Fiscalía Federal anticipa más arrestos por corrupción

Twitter: @Limarys_Suarez

La jefa de la Fiscalía federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez vaticinó esta tarde que vendrán más arrestos criminales por corrupción pública y por otros delitos en o antes de mediados de septiembre.

Las expresiones de Rodríguez Vélez surgieron esta tarde al llegar a La Fortaleza para la primera reunión de las agencias de ley y orden federales y estatales con la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

¿Podríamos ver arrestos antes de que se acabe el mes de agosto?, se le preguntó a Rodríguez Vélez.

“Eh… o a principios o a mediados del próximo mes”, respondió.

¿Serán por corrupción pública?, indagó Caribbean Business en Español.
“De todo un poco. Todas las personas que violen la ley, lo he dicho muchas veces, que el que viole la ley que se atenga a las consecuencias”, dijo.

La jefa de la Fiscalía federal precisó que su presencia en La Fortaleza se debía para una reunión de seguridad con las agencias federales y estatales con la gobernadora y al salir del cónclave agregó que la Primera Ejecutiva les solicitó la creación de un nuevo grupo de trabajo interagencial para investigar los robos de auto a mano armada, mejor conocido como ‘carjacking’.

“La gobernadora nos pidió crear un task force para investigar el aumento de carjacking en Puerto Rico y vamos a pedirle a los municipios más afectados por este tipo de crimen que nos den tres a cuatro policías municipales para el task force”, indicó la Rodríguez Vélez en conferencia de prensa al concluir la reunión.

Actualmente en Puerto Rico se han registrado un total de 382 carjacking, un total de 34 casos más que los reportados el año pasado para la misma fecha.

“En el día de hoy discutimos varios temas de interés de seguridad y especialmente hablamos de los carjacking. Es necesario que establezcamos unas estrategias donde compartamos recursos y creamos unos task force para atender el problema en Bayamón, Caguas, Carolina, Guaynabo y San Juan”, dijo por su parte Elmer Román, secretario del Departamento de Seguridad.

Román añadió que se estarán reactivando las unidades turísticas de la Policía.

“La gobernadora nos pidió que trabajemos en conjunto ciertas áreas del análisis forense, de balística en Ciencias Forenses para acelerar el esclarecimiento de casos”, mencionó.

¿Cómo van a atender el esclarecimiento de casos si todavía Forenses sigue con una precaria escasez de patólogos forenses para realizar las autopsias de crímenes violentos?, preguntó Caribbean Business en Español.

“Hay una convocatoria abierta para patólogos forenses, se va a ajustar el salario para que sea más y estamos buscando talentos a través de las asociaciones para traer esos patólogos. Entendemos que con ocho a diez patólogos resolvemos la situación en Forense”, contestó Román.

En un aparte con la prensa, previo al cónclave con Vázquez Garced, la jefa de la Fiscalía federal indicó que el 30 de septiembre vence el nombramiento en destaque de la fiscal federal Olga Castellón, quien actualmente funge como fiscal general en Justicia.

“La fiscal Castellón regresa el 30 de septiembre con el favor de Dios a nuestra oficina”, dijo Rodríguez Vélez.




Agencias federales investigan resultado de manifestaciones en el Viejo San Juan

La Oficina del Fiscal Federal, la Agencia Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Administración de Control de Drogas (DEA) trabajan junto con las agencias de ley locales para investigar los actos violentos que transpiraron anoche en el Viejo San Juan, se informó el martes.

“Hacemos hincapié en que las manifestaciones pacíficas son un ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero los actos violentos y la destrucción de bienes no forman parte de una manifestación pacífica y no deben ser tolerados. Estamos descorazonados por la violencia que han tomado algunos grupos e investigaremos y enjuiciaremos a cualquier persona que haya violado la ley federal, en la mayor medida posible”, dijo en comunicación escrita, Rosa Emilia Rodríguez Vélez, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico.

“Seguimos vigilando la situación y actuaremos de inmediato, como lo hemos hecho en otras situaciones en que las manifestaciones pacíficas se han vuelto violentas”, añadió.

“El FBI reconoce el derecho de la primera enmienda del público a protestar de manera pacífica. No obstante, el FBI investigará activamente cualquier acto de violencia que caiga bajo nuestra jurisdicción y constituirá un delito federal en coordinación con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley y la oficina del Fiscal de los Estados Unidos”, Dijo Douglas Leff, director del FBI en la Isla.

“La Oficina de Armas de Fuego y Explosivos de Tabaco con Alcohol se encuentra con todos nuestros socios gubernamentales locales, estatales y federales en Puerto Rico, y perseguirá agresivamente todas las violaciones de la ley que caen dentro de nuestra jurisdicción”, dijo Ari Shapira, agente especial en encargado de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

“El derecho a manifestarse como un ejercicio de libertad de expresión es un derecho inalienable que debe respetarse siempre que este ejercicio no viole los derechos de los demás”, dijo Iván Arvelo, agente especial a cargo de HSI San Juan.

“HSI, junto con las otras agencias de aplicación de la ley en Puerto Rico, estarán vigilantes y no tolerarán violaciones de los estatutos federales”, culminó.




Exjefas del Departamento de Educación y ASES arrestadas junto con el presidente de BDO

(CyberNews)
(CyberNews)

La exsecretaria del Departamento de Educación (DE) Julia Keleher; la exdirectora la Administración de Seguros de Salud (ASES) Ángela Ávila, el presidente de la firma de contabilidad BDO Puerto Rico, Fernando Scherrer, y el subcontratista Alberto Velázquez Piñol fueron arrestados por oficiales federales luego de que un gran jurado emitió una acusación de 32 cargos. 

También fueron acusadas Glenda E. Ponce Mendoza, quien trabajó como asistente personal de Keleher, sin ser empleada del DE, y su hermana, Mayra Ponce Mendoza, dueña de la firma de consultoría Colón & Ponce. 

El Departamento de Justicia realizó, el miércoles, una conferencia de prensa en que la fiscal federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez Vélez, dio detalles de la operación realizada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos. 

“Keleher y Ávila Marrero explotaron sus privilegiadas posiciones como jefas de agencias en Puerto Rico. Ambas defraudaron el gobierno de Estados Unidos y Puerto Rico en un esquema de contratos que ascendían los $15.5 millones, $13 millones en el Departamento (de Educación) y $2.5 millones en ASES”, dijo la fiscal de distrito, añadiendo que los cargos de conspiración conllevan una sentencia de hasta 20 años. 

Rodríguez Vélez explicó que los 32 cargos cubren tres esquemas, dos en el DE y uno en ASES, que se llevaron a cabo de 2017 a 2019. 

Los cargos del 1 al 11, en la acusación, cubren los contratos que Colón & Ponce recibieron, presuntamente, debido a la estrecha relación con Keleher, para la cual no se presentaron pruebas de que se había beneficiado económicamente.

“El propósito de la conspiración fue dirigir los contratos entre el Departamento de Educación y Colón & Ponce, una compañía propiedad de Mayra Ponce Mendoza. Esto fue realizado a través de un proceso de licitación corrupto conforme a una Solicitud de Propuesta, donde Colón & Ponce obtuvieron una ventaja competitiva sobre otros postores, basados, en parte, por la estrecha relación entre Keleher, Glenda Ponce Mendoza y su hermana Mayra Ponce Mendoza”, dijo el Departamento de Justicia en un resumen escrito. 

Además, Rodríguez explicó que, a pesar de la presión de Keleher para otorgar el contrato a Colón & Ponce, nadie en la Oficina de Asuntos Federales del Departamento de Educación pidió esos tipos de servicios. Además, la acusación indica que alguien, identificado como Individuo C de la oficina del Departamento de Educación Unidad de Adjudicación de Fondos, “concluyó que Colón & Ponce fue la única compañía que no estaba cualificada para el contrato, y fue la peor solicitante”. 

No obstante, Colón & Ponce recibió un contrato de $43,000, que luego aumentó a $95,000 para pagarle a una de las asistentes de Keleher, quien no estaba clasificada como empleada del DE. 

Respecto a los dos esquemas restantes, Rodríguez explicó que eran similares, pero, en cambio, benefició a Velázquez Piñol a través de un contrato con BDO, que fue acordado por el DE y ASES. 

“La conspiración y el esquema de fraude involucraron fondos federales pagados por el DE a BDO para varios contratos que totalizaron más de $13 millones de enero del 2017 hasta abril del 2019. A pesar de las prohibiciones expresas en dichos contratos, BDO subcontrató a otras compañías para que prestaran los servicios y pagó a Velázquez a través de su compañía, Azur, una comisión del 10% por los contratos adjudicados a través de la influencia de Velázquez Piñol con funcionarios del gobierno”, dijo Justicia.

Keleher, quien renunció el 1 de abril, fue arrestada en Washington D.C. por el FBI, y Velázquez Piñol fue detenido en Greenwich, Connecticut, tras entregarse. El proceso para traerlos de vuelta a la isla puede llevar unos ocho días.

Keleher debe entregarse a las autoridades federales en Puerto Rico antes del 17 de julio, determinó un tribunal en Washington.

Los otros cuatro arrestados están libres bajo fianza. Ángela Ávila, así como las hermanas contratistas Glenda y Mayra Ponce Mendoza fueron puestas en libertad después de pagar una fianza de $25,000. La fianza de Scherrer requiere un depósito de $2 millones, o $1 millón en efectivo y $1 millón en activos. 

En un comunicado, BDO Puerto Rico dijo que Scherrer presentó su renuncia, lo que “permitirá al Sr. Scherrer concentrarse en su defensa, al tiempo que le permitirá a BDO concentrar sus esfuerzos en brindar servicios” a sus clientes. Agregó que toman las “alegaciones hechas por las autoridades federales muy seriamente y que reitera su voluntad de continuar cooperando”.

Un día antes, los agentes de la Oficina del Inspector General entrevistaron al ex principal asesor del gobernador Alfonso Orona. Los arrestos se realizaron menos de 24 horas después de que Orona declarara ante un gran jurado acerca de la relación de Velázquez con el gobierno.

Rodríguez aseguró que el gobernador no forma parte de la investigación. Sin embargo, al responder preguntas de la prensa, dijo que la investigación envuelve varios municipios, y añadió que “nuevas acusaciones” se avecinan. 

Orona admitió que le preguntaron acerca de las actividades de Velázquez Piñol después del huracán María por autorizar documentos oficiales y proporcionar evidencia de la participación del contratista en la adjudicación de los contratos del plan de salud del gobierno. 

Velázquez también estuvo a cargo de trabajar con el Departamento de Salud en la implementación del primer Sistema para el Manejo de Información de Pacientes de Medicaid (MMIS, por sus siglas inglés), y sirvió como asesor externo del DE. 

En un comunicado, el gobernador Ricardo Rosselló, quien estaba de vacaciones en Europa y dijo que regresaría antes de lo planeado, expresó que su administración “no tolerará corrupción y cualquiera que traicione la confianza (en el gobierno) debe pagar con todo el peso de la ley”. 

“Igualmente, reitero el llamado a la colaboración con las agencias de ley y orden que trabajan en estos casos”, agregó.

El presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Raúl Grijalva (D-Ariz), que supervisa los asuntos de Puerto Rico en el Congreso, dijo que Rosselló debe tomar “medidas inmediatas” para restaurar la credibilidad de su administración.

En una entrevista con el Washington Post, Grijalva pidió a Rosselló que renunciara. 

“Hemos cruzado ese crisol ahora”, dijo Grijalva. “La restauración de la rendición de cuentas es demasiado clave para el futuro”.

En un comunicado publicado en su página oficial, el congresista escribió: “Anunciar una actitud de cero tolerancia hacia la corrupción es fácil. Tomar medidas significativas para prevenirlo y castigarlo es liderazgo “. Además, agregó que “el pueblo puertorriqueño merece un gobierno que tome en serio el servicio público, que sea transparente y responsable, y que eso no permita que esto suceda en primer lugar. El gobernador Rosselló tiene poco tiempo y mucho que hacer para restaurar la fe pública en su gobierno, y le insto a que adopte un enfoque de limpieza de la casa lo más rápido y lo más completo posible “.




Gobernador suspende vacaciones en medio de arrestos federales de dos exjefas de agencias

Luego de que dos de sus exjefes de agencia fueron arrestados el miércoles por las autoridades federales, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, dijo el miércoles que regresará a la isla lo más pronto posible en medio de los arrestos de la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), Ángela Ávila y la exsecretaria de Educación, Julia Keleher.

Otros arrestados fueron el presidente de la firma de auditoría y contabilidad BDO, Fernando Scherrer, y su empleado Alberto Velázquez. Glenda Ponce Mendoza, quien trabajaba como asistente de Keleher, y Mayra Ponce Mendoza (su hermana) también fueron acusadas.

Según la acusación, Mayra Ponce Mendoza actuó como oficial corporativa y propietaria de Colón & Pence.

“Reconociendo la importancia y el significado de los arrestos ocurridos en el día de hoy, así como su impacto en el quehacer gubernamental, he decidido regresar de inmediato”, dijo Rosselló en declaraciones escritas emitidas por su oficina en La Fortaleza. “Es momento de estar presente en la Isla y reiterar en persona el mensaje de que la agenda de este gobierno no se detiene, a pesar de quienes han decidido, incorrectamente, faltar a la confianza del pueblo”.

El gobernador regresará a Puerto Rico tan pronto se hagan los arreglos de viaje, dijo. Había viajado a Francia el viernes pasado para participar en la Copa Mundial Femenina.

Rosselló dijo que, tan pronto llegue, se reunirá con líderes legislativos y jefes de agencias.

En una conferencia de prensa en un edificio federal en Hato Rey, la Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez Vélez, dijo que Rosselló no formaba parte de la investigación en curso y luego respondió, a preguntas de la prensa, que involucraban a varios municipios, y que “nuevas acusaciones” se avecinan.

Mientras, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dijo en un comunicado que los arrestos del miércoles “constituyen una gran decepción y provocan enojo en nuestra gente”.

“Los funcionarios decentes y honestos que trabajan en el gobierno no deben ser penalizados por quienes nos han fallado”, dijo Rivera Schatz. “Reconozco que los arrestados deben ser considerados inocentes y siento lástima por sus familias. Estoy seguro de que al final la justicia y la verdad prevalecerán”.

Rivera Schatz dijo que es imperativo que el gobernador, la comisionada residente Jenniffer González, los legisladores mayoritarios y los alcaldes afiliados al Partido Nuevo Progresista (PNP) se reúnan de inmediato para evaluar y tomar medidas de manera responsable sobre “los eventos que están ocurriendo”.

El presidente del Senado dijo que necesitan responsabilizar a los culpables y explicar, claramente, a la gente de Puerto Rico lo que ha ocurrido.

Entretanto, antes de anunciar que regresaría lo antes posible, Rosselló emitió una declaración que decía que, como gobernador, “asumo la responsabilidad y el compromiso de combatir este mal … hacer de Puerto Rico un ejemplo de valores y principios …”

“Reitero que nuestra administración no tolerará la corrupción y que todo aquel que falle a la confianza deberá pagar con todo el peso de la ley”, dijo. “También reitero en el llamado de colaboración con las agencias de ley y orden que están trabajando en estos casos”.

Por otra parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, dijo que la reunión con los líderes del PNP se llevará a cabo a las 2 p.m. en su oficina.

“La confianza que el pueblo de Puerto Rico deposita en sus funcionarios electos, así como las tres ramas del gobierno, nunca deben romperse”, dijo Méndez.

Rivera Schatz y Méndez solicitaron la reunión con líderes de la mayoría y alcaldes varias horas después del arresto de Keleher y Ávila.

De otro lado, la comisionada residente dijo que el arresto de Ávila podría afectar la asignación de fondos federales.

“Llegamos a un acuerdo para otorgar al gobierno de Puerto Rico $12 mil millones más para el pago del seguro de salud del gobierno para los próximos cuatro años”, dijo González en una entrevista con Radio Isla 1320. “Ella (Ávila) fue la persona presente en las vistas públicas”.

Añadió que el acuerdo otorgaría unos $2.8 mil millones en el 2020, $2.9 mil millones en el 2021, $3.01 mil millones en el 2022 y $3.11 en 2023.

“Este fue un logro importante para Puerto Rico, de modo que no tendría que enfrentar un abismo fiscal de salud y obligaría a la Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico a enmendar el presupuesto de Puerto Rico”, señaló.

Los arrestos podrían dañar la imagen de Puerto Rico, dijo González, y señaló que está preocupada por los eventos que ocurrieron.

“Esto afecta la credibilidad de los programas específicos”, dijo González al referirse a los fondos federales asignados ASES y al Departamento de Educación.




Federales comandan distribución de combustible en Puerto Rico

Efectivos del gobierno federal, junto a personal de la Guardia Nacional y agentes de la Policía de Puerto Rico establecieron un nuevo protocolo para suplir diésel a los hospitales del país y se encuentran en conversaciones con los mayoristas de gasolina para diseñar una coordinación similar que permita un suplido regular a las gasolineras del país.

Héctor Pesquera, secretario de Seguridad Pública indicó a CB en Español que para estas operaciones se ha solicitado cerca de 1,500 efectivos de seguridad al gobierno federal a través de FEMA.

Héctor Pesquera, secretario de Seguridad Pública. (Juan J. Rodríguez/CB)

“Hemos establecido un patrón para reabastecer estos hospitales sin que estén llamando al centro de mando para decir que les queda una hora de diésel, que era lo que estaba pasando. Lo mismo con la distribución de gasolina. Estamos yendo a los mayoristas pidiéndoles la información de a quién le van a suplir durante el día. Los mayoristas tienen que darnos esa información y tienen que sacar la gasolina para los garajes porque es una necesidad básica e importante”, sostuvo Pesquera. La distribución de combustible, dijo el funcionario, se está trabajando a través de un task force especial.

Pesquera agradeció el apoyo que brinda el Departamento de Justicia federal a través de la fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez al poner a la disposición del gobierno a todos sus efectivos. Indicó que se solicitaron 1,500 efectivos adicionales al gobierno federal, quienes llegarán escalonadamente. En estos momentos, 544 militares y 89 bomberos ya se encuentran en el país. En el día de hoy arriban 60 guardias nacionales con cuatro helicópteros adicionales.

Ayer, el secretario de la Gobernación, William Villafañe, admitió que la respuesta del Departamento de la Defensa ante el colapso de toda la infraestructura básica del país tras el paso del huracán María, ha sido muy lenta.

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En términos de la operación para reestablecer las telecomunicaciones, Pesquera destacó que han buscado en Estados Unidos “lo mejor y más técnico que hay en esta área entre los proveedores, AT&T, Telefónica, T-Movil”. Explicó que los ejecutivos de esas empresas están trabando de forma colectiva para levantar los sistemas. Además, indicó que el Ejercito de Estados Unidos está trabajando en levantar las torres de las emisoras de radio.

Para la distribución de alimentos, Pesquera indicó que agentes federales y estatales están estableciendo junto con la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos  (MIDA) para asegurar la distribución de alimentos a los distintos establecimientos de manera que más tiendas puedan abrir al público.

“Vamos a dar seguridad permanente para que abrán los Walmart, los Econo, los SuperMax y todo empiece a correr”, afirmó.




Habla Jorge de Castro Font sobre caso de Ramón Orta 

El exsenador y exconvicto, Jorge de Castro Font, opinó hoy que es increíble que en el 2017 ocurra otro caso más de corrupción pública que, en esta ocasión, vincula al Partido Popular Democrático (PPD) y a personas muy allegadas a la administración del exgobernador Alejandro García Padilla.

“Un secretario de administración de una agencia de gobierno, en un esquema para allegarse dinero de fondos federales y fondos estatales y que toca directamente la campaña del pasado candidato a gobernador, con un director de finanzas de la campaña… Eso es algo peligrosísimo y que afecta directamente, va al tuétano de toda la reputación de todas las personas, mancha a todo el mundo dentro de esa campaña y de la administración del pasado gobierno popular”, sostuvo en entrevista con WKAQ 580.

De Castro Font hizo un paralelismo con el caso federal del exrecaudador del PPD, Anaudi Hernández, y el caso que involucra al exsecretario de Recreación y Deportes, Ramón Orta.

“El vínculo de las dos situaciones del caso de Anaudi y este de [Miguel] Sosa y Orta, es personas que buscan el contacto político, se adentran en el partido, se adentran en el gobierno, se inventan unas corporaciones porque se dan cuenta que ahí es que está el guiso, ahí es que está el dinero”, aseveró.

El exlegislador, quien fue acusado y cumplió cárcel a nivel federal y estatal por una serie de delitos, entre ellos, soborno, extorsión y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, hizo una distinción entre su caso y el de Orta.

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“Esos son fondos federales y fondos estatales. Le estás robando dinero al pueblo.  Esos son casos distintos a los míos.  Yo no tenía fondos del gobierno, ni estatal, ni federal, es una cosa del comité mío de campaña”, señaló.

Con respecto al excandidato a la gobernación por el PPD, David Bernier, De Castro Font dijo entender que es una persona seria y muy correcta, pero aclaró que, de este haber obtenido el triunfo en las elecciones, el caso presentado por la fiscalía federal hubiese sido muy distinto.

“Si hubiera ganado, en vez de lo que dijo Rosa Emilia [Rodríguez] de un esquema de $10 millones, hubiera sido un esquema de $100 millones lo que hubieran encontrado.  Esto siempre se va a saber, siempre alguien va a hablar y siempre se le va a fallar a alguien que cree que le diste más dinero a este que al otro y por eso es que vienen los testigos o los chotas”, explicó.

El expolítico sostuvo que no es casualidad que uno de los implicados se entregara voluntariamente y dijo entender que esta persona es el testigo contra el resto de los arrestados.

“¿Cómo es que se entregó voluntariamente?  ¿Él sabía que lo iban a arrestar?  ¿Cómo sabía que había una investigación y le permitieron entregarse y que no le tocaran la puerta a las 3 de la mañana?  Ese es el testigo”, opinó.

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De Castro Font explicó lo que se siente cuando las autoridades federales “tocan a tu puerta”.

“Cuando te tocan la puerta, ya tú sabes que tu vida es distinta y que te cambió todo.  Empiezas a pensar cosas malas, [entre ellas] si acabo con mi vida o no.  Desde el momento en que te ponen las esposas, tú estás pensando que tu vida se acabó”, manifestó al recordar su propia experiencia.




Exsecretario del DRD lideró presunto fraude de $10 millones

Un esquema de corrupción pública con el que presuntamente se alcanzó a obtener $10 millones en contratos fraudulentos con fondos federales culminó hoy con el arresto y acusación contra el exsecretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Ramón E. Orta Rodríguez, y otras seis personas.

La acusación de 50 cargos criminales por conspiración, fraude electrónico, fraude postal, robo de entidad agravada y lavado de dinero fue emitida por un gran jurado federal ayer, 20 de junio. (Juan J. Rodríguez/CB)

Según el pliego acusatorio de 62 páginas, Orta Rodríguez recibió $27,000 en efectivo, una construcción en su casa con los mismos fondo públicos y el pago de dos viajes a Toronto y México a cambio de beneficiar a los co-conspiradores para obtener contratos con el DRD de forma fraudulenta.

“Los acusados en el día de hoy se aprovecharon de su posición privilegiada y defraudaron al gobierno de Estados Unidos en un esquema de contratos ascendentes a $10 millones. Como hemos visto en demasiadas ocasiones, la práctica de otorgar contratos a diestra y siniestra, en muchas ocasiones innecesarios, a personas y compañías que no tienen los méritos ni la capacidad para rendir los servicios contratados se tiene que acabar”, expresó Rosa Emilia Rodríguez, jefa de la fiscalía federal en conferencia de prensa.

La acusación de 50 cargos criminales por conspiración, fraude electrónico, fraude postal, robo de identidad agravada y lavado de dinero fue emitida por un gran jurado federal ayer, 20 de junio, contra Orta Rodríguez; su ayudante especial en el DRD, Edgardo Vázquez Morales; el fundador y presidente de Rosso Group, Oscar Rodríguez Torres; el contratista y exmiembro del equipo de finanzas de David Bernier y CPA, Miguel Sosa Suárez; el presidente de Administrative, Enviromental and Sport Consultant Corp, Irvin Riquel Torres Rodríguez; su esposa Cecilia Amador López, y el creador y propietario de Sport Consultants, Juan Carlos Ortiz Nieves.

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Según la acusación federal, los imputados utilizaron la empresa Rosso Group Inc, creada en febrero de 2013, para financiar proyectos otorgados por el exsecretario del DRD bajo la administración de Alejandro García Padilla. Esta empresa recibió $8.7 millones en fondos federales como parte del esquema.

Asimismo, los imputados utilizaron, según el pliego acusatorio, a la empresa sin fines de lucro Global Sport Initiative que promovía eventos de boxeo y era administrada por Sosa Suárez para recibir dinero producto del esquema corrupto.

“Según la acusación, los imputados utilizaron la posición de Orta Rodríguez en el Gobierno para beneficiarse, enriquecerse y defraudar a Estados Unidos y al gobierno estatal. Orta Rodríguez solicitaba fondos federales en el DRD y que eran del Departamento de Educación y la Administración de Vivienda Pública utilizando información falsa sobre la capacidad que tenía su agencia para llevar a cabo las actividades sujeras a las propuestas”, detalló Rodríguez Vélez.

La jefa de la fiscalía federal sostuvo que el exsecretario del DRD firmó contratos entre el DRD y la empresa de Rosso Group sin entablar un proceso de licitación o evaluación para los servicios prestados en virtud de contratos con Educación y Vivienda.

“Rosso Group inflaba los precios de los servicios a ser provistos bajo los contratos y la diferencia se la repartían entre los acusados. Los co-conspiradores utilizaban las ganancias para pagar viajes, inversiones de negocios para hacer compras para una campaña política y un partido político”, sostuvo la jefa de los fiscales federales.

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Al ser cuestionada sobre si las compras fueron hechas para el excandidato a la gobernación del Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier, la jefa de la fiscalía federal indicó que no iba a mencionar nombres ni colectividad.

“Lo que puedo decir que el partido fue utilizado. Lo del partido fue incidental”, precisó Rodríguez Vélez.

La acusación precisa que el exsecretario del DRD subcontrató a Rosso Group para realizar proyectos con fondos federales en violación al convenio que tenía con el DE.

Los cuatro proyectos para los que Orta Rodríguez subcontrató a Rosso Group fueron “Proyecto Verano Saludable” en el 2013; el proyecto “Aprendo Saludable” en el 2015; el proyecto “Matemáticas en Contexto” y el proyecto “Voces de la Juventud” en el 2015.

El exsecretario ordenó a la Persona A, quien es un productor de televisión y la acusación obvia su nombre, a que contactara a Sosa Suárez con respecto a los detalles de las producciones de televisión de Recreación y Deportes.

La acusación federal precisa que Orta Rodríguez contrató a Rosso Group para los servicios de producción.

“Sosa Suárez le pidió a la Persona A prestar servicios para dos programas de televisión distintos y luego facturar a Rosso por la totalidad de los servicios”, agregó la jefa de la Fiscalía Federal.

El pliego acusatorio añade que Sosa Suárez, que era el CPA que fue parte del equipo de finanzas de David Bernier, construyó en su hogar en Salinas un hueco en el suelo, mejor conocido en el bajo mundo como un clavo, para guardar allí dinero en efectivo.




Aerostar refuta señalamiento de supuesta crisis de seguridad en el aeropuerto

Luego del arresto en febrero de 12 empleados del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Carolina por presunto tráfico de drogas ilícitas, el presidente de Aerostar Holdings, compañía que administras las instalaciones, Agustín Arellano, afirmó hoy que el saldo del masivo operativo no se debe a un problema de seguridad en el aeropuerto.

Sus expresiones surgieron durante la visita de la Comisión Conjunta para las Alianzas Público Privadas que preside el vicepresidente del Senado, Larry Seilhamer Rodríguez, donde se realizó una inspección ocular para atender precisamente asuntos relacionados a mejoras y seguridad.

(De izq. a der.) Agustín Arellano, presidente de Aerostar, el senador Aníbal J. Torres, el representante victor pares, el presidente de la Cmisión, Lrru Seilhamer y el representante Miguel Laureano. (Agustin Criollo/CB)

(De izq. a der.) Agustín Arellano, presidente de Aerostar; el senador Aníbal J. Torres, el representante Víctor Parés, el presidente de la Comisión, Larry Seilhamer, y el representante Miguel Laureano. (Agustín Criollo/CB)

Una vez concluido el operativo el pasado 13 de febrero, la fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez, aseguró que las instalaciones sufren de un grave problema de seguridad y este constituye el punto de distribución más grande de dogas en el Caribe.

No es preciso decir que los empleados pueden entrar sin pasar por un filtro de seguridad. Todos los empleados pasan por un proceso de revisión previo al ingreso. Primero con la presentación de su identificación, luego con la revisión y cotejo de esta contra una lista de cancelaciones que pudo haber habido hasta 24 horas antes. Luego, pasan por un acceso controlado por clave, que es una cámara de seguridad que toma su imagen de video y una inspección de cada bulto que el empleado cargue”, indicó Arellano durante la conferencia de prensa ofrecida en el Terminal A del aeropuerto.

El presidente de Aerostar aseguró que la amenaza principal conocida por todas las agencias federales de seguridad es la amenaza interna ya que, según dijo, para que se dé un trasiego de drogas debe existir complicidad que aun con todas las inspecciones de requerimiento, saltan ante la oportunidad de cometer un delito que los remunere económicamente.

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Arellano admitió, sin embargo, que garantizar la total erradicación del trasiego de drogas y la complicidad de algunos empleados y exempleados, es virtualmente imposible.

Es bien complejo el término ‘garantizar’. Se mitigan las posibilidades a través de programas y acciones, pero es prácticamente imposible garantizar al 100% que los planes de contingencia estén aprueba de todo. Los arrestos no son nuevos en el aeropuerto. Somos un punto medular del narcotráfico y tenemos que estar continuamente buscando medidas para mitigarlo”, explicó.

“Si una fiscal federal emite recomendaciones para mejorar, las acatamos y por eso nos reunimos con ella ayer [martes] porque el operador del aeropuerto no es una agencia de ley y orden que tenga como responsabilidad directa la lucha contra el narcotráfico. Hay agencias especializadas para esto. La idea es colaborar con estas agencias para que las medidas sean en conjunto, coordinadas y den el máximo nivel de mitigación”, agregó.

Por su parte, Seilhamer Rodríguez aseguró luego de la inspección ocular que la Comisión realizó se encontraron todos los aspectos relacionados a seguridad y remozamiento de las instalaciones en total orden.

El legislador aseguró que el personal del aeropuerto está debidamente regulado por diferentes agencias, incluyendo la Autoridad de los Puertos y la Administración federal de Aviación (FAA, en inglés).

“Un problema histórico que han tenido todas las administraciones de gobierno en Puerto Rico es el rendimiento de cuentas y en este caso pudimos observar que tienen un total cumplimiento de los acuerdos y la inversión realizada”, indicó el senador.

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“En términos de seguridad había un asunto que no conocíamos que es el plan de seguridad del aeropuerto, es un documento bastante confidencial, pero tuvimos acceso a él y curiosamente, previo a la formalización de Aerostar como operador del aeropuerto, el plan de seguridad previo al de 2015 era de 1982 y operaba en incumplimiento con leyes federales y estatales. En términos de seguridad, pudimos tener acceso a ese documento”, añadió.

Seilhamer Rodríguez aseguró que se están atendiendo todos los aspectos de seguridad en el aeropuerto y existen varias recomendaciones y sugerencias que la Comisión prevé analizar. No obstante, no precisó detalles de estas recomendaciones.




Gobierno activa plan para asegurar servicios durante manifestación

En miras a asegurar que la manifestación de diversos sectores del país pautada para el lunes no interrumpan los servicios públicos y privados, el gobernador Ricardo Rosselló sostuvo una reunión con la jefa de Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez y el designado secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera.

Acompañado por el secretario de la Gobernación, William Villafañe, el primer mandatario destacó que “nuestro interés es que todos los ciudadanos puedan manifestarse sin contratiempos y la Policía de Puerto Rico está trabajando para asegurar que la marcha anunciada por grupos sindicales pueda fluir sin que se interrumpan las labores en el sector público y privado”.

El gobernador Ricardo Rosselló junto al secretario de la Gobernación y los portavoces de las agencias de seguridad. (Suministrada)

El gobernador Ricardo Rosselló junto al secretario de la Gobernación y los portavoces de las agencias de seguridad. (Suministrada)

Durante la reunión, celebrada el domingo en La Fortaleza, los portavoces de las agencias de seguridad presentaron reportes para garantizar que aquellos ciudadanos que no participen del paro nacional pueda acudir a las oficinas gubernamentales sin mayores contratiempos.

Mientras, el secretario de la Gobernación reiteró que las clases en el sistema de enseñanza público se ofrecerán como de costumbre, a la vez que resaltó que se respetará a cualquier manifestación que se dé en el exterior de las escuelas durante el Día Internacional de los Trabajadores. Villafañe invitó a los parientes a llevar sus niños a los planteles escolares para acudir a sus trabajos.

En cuanto al plan de trabajo de la Policía, la superintendente Michelle Hernández –ausente de la reunión– indicó que la Uniformada actualizará sus cuentas oficiales en las redes sociales para mantener a la ciudadanía informada sobre cualquier incidencia que ocurra durante la manifestación y exhortó al pueblo a estar atento sobre las incidencias de tránsito.

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Tanto Hernández como Pesquera coincidieron en que las autoridades velarán porque se lleve a cabo la manifestación en respeto al derecho a la libertad de expresión, pero enfatizaron que cualquier individuo que sea identificado cometiendo agresiones o dañando y vandalizando propiedad pública o privada será arrestado en el momento de los hechos.

Por su parte, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, detalló que “el Departamento de Justicia está preparado para velar por el cumplimiento y la ejecución de la ley. Esperamos que los manifestantes lleven a cabo su ejercicio de libertad de expresión, dentro del marco de la ley. Aquellos que actúen fuera del marco de la ley, se intervendrá y serán procesados”.

Sobre el precio de la gasolina, el secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO), Michael Pierluisi, aseguró que hay suficiente abasto de gasolina, por lo que no debe haber problemas en el suministro o cambios repentinos en el precio del combustible. Sin embargo, destacó que de surgir algún inconveniente, la ciudadanía puede comunicarse al 311.




La Fortaleza presentará esta semana reforma de permisos

Durante esta semana, la administración de Ricardo Rosselló presentará su reforma al sistema de permisos en el país, indicó hoy el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario.

Por otro lado, aún queda por verse cuándo el ejecutivo estará presentando su reforma contributiva, en la cual actualmente trabajan el Departamento de Hacienda y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), según explicó el funcionario durante una rueda de prensa en la mansión ejecutiva.

(Juan J. Rodríguez/CB)

(Juan J. Rodríguez/CB)

A preguntas de Caribbean Business sobre si se aprobará la reforma contributiva antes de que el gobierno presente a la junta su plan fiscal, Rosario indicó que aunque el documento —el cual aseguró que será entregado en o antes del 28 de febrero— tendrá que tomar en cuenta el nuevo esquema contributivo que se proponga, ambos procesos se trabajan paralelamente.

El funcionario explicó que esto “no quiere decir que el plan fiscal vaya primero que la reforma contributiva, o a la inversa. Podría darse el escenario en que el plan fiscal se presenta con unos parámetros en busca de la aprobación de la junta para, una vez aprobados esos parámetros, convertirlos en ley [como parte] de una reforma contributiva”.

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Rosario añadió que el equipo del secretario de Hacienda, junto a la AAFAF, trabajan en los cambios que estará presentando la administración al esquema contributivo de Puerto Rico, lo cual guarda “una relación directa con los recursos del gobierno y el plan fiscal”.

Consolidación y cambios en seguridad pública

Tras catalogarla como la primera reorganización que se haría dentro de los primeros 100 días de una administración, Rosario discutió el proyecto de ley que consolidaría las agencias de orden público bajo una nueva entidad, el Departamento de Seguridad Pública. También aseguró que no se despedirá ningún empleado público a raíz de esta o ninguna otra medida, incluyendo la recién firmada Ley del Empleador Único.

“La política pública ha sido clara y consistente: No se va a despedir empleados públicos”, sentenció el secretario de Asuntos Públicos.

Mientras, la nueva entidad de seguridad pública tendría bajo su sombrilla a la Policía de Puerto Rico, el Cuerpo de Bomberos, el Instituto de Ciencias Forenses, la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias, el Cuerpo de Emergencias Médicas, el Negociado de Investigaciones Especiales y el Sistema 911.

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Por otro lado, Rosario detalló un sinnúmero de enmiendas que La Fortaleza estará presentando hoy a las Reglas de Procedimiento Criminal y al Código Penal, con miras a  atemperar ciertas áreas al ámbito penal federal. El funcionario añadió que muchas de las enmiendas propuestas fueron sometidas por la jefa de fiscalía federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez.

“El estudio legal se hizo. No estamos limitando el derecho a la fianza. Estamos dentro del marco que nos permite regular la fianza, enmendando las leyes y no la Constitución”, indicó Rosario a preguntas de la prensa sobre una de las enmiendas al Código Penal que la Legislatura estará analizando a partir de hoy.

Libertad de expresión, sin obstruir educación o salud

A preguntas sobre si los cambios que buscan en el Código Penal van en la dirección de prevenir manifestaciones en protesta a recortes presupuestarios -particularmente en la Universidad de Puerto Rico (UPR) – y las acciones de la junta, Rosario indicó que se respetará el derecho a la libertad de expresión de los estudiantes, obreros y todo sector que así lo decida hacer.

“Pero el que utilice el derecho a la libertad de expresión para obstruir el acceso a instituciones de enseñanza o salud, eso es un delito”, sentenció el secretario de Asuntos Públicos.

Añadió que “el uso de máscaras para alterar o intervenir actividades ordinarias de una institución de servicios públicos, eso también va ser un delito, y es la política de esta administración”, recordando a su vez cómo esto ya constituía delito en el 2012, pero enmiendas posteriores al Código Penal en el 2014, lo eliminaron.