Presidente de la junta fiscal reitera su deseo de colaborar con el gobierno y la Legislatura

El presidente de la junta de control fiscal, José Carrión. (Juan J. Rodríguez/CB)
El presidente de la junta de control fiscal, José Carrión. (Juan J. Rodríguez/CB)

El presidente de la junta de control fiscal (JCF), José Carrión reiteró el viernes su deseo de colaborar con el gobierno y la Legislatura.

“Mientras dejamos atrás este momento difícil en la historia de Puerto Rico y reflexionamos sobre las expresiones de la ciudadanía durante las últimas semanas, reiteramos nuestra disposición para trabajar en estrecha colaboración con el Gobierno y la Legislatura en beneficio del pueblo de Puerto Rico”, dijo Carrión en comunicación escrita.

“Los residentes de esta isla se expresaron claramente sobre su deseo de transparencia y rendición de cuentas, lo que requerirá mejoras en la administración pública, reformas en el proceso de contratación de servicios, mayor visibilidad sobre los créditos contributivos, del sistema de subsidios e incentivos, así como estricto cumplimiento de las leyes. Es hora de que todos trabajemos juntos y nos enfoquemos en los pasos necesarios para que el pueblo recupere la confianza en sus instituciones públicas y en sus servidores públicos, brinden los servicios de la manera más transparente y eficiente y encaminen a Puerto Rico hacia la sustentabilidad financiera”, añadió.

“Todavía hay mucho trabajo por hacer para que el pueblo se beneficie de la recuperación tras el paso del huracán María y de la crisis fiscal. Estamos comprometidos con estas metas, en particular con los sectores de educación, salud y seguridad pública, así como en el restablecimiento de las oportunidades económicas y el potencial que tiene la isla. Si bien los desafíos que tenemos por delante son grandes, estamos seguros de que compartimos estos objetivos y podremos alcanzar nuestras metas trabajando juntos”, concluyó.




Junta de control fiscal certifica planes fiscales del gobierno y la UPR

La junta de control fiscal aprobó por unanimidad los planes fiscales a cinco años para el gobierno y la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Con respecto al plan fiscal del gobierno, Ana Matosantos reconoció que el plan fiscal tenía deficiencias porque no reduce la brecha presupuestaria, no restablece el crecimiento ni libera dinero para los acreedores.

“Hablando francamente, no me gusta este plan fiscal”, dijo al expresar su preocupación por el hecho de que afecte demasiado a los servicios públicos para los ciudadanos.

Al igual que en versiones anteriores, el plan fiscal revisado del gobierno requiere una serie de reformas fiscales y estructurales, así como fuertes reducciones en el gasto gubernamental.

Mientras la junta directiva celebraba su decimoquinta reunión pública el martes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump tuiteó que los funcionarios corruptos de la isla iban a utilizar fondos federales para pagar la deuda pública, lo que la junta negó.

“Los fondos federales para desastres no corren a través del presupuesto o el cálculo de los excedentes”, dijo la directora ejecutiva de la junta, Natalie Jaresko.

Por su parte, el gobernador Ricardo Rosselló respondió al tuit de Trump diciendo: “Estoy de acuerdo con usted, señor Presidente, por eso me opongo al plan escandaloso de la junta de control fiscal que obstaculizaría gravemente la recuperación y el crecimiento de Puerto Rico”.

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El plan fiscal toma en cuenta cerca de $82 billones en ayudas federales y pagos de reclamaciones de seguros privados relacionados con los daños causados ​​por el huracán María, pero solo como un estímulo.

El lunes, Jaresko dijo que solo si Puerto Rico implementa ciertas reformas estructurales y medidas fiscales, podría tener un superávit acumulativo de $30 billones hasta 2033, del cual luego tendrá mayormente déficits en forma conjunta con la suspensión de fondos federales.

Las medidas fiscales requeridas incluyen la reforma de las pensiones, la adecuación de las agencias del gobierno, la reducción de subsidios, la reforma del plan de salud y las medidas relacionadas con las utilidades, así como la reforma de las adquisiciones. Las reformas estructurales que podrían ayudar a impulsar la economía a largo plazo involucran energía, capital humano, asistencia pública y mejorar la facilidad para hacer negocios. Jaresko dijo que la junta debe hacer un trabajo “por encima y más allá” para poder ayudar a impulsar la economía.

Jaresko había criticado la falta de voluntad política del gobierno para implementar algunas de las reformas sugeridas por la junta que incluyen la facilidad para hacer negocios y la reforma laboral.

“Hay medidas adicionales para facilitar el hacer negocios que no están en el plan fiscal porque no hay voluntad política para adoptar estas reformas”, dijo Jaresko.

Durante la reunión, Andrew Biggs, un experto en sistemas de pensiones públicas, dijo en muchos aspectos que el plan fiscal logra mucho, pero también es un reconocimiento de la junta y el “mayor fracaso del gobierno de Puerto Rico” porque las reformas estructurales necesarias para impulsar la economía están ausentes.

“No podemos decir con precisión qué sucederá en los próximos años. Sin una reforma económica seria … Puerto Rico seguirá siendo pobre en el futuro”, dijo.

Biggs también dijo que las fuerzas políticas de la isla se niegan a reducir los beneficios laborales, incluida la derogación de la Ley de Despido Injustificado, y agregó que la historia que llevará a Washington es que el gobierno no quiere hacer lo que tiene que hacer.

El representante del gobernador ante la junta de control fiscal, Christian Sobrino, dijo que no entendía por qué “algunos de los miembros de la junta son tan sombríos cuando hemos tenido un tremendo récord de éxitos desde que comenzamos el año pasado”. Señaló que una parte sustancial de la deuda ha sido reestructurada, los ingresos del gobierno han superado las proyecciones y los planes de privatización para el sector energético están en marcha.

“Hemos logrado mucho”, pero la reforma laboral no lo es todo, dijo y agregó que el gobierno ha reducido el gasto. “Si vas a Washington, deberías ser defensor de Puerto Rico … También habla sobre el éxito. No consigo todo lo que quiero … pero seguimos adelante”, dijo.

Si bien los inversionistas esperaban que el superávit pudiera usarse para pagar el servicio de la deuda, los miembros de la junta dijeron que no pueden usar fondos que no son recurrentes para pagar gastos recurrentes.

La junta también aprobó el plan fiscal de la UPR para implementar los cambios necesarios para enfrentar una reducción del subsidio gubernamental de $441 millones para 2023, según el plan fiscal. El plan exige un aumento de la matrícula y urge a la universidad a implementar ayuda para la matrícula basada en la necesidad.

El plan contempla la creación de tres centros universitarios. Uno de los conglomerados estaría encabezado por el recinto de Río Piedras y comprendería los recintos de Bayamón y Carolina. El segundo centro estaría encabezado por el recinto de Mayagüez e incluiría los recintos de Aguadilla, Arecibo y Utuado. El Conglomerado de la Región Sureste estaría formado por los recintos de Ponce, Cayey y Humacao.

El Recinto de Ciencias Médicas se mantendría separado y autónomo. Jaresko dijo que el presidente de la universidad, Jorge Haddock, quien informó que el viernes estaba diseñando sus propios conglomerados de los recintos, aún tenía que presentar su plan.

Haddock, quien no asistió a la reunión, dijo que el plan sería perjudicial para la UPR. Algunos miembros del público criticaron la insistencia de la junta directiva en cambiar el plan de pensiones de beneficios definidos de la universidad a un plan de contribuciones definidas.




Lo más importante del nuevo plan fiscal del Gobierno de Puerto Rico

El nuevo plan fiscal del Gobierno de Puerto Rico proyecta una caída en el producto nacional bruto este año de 11.2%, para luego aumentar en años subsiguientes al contar con la entrada de sobre $57,000 millones en ayuda federal de desastre y dinero por reclamaciones de seguros.

Para el 2019, el producto nacional bruto aumentaría un 7.6% para luego decaer un 2.4% en el 2020.

El documento, el cual tiene que ser certificado por la junta de control fiscal, no contempla cambios en los planes de pensiones de los empleados gubernamentales ni pagos en el servicio de la deuda, debido a que este último renglón tiene que ser determinado por los tribunales.

La reducción a los subsidios otorgados a los municipios y a la Universidad de Puerto Rico (UPR) continúa bajo el nuevo plan fiscal, pero en vez de eliminarse los subsidios en dos años, el término se alarga a cinco años.

“Sobre las pensiones, nuestra posición es de no recortes y por eso no lo incluimos en este proceso. Hemos tenido una diferencia en el pasado […] Es uno de los sectores más vulnerables”, dijo el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

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Como parte del esfuerzo para promover el desarrollo económico, el plan contempla una reforma tributaria local que, entre otras cosas, eliminaría el impuesto de negocio a negocio (business to business) y la reducción en el tributo que se paga por las comidas preparadas, para hacer a la isla más competitiva ante el impacto de la reforma contributiva federal, que se estima tendrá un impacto local de hasta $1,800 millones por los próximos cinco años.

Esta reforma contempla la creación de un código de incentivos y la “desregulación” para facilitar realizar negocios en la isla.

Además de implantar reformas gubernamentales y de manejo de ingresos que se prevén traerán sobre $3,000 millones en ahorros, se maximizará el uso de la tecnología. En un esfuerzo por subir la participación laboral a más del actual 40%, se reformará el sistema de beneficiencia para que personas hábiles participen del mercado laboral sin impactar a las poblaciones más vulnerables que no puedan trabajar.

El documento, hecho público al filo de la medianoche del miércoles, sustituiría el plan fiscal a 10 años aprobado por el ente rector de las finanzas públicas del país en marzo pasado.

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Luego de que los huracanes Irma y María devastaran la isla, la junta ordenó al Gobierno que revisara el documento para tomar en consideración el daño a la economía y la incapacidad de obtener recaudos. Según el gobernador, el nuevo plan fiscal está diseñado sobre las bases de reformas estructurales y fiscales cuyo objetivo es revitalizar la economía.

En una mesa redonda, Rosselló Nevares divulgó parte del plan a algunos medios en conjunto con el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Gerardo Portela, y Christian Sobrino, el representante del gobernador ante el ente rector.

El nuevo plan fiscal comienza realizando un recorrido en torno a la situación actual de la isla, la cual se compara con otras jurisdicciones. La deuda al 2016 se ubica en $69,000 millones.

Reducción de población e inflación

El documento proyecta una reducción de 10% en la población de Puerto Rico por los próximos dos años, tendencia que continuará pero de forma moderada. Sobrino dijo que se llegó a esa cifra en parte por datos de lo que ha sucedido en otras jurisdicciones así como del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), y por información de otros estados. La reducción en la poblacion podría traer un aumento en los productos o inflación de 2.1%.

Rosselló Nevares destacó que la visión de transformación socioeconómica de la isla, la cual está encabezada por un nuevo modelo de gobierno, se modificó para tomar en consideración añadir la necesidad de una infraestructura más resiliente con la política de “Build Back Better”, que traerá fondos adicionales de reconstrucción para Puerto Rico. El gobernador dijo que a nivel local se encaminará un nuevo código de construcción para reforzar sus reglas.

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Como parte del plan, se crearía una oficina central de reconstrucción, en inglés CRRO, para coordinar en una sola entidad todos los esfuerzos de reconstrucción y para viabilizar acuerdos de alianzas público-privadas.

Aunque Puerto Rico solicitó unos $94.4 mil millones en asistencia federal para desastre, el nuevo plan fiscal asume que solo $35.3 mil millones se recibirán bajo el programa de ayuda de FEMA. Además, se toma en consideración unos $21.9 mil millones en reclamaciones a aseguradoras. Sobrino dijo que el programa de FEMA ya está legislado y tiene historial de ser aprobado por el Congreso.

“Si ya se tiene esa proyección, pues ese capital va a venir para Puerto Rico”, dijo Rosselló Nevares.

El Gobierno contribuirá unos $1,400 millones a los costos de reconstrucción en los próximos cinco años, pero esas cifras no contienen cantidades relacionadas a la AEE y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Al presente, el Gobierno ha solicitado que se le exima bajo la Ley Stafford de tener que parear o compartir gastos. De no lograrse, la administración Rosselló Nevares ha solicitado el uso de fondos CDBG-DR para poder hacer el pareo.

Reformas estructurales

Dado el panorama fiscal futuro, Rosselló Nevares dijo que el plan contempla una serie de iniciativas de transformación en el gobierno y económicas que generarían unos $3,000 millones en ahorros. El primero es un nuevo modelo gubernamental que contempla la reorganización, principalmente de los Departamentos de Educación, Corrección y Salud para lograr ahorros que irían de los $334 millones en el 2019 y proseguirían en aumento cada año hasta llegar a los $1,264 millones en el 2022.

También se reformarán las compras del gobierno para lograr ahorros de $12 millones en el 2019 y otros ahorros en los próximos años hasta llegar a los $43 millones en el 2022. “Estamos tratando de conseguir economías de escala para los diferentes renglones”, sostuvo Portela.

El plan contempla la reducción en subsidios a la Universidad de Puerto Rico  (UPR) y los municipios pero por un espacio de cinco años, diferente al plan actual que es de dos.

La nueva reforma de salud contempla que ocurran ahorros de $49 millones este año hasta escalonadamente llegar a $800 millones en el 2022.

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Además, el plan cuenta con medidas para asegurar que se cobren impuestos sin aumentarlos. Estas traerían entre $65 millones en el 2018 y llegarían a los $415 millones en el 2022.

El plan contempla reformas estructurales adicionales a las que ya se había comenzado, tales como la reforma laboral y de permisos y Enterprise Puerto Rico, así como las alianzas público privadas.

“Las otras iniciativas que irán en esa dirección son aquellas que nos ayudarán a hacer negocios como el Código de Incentivos, que es para racionalizar los incentivos, separar los incentivos de los subsidios y a medida que el capital que tengamos para ello, se usen los incentivos para las industrias que tengan unreturn of investment”, dijo Rosselló Nevares.

Por otra parte, el plan contempla una reforma energética para permitir mayor competencia y la maximización del uso de la tecnología para ofrecer servicios. Además, establece una reforma para la fuerza trabajadora que daría entrenamiento a esta. Se prevé traer el “earned income tax credit” para motivar a las personas a integrarse a la fuerza laboral.

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“El EITC aunque es una medida contributiva, su enfoque es tratar de aumentar la participación laboral de Puerto Rico. Si ese numero no aumenta, Puerto Rico continúa en un espiral de crecimiento porque ninguna economía puede sostenerse en un tiempo prolongado con un nivel tan bajo”, dijo Sobrino.

De igual forma el “welfare reform” o reforma de beneficiencia, contempla el no colocar a los individuos en posición de decidir entre irse a trabajar o recibir sus beneficios.

Reforma contributiva local

Sobre la reforma contributiva local, el gobernador dijo que todavía se estaba trabajando pero que se reduciría el “business to business” de 4% a 2% para luego eliminarlo y proceder con una reducción del impuesto de ventas y uso a las comidas preparadas a un 6% en el año fiscal 2019.

“Hay otras medidas de ‘income tax’ individual y otras medidas de ‘income tax corporation’ que están en evaluación”, dijo el gobernador.

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No obstante, Rosselló Nevares dijo que las medidas reducirán la brecha entre ingresos y gastos, pero que se quedaría una de entre $2,000 y $3,000 millones, aunque aseguró que el plan contempla un presupuesto balanceado al final del término.

Las desregulaciones propuestas, de otra parte, se realizan para facilitar el hacer negocios en la isla. Por ejemplo, el plan propone liberalizar la actual Ley de Propiedad Horizontal para facilitar la toma de decisiones y eliminar obstáculos a licencias para que los individuos puedan entrar al mercado, explicó Sobrino.

A preguntas de la prensa, Sobrino dijo que el plan tiene un “debt sustainability measure”. Este consiste en un análisis para minimizar impagos y poder regresar a los mercados de capital.

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Grecia anuncia su regreso al mercado de bonos

ATENAS, Grecia — Grecia anunció el lunes que emitirá bonos a cinco años, en el primer intento del país de regresar al mercado internacional de deuda desde una única emisión de bonos en 2014.

La emisión del martes la gestionarán seis bancos globales, indicó el gobierno. Se esperaba que los precios se conocieran el martes para cerrar la operación el 1 de agosto.

Grecia perdió el acceso al mercado en 2010 cuando se hundió en una crisis financiera. El país ha recibido tres rescates internacionales diseñados para mantenerlo a flote mientras reforma su economía.

La emisión de bonos del martes será la primera del gobierno de coalición de mayoría izquierdista que lidera Alexis Tsipras, que llegó al poder en las elecciones anticipadas de 2015 con la promesa de revocar las medidas de austeridad impuestas en los términos del rescate.

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Grecia ha estado en los titulares desde el 2009, cuando estalló su crisis presupuestaria al revelarse que sus finanzas públicas estaban en mucho peor estado de lo que se pensaba.

El déficit presupuestario de Grecia en ese entonces fue subido abruptamente a un 15% del PIB, muy por encima del 3% permitido por la UE. Pronto cayó en picada la confianza de los inversionistas y Grecia se halló incapaz de pedir dinero prestado en los mercados de bonos internacionales.

Para mayo del 2010, tuvo que aceptar un rescate financiero internacional para evitar la bancarrota y, desde entonces, ha dependido de la asistencia financiera extranjera. A cambio de esa asistencia, sucesivos gobiernos han aplicado ola tras ola de medidas de austeridad económica y reformas estructurales a fin de saldar las cuentas.

En cierto sentido, las finanzas del país se han recuperado, ya que en el 2016 tuvo un superávit de 0.7%.

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