Piden a Hacienda establecer reglas sobre cambios contributivos en la industria de construcción

El Comité de Asuntos Contributivos del Capítulo de Puerto Rico de la Asociación de Contratistas Generales de América (AGC-PR) le solicitó al Departamento de Hacienda y ofreció su ayuda para establecer reglas claras y uniformes para la aplicación en la industria de la construcción de ciertos cambios adoptados bajo la Reforma Contributiva de 2019.

Está petición se hizo en la Reunión Almuerzo de marzo de AGC-PR, donde se llevó a cabo un conversatorio sobre los cambios más significativos de la reforma contributiva y su impacto en la industria de construcción. La actividad contó con la participación especial del Secretario de Rentas Internas y Política Contributiva del Departamento de Hacienda, el CPA Francisco Parés, y con el CPA Rafael Del Valle, socio UHY Del Valle & Nieves PSC, quien fungió como moderador.

Durante el conversatorio se discutieron los temas de mayor interés para la industria. Estos incluyeron: las nuevas reglas de retención en origen del 10% y los requisitos para la emisión del relevo de retención; la eliminación del B2B para las Pymes y su impacto en la industria de la construcción; el nuevo método opcional de tributación para empresas de servicios de construcción; la importancia de preparar las Declaraciones Informativas (Forma 480.6).

“Uno de nuestros principales objetivos como organización es atender efectivamente los asuntos que afectan directamente a nuestros socios y que pudieran influir en su capacidad para cumplir con leyes y reglamentos. Esto lo hacemos mediante seminarios, conversatorios y foros. Las empresas que componen a AGC-PR operan bajo los valores de responsabilidad, integridad y destreza”, dijo el ingeniero Alejandro J. Abrams, presidente de AGC-PR.

Sobre la retención en el origen del 10%, la reforma enmendó ciertas disposiciones para excluir del requisito de la exención de retención y del lenguaje que define “construcción de obras” a los servicios brindados por electricistas, plomeros, pintores, personal de mantenimiento y personal de servicios de mano de obra y seguridad.

La AGC-PR le solicitó a Hacienda aclarar estos conceptos a través de Reglamentación o Cartas Circulares, porque estos servicios son parte integral de una obra de construcción. Dichos servicios ya están sujetos a un retenido de cumplimiento de un 10%, por lo que una retención adicional del 10% podría negativamente afectar las operaciones de estos negocios. También, se discutió la necesidad de actualizar las Cartas Circulares que establecen una exención de retención para los contratistas generales y subcontratistas mediante una Declaración Jurada.

“Mientras se aclaran estos asuntos AGC-PR le recomienda a sus socios a hacer negocios con comerciantes registrados y a retener la contribución en el origen que aplica a todo proveedor de servicios que no pueda presentar un relevo de retención de Hacienda”, dijo Del Valle durante el conversatorio.

Por su parte, el Secretario Parés indicó que la reforma contributiva y el nuevo Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) le otorgan a Hacienda las herramientas necesarias para fiscalizar, monitorear y perfeccionar los servicios brindados a los contribuyentes. El sistema también le permite identificar faltas en el cumplimiento de las obligaciones contributivas.

Con relación a los otros temas discutidos, se abundó sobre los beneficios de la reforma para los pequeños comerciantes que brindan servicios a las compañías de construcción. Bajo el nuevo estatuto no hay que cobrarle el IVU en el B2B a dichas empresas, si su volumen de ventas es menor de $200,000.

Finalmente, AGC-PR enfatizó que, a partir 2019, los contratistas generales y subcontratistas tienen que preparar Declaraciones Informativas para todos suplidores que le rinden servicios profesionales para no perder dicha deducción al momento de realizar el cómputo de Contribución Alternativa Mínima o Contribución Básica Alterna.




Junta fiscal advierte al gobernador sobre falta de aprobación para reglas y leyes

La junta de control fiscal reprendió al gobierno por escrito el lunes por no presentar las reglas, regulaciones y órdenes ejecutivas para la aprobación del ente rector antes de emitirlas.

En los últimos meses, la junta ha expresado que el gobierno no ha cumplido siempre con sus obligaciones en virtud de la ley Promesa y desea “rectificar esta situación de manera cooperativa lo antes posible”.

El 6 de agosto, la junta adoptó una política que requiere que el gobierno presente reglas, regulaciones y políticas, incluidas las órdenes ejecutivas, para su aprobación para garantizar que sean consistentes con el plan fiscal.

“En el último mes, usted ha firmado tres órdenes ejecutivas, 2018-044, 2018-046 y 2018-049, que corresponden a la compensación o beneficios de los empleados y, por lo tanto, están sujetas a la Política. Además, cada una de estas órdenes ejecutivas incrementó la compensación o los beneficios de los empleados. Ninguna de estas órdenes ejecutivas se enviaron a la junta “antes de su emisión” para nuestra “previa aprobación”. En consecuencia, la Sección 204 (b)(5) faculta a la junta a “tomar las medidas que considere necesarias para garantizar que tal . . . orden ejecutiva . . . no afectará de manera adversa el cumplimiento por parte del gobierno territorial del Plan Fiscal. En consecuencia, la Sección 204 (b) (5) faculta a la junta a “tomar las medidas que considere necesarias para garantizar que tal . . . orden ejecutiva . . . no afectará de manera adversa el cumplimiento del Plan Fiscal del gobierno territorial”, escribió la junta al gobernador Ricardo Rosselló.

La junta de control fiscal recordó al gobernador y a otros funcionarios copiaron que la Sección 204 (a)(1)-(2) establece que “a más tardar 7 días laborables después de que [el gobierno] promulgue cualquier ley . . ., el gobernador someterá la ley a la junta” junto con un “estimado formal . . . del impacto, si alguno, que tendrá la ley en los gastos e ingresos” y una “certificación” opinando si la ley es “significativamente inconsistente con el Plan Fiscal”.

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Firmada por el presidente José Carrión, la carta dice que “la última vez que recibimos una ley, un estimado formal y una certificación suya fue el 29 de agosto de 2018 con respecto a la Ley 142. Desde entonces, el gobierno ha promulgado debidamente casi 100 leyes más, todos los cuales fueron promulgados hace más de 7 días laborables. En consecuencia, no ha cumplido con la Sección 204 (a)(1)-(2) para casi 100 leyes porque en ninguna de esas leyes envió la ley, un estimado formal o certificación. Planteamos este mismo problema con usted en una carta con fecha del 13 de septiembre de 2018, con relación a la Ley 204-2018. Sin embargo, no hemos recibido una ley, un estimado formal o una certificación en conformidad con la Sección 204 desde entonces”.

La sección 203 (a) de Promesa también fue señalada al gobernador, recordándole que estipula que debe presentar a la junta un informe que describa “presupuesto e informes reales” a más tardar 15 días después del último día de cada trimestre de un año fiscal y cualquier otra información solicitada por la entidad. El propósito de la disposición es responsabilizar al gobierno del presupuesto certificado y alertar a la junta directiva sobre cualquier desviación del presupuesto certificado, aseguró el panel.

“El Gobierno no presentó el presupuesto completo de la Sección 203 (a) a los informes reales del gobierno, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Universidad de Puerto Rico (UPR) o la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) para el año fiscal 2018. El año pasado, la junta dio conscientemente al gobierno tiempo adicional para cumplir con este requisito debido a la destrucción causada por los huracanes Irma y María. Sin embargo, ha pasado tiempo más que suficiente para que el gobierno pueda cumplir oportunamente con la Sección 203 (a). Para el primer trimestre del año fiscal 2019, recibimos informes parciales de la Sección 203 (a) para el gobierno, AAA y ACT, y nada de AEE o UPR”, expresó la junta.

Según mencionó la junta, para hacer que este informe sea lo más fácil posible, el ente rector creó plantillas sobre el formulario de la Sección 203 (a) para establecer lo que debe llevar el presupuesto y los informes reales.

“Por favor complete y envíe estas plantillas -llenando las columnas de “datos reales” y “variación”- para fin de año fiscal 2018 y el primer trimestre del año fiscal 2019 hasta el 21 de diciembre de 2018″, solicitó la junta. Además, pidió que “por favor cree plantillas para la AEE, AAA, UPR y ACT basadas en estas plantillas del gobierno, incluyendo el mismo nivel de detalle, complete y envíe para fin de año fiscal 2018 y el primer trimestre del año fiscal 2019 al 21 de diciembre de 2018.”

“Como usted sabe, estos mandatos en Promesa no son opcionales. La junta le pide que cumpla con cada uno de ellos inmediatamente para que la junta no tenga que tomar acción para imponer el cumplimiento”, enfatizó la junta.

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Comité de Acreedores no Asegurados demanda para detener acuerdo de reestructuración del BGF

El Comité de Acreedores no Asegurados demandó en el tribunal federal para detener el plan de ajuste de la deuda del Banco de Gubernamental de Fomento (BGF) las resoluciones consensuales de Título VI de la ley Promesa.

En un procedimiento contradictorio presentado el jueves por la noche, el Comité dijo que bajo el acuerdo del BGF, los exfuncionarios y asesores del banco estarían exentos de responsabilidad por la deuda pública de la isla. El BGF era el asesor financiero del gobierno.

“Mucho antes del comienzo de estos casos del Título III [ajuste de la deuda], el Banco de Gubernamental de Fomento…como asesor financiero de los Deudores del Título III, fue el arquitecto de varias de las maniobras financieras que llevaron al Título III la crisis fiscal actual de los deudores”, expresó el comité.

Como resultado de la crisis fiscal, el BGF se redujo operacionalmente y cesó sus labores hace más de un año, pero los exempleados del BGF siguen involucrados en los esfuerzos de reestructuración de Puerto Rico.

“De hecho, los conocedores actuales y anteriores del BGF son ahora (i) miembros de la junta de control fiscal, (ii) funcionarios de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) , (iii) directores generales del asesor financiero de Aafaf, o (iv) el director ejecutivo de un grupo de bonistas del BGF que respalda la transacción (los llamados “Bonistas Del Patio” cuyo director ejecutivo es el extitular del BGF, Jorge Irizarry). Estas personas preferirían que esta Corte ‘sepulte’ al BGF antes de que el Comité y otras partes interesadas tengan la oportunidad de realizar la autopsia”, señaló el comité.

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El comité hizo hincapié en que el gobierno está tratando de reestructurar todas las deudas de BGF y liquidar sus activos fuera de los procedimientos del Título III.

El ajuste de la deuda del BGF contempla la reestructuración de sus acreedores no asegurados y de ciertos depositantes a través de una modificación calificada (“qualifying modification”, en inglés) vinculante para todos los tenedores de bonos bajo el Título VI, dijo el grupo, para lo cual el BGF ya solicitó aprobación.

“Las reclamaciones de los Deudores del Título III y ciertos otros depositantes del gobierno no se están reestructurando como parte de la supuesta modificación calificada. Por el contrario, sus reclamaciones se reestructuran únicamente a través de transacciones que se realizarán en conformidad con la Ley de Reestructuración del BGF, que pretende liberar cualquier derecho o reclamo de los Deudores del Título III contra el BGF o sus actuales o anteriores funcionarios, directores, empleados, agentes o representantes (colectivamente, los ‘Liberados de BGF’) y privar a los Deudores del Título III y cualquier otra entidad gubernamental de legitimación para impugnar la Reestructuración del BGF”, escribió el comité.

Sin embargo, incluso si no se permitieron reclamos potenciales de responsabilidad contra los funcionarios del BGF, tampoco se permiten otros reclamos de los deudores contra el banco, dijo el grupo.

El comité dijo que el acuerdo compensaría los fondos públicos depositados en BGF por los deudores del Título III contra los “supuestos préstamos pendientes” del BGF a esos deudores, transferirá todos los activos valiosos en el BGF, muchos de los cuales consisten en depósitos de fondos públicos para la Autoridad de Recuperación, y liberar la entidad y los liberados del BGF de los reclamos que los deudores pudieran presentar contra ellos.

El grupo quiere invalidar el trato, alegando que va en contra de Promesa porque solo los tenedores de bonos pueden invalidar los reclamos, y que la ley no puede ser reemplazada.

“El ELA no puede promulgar su propio estatuto de liquidación porque cualquiera de estos estatutos sería reemplazado por Promesa de conformidad con la Cláusula de Quiebras. La Ley de Reestructuración del BGF equivale a una ley de bancarrota de facto que descarga o extingue la mayoría de los reclamos contra el BGF, transfiere todos los activos del BGF a otras entidades y existe en la misma área cubierta por el Título III de Promesa”, indicó el comité.

El grupo también discrepó con el informe comisionado por la junta de control fiscal sobre las causas de la deuda de la isla.




Twitter no censurará a Trump aunque viole sus normas

Por Barbara Ortutay

NUEVA YORK — Twitter ha dejado bien en claro que no piensa cerrar la cuenta de Donald Trump incluso si el presidente viola sus normas para combatir el hostigamiento a otros.

Y eso no sorprende a nadie: los tuits del presidente de Estados Unidos enfocan mucha atención en el servicio, a pesar de que sus burlas de periodistas y rivales van en contra del compromiso de Twitter de ser un sitio acogedor.

La empresa ha estado combatiendo las cuentas que violan sus normas y los tuits de Trump lo han hecho en numerosas ocasiones.

Ya antes de que Trump llegase a la presidencia abundaron los pedidos de que Twitter cerrase la cuenta del magnate, hechos sobre todo por activistas liberales, escritores y usuarios del servicio.

Esos pedidos recrudecieron recientemente, cuando el mandatario publicó un video con una parodia en la que él se peleaba con un individuo cuyo rostro decía CNN, la cadena televisiva de noticias. Organizaciones como el Comité de Periodistas por la Libertad de Prensa criticaron el video y lo consideraron una amenaza a los periodistas. (La Casa Blanca negó que lo fuese).

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El caso para censurar a Trump

Twitter prohíbe conductas que reflejen hostigamiento o intolerancia, pero no está muy claro qué comportamientos son condenables. Por ejemplo, si bien puede ser de mal gusto publicar un tuit diciendo que una periodista de televisión “sangraba profusamente de una cirugía cosmética en la cara”, es discutible si viola o no las normas de Twitter.

Cuando se le preguntó por los excesos de Trump, Twitter dijo que no hace comentarios sobre cuentas individuales. Pero el director ejecutivo de la firma Jack Dorsey declaró a NBC en mayo que “es muy importante escuchar a los líderes directamente” para poder pedirles una rendición de cuentas y para poder ventilar los problemas abiertamente, no a puertas cerradas.

Además, la cuenta de Trump es atractiva desde un punto de vista comercial: Sus tuits generan constantemente titulares que constituyen publicidad gratis para la empresa y podrían atraer más usuarios.

Por ahora, no obstante, no hay evidencias de eso. El jueves Twitter dijo que no ha habido cambios en la cantidad de usuarios en los últimos meses y sus acciones cayeron un 9%, cotizándose a $17.75, antes de la apertura del mercado.

Twitter jamás dio ganancias.

Tuits importantes

Los defensores de la libertad de expresión coinciden en que no hay que cerrar la cuenta de Trump.

Emmam Llanso, directora del Proyecto de Libre de Expresión del Centro para la Democracia y la Tecnología, dijo que los tuits de Trump son “un discurso político claramente relevante”, mencionados en los tribunales cuando se cuestionan las políticas del mandatario. Un tribunal de apelaciones bloqueó restricciones a la inmigración dispuestas por Trump en junio y dijo que tomó esa decisión en parte por los tuits que publicó el presidente sobre el tema.

Llanso dice que comprende por qué ha habido “tanta presión” en las redes sociales para que se tomen medidas contra las plataformas que son usadas para hostigar.

Pero en lo que atañe al presidente, le parece que no corresponde a la empresa decidir lo que se le debe permitir decir. “Debemos enfocarnos en los instrumentos que ofrece nuestra democracia para controlar al presidente”.

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Pasada la tormenta

Twitter parece coincidir con esa postura. Este mes dijo que está tomando medidas contra cuentas con comentarios inaceptables y que censuró de algún modo a diez veces el número de cuentas que castigó hace un año (no dio cifras). La de Trump no fue una de ellas.

En junio el presidente defendió su uso de las redes sociales, diciendo en un tuit que los medios de prensa del establishment no quieren difundir su “mensaje honesto, sin filtros”.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a un pedido de comentarios hecho el jueves por la mañana.

Hay que dar y recibir

Twitter ofrece una plataforma para que Trump se comunique con el mundo directamente, sin intermediaros como los medios de prensa. Pero si bien es importante que la gente pueda oír lo que tiene que decir el mandatario sin filtros, también es importante que Trump escuche a los demás y que deje ver las reacciones a sus comentarios.

Trump ha bloqueado a algunos usuarios y fue llevado a los tribunales por eso. La demanda está siendo procesada.

La comediante Dana Goldberg, que dice haber sido bloqueado por Trump pero no es parte de la demanda, afirmó que la actitud del presidente equivale a “dar el informe anual sobre el Estado de la Unión y bloquear los televisores de la gente que votó por (Hillary) Clinton”.

¿Su ofensa? Goldberg, quien tiene unos 7,680 seguidoras, comparado con los 34.6 millones de Trump, dice que en su tuit describió al presidente como “un hombre penoso” luego de que Trump le envió sus buenos deseos al senador John McCain tras un diagnóstico de cáncer, cuando previamente se había burlado de su servicio en la guerra de Vietnam.

“El que haya sido bloqueada por el presidente de Estados Unidos es algo descabellado”, expresó.

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