Gobernador convoca sesión extraordinaria para atender nombramiento del secretario de Estado

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, convocó a la Asamblea Legislativa a reunirse en su Cuarta Sesión Extraordinaria, con el fin de atender el nombramiento del Secretario de Estado, licenciado Pedro Pierluisi Urrutia.

“Tal y como anuncié en la mañana de hoy, designé al licenciado Pierluisi Urrutia como Secretario de Estado, luego de un análisis ponderado sobre los mejores intereses del pueblo”, dijo el primer ejecutivo.

El gobernador convocó la Legislatura a sesión extraordinaria mañana jueves, 1 de agosto a las 11:00 a.m.

De igual forma, ya la designación formal del licenciado Pierluisi Urrutia fue entregada en la Cámara y el Senado, con miras a que puedan comenzar a evaluar el nombramiento.

“Agradezco la disponibilidad de Pedro Pierluisi para dar un paso firme adelante por el bien de Puerto Rico. Confío en que los compañeros legisladores puedan evaluar este nombramiento de manera cuidadosa y responsable, por el bien de Puerto Rico y del momento histórico en que vivimos”, finalizó el primer mandatario.




Rosselló Nevares nombra a Pedro Pierluisi como Secretario de Estado

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares nombró en receso al licenciado Pedro Pierluisi Urrutia como nuevo Secretario de Estado.

El primer ejecutivo estará convocando a la Asamblea Legislativa a una sesión extraordinaria para atender este nombramiento tan importante.

“Luego de mucho análisis y tomando en cuenta los mejores intereses de nuestro Pueblo, he seleccionado al licenciado Pedro Pierluisi Urrutia para llenar la vacante de Secretario de Estado. He ponderado múltiples opciones para ejercer este cargo y la enorme responsabilidad que conlleva. El momento histórico requiere de una persona capaz de restablecer relaciones con todos los sectores, a nivel local y nacional.”, declaró Rosselló Nevares.

El primer mandatario añadió que “el licenciado Pierluisi fue secretario del Departamento de Justicia y Comisionado Residente en Washington; sus virtudes son muy útiles para lidiar con los retos de la actualidad. Su aspiración es completar este término, de manera que los logros alcanzados no desvanezcan y realizar los ajustes que faltan. El proceso electoral que iniciará en los próximos meses servirá para que otros líderes altamente cualificados pongan sus ideas y carácter ante la consideración del pueblo, así como Pierluisi y yo lo hicimos en las pasadas primarias. La contienda electoral obligó a plantear diferencias, pero les aseguro que son más las coincidencias. Pierluisi, al igual que yo, tiene a Puerto Rico primero en su corazón,” expuso Rosselló Nevares.

El gobernador estará convocando para mañana una sesión extraordinaria en la Asamblea Legislativa con el fin de atender este nombramiento, exclusivamente.

“Estoy convencido que es un excelente nombramiento, que cumple con los méritos adecuados al tiempo que vivimos. Agradeceré a todos los legisladores que se haga una evaluación seria y que acojan esta nominación” concluyó el gobernador.




Frustrado el nombramiento del secretario de Estado

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares consideraba este martes enviar a la Legislatura para su consejo y consentimiento, la designación de Pedro Pierluisi como secretario de Estado, para que, de ser confirmado, se convirtiera en gobernador cuando la renuncia del mandatario sea efectiva el viernes 2 de agosto a las 5 de la tarde, confirmaron fuentes con conocimiento de la estrategia.

Sin embargo, tan pronto se conoció de la movida, el presidente
del Senado, Thomas Rivera Schatz manifestó en medios radiales, que tal designación
no contaría con el aval del cuerpo que preside.

Por su parte, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, en una acción poco regular y fuera de lo permitido por la Constitución de Puerto Rico, envió una convocatoria a los miembros de la Cámara para reunirse en asamblea extraordinaria, el viernes a la 1 de la tarde. El motivo de la convocatoria es atender el nombramiento que se presume enviaría el gobernador para secretario de Estado.

Carta enviada el martes en la tarde a los representantes por el presidente Carlos Johnny Méndez.

“La convocatoria es una medida cautelar para el viernes, en
caso de que el gobernador retire la renuncia o se anuncie una designación a la
secretaria de Estado”, indicó a Caribbean Business, el vicepresidente de la Cámara,
Javier Rodríguez Aguiló.

El profesor de Ciencias Políticas y exsenador por el Partido
Popular Democrático (PPD), Ángel Rosa explicó que “las cámaras legislativas no
pueden autoconvocarse a sesión extraordinaria para atender asuntos legislativos.
Eso solo puede hacerlo el gobernador. Las cámaras deben esperar a que este
emita la convocatoria para notificar a sus miembros”, dijo Rosa.

La Oficina de Prensa de La Fortaleza confirmó a este medio
que en el momento de la conversación no existía ninguna convocatoria ni anuncio
previsto.  

La semana pasada, Méndez autoconvocó a los miembros de la Cámara de Representantes para atender un posible residenciamiento del gobernador Ricardo Rosselló Nevares. El proceso quedó en suspenso, luego de que Rosselló Nevares les enviara una carta en la que establecía que renunciaría a su puesto efectivo el 2 de agosto a las 5 de la tarde. Esta acción si está permitida, ya que un proceso de residencia no se considera un asunto legislativo, sino procesal.

La Constitución establece cual es el orden sucesoral en caso
de una renuncia del gobernante. En primer lugar está el secretario de Estado,
pero esa posición está vacante tras la renuncia de Luis Rivera Marín por su
participación en el escándalo del Chat de Telegram. El próximo en línea sería la
secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, quien ya ha anticipado que no le
interesa ser gobernadora. Además contra la funcionaria hay varios señalamientos
por no realizar investigaciones de posibles actos de corrupción de asesores del
gobernador.

El próximo en la línea sucesora es el secretario de Educación,
Eligio Hernández.

Rivera Schatz se opone a Pierluisi debido a su gestión como
abogado de la Junta de Control y Supervisión Fiscal.

Pierluisi, quien fuera comisionado residente en Washington
por ocho años, trabaja para el bufete O’Neill y Borges, asesores legales de la
Junta. El portal de la firma indicaba este martes, que el licenciado Pierluisi,
se acogería a una licencia para ausentarse del bufete, efectivo el 30 de junio.




En el aire los esfuerzos de recuperación por la anunciada renuncia de Rosselló

Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Alianzas Público Privadas del Gobierno de Puerto Rico. Para CPI / Gabriel López Albarrán.

Por Vanessa Colón Almenas y Cristina del Mar Quiles | Centro de Periodismo Investigativo

A solo días de que entre en efecto la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares como gobernador de Puerto Rico, no hay certeza de quién liderará los esfuerzos de recuperación de los huracanes Irma y María en la isla.

Aunque Omar Marrero Díaz confirmó este lunes que continúa siendo el representante autorizado del Gobernador (GAR en inglés) ante la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), este dijo que no tiene garantía de que permanecerá en el puesto a partir del viernes a las 5:00 p.m., cuando Rosselló Nevares se irá de La Fortaleza. La persona designada como GAR representa y lleva a cabo a nombre del gobierno territorial todo lo relacionado con los fondos asignados por FEMA.

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) le cuestionó a Marrero Díaz si tenía garantías de que él seguiría siendo el GAR, a lo que dijo: “La contestación a esa pregunta tiene que ser que no”.

“Hoy, el gobernador es Ricardo Rosselló. Cuando venga su sucesor o su sucesora, esa persona, de acuerdo con la Ley Stafford, tiene que ratificar [al representante autorizado]. Sería irresponsable de mi parte decirte que sí”, agregó Marrero.

Thomas Von Essen, administrador de la Región II de FEMA, solicitó en una carta con fecha del 25 de julio del 2019 al gobernador saliente Rosselló Nevares que se aclare “tan pronto sea posible” quién será el representante autorizado del Gobernador para revisar y ejecutar un nuevo acuerdo con el Gobierno federal para el manejo de los fondos de recuperación. La carta también fue enviada a Jonathan Hoyes, actual coordinador federal de Recuperación de Desastres para Puerto Rico.

Von Essen le anuncia al Gobernador que FEMA reincorporará requisitos adicionales para el desembolso de dinero de recuperación. 

Desde febrero del 2018, Marrero Díaz es el GAR y el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación y Construcción (COR3), encargada de ser el enlace entre FEMA y los municipios, agencias del Gobierno y organizaciones sin fines de lucro. 

Según Marrero, la carta no le sorprendió, pues antes de hacerse pública, recibió dos llamadas en las que se le adelantó del contenido de la misiva. Una de estas fue de Jeffrey Byard, el administrador asociado para la Oficina de Respuesta y Recuperación de FEMA y nominado por el presidente Donald Trump a ocupar el puesto de director de la agencia, y la otra, de un ayudante de Trump en la Casa Blanca. 

Marrero Díaz reconoció que la renuncia del Gobernador supone un reto para la continuidad del proceso más importante que enfrenta la isla actualmente, pero minimizó el efecto que podría tener luego de una transición. 

“No hay prioridad más grande que no sea el proceso de recuperación. Por eso hemos establecido un equipo, hay una estructura, hay un conocimiento institucional y unas relaciones que se establecen, así que si yo mañana tengo que hacer una transición porque el que venga nombra a otra persona, pues se hace la transición y va a ser transparente”, aseguró.

En la misiva, Von Essen indica que Marrero “ha tomado acciones proactivas para aumentar el rigor del manejo de riesgos relacionados a las entidades que han sido objeto de alegaciones recientes de actividad ilícita”. 

Marrero mencionó que esto se refería a varias agencias que fueron tratadas como entidades de “alto riesgo”, incluyendo los departamentos de Salud y Educación, la Administración de Seguros de Salud (ASES) y la Autoridad de Energía Eléctrica. Ese trato implicaba que se les exigían revisiones de documentación y cumplimiento adicionales antes de desembolsarles dinero de recuperación. Explicó que el análisis para determinar el nivel de riesgo tiene que ver con la cantidad de dinero que recibiría la entidad, los recursos disponibles, su expertise para administrar este tipo de fondos y el tiempo que se tarda en someter documentación. 

Aunque Marrero estableció que su definición de “alto riesgo” es previa a las acusaciones federales en Educación y ASES, la carta de FEMA apunta específicamente a estas dos agencias. 

El 10 de julio, el FBI arrestó a la exsecretaria del Departamento de Educación, Julia   Keleher, a la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud, Ángela Ávila y al contratista de la firma de asesoría financiera BDO, Alberto Velázquez Piñol, además de tres personas, bajo acusaciones de lavado de dinero, fraude electrónico y otros cargos de conspiración.

Von Essen informó en la carta al Gobernador que las “circunstancias actuales” han llevado a FEMA a requerir revisiones adicionales antes de desembolsar los fondos de recuperación.

El funcionario federal enumera las otras circunstancias para las medidas cautelares: la inminente transición tras la renuncia del Gobernador; el cambia cambia de funcionarios en posiciones clave del gobierno, como el director de Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF); y la falta de capacidad de las agencias de gobierno para manejar fondos federales.

Vuelve el “formulario 270”

Von Essen instruye en la carta que — de forma inmediata — FEMA será la entidad encargada de aprobar el desembolso para los municipios, agencias del Gobierno y organizaciones sin fines de lucro. Esta directriz deja a un lado el acuerdo entre FEMA y COR3 anunciado en marzo para que el Gobierno de Puerto Rico fuera quien examinara y autorizara los reembolsos.  

“FEMA revisará la solicitud [de desembolso] y proporcionará una respuesta por escrito”, añade. 

Este paso para el reembolso, conocido como el “formulario 270”, había sido impuesto por FEMA en noviembre de 2017 como un requerimiento adicional a Puerto Rico para acceder a los fondos de reembolso bajo el programa de Asistencia Pública. 

FEMA justificó su decisión de entonces basándose en la magnitud y costos del proceso de respuesta y recuperación de la isla, según una carta que el excoordinador federal para la Recuperación de Desastres para Puerto Rico, Michael Byrne, envió a José Marrero, GAR alterno para esa fecha.

Omar Marrero ha insistido en que este es un ejemplo de que FEMA ha tenido un trato diferente con Puerto Rico. 

“El formulario 270, impuesto el 7 de noviembre de 2017, es la evidencia más clara del trato discriminatorio que tienen [hacia] los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico distinto a cualquier otra jurisdicción, porque no hay ninguna otra jurisdicción que tiene el formulario 270. Seguimos con el formulario y eso es lo mismo que decir que FEMA controla el proceso de reembolso. Nosotros le decimos, consistentemente, ‘déjame controlarlo’”, sostuvo Marrero en entrevista con el CPI en febrero.

El proceso 270 implica que cuando un solicitante presentaba su solicitud de reembolso, y el COR3 hacía una revisión de los documentos que deben acompañar la solicitud, FEMA volvía a hacer la misma revisión, y además realizaba un cotejo de la elegibilidad del solicitante, la instalación, el daño y el costo.

Cuando Marrero anunció en marzo el acuerdo para que FEMA eliminara la revisión adicional que hacía, indicó que se demostraba que “el Gobierno de Puerto Rico tiene la capacidad para gestionar su recuperación con la misma responsabilidad y deberes que cualquier otro estado”. 

Bajo ese acuerdo, el COR3 podía adelantar el 75% del dinero al solicitante tan pronto certificara que los documentos estaban en orden. 

La compañía Deloitte fue contratada por $31.6 millones hasta el 30 de junio de 2021 para desarrollar las metodologías para eliminar el proceso 270, que se está reincorporando por FEMA esta semana. 

Marrero afirmó que la restitución del formulario 270 será una medida temporera y que luego de que la persona que sustituya a Rosselló confirme quién será el GAR y se firme un nuevo acuerdo con FEMA, se podrá eliminar nuevamente. 

Añadió que la mayoría de los reembolsos para trabajos de emergencia ya se obtuvieron. El 75% para los relacionados con el huracán Irma y el 71% para los del huracán María ya ha sido desembolsado. Mientras, que la prioridad actual es que se obligue el dinero para los proyectos de trabajo permanente, pues la mayoría aún no están en etapa de solicitar reembolso y no tendrían todavía que pasar por el proceso 270. 

Zar de la Recuperación

Desde el 2017, la idea de que el presidente Donald Trump nombre a un Zar de la recuperación que supervise el manejo de los fondos de asistencia otorgados a Puerto Rico ha resonado en Washington D.C. 

El 24 de julio, en medio de la crisis causada por la inminente renuncia de Rosselló González, la comisionada residente, Jenniffer González Colón, urgió al presidente Trump el nombramiento de un coordinador federal para la reconstrucción para Puerto Rico tras la destrucción de los huracanes Irma y María.

“Lo alentamos a establecer un Coordinador Federal claramente definido para la reconstrucción de Puerto Rico. Esta sería una herramienta valiosa para el objetivo de ayudar a las familias y comunidades necesitadas”, lee la carta de González Colón firmada también por el senador republicano Rick Scott (Florida) y el representante republicano Sean Patrick Duffy (Wisconsin).

González Colón hizo la misma propuesta en febrero al jefe interino de gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney. “Tiene que ser una persona que tenga la credibilidad y que tenga el respaldo de la Casa Blanca para ir por encima de todas las agencias federales”, pidió la Comisionada Residente.

Aunque el entonces secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, descartó la idea pues “sería un paso burocrático adicional que no facilitaría la recuperación”, luego, el gobernador Rosselló Nevares le dio la bienvenida a la propuesta sujeto a que “no atrasara los procesos”. 

Al coro a favor de un zar se unió desde abril el excoordinador de Revitalización en la Junta de Control Fiscal, Noel Zamot, durante una audiencia ante el Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal, que preside Raúl Grijalva. 

El director ejecutivo del COR, por su parte, condicionó su apoyo a un zar federal si se trata de una figura con la encomienda de adelantar las conversaciones con agencias federales y agilizar los procesos de reembolso de dinero para la recuperación. 

“Si, por el otro lado, significa una intromisión a la política pública, una intromisión con determinar cuáles son los proyectos prioritarios o tratar de poner una burocracia adicional que atrase el desembolso, tenemos que estar en contra rotundamente porque en nada va a adelantar los mejores intereses del pueblo puertorriqueño”, expuso en febrero.

Al 31 de mayo, se habían asignado $42 mil millones en fondos para la recuperación, según datos de FEMA, y se habían desembolsado casi $14 mil millones.




Rosa Emilia saca las manos de la investigación del chat de Telegram

Twitter: @Limarys_Suarez

La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez aseguró hoy que se mantendrá al margen de la pesquisa sobre el controversial chat de Telegram del renunciante gobernador, Ricardo Rosselló Nevares junto a varios de sus más cercanos colaboradores.

“El chat lo está investigando el Departamento de Justicia. Siempre se le da deferencia al que comenzó la investigación a que mantenga la jurisdicción. No es que no haya jurisdicción federal es que ellos (Justicia) están investigando y nosotros, manos afuera”, declaró Rodríguez Vélez en medio de una conferencia de prensa hoy sobre seis acusaciones federales contra ocho individuos por un presunto fraude al Seguro Social y a Medicare.

A preguntas de los medios sobre la presunta corrupción en el gobierno de Rosselló Nevares, la jefa de la Fiscalía Federal sostuvo que confía plenamente en la labor investigativa que dirige la actual jefa de fiscales en Justicia local, la fiscal federal en destaque Olga B. Castellón, en relación al chat de Telegram.

“Tengo la mejor opinión de la fiscal federal Olga Castellón y lo que ella mencionó (ayer en radio) es el proceso investigativo. Los casos no salen hasta que estén listos. Si se hace rápido, sale mal. Cuando salga a la luz pública el caso está listo para verlo en los tribunales con la prueba que pueda permitir probar la acusación más allá de toda duda razonable”, agregó.

Rodríguez Vélez precisó además que el nombramiento en destaque en Justicia de Castellón expira a finales de septiembre.

La Fiscalía federal ya solicitó al Departamento de Justicia en Washington que se le conceda una extensión del nombramiento a Castellón pues actualmente tiene varias investigaciones en curso a su cargo.

¿Cuándo van a arrestar alcaldes?, se le preguntó a Rodríguez Vélez.

“Manténgase en sintonía. Eso es todo lo que voy a decir”, contestó.

Sobre las controversias que rodean a la secretaria de Justicia y próxima gobernadora de Puerto Rico si Rosselló Nevares no nombra antes del viernes a un secretario de Estado, la fiscal federal indicó que continúa confiando en Wanda Vázquez Garced.

“Todavía sigo creyendo que es una persona íntegra. No ha cambiado mi opinión”, declaró.

Hoy Rodríguez Vélez ofreció detalles sobre la primera acusación que emite un gran jurado federal relacionada con malversación de fondos destinados para ayudar a los damnificados por el huracán María.

“Nos han preguntado si se han radicado cargos por fraude al huracán María y hoy podemos decir que tenemos un caso de daños reclamados sustanciales relacionados al huracán María. También estamos acusando a unas personas que utilizaron el Internet reclamando que tenían la cura para el cáncer, la diabetes y otras enfermedades”, explicó.

Específicamente, el miércoles, 24 y viernes 26 de julio, un Gran Jurado Federal aprobó seis pliegos acusatorios contra ocho personas por defraudar al Seguro Social. Las acusaciones también alegan comisión de fraude para obtener fondos de otras agencias federales.

Según la acusación relacionada con un presunto fraude al Seguro Social y al Medicare los imputados Brunilda Rodriguez Reyes y su hijo, Gerardo O. Navedo Rodriguez se apropiaron ilegalmente de $156,616.50 de Seguro Social y fraudulentamente causaron que Medicare pagara $55,151.51.

Mientras, la acusada Lalin Mercado Vargas presuntamente recibió $168,854 del Seguro Social y causó que Medicare pagara $77,780.78 a base de reclamos fraudulentos.

La jefa de la Fiscalía Federal explicó que los beneficiarios del Seguro Social son elegibles a recibir Medicare una vez llevan 24 meses recibiendo beneficios por incapacidad.

El resto de los acusados por cometer presuntamente el mismo fraude al Seguro Social fueron identificados como David Arocho Castro, Carlos Del Valle Figueroa, Ramón A. Julbe Rosa y su esposa Ena I. Octaviana Santana.

“Julbe Rosa creó y operaba varias páginas de internet, Facebook, Youtube y otras plataformas en las cuales promocionaba, vendía y distribuía productos para curar condiciones médicas serias tales como cáncer, diabetes, lupus y artritis reumatoide. Los productos no habían sido aprobados por la FDA.  El acusado generó alrededor de $341,242 en la venta de éstas drogas ilegales”, detalló Rodríguez Vélez.

Julbe Rosa también enfrenta un cargo de fraude en conexión con un desastre natural o beneficios de emergencia debido al huracán María.

Según la acusación emitida por un gran jurado federal, Julbe Rosa representó falsamente a FEMA y Small Business Administration (SBA) que su residencia principal ubicada en la carretera 617 en el Municipio de Morovis había sido destruida por el huracán María cuando esta información era incorrecta.

En tanto, el gran jurado acusó a Johana Torres Figueroa por alegadamente brindar declaraciones falsas al Seguro Social, robo de identidad y fraude en conexión con un desastre natural o beneficios de emergencia debido al huracán María.

“Entre octubre 2017 y enero 2018, Torres Figueroa solicitó fraudulentamente los beneficios de FEMA por parte y para beneficio de la víctima envejeciente M.G.O. La acusada recibió $500 para Asistencia de Necesidades Críticas; $869 para Asistencia de Reparación del Hogar; $3,807 para asistencia de propiedad personal; y $748 para Asistencia de Alquiler, para un total de $5,925.  En el esquema, Johana Torres Figueroa utilizó las identificaciones de MGO y alegó que era su cuidadora. Este caso es una modalidad de explotación financiera de envejecientes y el Departamento de Justicia Federal se ha comprometido a combatir esta conducta ilegal”, agregó la jefa de la Fiscalía Federal.

De ser encontrados culpables, los acusados enfrentan un máximo de 10 años por defraudar al Seguro Social, 10 años por fraude al Medicare y 30 años de cárcel por el fraude en conexión con un desastre natural o beneficios de emergencia.

La investigación del caso criminal está asignado a la fiscal especial auxiliar del Seguro Social Vanessa Danette Bonano Rodríguez.




Rosselló firma ley para fiscalizar a administradores de beneficios de farmacias

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó el Proyecto del Senado 218, que persigue fiscalizar a los administradores de beneficios de farmacias (PBM, por sus siglas en inglés).

La medida, conocida ahora como la Ley Reguladora de los Administradores de Beneficios y Servicios de Farmacia, crea la Oficina del Comisionado Regulador de los Administradores de Beneficios y Servicios de Farmacia, la cual estará adscrita al Departamento de Salud. Esta legislación también fiscalizará uno de los componentes dentro de la cadena de servicios de salud que, hasta el momento, no cuenta con regulación alguna.

“Mi compromiso con la salud sigue firme. Tenemos una necesidad de proteger al paciente y la prestación de servicios de salud, por lo que es pertinente regular con efectividad a los PBM”, expresó Rosselló Nevares.

El primer ejecutivo agregó que “los aumentos injustificados a los medicamentos son inaceptables. Necesitamos regular cada eslabón de la cadena de producción y dispensa de medicamentos de manera efectiva para asegurarnos de obtener los precios más accesibles para nuestros ciudadanos. En ese sentido, esta medida es un paso adelante”.

La oficina creada bajo esta ley será responsable de requerir el licenciamiento para toda PBM que desee operar en Puerto Rico, atender reclamaciones de reembolso y garantizar que cumplan con los pagos a las farmacias.

Además, la oficina tendrá la labor de prohibir que los PBM alteren unilateralmente las prescripciones de los pacientes; de garantizar que el proceso de aprobación de medicamentos no exceda 72 horas; y de multar cualquier violación a esta ley.

La nueva medida permite que la Administración de Seguros de Salud (ASES) pueda reglamentar y establecer procedimientos para aquellos PBM que haya contratado con el fin de ofrecer servicios al Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico.

Esta iniciativa se suma a otros esfuerzos de la Administración Rosselló Nevares, dirigidos a atender los restantes participantes de la cadena con miras a promover la transparencia y solucionar la problemática del alto costo de los medicamentos.




Investigación de Justicia sobre Junta de Cannabis no es contra funcionarios públicos

La Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente notificó por carta a la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez, que la agencia incumplió su obligación legal de notificarles sobre la investigación que mantiene abierta sobre presuntas irregularidades en la otorgación de las licencias para vender cannabis, según un referido hecho por el exsecretario de la Gobernación, Raúl Maldonado.

De igual forma, el OPFEI cuestionó las razones por las que tampoco se les ha notificado sobre investigaciones en Justicia relacionadas al llamado “Chat de Telegram”, lo relacionado a los vagones de suministros luego del huracán María.

“Enviamos dos cartas, una sobre el chat y otra sobre los casos de Salud y de los vagones. Se enviaron ayer (lunes) por correo electrónico y hoy mediante entrega personal”, indicó Cotto Vives a Caribbean Business.

En declaraciones escritas, la jefa de los fiscales del Departamento de Justicia (DJ), Olga Castellón indicó a este medio que exite desconocimiento sobre cuándo y cómo se aplica la Ley del FEI.

“Cuando estamos hablando de asuntos de funcionarios públicos, el Departamento de Justicia tiene que hacer una evaluacion preliminar basada en una querella juramentada o información que tienda a demostrar que procede la investigación. Hay un término que da la ley para hacer la notificación correspondiente al PFEI, que son los que eventualmente luego de rendido el informe preliminar que tiene que hacer el Departamento de Justicia basado en toda la investigacion y conclusiones, entonces el PFEI es el que determina si va a designar un FEI, que va a ser el que va a procesar ese caso criminalmente ante los tribunales”, explicó la fiscal.

“Es un procedimiento de deliberacion, luego se hace una notificacion, luego se termina el informe y se somete al PFEI, de ser necesario”, indicó Castellón.

La jefa de fiscales negó el lunes alegaciones de que esa agencia no había investigado las alegadas irregularidades en la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal y aseguró hay una investigación abierta desde septiembre de 2018.

“No vamos a entrar en las interioridades de lo que hemos estado investigando con relación a este asunto, pero se están investigando todos los ángulos… (Se está investigando) desde septiembre de 2018 fecha que se alega se trajo a la atención de la secretaria de Justicia. Se han entrevistado testigos y la investigación está abierta”, dijo Castellón en entrevista radial (WKAQ).

De las expresiones de Castellón se desprende que la investigación sobre la Junta de Cannabis Medicial va dirigidas a personas que no están cobijadas bajo la Ley del OPFEI y pero ello fueron notificados.

La ley que crea el OPFEI establece en su artículo 4 que el Departamento de Justicia debe notificar al OPFEI en un término de 15 días, luego de iniciar una investigación preliminar cuando obtenga información bajo juramento que a su juicio constituya causa suficiente para investigar sobre la posible comisión de delito cuando los posibles hechos  involucren a gobernador, sus asesores, secretarios o jefes de agencia entre otros funcionarios.  

Varios documentos publicados por la periodista Sandra Rodríguez Cotto en su blog “En Blanco y Negro con Sandra”, revelan que desde el 10 de septiembre de 2018 el entonces secretario de la gobernación, Raúl Maldonado le refirió a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced detalles de la posible comisión de delitos de una de las asesoras del gobernador en Fortaleza.

Específicamente, los documentos sostienen que la pareja de asesores en La Fortaleza, los abogados María Palau Abasolo y su esposo José Giovanni Ojeda Rodríguez, ejercían presión constante y sistemática para obligar al director de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal, Antonio Quilinchini, a que concediera licencias a ciertas empresas.

Palau Abasolo fungía como la asesora de Rosselló Nevares en el área de Desarrollo e Infraestructura.

Ante las supuestas presiones indebidas a Quilinchini, según los documentos, el secretario de Salud, Rafael Rodríguez acudió a Fortaleza para advertirle al entonces secretario de la Gobernación y acto seguido Maldonado hizo el referido a Justicia.

Vázquez Garced aseguró a través de un comunicado de prensa que este referido está siendo investigado por Justicia. Sin embargo, según expresiones de la exasesora del aún gobernador, la licenciada Palau Abasolo, Justicia no la está investigando y calificó los señalamientos en su contra como falsos.




Rosselló firma ley para autorizar apuestas en deportes y juegos electrónicos

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares informó el lunes que firmó la Ley de la Comisión de Apuestas del Gobierno de Puerto Rico, la cual autoriza las apuestas en eventos deportivos, juegos electrónicos y concursos de fantasía; esto incluye apuestas por Internet que se originen en Puerto Rico.

“Con la firma de esta ley, nos preparamos para ser testigos del potencial que provee para convertir a Puerto Rico en una jurisdicción de vanguardia a la vez que se beneficia la economía local. Con esta legislación, la Isla podrá mercadearse a nivel nacional e internacional como un destino atractivo para apuestas en eventos deportivos”, indicó Rosselló Nevares en comunicación escrita.

Añadió que “apostamos a esta industria emergente al permitir que se apueste en sus eventos. Esto se une al Consejo Asesor del Gobernador en Asuntos de Videojuegos y a incentivos para esta industria en el recién firmado Código de Incentivos”.

Mencionó que estima, esta industria podría generar sobre 3 mil millones de dólares anuales para el 2023 en los Estados Unidos.

Por su parte, el representante y autor de la medida, Néstor Alonso Vega, indicó que “La firma de esta medida nos posiciona en el Caribe como la primera jurisdicción con apuestas deportivas”.

Además de las apuestas en deportes, el proyecto autoriza apuestas en liga de fantasía y en el emergente segmento de los juegos electrónicos o eSports. Este segmento, poco regulado en las demás jurisdicciones de los Estados Unidos, permite las apuestas en eventos competitivos de juegos electrónicos o videojuegos, tales como Street Fighter, Super Smash Bros., Fortnite, Rainbow Six y Gears of War.

Se estima que la audiencia global de los eSports está en sobre las 400 millones de personas y que su impacto económico a nivel global sea de sobre $3 mil millones al 2023.

En el lado administrativo, el proyecto crea una nueva Comisión de Apuestas, de acuerdo con el modelo de otros estados que han adoptado este tipo de legislación. La comisión, compuesta por siete miembros del sector público y privado, será la entidad gubernamental responsable de regular las apuestas deportivas, el deporte hípico, los eSports y los juegos de azar.

La comisión absorbe la actual Administración de la Industria del Deporte Hípico y la División de Juegos de Azar, parte de la Compañía de Turismo. Se informó que los empleados de estas entidades pasarán a la nueva Comisión y ningún empleado público será despedido como parte de la reorganización.

Por otra parte, la legislación provee para garantizar que menores de 18 años no participen en estos juegos. De igual forma, se atenderán problemas de adicción al juego que puedan surgir; y se fiscalizará adecuadamente para evitar el lavado de dinero y la evasión contributiva.

Las apuestas se podrán llevar a cabo en cualquier lugar autorizado por la Comisión, tales como casinos, hipódromos, hoteles, paradores, entre otros.

Explicó que esta nueva legislación logra recaudos para el fisco, provenientes de las licencias de operación y de los impuestos que se cobrarán en las jugadas y en los premios. Se ha propuesto una tasa de 7 por ciento en el caso de apuestas físicas y 12 por ciento en apuestas que se realicen por Internet.

Estos cargos e impuestos buscan ser sumamente competitivos en comparación con otras jurisdicciones, con miras a que la Isla sea atractiva y competitiva para atraer esta industria, ya que serían ingresos de una industria que no existe actualmente.  

Entidades independientes expertas en la materia, como The Innovation Group y Spectrum Gaming Group, concluyeron que la introducción de este segmento en Puerto Rico no canibalizará los ingresos de los casinos en Puerto Rico, debido a que los casinos capturan una demográfica diferente.

De igual forma, las licencias de apuestas deportivas en las agencias hípicas autorizadas tendrán un descuento de 50 por ciento por los primeros diez años.

Los recaudos que el Gobierno obtenga producto de esta industria se distribuirán para ayudar a sufragar el retiro de los pensionados y programas dirigidos a promover el deporte en nuestra juventud; para ofrecer servicios contra la adicción en apuestas; para ofrecer mejores equipos a los policías; para promover iniciativas educativas; y para gastos administrativos y de implementación de la nueva Comisión.

Asimismo, como medida para complementar los ingresos de quienes participaban en el deporte de los gallos, se autorizarán licencias a aquellas galleras existentes para poder aceptar apuestas en eventos deportivos. Dichas licencias se expedirán libres de costo por los primeros diez años y el beneficio será de aplicación a cualquier gallera que operara legalmente previo a la aprobación de la Ley federal Agrícola de los Estados Unidos, la cual ilegalizó las peleas de gallos.




Jenniffer González exige nombramiento de un secretario de Estado

La comisionada residente, Jenniffer González Colón. (Jaime Rivera/CB)

La comisionada residente, Jenniffer González Colón exigió el lunes que se nombre un secretario de Estado.

“Nadie puede obligar a nadie a ocupar un cargo que no desea y es su prerrogativa así hacerlo.  Lo que no se puede tolerar es la incertidumbre de quien dirigirá los destinos de Puerto Rico. En el ambiente que vive la isla es importante tener una línea sucesora clara que brinde credibilidad y estabilidad a la función de gobierno. Para eso, nuestra Constitución y las leyes establecieron un orden de sucesión. 

Al haber vacante en Estado, era lógico que el ocupante de la  secretaría de Justicia asumiera el cargo y en su defecto el secretario de Hacienda. Al secretario de Hacienda no tener la edad mínima para ocupar el cargo de gobernador, recaería en el secretario de Educación. Por eso es tan necesario se nomine un secretario de Estado con el consentimiento de los cuerpos legislativos y así mantener la continuidad del gobierno.

Hay que darle paz y estabilidad a todos los sectores de nuestra sociedad, a Washington y al mundo entero. Mientras tanto, yo sigo enfocada en mis labores en la Capital Federal, para que los congresistas y demás funcionarios federales tengan la certeza de que tienen a alguien del gobierno de Puerto Rico dando el frente por nuestro Pueblo, en momentos en que continua la recuperación de la crisis fiscal, huracanes Irma y María y los fondos de Medicaid entre otras medidas”, dijo González Colón en comunicación escrita.

Entretanto, ante el rechazo de la gobernación por parte de la secretaria de Justicia Wanda Vázquez, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, exigió el lunes en el reclamo para que el saliente gobernador Ricardo Rosselló Nevares nomine a un secretario o secretaria de Estado.

El presidente del Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres. (CyberNews)
El presidente del Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres. (CyberNews)

“El gobernador Rosselló tiene la responsabilidad indelegable de nombrar una persona al cargo de Secretario de Estado que pueda asumir el trabajo que él no ha podido desempeñar. Basta ya de utilizar el ordenamiento constitucional para su juego político y el revanchismo intra partido”, dijo Torres en medio de un mensaje emitido vía Facebook.

“Quiero dejar meridianamente claro que ante las expresiones contradictorias de la Secretaria de Justicia para que se reclute un Secretario de Estado para que asuma la gobernación, el Partido Popular Democrático advierte que nuestras delegaciones de Senado y la Cámara de Representantes no se prestarán para llevar a cabo ningún procedimiento de confirmación atropellado, improvisado o evadiendo el análisis ponderado y responsable que requiera dicha posición, toda vez que la persona seleccionada tendrá entre sus responsabilidades futuras el nombramiento de un Juez del Tribunal Supremo, decenas de nombramientos judiciales, el nombramiento de un Contralor(a), un director(a) de la Oficina de Ética Gubernamental y un Procurador(a) del Ciudadano (Ombudsman)”, añadió.

El domingo la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced rechazó que quiera ocupar el cargo de gobernador.

Ricardo Rosselló Nevares funge como gobernador hasta el viernes, 2 de agosto de 2019 a las 5:00 de la tarde, luego de presentar su renuncia ante dos semanas de fuertes manifestaciones a raíz del contenido del chat de Telegram entre él y once allegados, entre funcionarios de gabinete, asesores y contratistas.




Wanda Vázquez reitera que no quiere ser gobernadora de Puerto Rico

La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced insistió el domingo en que no tiene interés en ser gobernadora una vez se haga efectiva la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares.

“Me reitero, no tengo interés en ocupar el puesto de Gobernadora. Es un dictamen Constitucional. Espero que el señor Gobernador identifique y someta un candidato para el puesto de Secretario/a de Estado antes del 2 de agosto y así se lo he manifestado”, dijo la secretaria en la red social Twitter.

Vázquez Garced ha recibido muchos cuestionamientos de personas que no quieren que ocupe en propiedad el cargo una vez Rosselló Nevares concluya su gestión a las cinco de la tarde del 2 de agosto.

Se supone que hay una convocatoria para este lunes frente al Departamento de Justicia en rechazo a que Vázquez Garced ocupe el cargo.

Como no hay secretario de Estado, por orden constitucional le corresponde a la secretaria del Departamento Justicia juramentar como gobernadora.