Rosa Emilia saca las manos de la investigación del chat de Telegram

Twitter: @Limarys_Suarez

La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez aseguró hoy que se mantendrá al margen de la pesquisa sobre el controversial chat de Telegram del renunciante gobernador, Ricardo Rosselló Nevares junto a varios de sus más cercanos colaboradores.

“El chat lo está investigando el Departamento de Justicia. Siempre se le da deferencia al que comenzó la investigación a que mantenga la jurisdicción. No es que no haya jurisdicción federal es que ellos (Justicia) están investigando y nosotros, manos afuera”, declaró Rodríguez Vélez en medio de una conferencia de prensa hoy sobre seis acusaciones federales contra ocho individuos por un presunto fraude al Seguro Social y a Medicare.

A preguntas de los medios sobre la presunta corrupción en el gobierno de Rosselló Nevares, la jefa de la Fiscalía Federal sostuvo que confía plenamente en la labor investigativa que dirige la actual jefa de fiscales en Justicia local, la fiscal federal en destaque Olga B. Castellón, en relación al chat de Telegram.

“Tengo la mejor opinión de la fiscal federal Olga Castellón y lo que ella mencionó (ayer en radio) es el proceso investigativo. Los casos no salen hasta que estén listos. Si se hace rápido, sale mal. Cuando salga a la luz pública el caso está listo para verlo en los tribunales con la prueba que pueda permitir probar la acusación más allá de toda duda razonable”, agregó.

Rodríguez Vélez precisó además que el nombramiento en destaque en Justicia de Castellón expira a finales de septiembre.

La Fiscalía federal ya solicitó al Departamento de Justicia en Washington que se le conceda una extensión del nombramiento a Castellón pues actualmente tiene varias investigaciones en curso a su cargo.

¿Cuándo van a arrestar alcaldes?, se le preguntó a Rodríguez Vélez.

“Manténgase en sintonía. Eso es todo lo que voy a decir”, contestó.

Sobre las controversias que rodean a la secretaria de Justicia y próxima gobernadora de Puerto Rico si Rosselló Nevares no nombra antes del viernes a un secretario de Estado, la fiscal federal indicó que continúa confiando en Wanda Vázquez Garced.

“Todavía sigo creyendo que es una persona íntegra. No ha cambiado mi opinión”, declaró.

Hoy Rodríguez Vélez ofreció detalles sobre la primera acusación que emite un gran jurado federal relacionada con malversación de fondos destinados para ayudar a los damnificados por el huracán María.

“Nos han preguntado si se han radicado cargos por fraude al huracán María y hoy podemos decir que tenemos un caso de daños reclamados sustanciales relacionados al huracán María. También estamos acusando a unas personas que utilizaron el Internet reclamando que tenían la cura para el cáncer, la diabetes y otras enfermedades”, explicó.

Específicamente, el miércoles, 24 y viernes 26 de julio, un Gran Jurado Federal aprobó seis pliegos acusatorios contra ocho personas por defraudar al Seguro Social. Las acusaciones también alegan comisión de fraude para obtener fondos de otras agencias federales.

Según la acusación relacionada con un presunto fraude al Seguro Social y al Medicare los imputados Brunilda Rodriguez Reyes y su hijo, Gerardo O. Navedo Rodriguez se apropiaron ilegalmente de $156,616.50 de Seguro Social y fraudulentamente causaron que Medicare pagara $55,151.51.

Mientras, la acusada Lalin Mercado Vargas presuntamente recibió $168,854 del Seguro Social y causó que Medicare pagara $77,780.78 a base de reclamos fraudulentos.

La jefa de la Fiscalía Federal explicó que los beneficiarios del Seguro Social son elegibles a recibir Medicare una vez llevan 24 meses recibiendo beneficios por incapacidad.

El resto de los acusados por cometer presuntamente el mismo fraude al Seguro Social fueron identificados como David Arocho Castro, Carlos Del Valle Figueroa, Ramón A. Julbe Rosa y su esposa Ena I. Octaviana Santana.

“Julbe Rosa creó y operaba varias páginas de internet, Facebook, Youtube y otras plataformas en las cuales promocionaba, vendía y distribuía productos para curar condiciones médicas serias tales como cáncer, diabetes, lupus y artritis reumatoide. Los productos no habían sido aprobados por la FDA.  El acusado generó alrededor de $341,242 en la venta de éstas drogas ilegales”, detalló Rodríguez Vélez.

Julbe Rosa también enfrenta un cargo de fraude en conexión con un desastre natural o beneficios de emergencia debido al huracán María.

Según la acusación emitida por un gran jurado federal, Julbe Rosa representó falsamente a FEMA y Small Business Administration (SBA) que su residencia principal ubicada en la carretera 617 en el Municipio de Morovis había sido destruida por el huracán María cuando esta información era incorrecta.

En tanto, el gran jurado acusó a Johana Torres Figueroa por alegadamente brindar declaraciones falsas al Seguro Social, robo de identidad y fraude en conexión con un desastre natural o beneficios de emergencia debido al huracán María.

“Entre octubre 2017 y enero 2018, Torres Figueroa solicitó fraudulentamente los beneficios de FEMA por parte y para beneficio de la víctima envejeciente M.G.O. La acusada recibió $500 para Asistencia de Necesidades Críticas; $869 para Asistencia de Reparación del Hogar; $3,807 para asistencia de propiedad personal; y $748 para Asistencia de Alquiler, para un total de $5,925.  En el esquema, Johana Torres Figueroa utilizó las identificaciones de MGO y alegó que era su cuidadora. Este caso es una modalidad de explotación financiera de envejecientes y el Departamento de Justicia Federal se ha comprometido a combatir esta conducta ilegal”, agregó la jefa de la Fiscalía Federal.

De ser encontrados culpables, los acusados enfrentan un máximo de 10 años por defraudar al Seguro Social, 10 años por fraude al Medicare y 30 años de cárcel por el fraude en conexión con un desastre natural o beneficios de emergencia.

La investigación del caso criminal está asignado a la fiscal especial auxiliar del Seguro Social Vanessa Danette Bonano Rodríguez.




Rosselló firma ley para fiscalizar a administradores de beneficios de farmacias

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó el Proyecto del Senado 218, que persigue fiscalizar a los administradores de beneficios de farmacias (PBM, por sus siglas en inglés).

La medida, conocida ahora como la Ley Reguladora de los Administradores de Beneficios y Servicios de Farmacia, crea la Oficina del Comisionado Regulador de los Administradores de Beneficios y Servicios de Farmacia, la cual estará adscrita al Departamento de Salud. Esta legislación también fiscalizará uno de los componentes dentro de la cadena de servicios de salud que, hasta el momento, no cuenta con regulación alguna.

“Mi compromiso con la salud sigue firme. Tenemos una necesidad de proteger al paciente y la prestación de servicios de salud, por lo que es pertinente regular con efectividad a los PBM”, expresó Rosselló Nevares.

El primer ejecutivo agregó que “los aumentos injustificados a los medicamentos son inaceptables. Necesitamos regular cada eslabón de la cadena de producción y dispensa de medicamentos de manera efectiva para asegurarnos de obtener los precios más accesibles para nuestros ciudadanos. En ese sentido, esta medida es un paso adelante”.

La oficina creada bajo esta ley será responsable de requerir el licenciamiento para toda PBM que desee operar en Puerto Rico, atender reclamaciones de reembolso y garantizar que cumplan con los pagos a las farmacias.

Además, la oficina tendrá la labor de prohibir que los PBM alteren unilateralmente las prescripciones de los pacientes; de garantizar que el proceso de aprobación de medicamentos no exceda 72 horas; y de multar cualquier violación a esta ley.

La nueva medida permite que la Administración de Seguros de Salud (ASES) pueda reglamentar y establecer procedimientos para aquellos PBM que haya contratado con el fin de ofrecer servicios al Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico.

Esta iniciativa se suma a otros esfuerzos de la Administración Rosselló Nevares, dirigidos a atender los restantes participantes de la cadena con miras a promover la transparencia y solucionar la problemática del alto costo de los medicamentos.




Investigación de Justicia sobre Junta de Cannabis no es contra funcionarios públicos

La Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente notificó por carta a la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez, que la agencia incumplió su obligación legal de notificarles sobre la investigación que mantiene abierta sobre presuntas irregularidades en la otorgación de las licencias para vender cannabis, según un referido hecho por el exsecretario de la Gobernación, Raúl Maldonado.

De igual forma, el OPFEI cuestionó las razones por las que tampoco se les ha notificado sobre investigaciones en Justicia relacionadas al llamado “Chat de Telegram”, lo relacionado a los vagones de suministros luego del huracán María.

“Enviamos dos cartas, una sobre el chat y otra sobre los casos de Salud y de los vagones. Se enviaron ayer (lunes) por correo electrónico y hoy mediante entrega personal”, indicó Cotto Vives a Caribbean Business.

En declaraciones escritas, la jefa de los fiscales del Departamento de Justicia (DJ), Olga Castellón indicó a este medio que exite desconocimiento sobre cuándo y cómo se aplica la Ley del FEI.

“Cuando estamos hablando de asuntos de funcionarios públicos, el Departamento de Justicia tiene que hacer una evaluacion preliminar basada en una querella juramentada o información que tienda a demostrar que procede la investigación. Hay un término que da la ley para hacer la notificación correspondiente al PFEI, que son los que eventualmente luego de rendido el informe preliminar que tiene que hacer el Departamento de Justicia basado en toda la investigacion y conclusiones, entonces el PFEI es el que determina si va a designar un FEI, que va a ser el que va a procesar ese caso criminalmente ante los tribunales”, explicó la fiscal.

“Es un procedimiento de deliberacion, luego se hace una notificacion, luego se termina el informe y se somete al PFEI, de ser necesario”, indicó Castellón.

La jefa de fiscales negó el lunes alegaciones de que esa agencia no había investigado las alegadas irregularidades en la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal y aseguró hay una investigación abierta desde septiembre de 2018.

“No vamos a entrar en las interioridades de lo que hemos estado investigando con relación a este asunto, pero se están investigando todos los ángulos… (Se está investigando) desde septiembre de 2018 fecha que se alega se trajo a la atención de la secretaria de Justicia. Se han entrevistado testigos y la investigación está abierta”, dijo Castellón en entrevista radial (WKAQ).

De las expresiones de Castellón se desprende que la investigación sobre la Junta de Cannabis Medicial va dirigidas a personas que no están cobijadas bajo la Ley del OPFEI y pero ello fueron notificados.

La ley que crea el OPFEI establece en su artículo 4 que el Departamento de Justicia debe notificar al OPFEI en un término de 15 días, luego de iniciar una investigación preliminar cuando obtenga información bajo juramento que a su juicio constituya causa suficiente para investigar sobre la posible comisión de delito cuando los posibles hechos  involucren a gobernador, sus asesores, secretarios o jefes de agencia entre otros funcionarios.  

Varios documentos publicados por la periodista Sandra Rodríguez Cotto en su blog “En Blanco y Negro con Sandra”, revelan que desde el 10 de septiembre de 2018 el entonces secretario de la gobernación, Raúl Maldonado le refirió a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced detalles de la posible comisión de delitos de una de las asesoras del gobernador en Fortaleza.

Específicamente, los documentos sostienen que la pareja de asesores en La Fortaleza, los abogados María Palau Abasolo y su esposo José Giovanni Ojeda Rodríguez, ejercían presión constante y sistemática para obligar al director de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal, Antonio Quilinchini, a que concediera licencias a ciertas empresas.

Palau Abasolo fungía como la asesora de Rosselló Nevares en el área de Desarrollo e Infraestructura.

Ante las supuestas presiones indebidas a Quilinchini, según los documentos, el secretario de Salud, Rafael Rodríguez acudió a Fortaleza para advertirle al entonces secretario de la Gobernación y acto seguido Maldonado hizo el referido a Justicia.

Vázquez Garced aseguró a través de un comunicado de prensa que este referido está siendo investigado por Justicia. Sin embargo, según expresiones de la exasesora del aún gobernador, la licenciada Palau Abasolo, Justicia no la está investigando y calificó los señalamientos en su contra como falsos.




Rosselló firma ley para autorizar apuestas en deportes y juegos electrónicos

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares informó el lunes que firmó la Ley de la Comisión de Apuestas del Gobierno de Puerto Rico, la cual autoriza las apuestas en eventos deportivos, juegos electrónicos y concursos de fantasía; esto incluye apuestas por Internet que se originen en Puerto Rico.

“Con la firma de esta ley, nos preparamos para ser testigos del potencial que provee para convertir a Puerto Rico en una jurisdicción de vanguardia a la vez que se beneficia la economía local. Con esta legislación, la Isla podrá mercadearse a nivel nacional e internacional como un destino atractivo para apuestas en eventos deportivos”, indicó Rosselló Nevares en comunicación escrita.

Añadió que “apostamos a esta industria emergente al permitir que se apueste en sus eventos. Esto se une al Consejo Asesor del Gobernador en Asuntos de Videojuegos y a incentivos para esta industria en el recién firmado Código de Incentivos”.

Mencionó que estima, esta industria podría generar sobre 3 mil millones de dólares anuales para el 2023 en los Estados Unidos.

Por su parte, el representante y autor de la medida, Néstor Alonso Vega, indicó que “La firma de esta medida nos posiciona en el Caribe como la primera jurisdicción con apuestas deportivas”.

Además de las apuestas en deportes, el proyecto autoriza apuestas en liga de fantasía y en el emergente segmento de los juegos electrónicos o eSports. Este segmento, poco regulado en las demás jurisdicciones de los Estados Unidos, permite las apuestas en eventos competitivos de juegos electrónicos o videojuegos, tales como Street Fighter, Super Smash Bros., Fortnite, Rainbow Six y Gears of War.

Se estima que la audiencia global de los eSports está en sobre las 400 millones de personas y que su impacto económico a nivel global sea de sobre $3 mil millones al 2023.

En el lado administrativo, el proyecto crea una nueva Comisión de Apuestas, de acuerdo con el modelo de otros estados que han adoptado este tipo de legislación. La comisión, compuesta por siete miembros del sector público y privado, será la entidad gubernamental responsable de regular las apuestas deportivas, el deporte hípico, los eSports y los juegos de azar.

La comisión absorbe la actual Administración de la Industria del Deporte Hípico y la División de Juegos de Azar, parte de la Compañía de Turismo. Se informó que los empleados de estas entidades pasarán a la nueva Comisión y ningún empleado público será despedido como parte de la reorganización.

Por otra parte, la legislación provee para garantizar que menores de 18 años no participen en estos juegos. De igual forma, se atenderán problemas de adicción al juego que puedan surgir; y se fiscalizará adecuadamente para evitar el lavado de dinero y la evasión contributiva.

Las apuestas se podrán llevar a cabo en cualquier lugar autorizado por la Comisión, tales como casinos, hipódromos, hoteles, paradores, entre otros.

Explicó que esta nueva legislación logra recaudos para el fisco, provenientes de las licencias de operación y de los impuestos que se cobrarán en las jugadas y en los premios. Se ha propuesto una tasa de 7 por ciento en el caso de apuestas físicas y 12 por ciento en apuestas que se realicen por Internet.

Estos cargos e impuestos buscan ser sumamente competitivos en comparación con otras jurisdicciones, con miras a que la Isla sea atractiva y competitiva para atraer esta industria, ya que serían ingresos de una industria que no existe actualmente.  

Entidades independientes expertas en la materia, como The Innovation Group y Spectrum Gaming Group, concluyeron que la introducción de este segmento en Puerto Rico no canibalizará los ingresos de los casinos en Puerto Rico, debido a que los casinos capturan una demográfica diferente.

De igual forma, las licencias de apuestas deportivas en las agencias hípicas autorizadas tendrán un descuento de 50 por ciento por los primeros diez años.

Los recaudos que el Gobierno obtenga producto de esta industria se distribuirán para ayudar a sufragar el retiro de los pensionados y programas dirigidos a promover el deporte en nuestra juventud; para ofrecer servicios contra la adicción en apuestas; para ofrecer mejores equipos a los policías; para promover iniciativas educativas; y para gastos administrativos y de implementación de la nueva Comisión.

Asimismo, como medida para complementar los ingresos de quienes participaban en el deporte de los gallos, se autorizarán licencias a aquellas galleras existentes para poder aceptar apuestas en eventos deportivos. Dichas licencias se expedirán libres de costo por los primeros diez años y el beneficio será de aplicación a cualquier gallera que operara legalmente previo a la aprobación de la Ley federal Agrícola de los Estados Unidos, la cual ilegalizó las peleas de gallos.




Jenniffer González exige nombramiento de un secretario de Estado

La comisionada residente, Jenniffer González Colón. (Jaime Rivera/CB)

La comisionada residente, Jenniffer González Colón exigió el lunes que se nombre un secretario de Estado.

“Nadie puede obligar a nadie a ocupar un cargo que no desea y es su prerrogativa así hacerlo.  Lo que no se puede tolerar es la incertidumbre de quien dirigirá los destinos de Puerto Rico. En el ambiente que vive la isla es importante tener una línea sucesora clara que brinde credibilidad y estabilidad a la función de gobierno. Para eso, nuestra Constitución y las leyes establecieron un orden de sucesión. 

Al haber vacante en Estado, era lógico que el ocupante de la  secretaría de Justicia asumiera el cargo y en su defecto el secretario de Hacienda. Al secretario de Hacienda no tener la edad mínima para ocupar el cargo de gobernador, recaería en el secretario de Educación. Por eso es tan necesario se nomine un secretario de Estado con el consentimiento de los cuerpos legislativos y así mantener la continuidad del gobierno.

Hay que darle paz y estabilidad a todos los sectores de nuestra sociedad, a Washington y al mundo entero. Mientras tanto, yo sigo enfocada en mis labores en la Capital Federal, para que los congresistas y demás funcionarios federales tengan la certeza de que tienen a alguien del gobierno de Puerto Rico dando el frente por nuestro Pueblo, en momentos en que continua la recuperación de la crisis fiscal, huracanes Irma y María y los fondos de Medicaid entre otras medidas”, dijo González Colón en comunicación escrita.

Entretanto, ante el rechazo de la gobernación por parte de la secretaria de Justicia Wanda Vázquez, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, exigió el lunes en el reclamo para que el saliente gobernador Ricardo Rosselló Nevares nomine a un secretario o secretaria de Estado.

El presidente del Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres. (CyberNews)
El presidente del Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres. (CyberNews)

“El gobernador Rosselló tiene la responsabilidad indelegable de nombrar una persona al cargo de Secretario de Estado que pueda asumir el trabajo que él no ha podido desempeñar. Basta ya de utilizar el ordenamiento constitucional para su juego político y el revanchismo intra partido”, dijo Torres en medio de un mensaje emitido vía Facebook.

“Quiero dejar meridianamente claro que ante las expresiones contradictorias de la Secretaria de Justicia para que se reclute un Secretario de Estado para que asuma la gobernación, el Partido Popular Democrático advierte que nuestras delegaciones de Senado y la Cámara de Representantes no se prestarán para llevar a cabo ningún procedimiento de confirmación atropellado, improvisado o evadiendo el análisis ponderado y responsable que requiera dicha posición, toda vez que la persona seleccionada tendrá entre sus responsabilidades futuras el nombramiento de un Juez del Tribunal Supremo, decenas de nombramientos judiciales, el nombramiento de un Contralor(a), un director(a) de la Oficina de Ética Gubernamental y un Procurador(a) del Ciudadano (Ombudsman)”, añadió.

El domingo la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced rechazó que quiera ocupar el cargo de gobernador.

Ricardo Rosselló Nevares funge como gobernador hasta el viernes, 2 de agosto de 2019 a las 5:00 de la tarde, luego de presentar su renuncia ante dos semanas de fuertes manifestaciones a raíz del contenido del chat de Telegram entre él y once allegados, entre funcionarios de gabinete, asesores y contratistas.




Wanda Vázquez reitera que no quiere ser gobernadora de Puerto Rico

La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced insistió el domingo en que no tiene interés en ser gobernadora una vez se haga efectiva la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares.

“Me reitero, no tengo interés en ocupar el puesto de Gobernadora. Es un dictamen Constitucional. Espero que el señor Gobernador identifique y someta un candidato para el puesto de Secretario/a de Estado antes del 2 de agosto y así se lo he manifestado”, dijo la secretaria en la red social Twitter.

Vázquez Garced ha recibido muchos cuestionamientos de personas que no quieren que ocupe en propiedad el cargo una vez Rosselló Nevares concluya su gestión a las cinco de la tarde del 2 de agosto.

Se supone que hay una convocatoria para este lunes frente al Departamento de Justicia en rechazo a que Vázquez Garced ocupe el cargo.

Como no hay secretario de Estado, por orden constitucional le corresponde a la secretaria del Departamento Justicia juramentar como gobernadora.




Rosselló Nevares firma varias leyes de beneficio para los policías

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció que la Junta de Control Fiscal recientemente autorizó el aumento de 15 por ciento anunciado a los policías, retroactivo al 1 de julio de este año, lo que representa como mínimo $300 mensuales adicionales a toda la uniformada.

“A modo de ejemplo, un agente que actualmente devenga un salario bruto de $1,660 quincenales, a partir de la segunda quincena de julio devengará un salario quincenal de $1,909”, explicó Rosselló Nevares en declaraciones escritas.

Rosselló Nevares añadió que “el retroactivo del aumento que corresponde a la primera quincena de julio de 2019, se reflejará en un pago adicional a la segunda quincena. Por lo tanto, los agentes recibirán dos talonarios de pago en la segunda quincena de julio”.

Asimismo, una de las medidas que firmó el primer ejecutivo es el Proyecto de la Cámara 799, el cual aumenta a 62 años la edad de retiro obligatoria de los policías y bomberos.

 “En la actualidad, los servidores públicos de alto riesgo tienen una edad de retiro obligatoria de 58 años. Esto ha provocado que agentes y bomberos en perfectas condiciones de salud tengan que retirarse, en ocasiones sin cumplir los requisitos para recibir una pensión”, sostuvo Rosselló Nevares.

 El primer ejecutivo añadió que “con esta ley permitimos que aquellos policías y bomberos que cumplan los 58 años, pero que aún puedan cumplir físicamente con los requisitos de su puesto, puedan solicitar que se les extienda su carrera en el servicio público”.

 Dicho proyecto de ley es de la autoría de los representantes Joel Franqui Atiles, Félix Lassalle Toro, José Pérez Cordero y Abid Quiñones Irizarry.

 Por otra parte, firmó el Proyecto de la Cámara 1911, el cual exime del pago de contribución sobre ingresos a los salarios de la uniformada que se paguen retroactivamente conforme al aumento legislado con la Ley 227-2004.

Señaló que “luego de que se les incumpliera por 15 años, esta administración —que ya ha destinado 122 millones de dólares  para pagar dicha deuda— honrará el aumento legislado y, además, les proveerá el beneficio adicional para que el aumento esté exento de contribuciones”.

Finalmente, firmó el Proyecto de la Cámara 2140 que garantiza mejores y mayores beneficios por incapacidad ocupacional y no ocupacional para los miembros de la uniformada, luego de que la pasada administración eliminara las pensiones por incapacidad y ofrecieran una cubierta deficiente como póliza por incapacidad.

Se informó que, aunque los policías tienen una cubierta por incapacidad ocupacional, la misma solo se activa en instancias demasiado específicas, las cuales excluyen la mayoría de los accidentes que pudieran sufrir en su profesión.

Rosselló Nevares puntualizó que estas son otras de varias medidas en beneficio de la uniformada, tales como su ingreso al seguro social, la compra de equipo y vehículos nuevos, el pago de millones de dólares por concepto de ajustes salariales que se adeudaban desde el 2004, el off-duty que les permite ofrecer servicios de seguridad como policías en su tiempo libre y los aumentos salariales.

“Agradezco a los presidentes legislativos Thomas Rivera Schatz y Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, así como a los compañeros legisladores, por haber trabajado estas medidas tan importantes de manera diligente”, concluyó.




Complicado panorama para Wanda Vázquez

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A siete días de juramentar como la segunda mujer gobernadora de Puerto Rico tras la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares, la actual secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced enfrenta múltiples señalamientos de posible encubrimiento de delitos.

Varios documentos publicados por la periodista Sandra Rodríguez Cotto en su blog “En Blanco y Negro con Sandra”, revelan que desde el 10 de septiembre de 2018 el entonces secretario de la gobernación, Raúl Maldonado le refirió a Vázquez Garced detalles de la posible comisión de delitos de una de las asesoras del gobernador en Fortaleza, pero la pesquisa pareció engavetarse.

Específicamente, los documentos sostienen que la pareja de asesores en La Fortaleza, los abogados María Palau Abasolo y su esposo José Giovanni Ojeda Rodríguez, ejercían presión constante y sistemática para obligar al director de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal, Antonio Quilinchini, a que concediera licencias a ciertas empresas.

Palau Abasolo fungía como la asesora de Rosselló Nevares en el área de Desarrollo e Infraestructura.

Ante las supuestas presiones indebidas a Quilinchini, según los documentos revelados ayer y hoy en el blog “En Blanco y Negro con Sandra”, el secretario de Salud, Rafael Rodríguez acudió a Fortaleza para advertirle al entonces secretario de la Gobernación y acto seguido Maldonado hizo el referido a Justicia.

Ayer Vázquez Garced aseguró a través de un comunicado de prensa que este referido está siendo investigado por Justicia.

Sin embargo, según expresiones ayer de la exasesora del aún gobernador, la licenciada Palau Abasolo, Justicia no la está investigando y tildó los señalamientos en su contra como falsos.

“Debo expresar que nunca he sido entrevistada ni notificada sobre investigación alguna respecto a los hechos falsamente incluidos en la publicación hecha, ni llevada a cabo por el Lcdo. Raúl Maldonado, entonces Secretario de la Gobernación, ni por parte de la Lcda. Wanda Vázquez Garced, Secretaria de Justicia o de funcionario alguno de dicho Departamento. No obstante, de encontrarse en curso una investigación, expresamos nuestro firme compromiso y deseo de cooperar y contribuir como parte de la misma”, expresó.

Hoy, Vázquez Garced volvió a expresarse a través de un comunicado de prensa y destacó que por ley está impedida de confirmar la existencia de investigaciones en curso.

“Como Secretaria de Justicia tenemos una obligación en ley y deber ministerial, según el Artículo 13 de la Ley 205 del 2004, según enmendada, que es la Ley Orgánica del Departamento de Justicia, de mantener la confidencialidad en las investigaciones y no podemos estar ventilando las mismas públicamente. Nuevamente ofrecen información que no se ajusta a la verdad y tienen el efecto de desinformar. Sería incorrecto de nuestra parte ofrecer información a personas implicadas o no sobre el progreso o existencia o no de investigaciones en el Departamento de Justicia”, sostuvo la sucesora de Rosselló Nevares tras su renuncia.

Otro de los señalamientos revelados por el blog “En Blanco y Negro con Sandra” y que involucran a la posible sucesora de Rosselló Nevares habla de un posible encubrimiento sobre el manejo de contenedores por parte del gobierno con ayuda para los damnificados por el huracán María.

Según mensajes de texto del entonces secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado con Vázquez Garced con fecha del 16 de septiembre de 2018, la secretaria de Justicia le indicó sobre el manejo de los contenedores “no hay acción criminal y no requiere intervención de Justicia. Así no me ponen en posición de investigar y emitir expresiones”.

Ayer Vázquez Garced dijo que ese mensaje de texto “se interpreta de manera errada e incorrecta”.

Sin embargo, Zulma Rosario, directora de la Oficina de Ética Gubernamental, indicó que hizo un referido a la División Legal de su agencia para una posible investigación a las acciones de Vázquez Garced.

Hoy también surge que la secretaria de Justicia presuntamente tampoco investigó un esquema de fraude que conllevó la desaparición de cerca de $11 millones pertenecientes a la Junta de Farmacia.

Fue el propio director ejecutivo de la Junta de Farmacia de Puerto Rico, Lcdo. Agustín González, quien denunció que desde el 2017 acudió a donde Vázquez Garced para realizar la denuncia de la desaparición de las cuotas que pagan los farmacéuticos pero la funcionaria presuntamente no hizo nada.

“Nuevamente hoy, continúan los ataques viciosos a mi integridad personal y profesional. Es evidente el deseo y la agenda de algunos para tratar de minar mi credibilidad en este momento de trascendental importancia para Puerto Rico y de desestabilizar el orden gubernamental, lo que solo intenta perpetuar la inestabilidad y el desasosiego en el país”, expresó hoy Vázquez Garced.

“Nada podrá minar nuestro deseo de continuar haciendo cosas correctas y positivas por nuestro pueblo. Esa ha sido nuestra trayectoria. No emitiremos más comentarios públicos sobre investigaciones en el Departamento de Justicia ni sobre alegaciones sin fundamento y/o publicaciones en redes de alegadas conversaciones electrónicas, cuya procedencia es desconocida”, agregó.

Hoy en la tarde el gobernador Rosselló Nevares publicó una foto junto a Vázquez Garced con un mensaje que decía que discutían asuntos sobre la transición de su gobierno.




Rosselló anuncia primera emisión de $600 millones de asistencia alimentaria federal mediante el PAN

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció la primera emisión de los $600 millones de asistencia alimentaria federal por desastres mediante el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) para este próximo lunes 29 de julio, tras la aprobación especial dirigida a asistir a 700 mil familias bajo el nivel de pobreza en Puerto Rico.

Esta primera emisión inyecta alrededor de $45 millones a la economía de la isla por medio de los sectores agrícola y de suplido de alimentos.

“Con el fin de atender la necesidad de miles de familias bajo el nivel de pobreza —que aun presentan retos en su recuperación y sufrieron pérdidas tras el paso de los huracanes Irma y María— se ha programado esta emisión especial para el lunes 29 de julio, tomando en consideración la preparación necesaria en consulta con los comercios para el adecuado suplido de inventario y personal”, explicó el primer ejecutivo.

Rosselló Nevares agregó que “reconocemos el impacto que tiene en la salud y en el bienestar familiar, por lo que el desembolso para este primer mes se realizará de manera expedita, en cumplimiento con todos los requisitos de ley. A partir del mes de agosto, los participantes recibirán este aumento en beneficios en las fechas en que reciben sus beneficios de manera ordinaria”.

Cada participante verá en su cuenta el aumento en beneficios que recibirá mensualmente por el periodo de un año.

Por ejemplo, para un núcleo familiar de una sola persona que ahora recibe un beneficio mensual máximo de $112 —y si es un adulto mayor de 60 años recibe $132 mensuales— el aumento será de $40 adicionales para un total de beneficio mensual de $152 si es menor de 60 años o de $172 si es un adulto mayor.

Mientras, para una familia de cuatro miembros que mensualmente recibe un beneficio máximo de $410, con este aumento recibirá $119 adicionales, para elevar su beneficio mensual a $529.

Se informó que los recursos llegan directamente a las familias mediante la transferencia electrónica de beneficios en la Tarjeta de la Familia, por lo que no es necesario acudir a una oficina local.

El Departamento de Agricultura Federal aprobó una emisión especial que solicitó el Gobierno de Puerto Rico como parte del Plan Comprensivo que presentó la Administración del Desarrollo Socioeconómico del Departamento de la Familia (ADSEF) al Servicio de Alimentación y Nutrición (FNS, por sus siglas en inglés) para el desembolso de la nueva fase de la asistencia alimentaria por desastres en el PAN que asigna $600 millones a las familias bajo el nivel de pobreza en Puerto Rico.

La asignación federal que autorizó el Congreso y refrendó el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, el pasado 6 de junio de 2019 tiene vigencia hasta septiembre de 2020.

Rosselló Nevares reiteró la necesidad de continuar exigiendo la paridad en el trato y en la asignación de fondos del programa federal en el que Puerto Rico está limitado por una asignación en bloque, que no toma en cuenta la necesidad real de las miles de familias que viven bajo el nivel de pobreza en la isla.

“Esta asignación adicional representa un gran avance en el reconocimiento de la necesidad de estas familias. Mantener al Congreso informado sobre la necesidad de dar a Puerto Rico trato igual en la asignación de fondos para programas de asistencia alimentaria es fundamental para lograr la paridad que brindaría a las familias en este programa la justicia que merecen”, concluyó el gobernador.

La ADSEF tiene la encomienda de administrar los beneficios del PAN y el aumento en beneficios mensuales. A julio de 2019, 1.3 millones de personas, distribuidas en 700,000 familias, reciben beneficios del PAN.




Wanda Vázquez asegura quieren minar su credibilidad ante divulgación de informes de alegadas irregularidades

La secretaria del Departamento de Justicia (DJ) y posible gobernadora, Wanda Vázquez Garced alegó el viernes que quieren minar su credibilidad ante divulgación de informes de alegadas irregularidades que le impediría asumir ese cargo cuando se concrete la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares el viernes, 2 de agosto.

“Nuevamente continúan los ataques viciosos a mi integridad personal y profesional. Es evidente el deseo y la agenda de algunos para tratar de minar mi credibilidad en este momento de trascendental importancia para Puerto Rico y de desestabilizar el orden gubernamental, lo que solo intenta perpetuar la inestabilidad y el desasosiego en el país”, dijo Vázquez Garced en declaraciones escritas.

El viernes el portal “En Blanco y Negro con Sandra”, de la comunicadora Sandra Rodríguez Cotto divulgó informes basados en conversaciones de mensajes de texto y “chats” que alegan que Vázquez Garced se negó a investigar un alegado esquema de corrupción en la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal para beneficiar a los esposos y asesores de Fortaleza, María Palau Abasolo y José Giovanni Ojeda, quienes supuestamente obligaban que se le dieran licencias de cannabis a empresas específicas. Otro de los señalamientos es por supuestamente no investigar un alegado esquema de fraude que culminó con la desaparición de 11 millones de dólares de la Junta de Farmacias.

“Nuevamente ofrecen información que no se ajusta a la verdad y tienen el efecto de desinformar. Sería incorrecto de nuestra parte ofrecer información a personas implicadas o no sobre el progreso o existencia o no de investigaciones en el Departamento de Justicia”, insistió.

Indicó que la secretaria de Justicia tiene una obligación en ley y deber ministerial, según el Artículo 13 de la Ley 205 del 2004, según enmendada, que es la Ley Orgánica del Departamento de Justicia, de mantener la confidencialidad en las investigaciones y no puede ventilar las mismas públicamente.

“Nada podrá minar nuestro deseo de continuar haciendo cosas correctas y positivas por nuestro pueblo. Esa ha sido nuestra trayectoria. No emitiremos más comentarios públicos sobre investigaciones en el Departamento de Justicia ni sobre alegaciones sin fundamento y/o publicaciones en redes de alegadas conversaciones electrónicas, cuya procedencia es desconocida”, finalizó la secretaria.

Accede las publicaciones de “En blanco y negro con Sandra” aquí: https://bit.ly/2K4Dd3f y https://bit.ly/2JVUih0 .