiones que hice en aquel momento, comencé a recibir un sinnúmero de llamadas, declaraciones juradas, copias de nóminas, y la disponibilidad de varios testigos dispuestos a declarar sobre las irregularidades solapadas por la alta gerencia de la Guardia Nacional”, expresó el representante en conferencia de prensa.

Hernández Montañez mencionó que “detrás de la denuncia por el uso ilegal de propiedad pública, se escondían varios esquemas de corrupción mayores como los ascensos sin méritos, nepotismo, fabricación de casos, la obstrucción de investigaciones, el encubrimiento de ilegalidades, y fraude en nóminas, entre otros que deben ser revelados al país, y que colocan en total descrédito a la Guardia Nacional y a este Gobierno”.

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Algunos de los supuestos esquemas denunciados por el representante Hernández son:

1. Control del coronel Jesús “Nesty Delgado en la Puerto Rico State Guard (PRSG); Ascensos y nepotismo:

– Dado al ausentismo del máximo oficial de la Puerto Rico State Guard (PRSG), el general Edwin Rivera Malavé, toda decisión administrativa fue delegada sin reservas al coronel Nesty Delgado.

– Cabe señalar que el coronel Delgado ha ascendido vertiginosamente, pese a que no ha cumplido con el tiempo reglamentario para obtener su rango, ha recurrido a completar cursos por correspondencia, y no ha servido en el ejército activo.

– El coronel Delgado ha utilizado su cargo para ascender a sus más allegados, comenzado por su esposa. Aunque esta no tiene una carrera militar, fue ascendida y activada por el propio coronel Delgado, pasando por alto a personas con mayor preparación, y colocándola bajo su supervisión directa en un claro acto de nepotismo.

– Con la contratación de la esposa de Delgado, este matrimonio llegó a recibir ingresos de $128,000 dólares por los ocho meses de activación.

– De igual forma, el coronel Delgado ha elevado el rango de sus allegados y colaboradores, como el mayor Héctor Vázquez, mientras ha puesto obstáculos a otros que sí cuentan con las credenciales.

– El coronel Nesty Delgado también logró que lo nombraran como G3 y comandante del Grupo Aéreo, dos puestos de mando que van en contra de las regulaciones militares que evitan la concentración de poder en una sola persona.

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2. Uso ilegal de propiedad, fabricación de casos, obstrucción de investigaciones y encubrimiento de acciones ilegales:

– Durante la emergencia del huracán María, el mayor Héctor Vázquez, de la Unidad Aérea de PRSG desvió ilegalmente un generador eléctrico, propiedad de Puerto Rico State Guard (PRSG), para uso en una propiedad privada en Trujillo Alto. Éste ordenó el suministro diario, durante dos meses (del 4 de octubre al 4 de diciembre de 2017), de gasolina y alimentos a esta propiedad utilizando efectivos de la entidad.

– El mayor Vázquez inculpó al capitán Amado Zudaire de estos actos, situación que trascendió y llegó a conocimiento del coronel Jesús “Nesty” Delgado, quien decidió impedir y obstaculizar las investigaciones suscitadas tras las denuncias realizadas por varios subalternos.

– Esta pesquisa contaba con un investigador asignado, pero el coronel Jorge Santini le indicó a los subalternos que él era el único autorizado por la State Guard (PRSG) para manejar esto, más los instó a no contestar preguntas ni a entregar documentos a otra persona que no fuera él, en un claro intento de obstaculizar el curso de la investigación.

– No obstante, el coronel Gelabel Monserrate promovió la investigación de estas irregularidades y logró la asignación de investigadores, pese a la oposición del General Edwin Rivera Malavé quien insistía en que el ayudante general, el general Isabelo Rivera, no tenía que enterarse.

– Pocos días después de iniciada la investigación, el coronel Gelabel Monserrate recibió una amenaza de muerte mediante llamada telefónica que indicaba: “Si quieres seguir viviendo, para la investigación que se tiene en contra de Nesty.” El Número de Querella sobre esta amenaza es la 2018-1-166-768.

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3. Fraude en Nóminas:

– Las nóminas en la PRSG estaban a cargo del coronel Gelabel Monserrate. Sin embargo, al poco tiempo de declarase la emergencia, el general Isabelo Rivera transfirió el control de las nóminas al coronel Nesty Delgado.

– En ese entonces se infló el reclutamiento y la activación de oficiales de forma desproporcionada, en comparación con otras jurisdicciones de los Estados Unidos.

– El coronel Delgado asume el control absoluto de las nóminas del personal y utilizó esta nueva facultad para alterarlas y validar días que no se trabajaron. pero sí se cobraron. De la nómina de Delgado se desprende que éste aparece trabajando en la PRSG mientras se encontraba laborando en su oficina privada.

– Por otra parte, el coronel Delgado utilizó el pago de nóminas para ejercer presión sobre las personas que han cuestionado o promovido investigaciones en la entidad, incluido el propio coronel Gelabel Monserrate.

“El ayudante general de la Guardia Nacional, general Isabelo Rivera, le ha mentido a la prensa y al país. Por un lado, dijo haber expulsado al Mayor Héctor Vázquez y haberle enviado una carta de reprimenda al coronel Jesús “Nesty” Delgado, sin embargo, no hay evidencia de esta supuesta comunicación. Sólo se ha suspendido por un año al mayor Héctor Vázquez. No obstante, estos dos funcionarios se mantuvieron cobrando todo el tiempo y no fueron procesados para rendir cuentas por las acciones ilegales contrarias a las regulaciones militares y por las cuales se les señala”, manifestó el portavoz popular.

Ante esta situación, Hernández Montañez emplazó al gobernador Ricardo Rosselló a destituir inmediatamente al general Isabelo Rivera por su supuesta inacción y manejo de todas estas alegaciones, exigiéndole que promueva una investigación seria sobre los señalamientos en contra de cada uno de los implicados, y que éstos sean procesados en los foros estatales y federales hasta las últimas consecuencias.

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De igual forma, refirió estos esquemas al Inspector General de FEMA, a Fiscalía Federal, Chief of National Guard Bureau, general Joseph L. Lengyel, y a la Oficina de Ética Gubernamental. También, enviará este expediente al representante Pedro “Pellé” Santiago, quien tiene ante sí la Resolución de la Cámara 979 para investigar esta situación.

“Esto es una afrenta del general Rivera que, no sólo constituye violaciones a las regulaciones del ejército, sino que también expone nuevamente la credibilidad del Gobierno de Puerto Rico al escrutinio del Gobierno Federal luego de los escándalos de Whitefish y Tu Hogar Renace. Por esta razón, emplazamos al Gobernador a destituir inmediatamente al ayudante general Isabelo Rivera, y remover sumariamente al general Edwin Rivera Malavé, coronel Jesús “Nesty” Delgado, coronel Jorge Santini y Mayor Héctor Vázquez”, exigió el portavoz popular.




Representantes de todos los partidos cierran filas contra reforma laboral de la junta

Representantes de las tres delegaciones en la Cámara afirmaron hoy que no hay ambiente en la Asamblea Legislativa para dar paso a la propuesta de reforma laboral al sector privado que presentó hoy la junta de control fiscal y que busca reducir los beneficios de la clase trabajadora del país.

La junta fiscal presentó hoy su primer borrador de ley desde su creación mediante la ley federal Promesa hace cerca de dos años. La “Ley de Reforma Laboral de 2018” contiene muchas de las medidas que había anunciado como suyas el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, antes de retirarlas posteriormente.

Sin excepción, las medidas que atiende la Legislatura deben ser radicadas y endosadas por uno o más legisladores, incluyendo las que presenta el Ejecutivo o aquellas sometidas por petición de algún grupo o individuo, explicó el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Enrique “Quiquito” Meléndez.

La Cámara de Representantes en sesión. (Yoel Parrilla/CB)

A preguntas de este medio sobre si la junta fiscal podría obligar a algún legislador a firmar el proyecto para que llegue al hemiciclo de los cuerpos, Meléndez afirmó que no es posible, y agregó que “tampoco se puede obligar a votar a favor o en contra de la medida”.

“Cuando estábamos hablando de la posibilidad de una reforma laboral hace apenas unas semanas [propuesta por el gobernador], no había ningún ambiente. No vislumbro que haya ningún ambiente para esto”, detalló Meléndez a CB en Español.

El representante llamó la atención a que el organismo creado por el Congreso federal establece en su plan fiscal que la Asamblea Legislativa aprobará cualquiera de sus imposiciones, pero recordó que “los cuerpos legislativos no operan así”.

El problema con esta propuesta es que yo no veo de qué manera sea salvable, porque simplemente, con mi voto no se va a aprobar y no encuentro cómo nos pueden obligar. No hay forma en que puedan obligar a que se apruebe”, sentenció Meléndez.

La junta señala que el proyecto debe aprobarse en Cámara y Senado antes del próximo 31 de mayo. Sobre esto, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Rafael “Tatito” Hernández, enfatizó en que ningún legislador dará paso una medida que reduciría los beneficios de los trabajadores.

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“La Legislatura no le va a dar paso [a la reforma laboral]. Sencillamente se va a quedar como una medida radicada y no le va a dar paso. No hay ambiente. […] Puedes adjudicar desde ya que la Asamblea Legislativa, al 31 de mayo, no va a hacerlo”, planteó.

Ante este escenario, Meléndez sostuvo que la junta fiscal buscará la manera de “extorsionar” a la Legislatura con la posibilidad de que el presupuesto del gobierno –que debe entrar en vigor el 1 de julio– sufriría mayores recortes si no se avala la reforma laboral.

“Eso no es otra cosa que extorsión y tratar de ejecutar un golpe de Estado, porque ellos no tienen el poder electo para ejecutar nada. Nos pone de frente al Congreso, esto va a provocar una pugna que va a necesitar intervención congresional”, opinó el representante.

Por su parte, el representante independentista Denis Márquez exclamó que “la Asamblea Legislativa tiene la obligación de rechazar contundentemente esta amenaza de la junta” y sentenció que la única respuesta “digna y efectiva” es la confrontación directa al ente.

Según la junta, “existe una base razonable para concluir que la imposición obligatoria de beneficios marginales” impacta los salarios, reduce el reclutamiento de personal y trastoca las tasas de empleo, mas no cita estudio o análisis alguno para defender el planteamiento.

Con este preámbulo, el organismo impuesto bajo la ley federal Promesa daría paso a un aumento de 25 centavos en el salario mínimo para trabajadores mayores de 25 años. Sin embargo, el aumento escalonado hasta $8.25 estaría condicionado a que la tasa de participación laboral exceda de 55%. Actualmente, la tasa de participación laboral e  Puerto Rico es de 40%.

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Como había sugerido y defendido Rosselló Nevares antes de retirar su propuesta hace un mes, en el borrador del proyecto la junta fiscal propone la eliminación del bono de Navidad a partir de 2019, y reduce la acumulación de las licencias por enfermedad y vacaciones a siete días cada una.

Por otra parte, se deroga la “Ley de Despido Injustificado” a partir del 2019, y así “quedará́ vigente una normativa que permite al empleado o el patrono terminar a su voluntad el contrato de empleo por término indefinido sin que esto conlleve ninguna responsabilidad civil”.

En su artículo de separabilidad, la junta fiscal supone que la Asamblea Legislativa expresará su “voluntad expresa e inequívoca” para que los tribunales hagan cumplir las disposiciones de esta pieza “en la mayor medida posible”.

Diversos representantes, entre ellos Gabriel Rodríguez Aguiló, Joel Franqui Atiles, Félix Lassalle y el propio Meléndez, así como el portavoz independentista Denis Márquez, habían expresado que no darían paso a una nueva reforma laboral.

Desde La Fortaleza, el secretario de Asuntos Públicos Ramón Rosario Cortés sostuvo que la reforma laboral “no tiene posibilidad en la Asamblea Legislativa”, por lo que invitó a la junta fiscal a desarrollar en conjunto las“medidas en las que existe consenso”.

“Lamentamos que la Junta de Supervisión Fiscal siga utilizando recursos que terminan pagando nuestros contribuyentes para implementar medidas para las que no tienen autoridad legal ni justificación moral”, sentenció Rosario Cortés a nombre del primer ejecutivo del país.




Populares presentan proyecto para municipalizar las escuelas

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, y el alcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri, presentaron el domingo una medida para establecer la “Ley para la Municipalización de la Educación Pública”.

La misma le otorgaría a los municipios la oportunidad de decidir voluntariamente el querer administrar las escuelas públicas en sus respectivas jurisdicciones.

“Lo que buscamos con esta ley es promover que los municipios puedan responsabilizarse de viabilizar una educación pública de excelencia, y disponer los recursos para asegurar la calidad educativa para nuestros estudiantes evitando el cierre masivo de escuelas”, manifestó Delgado Altieri en conferencia de prensa.

“Es más que evidente que la burocracia del Departamento de Educación no permite que el dinero y recursos lleguen a donde tienen que llegar: los estudiantes. Con esta ley, nosotros los municipios tendríamos la responsabilidad y los recursos para administrar las escuelas ya que somos nosotros los que estamos al tanto de las verdaderas necesidades de las escuelas gracias a la cercanía que tenemos con la comunidad escolar que incluye maestros, estudiantes y padres”, indicó el alcalde de Isabela.

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Por su parte, Hernández explicó que la ley busca restablecer la visión de la importancia del municipio como institución en beneficio del país.

“Se trata de desarrollar e implementar un modelo educativo integral en el que se unan a nuestras escuelas los Programas de Head Start dentro de los planteles escolares, para consolidar gastos de rentas y utilidades y expandir los ofrecimientos del Departamento de Recreación y Deportes Municipal a las escuelas, de manera que pueda beneficiarse la comunidad cercana. Además, integrar el sistema de transporte del municipio con el escolar, para que sea uno más dinámico y eficiente. También mejorar el mantenimiento de los planteles escolares, así como otras áreas del municipio, para que no se tenga que esperar al inicio de clases para mejorar las estructuras”, añadió.

“Convocamos a un diálogo responsable a todos los padres, maestros, líderes, legisladores y alcaldes de las comunidades donde están ubicadas las escuelas que propone cerrar el gobierno central para ponderar esta alternativa y evitar el cierre masivo”, expresó el representante.

El proyecto de ley transferiría todas las escuelas activas como las que cierran a los municipios, libre de gravamen y con libertad de uso. Además, los ayuntamientos participantes tendrán discreción para mantener abiertas las escuelas y de forma voluntaria tendrían una ventana prioritaria sobre cualquier otro proponente hasta el 30 de junio de 2018.

Para mitigar el riesgo de contratar con el gobierno en medio de la crisis fiscal y proteger los fondos para el pago por estudiante se crearía un fideicomiso en cual se depositará 1% del exceso del IVU que no fluye por Cofina (4.5%), y se le garantizaría la misma cantidad de dinero por estudiante que el promedio de contrato por escuela alianza.

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“Estamos en el momento histórico de volver a otorgarle la autonomía administrativa y presupuestaria a los municipios. Tenemos que desarrollar la visión de la nueva reforma educativa en una más integral y participativa enfocada no solo en los estudiantes que siempre serán el principal enfoque, sino también en toda la comunidad adyacente que influye de una manera u otra en nuestros niños”, sostuvo Hernández.




Cámara avala plan de reorganización que consolida la Comisión de Energía

La Cámara de Representantes avaló hoy los planes de reorganización que proponen crear la Junta Reglamentadora de Servicio Público (JRSP) y consolidar las funciones del Consejo de Educación en el Departamento de Estado.

El Plan de Reorganización 8, devuelto con enmiendas a la Legislatura a inicios de marzo, consolida en la JRSP las funciones de la Comisión de Servicio Público, la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, la Oficina Independiente de Protección al Consumidor, la Administración de Energía y la Comisión de Energía (CEPR).

Esta última ha causado el mayor debate pues diversos sectores argumentan que la consolidación del ente encargado de supervisar y hacer cumplir la política pública energética del país desde el 2014 menoscabaría su independencia y transparencia.

El representante popular Rafael “Tatito” Hernández cuestionó la falta de detalles en los planes de reorganización. (Archivo)

Se espera que la propuesta del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, que integraría bajo una misma estructura administrativa tres nuevos negociados, logre economías de hasta $13 millones en su primer año y cerca de $70 millones en los próximos cinco años.

Si bien diversos legisladores han denunciado que este plan atenta contra la autonomía de la CEPR, el documento afirma que “los negociados tendrán total independencia de criterio y autonomía decisional para atender los asuntos bajo su jurisdicción e implementar la política pública de sus respectivas leyes”.

Uno de los aspectos que más se ha debatido es el poder que tendría el presidente de la JRSP para revisar las decisiones finales de los Negociados. A esta preocupación se unió el portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), Rafael “Tatito” Hernández.

“Esta medida, como está redactada, todavía tiene un sinnúmero de dudas de cómo van a ser las decisiones. Estamos aprobando un plan donde no sabemos cuál va a ser la política pública”, planteó al objetar que los planes debían ser aprobados junto a los proyectos que dictarán cómo se llevará a cabo cada reorganización.

http://cb.pr/senado-impone-nuevas-enmiendas-a-la-reforma-educativa/

El presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Christian Sobrino, aseguró ayer que la intención de La Fortaleza es eliminar el Negociado de Energía de la revisión que permitiría al presidente de la Junta anular decisiones de los negociados “cuando presente el proyecto derogatorio” que acompañará al plan.

Por su parte, el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, se hizo eco del reclamo de la delegación popular al criticar que la Asamblea Legislativa no puede realizar enmiendas a los planes, lo que ha obligado al Ejecutivo a retirar y enmendar varias propuestas.

“Estaré votando en contra a este y cualquier plan de reorganización que utilice los mecanismos de la Ley 122 [Ley del Nuevo Gobierno], porque es inconstitucional, porque menoscaba las prerrogativas constitucionales de este cuerpo”, sentenció el representante.

En el caso del Plan de Reorganización 6, las facultades del Consejo de Educación se transfieren a la Junta de Instituciones Postsecundarias, una nueva entidad que crea el plan y que estaría adscrita al Departamento de Estado. El plan original retirado por La Fortaleza pretendía transferir las funciones del Consejo al Departamento de Educación.

“Los ahorros y eficiencias proyectados con la implementación de este plan se estiman en hasta $8 millones para el primer año y alrededor de $40 millones para los próximos cinco años”, lee el plan de Rosselló Nevares.

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Ambos planes fueron aprobados por el Senado el pasado 12 de marzo. Estos se unen a las reorganizaciones de la Oficina del Bosque Modelo y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, para un total de cuatro planes avalados por ambos cuerpos.

Quedan sobre el tintero los planes para realizar cambios al Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Además, el Senado aprobó ayer una resolución para expresar que “no hay acuerdo con la Cámara” sobre el Plan de Reorganización 7, que propone consolidar en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) cinco entidades, entre ellos el Instituto de Estadísticas.

“Mediante esta resolución le notificamos al gobernador de Puerto Rico la extensión de 15 días adicionales al término original [de evaluación] para que la Asamblea Legislativa se exprese sobre la aprobación o rechazo del Plan de Reorganización 7”, reza la Resolución del Senado 683. La Legislatura tendrá ahora hasta mediados de abril para evaluar el plan.




Populares piden interpelar a funcionarios del Gobierno y a junta fiscal

Sin respuestas específicas sobre la situación fiscal de la isla a cinco meses del impacto del huracán María, miembros de la delegación popular de la Cámara radicaron una medida para interpelar a funcionarios del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares y a la junta de control fiscal para discutir públicamente cuál es el estado real de las finanzas del país.

Los titulares que la Resolución de la Cámara 792 propone citar a la Casa de las Leyes son al secretario de Hacienda, Raúl Maldonado; el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, José Marrero; el director ejecutivo interino de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Justo González; el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Gerardo Portela; y a los miembros de la junta fiscal.

El representante Rafael “Tatito” Hernández. (Archivo)

“Nadie sabe lo que está ocurriendo, nadie sabe a quién creerle y yo creo que lo idóneo aquí en este proceso es que nosotros establezcamos un proceso donde por fin el gobernador de Puerto Rico y su estructura financiera le presente al país la realidad por la que estamos atravesando”, expuso en una conferencia de prensa el portavoz de la minoría popular, Rafael “Tatito” Hernández.

Para el líder de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara, las discrepancias en el mensaje de la administración y las solicitudes de fondos de emergencia no permiten a la ciudadanía obtener un cuadro claro de la situación actual del país, y exigió que se explique “cómo es posible que la Asamblea Legislativa aprobó un financiamiento [para la Autoridad de Energía Eléctrica] de $550 millones y después la junta y el Gobierno solicitaron un préstamo de $1,300 millones”.

Entretanto, el representante popular Jesús Santa Rodríguez puntualizó la necesidad de explicar al país y a las entidades federales a cargo de autorizar fondos en qué se utilizará el dinero que se desembolse, “porque no se sabe por dónde vamos. Si usted va a pedir dinero, tiene que decirle a la persona que le va a pedir dinero para qué lo va a utilizar”.

Sobre la incertidumbre que ha creado en la ciudadanía la posibilidad de apagones selectivos en el sistema eléctrico, tanto Santa Rodríguez como el representante José Díaz Collazo señalaron la falta de un mensaje afín entre el Gobierno y la corporación pública.

Jueza Swain aprueba préstamo de $300 millones para la Autoridad de Energía Eléctrica

“Lo que le estamos pidiendo [al gobierno] es que le digan la verdad al pueblo, que sean claros, que sea un solo mensaje para que nuestra gente pueda tomar decisiones claras. Si seguimos con las noticias falsas y los mensajes de que hoy es una cosa y mañana es otra, el pueblo no puede tomar decisiones claras”, sentenció por su parte Díaz Collazo.

A preguntas sobre si la resolución podría recibir el aval de la mayoría novoprogresista, Hernández sostuvo que el planteamiento es también citar a la junta fiscal en un espacio público, por lo que el Partido Nuevo Progresista (PNP) debería ratificar la medida.

“Nosotros lo que estamos buscando es, en cumplimiento con la ley Promesa, que dispone que una vez al año [la junta] tiene que hacer un reporte anual al Congreso, que, dentro de esta crisis y tanto flujo de información contradictoria, que lleguen aquí. Es bien difícil que la junta vaya a los 78 pueblos, el único espacio donde tienen acceso a esos 78 pueblos, a la gente, es en la Asamblea Legislativa. Nuestro planteamiento es que lleguen aquí, que nos expliquen, que entremos en un diálogo”, indicó Hernández.

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Ayer, la jueza federal Laura Taylor Swain aprobó un préstamo de $300 millones del Gobierno para financiar las operaciones de la AEE y así evitar el colapso del sistema. De acuerdo a los legisladores populares, esta acción solo proveerá a la débil corporación pública un alivio hasta marzo, por lo que es necesario evaluar alternativas adicionales para proveer liquidez a la AEE.

“Si hoy la aprobación de $300 millones lo que va a hacer es una mella de resolver unos problemas a cortísimo plazo, en cuestión de semanas, y que la AEE necesita liquidez para comprar combustible futuro para atender la necesidad energética del país, es más que meritorio que la junta y el gobierno estemos hablando el mismo lenguaje”, concluyó el representante Javier Aponte Dalmau.