Reclaman rechazo al acuerdo con bonistas de AEE ante grave efecto de cargos a consumidores de energía solar

La Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA, por sus siglas en inglés), advirtió las serias consecuencias que tendrá en el bolsillo de los consumidores de energía solar y en el desarrollo de la industria en la isla el que se ponga en acción la propuesta de los bonistas de la Autoridad de la Energía Eléctrica (AEE), que buscan cobrar su dinero mediante la imposición de un cargo a los ciudadanos que instalen un sistema de energía solar en sus hogares y negocios.

El cargo es parte del Acuerdo de Reestructuración (RSA) contraído con los bonistas y que fue presentado a la jueza Laura Taylor Swain el pasado mes de mayo para su aprobación.

Por lo tanto, SESA radicará el viernes ante el Tribunal Federal de Quiebras un recurso de amicus curiae con el fin de advertir sobre el impacto adverso que tendrá para la ciudadanía y para la economía de la isla, la imposición de un cargo a los consumidores, informó PJ Wilson, presidente de SESA, organización que representa a las empresas solares y de almacenamiento de todo tamaño en Puerto Rico.

“Es comprensible que los bonistas deseen recobrar lo que entienden se les debe debido; lo que es incomprensible es que el camino que escogieron es uno que fundamentalmente imposibilita ese objetivo al erosionar la misma base económica de abonados y consumidores que contribuyen a la red. Entendemos que el gobierno tiene un gran oportunidad de rechazar los cargos a los consumidores solares propuestos en el RSA para que así el Tribunal Federal los rechace. Esta postura sería consistente con las expresiones recientes del Gobierno en contra de cualquier aumento en la factura eléctrica”, expresó Wilson.

El acuerdo negociado con los bonistas de la AEE y que estuvo a cargo de dicha agencia, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y la junta de control fiscal, dispone que a los consumidores que instalen sistemas de energía solar a partir de octubre de 2020 se les impondrá un cargo aplicado a su producción de energía.

Según explicó el portavoz de SESA, este sería un cargo mensual basado en la producción de energía solar, lo cual está explícitamente prohibido por la Ley Núm. 17 de 11 de abril de 2019, de política pública energética, la ley bipartidista que puso a Puerto Rico en el mapa de la discusión energética mundial.

“Puerto Rico necesita más energía solar y baterías para ayudar a construir su resiliencia y promover su desarrollo económico”, dijo Javier Rúa Jovet, director de Política Pública de Sunrun. “Es hora de implementar nuestra innovadora legislación bipartidista para alcanzar un 100% de energía renovable en Puerto Rico. Rechazamos todo intento para obstaculizar nuestros esfuerzos con impuestos solares innecesarios y discriminatorios”.

“Este es un tema determinante para el futuro energético de Puerto Rico, por lo que estamos haciendo un llamado al Tribunal Federal y al gobierno de Puerto Rico para que detengan la efectividad de este acuerdo. Entendemos que hay que identificar opciones para el pago de la deuda contraída por la AEE, pero no puede ser a expensas de un retroceso en los avances que se han realizado en la isla para promover el cambio hacia la energía renovable y de penalizar al consumidor que determina moverse a la energía solar para lograr ahorros, mejorar eficiencia y proteger el ambiente”, destacó Wilson.

La moción que presentará por SESA explicará los efectos adversos específicos que se producirán en la isla, destacando el hecho de que cualquier desaceleración en el despliegue solar significaría que más personas serán vulnerables durante eventos atmosféricos, como lo fue el caso del paso del huracán María en el 2017, durante el que 4.000 personas murieron, muchas de ellas debido a la falta de acceso al servicio de electricidad.

“Rogamos a las autoridades federales que respeten la Ley 17 y las locales a que la defiendan.  Esto, como mínimo, significa cumplir las metas de energía renovable legisladas, y para siempre prohibir cargos e impuestos a la generación solar. Además, hacemos un llamado a la ciudadanía a que se exprese en contra de esta medida que sin duda atenta contra los mejores intereses del pueblo”, concluyó Wilson.




David Bernier asegura no aspirará a la gobernación

(Jaime Rivera/CB)
El excandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, David Bernier. (Jaime Rivera/CB)

El excandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático en los comicios del 2016, David Bernier rechazó el jueves una aspiración al cargo de gobernador para las elecciones del 2020.

Bernier Rivera colocó un mensaje a través de su cuenta de Facebook donde, bajo el título de “La Campaña que me toca”, explicó el por qué no aspiraría a dicha candidatura.

“En el año 2015, la historia me señaló inequívocamente como candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático. No había dudas, me tocaba aspirar. Aunque políticamente los vientos soplaban en contra, mi deber era asumir aquella gigante responsabilidad, y así lo hice. Sin escatimar ni medir riesgos, junto a mi familia, hice todo lo que pude para convertirme en Gobernador, pero faltaron votos.

Fue, sin embargo, un gran honor que más de 600,000 personas, de todas las ideologías, me brindaran su confianza. Terminada la jornada electoral, me tocó comenzar nuevamente mi vida profesional. Tenía que encontrar la forma de sostener a mi familia. Sin quejas, reproches, ni peticiones para nadie, levanté con mucho sacrificio una práctica profesional que hoy me permite ganarme la vida de forma digna. Me alejé de la vida y el debate público, no por falta de interés, sino por un asunto de responsabilidad y subsistencia.

En un momento, durante los pasados tres años, descarté de manera absoluta cualquier posibilidad de candidatura política, pero, poco a poco, las circunstancias me fueron obligando a repensar todo. Así lo hice, dándome una nueva oportunidad de considerar regresar a la vida pública, aspirando a la gobernación. Ganas no me faltan, pues he dedicado mi vida entera a servirle a mi país y hoy, luego de triunfos, derrotas, desilusiones, alegrías y tristezas, me siento más preparado que nunca. Pero las ganas y la preparación no son suficientes para una decisión como esta. Hace falta que la misma sea compatible con tu realidad de vida, sobre todo con la familiar. La pregunta que me he hecho una y otra vez durante los pasados meses es: ¿Puedo servirle a la patria aspirando a la gobernación sin incumplir con mi deber primario con la familia? He perdido noches tratando de conciliar ambas responsabilidades, pero resultó imposible. En este momento, una candidatura a la gobernación lastimaría severamente a mi familia. Siempre he estado dispuesto a servirle a mi país, independiente de las circunstancias. Pero en esta ocasión es diferente, pues mis actos colocarán el mayor de los sacrificios en terceros: mi esposa y mis hijos. Sobre mí, que venga lo que sea, si es por servirle al país siempre valdrá la pena. Pero sería muy egoísta de mi parte colocar una carga tan pesada sobre dos niños y una madre que por la naturaleza de su trabajo, vería tronchado su crecimiento profesional.

El hambre de reivindicación me llama, también el sentido de responsabilidad con la Patria, pero el deber primario de cuidar y defender a mi familia se impone.

Nunca he abandonado las causas en las que creo y nunca lo haré. Las traslado conmigo a los espacios donde la vida me coloca. Con el mismo sentido patriótico que servía en el gobierno, cuidaré de mi familia y atenderé a mis pacientes. A la Patria también se le sirve desde el cumplimiento ciudadano del deber.

Siempre hay un margen de duda, a la hora de tomar este tipo de decisiones. A lo mejor me arrepiento o me equivoco, pero será a favor de mis hijos y mi familia. Más adelante, sólo Dios sabe, pero hoy la campaña que me toca correr es la de mi familia.

Esperando la comprensión de quienes con amor y esperanza me han expresado su respaldo.

¡Siempre les estaré agradecido!”, reza el mensaje de Bernier Rivera.

Mientras, Alexandra Fuentes, esposa del también exsecretario del Departamento de Estado, David Bernier, dejó la puerta abierta el jueves a que si así él decide correr para la gobernación, lo apoyará.

“Rechazo la política por su naturaleza destructiva y divisoria. Eso David siempre lo ha sabido. Aún así estuve, estoy y siempre estaré dispuesta a dejarlo todo por acompañar a mi esposo en lo que sea. Además de mi compañero de vida y padre de mis hijos, él ha sido mi guía y mentor. Lo que soy y he logrado, mucho se lo debo a su sabiduría. En él delegué la decisión del futuro de la familia confiada que, como siempre, haría lo correcto. ¡Vivo orgullosa de mi esposo y agradecida de Dios por ponerlo en mi camino!”, escribió Fuentes en su red social Facebook.

Sin embargo, Bernier aseguró el viernes que su decisión de no aspirar a la gobernación por el PPD para las elecciones del 2020 es “final y firme”.

“Final y firme. Es final y firme lo que ayer expresamos”, dijo Bernier en entrevista radial (NotiUno).

Ante preguntas sobre si buscará la candidatura en el futuro, Bernier dijo que “aunque no lo estoy pensando a corto plazo, la vida enseña a uno a no abrazar calendarios absolutos porque la vida es muy cambiante y uno tiene que vivirla como es”.

De otra parte, el también expresidente del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR), dijo que tomó la decisión la noche del miércoles en una conversación con su esposa, la animadora televisiva, Alexandra Fuentes.

Entretanto, Bernier, quien fue el candidato del PPD en las elecciones de 2016, dijo que por el momento no se ha planteado si endosará alguno de los otros precandidatos a la gobernación, ni si participará en el proceso de campaña.




Alegan junta fiscal rechaza falta de recursos en Corrección

El representante popular, Jesús Manuel Ortiz. (Agustín Criollo/CB)

El representante popular, Jesús Manuel Ortiz reveló una comunicación que le envió la Junta de Control Fiscal (JCF) el pasado 6 de septiembre en la que se indica que está examinando las denuncias sobre las alegadas faltas administrativas en las operaciones del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y rechaza alegaciones del secretario, Erik Rolón sobre la alegada falta de recursos.

“El secretario Erik Rolón ha expresado que las medidas de seguridad entre oficiales de custodia y confinados han fallado. Ha expresado, además, que la falta de atención a las necesidades de los oficiales de custodia es el resultado de una baja presupuestaria en la nómina, a pesar que durante el año fiscal 2019 (el secretario) no gastó 10 millones de dólares de las asignaciones hechas para nómina; y, en además, tuvo un sobrante de 12.9 millones de dólares que transfirió al Departamento de Salud. Más importante aún, es el hecho de que se ha aprobado un aumento de entre 7 hasta 26 millones de dólares para gastos de nómina y gastos operacionales dispuestos en el presupuesto del año fiscal 2020”, expresa la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko en la comunicación enviada al legislador.

“La Junta de Control Fiscal está examinando este asunto con mucha seriedad y tan pronto concluya nuestro análisis, compartiremos con usted los resultados del mismo”, agrega la funcionaria.

El legislador del Partido Popular Democrático (PPD) dijo que Rolón recientemente ha atribuido las recientes muertes e incidentes en las cárceles a una alegada reducción presupuestaria en las asignaciones de nómina. 

“La JCF ha destapado el caos administrativo que mantiene el secretario de Corrección, quien, evidentemente, ha sido negligente en el manejo de esa importante agencia. La situación fiscal que atraviesa Puerto Rico requiere que cada agencia maximice los pocos recursos que tiene para garantizar los servicios que ofrece, no para atender agendas ajenas a esa obligación. En el DCR impera un caos administrativo que va desde señalamientos serios en el manejo de subastas hasta mal manejo de personal, afectando así la seguridad de oficiales y los servicios a los confinados. Es hora de que la gobernadora Wanda Vázquez tome cartas en el asunto”, dijo Ortiz.

El legislador por acumulación, quien es, además, el portavoz del PPD en la Comisión de Seguridad, sostuvo que la crisis en el sistema de corrección se extiende no sólo a las facilidades y condiciones de los confinados, sino que también incluye las instituciones juveniles y los programas de asignación de oficiales de custodia.




Alcaldesa de Ponce rechaza que quiera irse al Senado o a Washington

La alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez rechazó el viernes que vaya a aceptar un escaño en el Senado o como comisionada residente en Washington, D.C.

“No. Para nada, ni me interesa. Sí me la han ofrecido. Me la menciona el senador Nelson Cruz porque yo tengo un reconocimiento a nivel de la isla. Se comentó a la misma vez en la reunión que para comisionada residente, porque yo he ido al Congreso, he ido a las agencias federales, he depuesto en esos sitios y a la misma vez soy la ‘national commitee woman’ del Partido Demócrata”, dijo Meléndez en entrevista radial (Radio Isla).

“Dije bien claro que a mí no me interesa. A mí me interesaría continuar obviamente el servicio esencial en Ponce”, agregó.

Las declaraciones de Meléndez se dieron ante versiones de que la nueva gobernadora Wanda Vázquez Garced nombre a la actual comisionada residente, Jenniffer González Colón como secretaria de Estado y que sea ella la gobernadora en caso de una eventual renuncia de Vázquez Garced. 

El ofrecimiento a la alcaldesa ponceña de un escaño en el Senado es para ocupar la vacante que dejaría la senadora, Margarita Nolasco quien fue nombrada como directora de la Administración de Compensaciones por Accidentes Automovilísticos (ACAA) por el exgobernador, Ricardo Rosselló Nevares antes de abandonar La Fortaleza.




Secretaria de Justicia rechaza alegaciones que le impedirían sustituir a Rosselló Nevares

La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced. (Archivo/CB)
La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced. (Archivo/CB)

La secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Wanda Vázquez Garced, rechazó categóricamente el jueves alegaciones de que pudo haber cometido algún acto indebido, lo que la inhabilitaría para ser la sucesora del saliente gobernador, Ricardo Rosselló Nevares.

Se refirió a información divulgada en el portal “En Blanco y Negro con Sandra”, de la comunicadora Sandra Rodríguez Cotto, que indica que ésta no puede ser gobernadora “por ser coautora, encubridora y artífice de esquemas de corrupción que precisamente aceleraron la salida del poder de Ricardo Rosselló”.

“En cuanto a una información de un referido que hizo el licenciado Raúl Maldonado sobre alegadas irregularidades en la industria del cannabis, la misma fue referida como corresponde a la Oficina de la Jefa de Fiscales, Olga Castellón Miranda, y actualmente dicho asunto se encuentra bajo investigación activa en el Departamento de Justicia”, dijo Vázquez Garced en expresiones escritas.

Sobre otro asunto mencionado en el artículo que se refiere a un segmento de una conversación con el entonces secretario de la gobernación, la funcionaria dijo que “la misma pretende ser interpretada de manera errada e incorrecta”.

“Durante nuestra carrera en el servicio público, hemos demostrado que hemos trabajado de manera íntegra y honesta en beneficio del pueblo. Las interpretaciones publicadas hoy corresponden a ataques viciosos que pretenden atacar nuestra integridad. La interpretación que se le ha dado a estos asuntos es falsa y difamatoria”, finalizó.

Por su parte, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres dijo en una comunicación escrita que “corresponde a la secretaria de Justicia, y posible próxima gobernadora, explicar con total transparencia sus comunicaciones e intervenciones en este y cualquier otro asunto que surja. Tiene que explicar satisfactoriamente por qué debe detenerse la investigación ética ordenada por la directora de la Oficina de Ética Gubernamental, teniendo en cuenta que sustituye a un gobernador que tuvo que irse precisamente por ignorar principios básicos de ética”.

Mientras, también en declaraciones escritas, el senador popular por acumulación, José Nadal Power cuestionó el apoyo de la comisionada residente, Jenniffer González a Vázquez Garced y añadió que se comunicará con sus compañeros de la delegación del PPD en el Senado, “para que comencemos una evaluación del contenido de la información divulgada sobre la secretaria de Justicia y determinar los pasos a seguir para que la misma sea investigada lo antes posible por el Senado y autoridades con jurisdicción”.

Vázquez Garced dijo que “de ser necesario” está dispuesta a ser la gobernadora que sustituya a Rosselló Nevares, quien la noche del miércoles anunció el inicio de un proceso de transición que culmina el viernes, 2 de agosto a las 5:00 de la tarde con su renuncia.

Accede la publicación de “En Blanco y Negro con Sandra” aquí: https://bit.ly/2ZbVUrR .




Advierten “no se sabe lo que les depara el futuro a los maestros” tras rechazo de acuerdo sobre pensiones

La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Aida Díaz advirtió el lunes que no se sabe lo que les depara el futuro a los maestros luego que en votaciones rechazaran el acuerdo gestado con la Junta de Control Fiscal (JCF) sobre las pensiones.

“Aquí ganaron los bonistas que se llevaron un billón de dólares. Perdieron los maestros por confiar en los que siempre se oponen a lo que uno consigue. Yo no sé cuál va a ser el futuro, yo no sé lo que les depara. Ahora, el gobierno que responda. Ellos le prometieron. Tienen que cumplir. Tienen que garantizar ese 75 por ciento (de la pensión a los maestros)”, dijo Díaz en entrevista radial (WKAQ).

Sin embargo, agregó que “yo no soy adivina. En mis adentros yo sé lo que viene, pero uno lo dice y no quieren creer. Si ellos quieren creer que el gobierno le va a garantizar su pensión por el resto de su vida, que lo sigan creyendo”.

Indicó que en las votaciones participaron poco más de 7 mil maestros de cerca de 29 mil que componen el sistema.

“Ahora hay que sentarse a esperar a que la Junta negocie con los otros sindicatos que lograron acuerdos, con los retirados que lograron acuerdos, con los bonistas que negociaron un acuerdo y bajaron la deuda un por ciento. Luego que ellos terminen, atenderán entonces a los maestros. Por lo pronto, lo que van a hacer, por lo que entendí, es que van a someter la propuesta original como ellos la habían sometido que era la congelación del sistema y el seguro social no sé si lo van a incluir. Si lo incluyen, sepan los maestros que esa fue parte de la campaña que hicieron los detractores que tienen que trabajar hasta los 63 años”, advirtió la presidenta de la AMPR.

“¿Qué perdieron? Perdieron los 200 millones de dólares que habíamos conseguido, perdieron el recibir un bono anual dependiendo cómo se comporte el presupuesto, perdieron el fideicomiso que era lo que garantizaba las futuras pensiones, perdieron lo que le conseguimos para que vayan a atender los padres ancianos, los días que le conseguimos para atender hijos enfermos. ¿Cuánto perdieron? Más de un billón de dólares que lo dejaron en la mesa para que los bonistas se lo repartan ahora”, agregó.

Entretanto, Díaz atribuyó el rechazo de otros líderes magisteriales al acuerdo con la JCF al hecho de que la AMPR es la representante oficial del magisterio.

“Yo no sé si es que estoy tan acostumbrada a enfrentarme a tanto ataque y tanto epíteto de personas que a veces para mí no significan nada. Yo ver que solamente pudieron mover 4 mil maestros, el 13 por ciento del magisterio… Aquí un 76 por ciento que se quedó en la casa porque el gobernador le dijo: ‘yo le voy a garantizar las pensiones”, dijo.

“Es una lucha personal porque quieren sacarme de carrera”, añadió Díaz.

La líder sindical también rechazó que la AMPR haya gastado 3 millones de dólares en abogados.

“Yo creo que los maestros se dispararon en el pie. Sinceramente te digo que se dispararon, porque no sabemos lo que la Junta va a hacer”, finalizó.




Gobierno alega no va a acatar acuerdo de retirados con la junta fiscal

El secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira y el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Christian Sobrino rechazaron el miércoles que el gobierno vaya a acatar el acuerdo del Comité Oficial de Retirados (COR) con la Junta de Control Fiscal (JCF).

Maceira alegó que del comunicado del COR se desprende que la JCF amenazó al Comité con procurar peores recortes.

“Es lamentable que el Comité de Retirados se haya visto presionado a aceptar este acuerdo, que va en detrimento de nuestros jubilados, pues no es más que una estrategia de la Junta para procurar aliados que validen su obsesión de recortar pensiones”, dijo el secretario de Asuntos Públicos en declaraciones escritas.

“Ante esto, nuestra postura es clara: no accederemos a ningún recorte de pensiones y exhortamos a los distintos grupos de interés que no se dejen engañar ni intimidar por la Junta de Control Fiscal”, agregó.

Según informó el COR, con el acuerdo tentativo con la JCF se mejora significativamente el trato a los beneficios de pensión de los 167,000 retirados del gobierno de Puerto Rico comparado con los términos propuestos por el ente federal en su más reciente plan fiscal certificado el 9 de mayo.

El exjuez Miguel Fabre, presidente del COR, indicó que los retirados con beneficios de pensión por debajo de 1,200 dólares mensuales no experimentarán ningún recorte, lo que resultará en la protección del 61 por ciento, o sobre 102,000, de los pensionados actuales. Con respecto a aquellos retirados con pensiones mensuales de más de 1,200 dólares, el acuerdo limitará sus reducciones a un máximo de 8.5 por ciento y asegurará un ingreso mensual por concepto de pensión de por lo menos 1,200 dólares.

“Los términos que revela este comité de acreedores reflejan que el recorte de pensiones no es fiscalmente necesario. El impacto ha sido reducido a apenas 100 millones de dólares al año, ahorros que se cubren con eficiencias en otras áreas del presupuesto, como la reducción en gastos operacionales y la externalización de servicios. Esto demuestra que el recorte de la Junta de Control Fiscal es puramente ideológico”, señaló Maceira.

Asimismo, dijo que hablar de la insolvencia de los Sistemas de Retiro para justificar cualquier medida que atente contra los pensionados será rechazada en cualquier foro al que tengan que acudir. Desde el 2017 el sistema para el pago de pensiones es ‘PayGo’, una obligación del fondo general y no del fondo de retiro, el cual fue quebrado por pasadas administraciones.

“Ante este escenario, debemos reiterar que la política pública del gobernador Ricardo Rosselló Nevares es una de cero recortes. Del mismo modo, repito que no avalaremos o apoyaremos ningún acuerdo judicial que sirva de subterfugio para recortar pensiones”, reiteró el funcionario.

Por su parte, Sobrino dijo en declaraciones escritas que “este acuerdo entre la JCF y el COR impactará negativamente la calidad de vida de sobre 65,000 retirados los cuales verán un recorte a sus pensiones. Esto, simplemente, no es aceptable para nuestra administración. En ese sentido, este acuerdo no es cónsono con la política pública del gobierno de Puerto Rico de que no se puede dar paso a un recorte de pensiones”.

“Le tengo un gran respeto a Miguel Fabre y a los miembros del COR, pero desafortunadamente este acuerdo no se puede apoyar de ninguna manera, forma o lugar por el Gobierno de Puerto Rico. Las versiones del Plan Fiscal y el Presupuesto presentados por el Gobernador contemplan el pago total de las pensiones de nuestros retirados. Nuestros modelos financieros demuestran que es viable reestructurar la deuda sin necesidad de impactar a nuestros retirados”, agregó.




Legislador rechaza propuesta de APP para administrar Juntas Examinadoras

El representante José Aponte Hernández, rechazó el miércoles la propuesta del Consejo Interdisciplinario de Colegios y Asociaciones Profesionales (CICAP) de crear una Alianza Público-Privada (APP) para que sean los colegios los que administren y ejerzan las funciones de las juntas examinadoras de las profesiones en Puerto Rico.

“Rechazamos totalmente esta idea porque la misma es un intento de violar la constitución, tanto de Puerto Rico como la de los Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido claro, la colegiación compulsoria es algo inconstitucional y esta propuesta lo que busca es perpetuar los colegios como amo y señor de las profesiones en nuestra isla”, comentó Aponte Hernández en declaraciones escritas.

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) es el autor de una serie de medidas, radicadas en septiembre del año pasado que buscan reiterar el derecho de libertad de asociación en las diversas entidades que agrupan a profesionales en la Isla, eliminando así la colegiación compulsoria.

“Los integrantes del CICAP conocen muy bien que los días de mantener atados a los profesionales bajo pretextos están contados y esta nueva idea no es otra cosa que un intento de generar opinión pública a favor de la colegiación compulsoria, pese a que la misma es inconstitucional. Nosotros vamos a luchar contra propuestas como esta. Nuestro objetivo ha sido claro desde el primer día: permitir que todos los profesionales en Puerto Rico puedan ejercer sin necesidad de estar obligados a per tener a una asociación. Estaremos bien pendientes a esto y no bajaremos la guardia ante acciones por debajo de la mesa como esta”, sentenció.




AEP rechaza “plan escondido para privatizar” trabajos que se realizarán en escuelas públicas

El director ejecutivo de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), Josean Nazario Torres, rechazó el miércoles que la AEP esté avalando un “plan escondido para privatizar” los trabajos que se realizarán en las escuelas públicas como parte del plan de mejoramiento de los planteles previo al inicio de clases, según denuncias.

Informó Nazario Torres, que, por el contrario, la AEP ya comenzó a trazar los planes de trabajo para el Programa de Verano 2019.

Nazario Torres señaló, además, que a la AEP se le asignó un presupuesto de 9.8 millones de dólares otorgado por el Departamento de Educación para realizar los trabajos que históricamente se han llevado a cabo por parte de los empleados de la AEP en el Programa de Verano de la Autoridad. Estos realizan trabajos de soldadura, refrigeración, electricidad y plomería, entre otros. Con ese presupuesto asignado se harán las compras de los materiales necesarios para dar comienzo a los trabajos en las 389 escuelas de la AEP.

“La Autoridad de Edificios Públicos tiene como parte de sus encomiendas dar mantenimiento y conservación las escuelas de cara al inicio de clases en agosto. El Departamento de Educación constantemente identifica recursos y los destina a la AEP y previo al inicio escolar destina recursos adicionales para los trabajos que regularmente hacemos en los meses de verano. Ya hemos comenzado reuniones para garantizar que las escuelas estén listas para recibir a los estudiantes y maestros. El apoyo de los empleados de la Autoridad es necesario para cumplir con los objetivos trazados por este servidor y con la política pública establecida por el Gobernador de Puerto Rico”, expresó el director ejecutivo en comunicación escrita.

Asimismo, Nazario Torres aseguró que mantiene un diálogo continuo con los representantes de la Unión Independiente de Empleados de la Autoridad de Edificios Públicos (UIEAEP) para asegurar que haya transparencia y consenso en las determinaciones que se tomen en la AEP. “Aseguramos total transparencia en las gestiones que llevamos a cabo; pautamos reuniones frecuentes con los representes de las UIEAEP para fomentar la mejor comunicación. La colaboración para que la AEP continúe llevando a cabo un servicio de excelencia debe ser de todas las partes. Esperamos la total colaboración que siempre han brindado para seguir trabajando por Puerto Rico”, puntualizó.

“Los trabajos que lleven a cabo los empleados de la Autoridad de Edificios Públicos, en unión a las demás agencias, serán determinantes para los avances de las asignaciones y desembolsos por parte de FEMA como parte del proceso de reconstrucción de los planteles y demás estructuras gubernamentales”.

Finalmente, el director ejecutivo de la AEP hizo llamado para que los empleados antepongan la educación de todos los niños que asisten a las escuelas públicas a otra agenda y se unan en los esfuerzos que llevan a cabo todas las dependencias gubernamentales y a varias organizaciones comunitarias para que las escuelas estén listas en agosto.

“Lo más importante como funcionarios públicos es servir como facilitadores en todos los procesos de mejoramiento de las escuelas. Puerto Rico y nuestros niños merecen todo nuestro apoyo para lograr que los planteles estén en óptimas condiciones para el mejor aprovechamiento de cada estudiante. Ese debe ser el norte de todo servidor público comprometido”, concluyó Nazario Torres.




Asociación de Constructores de Puerto Rico rechaza reclamaciones de la junta fiscal

La Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR) rechazó el martes, las acciones de la junta de control fiscal (JCF) en contra de contratistas de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) en acción en cobro de dinero.

“El cuestionamiento que hace la Junta de Control Fiscal en sus demandas contra los contratistas pone el peso de la prueba en los contratistas y no en la Junta que es donde corresponde. Todos sabemos lo difícil y complicado que es contratar con el gobierno y estas acciones afectan el clima de certeza a la inversión y cumplimiento de contratos”, indicó el ingeniero Emilio Colón Zavala presidente de la ACPR.

Explicó que la JCF, estableció una acción de cobro a estas corporaciones y bonistas que según alegan recibieron pagos por sobre 2.5 millones de dólares, sin un contrato vigente o recibieron pagos que no correspondían a sus respectivos contratos durante un periodo de cuatro años previos a mayo de 2017.

“La estrategia de buscar convertir acreedores asegurados en no asegurados afectará sin duda la disponibilidad de empresas en contratar con el gobierno en proyectos de la reconstrucción. Puerto Rico no necesita incertidumbre adicional a la que ya existe”, enfatizó el presidente de la ACPR.

Colón Zavala exhortó una vez más a la JCF a que contribuya a un clima de desarrollo económico sostenido, colaborando estrechamente con el Gobierno de Puerto Rico en los esfuerzos que este realice.