Municipio de Naranjito comienza construcción de nuevo Centro de Seguridad Pública

El alcalde del municipio de Naranjito, Orlando Ortiz Chevres, realizó el miércoles la colocación de la primera piedra de lo que será la nueva instalación del Centro de Seguridad Pública Municipal.

El Centro de Seguridad Pública, que beneficiará a 29,000 naranjiteños y ciudadanos de pueblos vecinos, albergará el Cuartel de la Policía Municipal y la Oficina para el Manejo de Emergencias.

“Para esta nueva construcción hemos invertido $1,029,500.00 y proyectamos que para septiembre del 2020 esté en operaciones. Los fondos provienen de una aportación que brindó el Senado de Puerto Rico junto con la Cámara de Representantes, la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC) y del propio municipio”, expresó Orlando Ortiz Chevres.

Por otro lado, el ejecutivo municipal firmó las escrituras para darle paso al proyecto de vivienda Villas del Centro, localizado en la carretera PR.-5 del barrio Achiote, justo al lado del Centro de Seguridad Pública Municipal. Villas del Centro es un complejo residencial privado y de interés social para los residentes en Naranjito que deseen adquirir un hogar a un costo asequible.

“Queremos que la clase trabajadora tenga la posibilidad de comprar una vivienda, aun en tiempos de contracción económica. El proyecto Villas del Centro es una alternativa viable para este sector de la población”, precisó Ortiz Chevres.




Reclaman rechazo al acuerdo con bonistas de AEE ante grave efecto de cargos a consumidores de energía solar

La Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA, por sus siglas en inglés), advirtió las serias consecuencias que tendrá en el bolsillo de los consumidores de energía solar y en el desarrollo de la industria en la isla el que se ponga en acción la propuesta de los bonistas de la Autoridad de la Energía Eléctrica (AEE), que buscan cobrar su dinero mediante la imposición de un cargo a los ciudadanos que instalen un sistema de energía solar en sus hogares y negocios.

El cargo es parte del Acuerdo de Reestructuración (RSA) contraído con los bonistas y que fue presentado a la jueza Laura Taylor Swain el pasado mes de mayo para su aprobación.

Por lo tanto, SESA radicará el viernes ante el Tribunal Federal de Quiebras un recurso de amicus curiae con el fin de advertir sobre el impacto adverso que tendrá para la ciudadanía y para la economía de la isla, la imposición de un cargo a los consumidores, informó PJ Wilson, presidente de SESA, organización que representa a las empresas solares y de almacenamiento de todo tamaño en Puerto Rico.

“Es comprensible que los bonistas deseen recobrar lo que entienden se les debe debido; lo que es incomprensible es que el camino que escogieron es uno que fundamentalmente imposibilita ese objetivo al erosionar la misma base económica de abonados y consumidores que contribuyen a la red. Entendemos que el gobierno tiene un gran oportunidad de rechazar los cargos a los consumidores solares propuestos en el RSA para que así el Tribunal Federal los rechace. Esta postura sería consistente con las expresiones recientes del Gobierno en contra de cualquier aumento en la factura eléctrica”, expresó Wilson.

El acuerdo negociado con los bonistas de la AEE y que estuvo a cargo de dicha agencia, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y la junta de control fiscal, dispone que a los consumidores que instalen sistemas de energía solar a partir de octubre de 2020 se les impondrá un cargo aplicado a su producción de energía.

Según explicó el portavoz de SESA, este sería un cargo mensual basado en la producción de energía solar, lo cual está explícitamente prohibido por la Ley Núm. 17 de 11 de abril de 2019, de política pública energética, la ley bipartidista que puso a Puerto Rico en el mapa de la discusión energética mundial.

“Puerto Rico necesita más energía solar y baterías para ayudar a construir su resiliencia y promover su desarrollo económico”, dijo Javier Rúa Jovet, director de Política Pública de Sunrun. “Es hora de implementar nuestra innovadora legislación bipartidista para alcanzar un 100% de energía renovable en Puerto Rico. Rechazamos todo intento para obstaculizar nuestros esfuerzos con impuestos solares innecesarios y discriminatorios”.

“Este es un tema determinante para el futuro energético de Puerto Rico, por lo que estamos haciendo un llamado al Tribunal Federal y al gobierno de Puerto Rico para que detengan la efectividad de este acuerdo. Entendemos que hay que identificar opciones para el pago de la deuda contraída por la AEE, pero no puede ser a expensas de un retroceso en los avances que se han realizado en la isla para promover el cambio hacia la energía renovable y de penalizar al consumidor que determina moverse a la energía solar para lograr ahorros, mejorar eficiencia y proteger el ambiente”, destacó Wilson.

La moción que presentará por SESA explicará los efectos adversos específicos que se producirán en la isla, destacando el hecho de que cualquier desaceleración en el despliegue solar significaría que más personas serán vulnerables durante eventos atmosféricos, como lo fue el caso del paso del huracán María en el 2017, durante el que 4.000 personas murieron, muchas de ellas debido a la falta de acceso al servicio de electricidad.

“Rogamos a las autoridades federales que respeten la Ley 17 y las locales a que la defiendan.  Esto, como mínimo, significa cumplir las metas de energía renovable legisladas, y para siempre prohibir cargos e impuestos a la generación solar. Además, hacemos un llamado a la ciudadanía a que se exprese en contra de esta medida que sin duda atenta contra los mejores intereses del pueblo”, concluyó Wilson.




AEE y AAA comenzarán recortes de servicio a clientes morosos en las próximas semanas

El presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Elí Díaz Atienza en unión al representante, José “Che” Pérez urgieron el jueves a todos los clientes de la corporación pública a ponerse al día en sus cuentas para evitar cortes de servicio por falta de pago.

En conferencia de prensa detallaron el nuevo proceso de planificación, notificación y ejecución de suspensión de servicio como parte de la implementación de una enmienda a la Ley 33 de la autoría del Representante. La misma establece que la AAA deberá notificar al cliente 48 horas antes de cualquier corte de servicio por falta de pago.

Explicaron que durante las próximas dos semanas aquellos clientes que no tengan al día sus cuentas deberán actualizar sus datos en el sistema para recibir las notificaciones pertinentes.

“Como hemos mencionado hace semanas, nuevamente, exhortamos a nuestros clientes que actualicen su información de correo electrónico y teléfonos relacionados a su cuenta de agua para que puedan recibir los avisos con relación al estado de su factura. De esta manera, podrán obtener el detalle actualizado sobre su cuenta, y evitar un corte en el servicio”, explicó el director ejecutivo de la AAA, Elí Díaz Atienza.

“El próximo 22 de febrero se emitirán los primeros avisos a los clientes con facturas atrasadas mediante un sistema de llamada telefónica, mensaje de texto y correo electrónico. Ya pasadas las 48 horas del aviso de suspensión de servicio, si el cliente no ha tomado ninguna acción, se comienza a tomar acción en el terreno. Esto significa que para el 25 de febrero se estarían realizando los primeros cortes de servicio”, indicó el funcionario.

Mientras, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) anunció también que en las próximas semanas la corporación retomará los cortes de energía eléctrica a los clientes morosos de cuentas comerciales, industriales, residenciales, municipales y de las agencias del gobierno.

La directora de servicio al cliente de la corporación pública, Noriette Figueroa, detalló según un informe radial, que como parte del proceso, personal de la agencia se ha estado comunicando con los clientes con atrasos para que se pongan al día, al tiempo que hizo un llamado a los clientes con deudas a que se acerquen a la Autoridad para hacer un plan de pago o paguen la deuda completa para evitar la suspensión del servicio.

La Autoridad detalló que la deuda por cobrar de clientes morosos asciende a $542.3 millones.

No obstante, la AEE no dijo que el corte conlleva luego un cargo de reconexión que va desde $25 para clientes residenciales y de entre $50 a $150 para clientes comerciales. En el caso de la AAA, el cargo es de $50.

El vicepresidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Freddyson Martínez, expresó a este medio que la AEE ya tenía planificado los cortes desde hace tiempo, pero lo aplazaron para realizar un aviso primero o hacer un “media tour”.




Investigarán dramática alza en pólizas de seguro para residencias

El portavoz alterno de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Urayoán Hernández Alvarado, anunció este miércoles la radicación de una resolución para investigar los dramáticos aumentos registrados en las tarifas que las compañías de seguro ahora cobran a sus clientes.

“El azote de los históricos y poderosos huracanes Irma y María dejó una huella enorme en todos los aspectos de nuestra sociedad. Sabemos que ha habido muchos problemas con los pagos a los consumidores correspondientes a sus pólizas de seguro y hasta se han fijado millonarias multas a las empresas que le han fallado al pueblo. Ahora, no es justo que estas empresas están subiendo las primas, en algunos casos, sobre 300%. Por eso, estamos solicitando una investigación profunda sobre esta alegada situación”, señaló el legislador del PNP en declaraciones escritas.

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Las expresiones del representante por el Distrito 26, el cual comprende los municipios de Orocovis, Barranquitas, Villalba y Coamo, surgen a raíz de varios reportajes de prensa que señalan que el costo de las renovaciones de las pólizas ha subido hasta un 340% en áreas como los condominios y residencias cerca de las costas.

“Muchas de nuestras familias viven en condominios o en casas cerca de la costa. No es justo que se les aumente tanto sus primas como se ha reportado. Como tampoco es justo que personas que vivan en la montaña tengan que pagar mucho, mucho más por asegurar sus residencias. Tiene que haber un balance y es eso parte de lo que buscamos con la resolución que estaremos radicando en los próximos días”, añadió Hernández Alvarado.

El legislador novoprogresista también desea que se investigue cuántas propiedades residenciales podrían quedar sin cubierta de seguro, debido a estos aumentos excesivos, de cara al inicio de la nueva temporada de huracanes en apenas tres meses, con el objetivo de delinear soluciones concretas para evitar mayores pérdidas que las que se registraron el pasado mes de septiembre.

“Es razonable ciertos ajustes en el mercado ante situación inesperada, pero no tan alto y tan rápido. En la ciudad de Nueva Orleans, después del impacto de Katrina en agosto 2005, las primas subieron un 24 por ciento como promedio. De ser correcto los reportajes en los medios de comunicación de la isla, el aumento aquí promedio sería de casi 200 por ciento. Eso es inaceptable”, sentenció el legislador.

Para concluir, Hernández Alvarado adelantó que estará reuniéndose con el Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, para evaluar qué medidas se pueden implementar para evitar que muchos ciudadanos se queden desprovistos de seguro contra catástrofes, como el impacto de huracanes o terremotos.

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Presentan complejo de vivienda pública en Hato Rey

Un nuevo proyecto de vivienda asequible ubicado en la Milla de Oro en Hato Rey será inaugurado próximamente con un total de 140 apartamentos disponibles para alquiler.

El Renaissance Square ubica en el espacio que ocupaba el residencial Las Gladiolas, que fue implosionado en julio del 2011, está en su etapa final de construcción y contó con una inversión pública y privada de $35.5 millones.

El proyecto —desarrollado por McCormack Baron Salazar, Inc. (MBS)— tiene un total de 140 apartamentos para la renta, equipados con nevera, estufa, lavadora, secadora, abanicos de techo, cortinas e infraestructura para cable, internet y sistemas de seguridad. (Suministrada)

Durante el día de hoy, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y el secretario del Departamento de la Vivienda (DV), Fernando Gil Enseñat, participaron de un evento de “casa abierta” en el complejo.

“Mi compromiso es dar prioridad y continuidad al desarrollo de vivienda asequible y hoy me complace informar que, en menos de un año, esta Administración logró su objetivo de completar las primeras fases de su construcción de esta importante comunidad en la Milla de Oro”, sostuvo el primer ejecutivo.

Agregó que una de las prioridades que tiene la agencia es culminar con este proyecto, que será de integración y que funcionará bajo un programa para familias de diferentes niveles de ingresos.

“Este proyecto representa un nuevo paradigma para la vivienda asequible en Puerto Rico, en el que las familias de todos los niveles de ingresos pueden vivir en comunidad y prosperar, además de ofrecer un nuevo espacio de vivienda asequible en el corazón de San Juan”, manifestó por su parte Gil Enseñat.

El proyecto —desarrollado por McCormack Baron Salazar, Inc. (MBS)— tiene un total de 140 apartamentos para la renta, equipados con nevera, estufa, lavadora, secadora, abanicos de techo, cortinas e infraestructura para cable, internet y sistemas de seguridad.

Renaissance Square tiene espacios de áreas verdes y varios edificios diseñados para la escala humana con estructuras de tres a cuatro pisos, apartamentos y walk-ups, agrupados en torno a una plaza central. Las viviendas serán de una, dos y tres habitaciones. El espacio total de construcción es de unos 153,000 pies cuadrados.

La Administración para el Financiamiento de la Vivienda proveyó poco más de $2.5 millones en créditos contributivos para el proyecto. Además, se ha financiado mediante inversión privada y el programa Capital Fund.




Nuevo proyecto busca excluir pago del IVU a servicios de bienes raíces

Los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ángel Peña Ramírez y Yashira Lebrón Rodríguez anunciaron la radicación de una medida que busca excluir del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) todos los servicios relacionados al corretaje de bienes raíces para incentivar las transacciones de venta y compra de propiedades tanto a nivel residencial, comercial, agrícola e industrial.

Según detalló Lebrón Rodríguez, los servicios a ser excluidos del IVU serían los trabajos que provee un corredor, vendedor o empresa de bienes raíces para la venta o alquiler de cualquier propiedad localizada en Puerto Rico, tanto residencial, comercial, agrícola o industrial, así como de tasación, estudio de título, agrimensor e inspección, entre otros.

De acuerdo a los legisladores del PNP, la industria de bienes raíces de Puerto Rico sufre el embate de una economía lacerada, especialmente en el sector de nueva construcción, las reventas y los arrendamientos, mientras se encuentra gravada por múltiples impuestos que recaen unos sobre otros.

“La industria de bienes raíces en la Isla siempre ha sido uno de los sectores más importantes de nuestra economía. Lamentablemente, también ha sido de las más impactadas por la recesión que atraviesa Puerto Rico. La misma ha sido testigo de la reducción significativa de los valores de las propiedades año tras año, de la merma de construcción de residencias y edificios, proyectos nuevos que no se logran vender, el difícil acceso al crédito, el incremento de la morosidad, así como las decenas de miles de ejecuciones de hipotecas. Tenemos que actuar para promover la reactivación de este importante sector económico, por eso sugerimos esta medida”, comentó Peña Ramírez en declaraciones escritas.

Según explicó Lebrón Rodríguez, quien representa el Distrito 8 de Bayamón, “la imposición del IVU a los servicios de bienes raíces está teniendo un efecto perjudicial en la industria y más importante aún en el consumidor, reduciendo las transacciones de bienes raíces y por ende reduciendo el ingreso producto de los impuestos recaudados. Tenemos que actuar o vamos a perder aún más”, aseguró.

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Asimismo, mencionó que en una transacción de bienes raíces, participan un grupo de profesionales a lo largo del proceso, hasta que finalmente la propiedad se le entrega al nuevo adquirente.

Entre dichas personas se encuentran casi todas los incluidas como servicios profesionales designados, incluyendo a los corredores de bienes raíces. Por ende, el precio por unidad final incluye el costo de todos estos servicios.

El Proyecto de la Cámara 992, radicado el 4 de mayo, se encuentra referido a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, “Promesa” para su evaluación.

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