Tribunal invalida varias disposiciones del reglamento de “food trucks” en Carolina

(3D Animation Production Company/Pixabay)

El Tribunal de Primera Instancia de Carolina emitió una sentencia a favor de las guaguas de comida (“food trucks”) en la que declaró inconstitucional y nulas la mayoría de las disposiciones del reglamento aprobado el año pasado por el Municipio de Carolina.

“El Municipio de Carolina intentó eliminar a los negocios ambulantes bajo un supuesto interés por la salud, la seguridad y el bienestar de la gente, sin importarle por el contrario a todo el que dejaría sin empleo y las familias que dejaría sin sustento. Por ende, estamos muy contentos con la decisión tomada por el Tribunal, la cual deja sin efecto las disposiciones discriminatorias e injustas aprobadas por el Municipio en detrimento de los que todos los días nos ganamos la vida trabajando en los ‘food trucks’”, comentó en declaraciones escritas, Germán Brau, uno de los abogados del caso.

Indicó que el Tribunal determinó nulo el que se pretendiera dar prioridad a los solicitantes residentes del Municipio de Carolina por discriminar por razón de residencia; el prohibirles anunciarse en las aceras del Municipio; obligarles a servir los alimentos para llevar; el que ningún negocio ambulante podría estar establecido por períodos en exceso de 12 horas; el que se les prohibiera operar en centros comerciales y gasolineras; entre otras.

Por su parte, el licenciado, Antonio Bauzá dijo que el Tribunal emitió una orden de injunction permanente contra el Municipio de Carolina, conforme a las disposiciones de Procedimiento Civil, que prohíbe que el reglamento aplique a los ciudadanos las disposiciones del reglamento declaradas nulas.

Este reglamento fue aprobado por el Municipio el 16 de febrero de 2018 y el 6 de marzo la Asociación Nacional de Food Trucks y varios dueños de negocios ambulantes presentaron una demanda y el 8 de marzo el tribunal ordenó la paralización inmediata de la ejecución de la ordenanza.




Jueza de San Juan desestima demanda de la Cámara contra Ciencias Forenses

La jueza de San Juan Lauracelis Roques Arroyo falló en contra de los representantes que radicaron una demanda para que se le permitiera acceso al interior de los vagones colocados en el Negociado de Ciencias Forenses (NCF) en Río Piedras, donde hay decenas de cadáveres almacenados.

Esto, luego de la controversia desatada durante una vista ocular de las comisiones camerales de Salud y de Seguridad Pública, presididas por Juan Oscar Morales y Félix Lasalle por virtud de la Resolución de la Cámara 506. En esa ocasión el personal del NCF le prohibió a los miembros de las comisiones acceder a los vagones, luego que se hicieran señalamientos de alegado mal manejo de los cuerpos y de un supuesto hedor en el área.

“Del estado de derecho vigente no surge la constancia de un deber claramente definido que deba ser ejecutado por el Negociado de Ciencias Forenses con respecto a permitir, sin restricción alguna, que la parte demandante lleve a cabo una investigación y/o inspección ocular del Negociado”, lee la sentencia judicial emitida ante una solicitud urgente de desestimación radicada por la parte demandada.

“Es decir, no se logró establecer un deber ministerial, fuera de la discreción del Negociado de Ciencias Forenses. Al contrario, las facultades del Negociado de Ciencias Forenses están investidas de discreción. Por ello, este Tribunal concluye que no procede expedir el auto de mandamus, ya que este recurso altamente privilegiado sólo procede cuando la obligación que se reclama es de carácter ministerial no discrecional y claramente definido”, agrega el dictamen.

Asimismo, la sentencia indica que las partes involucradas establecieron un acuerdo sobre la forma en que la Cámara llevará a cabo las vistas oculares sorpresa.

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Entretanto, la subcomisionada del NCF del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Mónica Menéndez, sostuvo una reunión la tarde del martes con miembros del Departamento de Salud federal, conducente a la obtención del apoyo necesario ante la falta de patólogos.

“La reunión que celebramos con el equipo del Departamento de Salud Federal fue muy positiva, pudimos intercambiar ideas para establecer soluciones a corto, mediano y largo plazo. La disposición del Departamento de Salud Federal es plena y estamos trabajando en equipo. Continuaremos en comunicación durante los próximos días para atender la situación del retraso en las autopsias de ciertos casos y el aumento en el recibo de casos que no se supone que lleguen al Negociado porque provienen de hospitales con causa de muerte pero sin certificado de defunción, lo que ha provocado un aumento del número de cuerpos en nuestras instalaciones”, dijo Menéndez en declaraciones escritas.

Explicó que la discusión desarrollada en la reunión se concentró en que el equipo conociera la manera en que opera el Negociado. Además, para que conocieran de primera mano los retos actuales que enfrenta el Negociado ante la falta de patólogos, asunto que ha provocado el reciente retraso en las autopsias, específicamente de los casos sin identificar por familiares.

Indicó que el grupo que asistió al encuentro estuvo compuesto por nueve miembros que llegaron a la isla en horas de la tarde del lunes y el martes comenzaron la jornada de reuniones de trabajo ante el requerimiento de asistencia del Gobierno de Puerto Rico a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

En la visita al Negociado, el grupo tuvo la oportunidad de realizar un breve recorrido, incluyendo el área posterior de las instalaciones donde ubican los vagones.




Rosselló respaldará enmiendas de la Legislatura a ley de pruebas de ADN

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares expresó el lunes su respaldo a no limitar el término que un convicto puede solicitar el amparo de la Ley 246-2015 conocida como “Ley de Análisis de ADN Post Sentencia”.

“Como científico y ahora como funcionario público he trabajado incansablemente porque los avances en la ciencia redunden en una mejor manera de gobernar y en que tengamos una sociedad más justa. El término jurisdiccional de 12 meses para presentar dicha moción al tribunal es injusto para aquellos que podrían demostrar su inocencia con los avances de la ciencia como lo son las pruebas de ADN. Por ello, respaldaremos que se enmiende este estatuto junto al liderato legislativo”, expresó el gobernador en un comunicado.

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Precisó que esta ley dispone un mecanismo jurídico para que aquellos convictos por ciertos delitos puedan solicitar que el tribunal ordene el análisis científico de ADN en aquellas piezas de evidencia que no fueron analizadas en el juicio en su contra o en evidencia nueva que haya surgido luego de la convicción.

Detalló que el estatuto, como fue firmado por el exgobernador Alejandro García Padilla, en su Artículo 4, dispuso un término jurisdiccional de 12 meses para presentar la moción al tribunal para realizar las pruebas.

El mandatario sostuvo que a tales efectos, se encuentra ante la consideración del Tribunal Supremo de Puerto Rico un caso en el que se alega que el término para solicitar un remedio post sentencia conforme a la Ley 246-2015 caducó, al no haber cumplido con el término establecido en el Artículo 4.




Legislatura radica enmienda a la Ley de ADN en Puerto Rico

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, junto al representante José “Quiquito” Meléndez Ortiz, radicaron el lunes, un proyecto el cual persigue establecer que el término para presentar una moción de solicitud de análisis de ADN comenzará a contarse a partir del momento en que la persona solicitante adviniera en conocimiento de información que sustente la misma.

“Este proyecto pretende enmendar el Artículo 4 de la Ley 246-2015 para que el término de 12 meses comience a ser contado a partir de que la persona, o su representación legal, advino en conocimiento de la evidencia que le permite sustentar la petición de prueba de ADN. Esto va permitir una fecha cierta para ejercer el derecho, pero a la vez hace justicia para que personas, que por alguna razón u otra no han podido ejercer el derecho lo puedan hacer y sometan su caso ante la justicia”, señaló el líder legislativo en declaraciones escritas.

Explicó que el 29 de diciembre de 2015 se aprobó la “Ley de Análisis de ADN Post Sentencia”. Dicha legislación, es considerada como una de justicia social a los ciudadanos estadounidenses que cumplen sentencias en el sistema correccional de Puerto Rico y que por alguna razón entienden que debe realizarse un análisis de ADN para determinar que la sentencia por la cual están cumpliendo término de reclusión pudiera revocarse.

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La mencionada Ley fue aprobada partiendo de la premisa que “un solo inocente tras las rejas es suficiente para que esta Asamblea Legislativa apruebe la presente Ley, siendo nuestro deber proteger al máximo nuestra Carta de Derechos, primera línea de defensa de nuestra democracia.”

“Nuestro proyecto mantiene la política pública en lo que creemos, que debe ser la Rama Judicial la que tome la decisión sobre si procede o no la petición. Lo que estamos haciendo es manteniendo la puerta abierta para que las personas que entiendan que necesitan esa prueba de ADN para poder demostrar su inocencia, puedan hacerlo”, añadió Méndez Núñez.

Para Meléndez Ortiz, “este proyecto reafirma la intención de la Rama Legislativa de tener vigente un mecanismo que ha probado ser efectivo y que permite la posibilidad de cuestionar la convicción mediante prueba científica que no estaba disponible durante el proceso inicial. No podemos olvidar que el propósito de esta ley es dar la oportunidad de hacerle justicia a alguna persona que esté cumpliendo sin ser culpable. Agradezco al presidente Méndez su atención a este importante asunto”.

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