Carrión defiende el plan de ajuste de la deuda de Puerto Rico

El presidente de la junta de control fiscal, José Carrión. (Juan J. Rodríguez/CB)
El presidente de la junta de control fiscal, José Carrión. (Juan J. Rodríguez/CB)

Twitter: @Limarys_Suarez

El presidente de la junta de control fiscal, José B. Carrión III aseguró el viernes que el plan de ajuste de la deuda de Puerto Rico –que recortaría en un 60% los bonos y reclamaciones del gobierno– dará paso a que la Isla supere la bancarrota de ser aprobado por la jueza federal, Laura Taylor Swain.

“Hoy es un día extremadamente importante pues como anticipamos se sometió el plan de ajuste de la deuda y en esencia esto es el comienzo del final de la bancarrota de Puerto Rico. Este plan es la culminación de tres años de trabajo arduo y estamos bien a gusto que lo que se está sometiendo ante la consideración de la Corte es para beneficio de nuestro pueblo”, expresó Carrión en conferencia de prensa de la Junta en el Centro de Convenciones en San Juan.

El Plan propone recortar de $35,000 millones a $12,000 millones los bonos y otras reclamaciones del gobierno así como un recorte de 8.5% para todos los retirados que reciban una pensión superior a los $1,200 mensuales, lo que representa un total de 40% de todos los jubilados. Al 60% de los retirados su pensión no se les tocaría ni sufriría ningún cambio.

Ana Matosantos, miembro de la junta de control fiscal. (Juan J. Rodríguez/CB)
Ana Matosantos, miembro de la junta de control fiscal. (Juan J. Rodríguez/CB)

“Parte de lo que el Plan de Ajuste hace es que reestructura la deuda de Puerto Rico bajándola de $4,500 millones a menos de $1,500 millones en pagos anuales”, detalló por su parte Ana Matosantos, miembro de la Junta.

De un total de $72,000 millones de la deuda de Puerto Rico la Junta indicó que el Plan contempla la reestructuración de $35,000 millones en bonos de obligaciones generales (GO’s) al recortarlos a $12,000 millones en valor nominal.

“Esto significa que en el presupuesto de Puerto Rico el servicio anual de la deuda bajará de un 28% a un 9%. Esto es una reducción muy sustancial y muy por debajo del límite constitucional de la deuda que es de 15%. Lo estamos llevando a unos niveles que consideramos prudentes y sostenibles”, aseguró José R. González, otro de los miembros del ente fiscal.

González resaltó que el gobierno de Puerto Rico tenía cero activos de los $50,000 millones que había en los planes de pensiones lo que puso en grave riesgo a los retirados.

José González, miembro de la junta de control fiscal. (Juan J. Rodríguez/CB)
José González, miembro de la junta de control fiscal. (Juan J. Rodríguez/CB)

“Se está estableciendo un Fideicomiso a 30 años que será alimentado con recursos existentes y eso garantizará el pago de las pensiones. Estamos dándole fortaleza a una parte de las obligaciones del gobierno que actualmente son muy débiles. La realidad legal es que las pensiones difícilmente se pueden proteger en su totalidad bajo los principios de la Ley de Quiebra”, señaló.

“Quiero enfatizar que para los empleados públicos que están en el Sistema 2000 de retiro, que es un sistema de contribución definida como un 401k, desafortunadamente sus aportaciones que eran de $1,300 millones fueron mezcladas con otras, usadas y se disiparon. Ahora ese dinero será segregado y administrado separadamente y se va a restituir”, agregó.

El Plan propone la creación de un mecanismo para restablecer aquellos recortes de 8.5% a las pensiones mayores de $1,200 mensuales en cualquier año fiscal que el gobierno de Puerto Rico genere un superávit mayor al proyectado, mientras crea por otro lado un mecanismo para transar reclamaciones contra bonos impugnados y le permite a los bonitas individuales locales recibir bonos con pagos de intereses mensuales.

“Después de muchas dificultades hemos llegado a un lugar donde se atiende los reclamos de diferentes partes en este proceso. Esperamos que esencialmente en la forma en que lo planteamos sea confirmado por el Tribunal. Este Plan levanta la incertidumbre del peso de la deuda aunque no es una panacea por sí solo. Todavía Puerto Rico tiene que atender unos temas de competitividad para el futuro. El plan de ajuste es una condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo económico de Puerto Rico”, reconoció González.

Con relación a las obligaciones generales el plan de ajuste propone una reducción de 36% para los bonos emitidos antes del 2012.

Mientras, propone una reducción de 28% para los tenedores de bonos de la Autoridad de Edificios Públicos emitidos antes del 2015 y un recorte de 87% para los tenedores de bonos del Sistema de Retiro.

En total el servicio de la deuda combinado con Cofina se reduce de $82,000 millones a $44,000 millones durante un periodo de 30 años.





Junta fiscal anuncia acuerdo con aseguradoras de bonos de AEE

El presidente de la junta de control fiscal, José Carrión. (Juan J. Rodríguez/CB)

El presidente de la junta de control fiscal (JCF), José Carrión anunció el lunes que junto con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), llegó a un acuerdo con las aseguradoras de bonos para que se unan al Acuerdo de Reestructuración (RSA, por sus siglas en inglés) que se logró a principios de este año con varios tenedores de bonos de la AEE y Assured Guaranty Corp.

Se trata de las aseguradoras de bonos Syncora Guarantee, Inc. y National Public Finance Guarantee Corp.

“La inclusión de Syncora y National brinda mayor certeza sobre la reestructuración, no solo de los bonos de la AEE, sino de la transformación de la corporación pública hacia una empresa energética moderna y eficiente, capaz de producir energía limpia, confiable y asequible al pueblo de Puerto Rico”, indicó Carrión en declaracicones escritas.

Señaló que el acuerdo con las aseguradoras de bonos no cambia los términos económicos del mismo. Con esta acción, ahora el acuerdo cuenta el 90 por ciento de los tenedores de bonos no asegurados y todas las aseguradoras de bonos de la AEE.




Establecen nueva Coalición de Deuda Constitucional Legítima

La Coalición de Deuda Constitucional Legítima (CDCL), que representa ciertos titulares de bonos de obligación general de Puerto Rico (GO, en inglés) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) emitidos antes de marzo de 2012, anunció su creación el miércoles.

Susheel Kirpalani, del bufete Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP, es el representante legal principal de la CDCL, según indicó en declaraciones escritas.

Kirpalani sostuvo que la CDCL será un participante orientado a soluciones en el proceso en curso para reestructurar la deuda constitucional de Puerto Rico. Su esperanza es que las partes interesadas y los acreedores quieran colaborar con nosotros para llegar a un acuerdo de reestructuración consensual que respete, tanto la prioridad legal incuestionable de la deuda constitucional pre-2012 así como la estructura de la AEP, que ha estado en vigor desde la adopción de la Constitución del territorio de Puerto Rico.

“Creemos que este resultado puede generar un alivio significativo de la deuda para el Estado Libre Asociado, acelerar la recuperación económica de la isla y, en última instancia, restaurar el acceso a los mercados de capital. A medida que trabajamos hacia esa solución, nuestra coalición se compromete a proteger los derechos de la deuda de GO y de la AEP pre-2012 al garantizar que se respete su estatus legal de prioridad”, dijo.

Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP y Reichard & Escalera, LLC, sirven como representantes legales de la CDCL, con Miller Buckfire actuando como el asesor financiero de la Coalición.