Proponen a Grijalva mayor transparencia de la junta fiscal y que cambien las políticas de austeridad fallidas

La organización Espacios Abiertos (EA) solicitó al presidente de la Comisión de Recursos Naturales del Congreso, Raúl M. Grijalva, que si no se elimina la junta de control fiscal, debe imponérsele reglamentación de transparencia sobre sus ejecutorias y la de sus contratistas, un código de ética más firme y que se cambie la ruta de las políticas fiscales fallidas que ha implantado el organismo.

El analista sénior de Política Pública de EA, Daniel Santamaría Ots, expresó en una carta enviada a Grijalva en ocasión de las vistas sobre enmiendas a la Ley Promesa que se celebraron el miércoles, que las medidas de reestructuración de la deuda deben responder a los criterios de sostenibilidad un análisis de sostenibilidad de deuda realizado por expertos académicos independientes y debe apoyar la realización de una auditoría ciudadana de la deuda realizada por especialistas sin conflicto de interés.

“Sin entrar a debatir sobre los atropellos democráticos que significan la imposición de la Ley Promesa y el tener una Junta de Supervisión Fiscal no electa que el pueblo de Puerto Rico paga de sus bolsillos, se puede concluir, después de estos más de tres años, que las estrategias y políticas impuestas por la propia Junta producto de la ley que la crea, no atienden las causas reales de los problemas de la isla. La situación de déficit democrático y crisis fiscal que se debía resolver no se soluciona ni con mayor represión institucional ni con recetas de austeridad fiscal que el consenso económico internacional ha descartado”, indicó el economista.

“En su lugar, está abonando a que la mayoría de la población vea sus condiciones de vida mucho más deterioradas. La puesta en marcha de un mecanismo que se suponía debía proveer de un marco jurídico que permitiera, entre otras cosas, una reestructuración ordenada del pago de una deuda pública insostenible, no ha otorgado a la ciudadanía mejores medios y herramientas ante la crisis”, añadió.

Santamaría Ots declaró que el Congreso debería hacer una reflexión profunda del por qué la junta de control fiscal sigue implantado medidas de austeridad económica que han demostrado ser un experimento fracasado en la historia económica reciente.

Asimismo, dijo que, como ejemplo de su falta de transparencia del ente rector y sus repercusiones, recientemente el organismo filtró a la prensa un documento interno —y aunque difundido a determinados grupos de bonistas y en medios especializados como el Electronic Municipal Market Access System (EMMA), de difícil acceso para la ciudadanía, a fecha de hoy sigue sin aparecer en la página de Internet de la propia junta de control fiscal—en el que reconocen políticas fallidas, como el nulo efecto de sus propuestas reformas estructurales y la sobreestimación de la ayuda federal posdesastre de los huracanes Irma y María que proyectaron en $69 mil millones y que podría ser recortada hasta los $39 mil millones. Ello pese a que estudios de economistas expertos en reestructuración de deuda advirtieron del optimismo desmesurado de las proyecciones realizadas. Pero, la falta de acceso a los documentos precisos de la Junta impidió dilucidar tales sobreestimaciones.

“Los supuestos produjeron unas proyecciones de crecimiento fallidas y ahora, justo cuando se pretende cerrar la reestructuración de los bonos de obligación general con proyecciones obsoletas que obligará a pagos de deuda posiblemente insostenibles para los próximos más de 40 años, nos indican que tales proyecciones de crecimiento empeoran”, sostuvo el analista.

Recalcó que es necesario saber en detalle a qué se debe este cambio tan repentino en las proyecciones y si, como consecuencia, se requeriría la revisión de reestructuraciones ya aprobadas –como en el caso de COFINA– y que pronunciamientos de expertos en la materia ya anticiparon como demasiado generosas con los bonistas.

“De materializarse tales proyecciones de crecimiento a la baja, los recaudos también disminuirían, y si se reducen los recaudos, la sostenibilidad del pago de la deuda se vería otra vez en peligro. En pocos años, estaríamos enfrentando un segundo proceso de quiebra y posiblemente otro costoso proceso de reestructuración a expensas de las políticas de inversión públicas que hoy Puerto Rico tanto necesita. En economía, el consenso entre expertos no siempre es posible. En el caso de Puerto Rico, existe y entre economistas de distinto espectro ideológico: Puerto Rico necesita un recorte sustancial de su deuda”, señaló Santamaría Ots.

Puntualizó que la junta de control fiscal no ha tomado en consideración que los resultados del estudio “Análisis del alivio de deuda necesario para restaurar la sostenibilidad de la deuda de Puerto Rico”, dirigido por el investigador asociado de la Universidad de Columbia, Martín Guzman, y con la coautoría con el economista Pablo Gluzmann y el premio Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz. En ese estudio se concluyó que para que el pago de la deuda de $72.2 mil millones sea sostenible, debe reducirse en al menos un 80 por ciento.

Falta de transparencia de la junta fiscal

El portavoz señaló al congresista que la junta de control fiscal se ha dado a conocer por una persistente falta de transparencia. Por ejemplo, la falta de divulgación sobre los intereses financieros completos de algunos miembros del ente rector y empleados, según dispone la misma ley que la creó, generó suspicacia en apenas meses de haber sido nombrada. Añadió que otra dimensión de la falta de transparencia es el limitado acceso a toda la documentación que el organismo produce, gestiona, supervisa, delega y que o bien constituye – o debería constituir – información pública.

“La injerencia de la Junta ha añadido más vulnerabilidad a los procesos de diseño de políticas públicas y de la toma de decisiones relacionadas a estos. Puerto Rico todavía carece de una ley de transparencia que permita a la ciudadanía, por un lado, conocer a fondo los detalles y los pretextos de estas políticas públicas y, por otro, que le permita defenderse de los posibles atropellos y abusos institucionales. No obstante, Puerto Rico sí cuenta con jurisprudencia de su Tribunal Supremo que garantiza el acceso a todo documento público producido por el gobierno electo pero no por la Junta”, indicó el analista.

Precisó que esa vulnerabilidad se vuelve a constatar en las leyes de Transparencia y de Datos abiertos de reciente creación que comienza a poner más obstáculos al acceso de documentación pública y contra la cual los tres principales gremios periodísticos y Espacios Abiertos se han opuesto.




Uber presenta nuevas herramientas en su aplicación

(Suministrada)
(Suministrada)

La empresa multinacional estadounidense de redes de transporte, Uber presentó el jueves tres nuevas funcionalidades en su aplicación que implementará con el objetivo de ofrecerle a los socios conductores información en materia de seguridad y transparencia, al momento de aceptar un viaje.

La empresa puntualizó que la iniciativa es parte de su compromiso de brindar experiencias cada vez más confiables a sus socios conductores y usuarios.

Las nuevas herramientas fueron presentadas por el gerente general de Uber en Panamá y el Caribe, Gabriel Gutiérrez, en un evento donde más de cien socios conductores estuvieron presentes.

“Desde que la aplicación de Uber llegó a la Isla hace tres años, una de nuestras prioridades ha sido mantener un diálogo abierto con los socios conductores y todas las partes interesadas. Sus comentarios y observaciones son fundamentales para realizar mejoras a nuestra tecnología de manera continua”, señaló Gutiérrez.

La primera funcionalidad presentada por el gerente general fue la opción de elegir el método de pago. Con esta herramienta, explicó, los socios conductores podrán conocer de antemano si el viaje es en efectivo o con tarjeta de crédito permitiéndole al socio conductor elegir si acepta o no el viaje, según el método de pago de su preferencia.

El segundo cambio que anunció Gutiérrez a la aplicación es el historial de uso de los usuarios que le permite a los conductores de Uber conocer qué tiempo lleva el usuario realizando viajes a través de la aplicación.

“Con esta nueva funcionalidad buscamos aumentar la transparencia al proporcionar más información. De igual forma, estas dos funcionalidades no generan ningún impacto negativo para el socio conductor o su calificación en caso de no aceptar un viaje”, explicó el gerente general.

La tercera nueva funcionalidad es la detección de anomalías en el viaje, que le permite a la aplicación de Uber identificar automáticamente paradas muy largas o inesperadas, y le recomendará al socio conductor funcionalidades de seguridad que podría necesitar. Esta funcionalidad es opcional y en cualquier momento se puede apagar en las configuraciones de la aplicación.

“El tema de la seguridad siempre ha sido nuestra prioridad, que toma aún más relevancia por los recientes sucesos, asunto que tomamos muy en serio y es un trabajo de nunca acabar. Sabemos que, para poder tener un ambiente más seguro en el país, se requiere un trabajo de muchas partes, como lo es con las autoridades y otras entidades de la comunidad, y desde Uber queremos ser parte de la solución, como lo estamos haciendo con el desarrollo e implementación de este tipo de herramientas que hoy anunciamos”, afirmó Gutiérrez.

El gerente general enfatizó que la implementación de estas iniciativas es resultado de la constante inversión de la empresa en nuevas tecnologías que permitan mejorar la experiencia de todas las personas que utilizan su plataforma. El objetivo de la compañía, dijo, es aumentar aún más la transparencia al brindar más información a los miles de socios conductores que utilizan la aplicación para generar ingresos en Puerto Rico.




Empleados de la Compañía de Fomento Industrial exigen transparencia

Empleados de la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO, en inglés) anunciaron que se lanzaron a la calle en repudio de las acciones tomadas por el director ejecutivo, Manuel Laboy, el subdirector ejecutivo, Julio Benítez, su Junta de Directores y el personal de confianza que administra la compañía.

“Hoy cuando la administración de PRIDCO pretende conmemorar el día del servidor público nosotros los empleados, los servidores públicos de carrera, nos tiramos a la calle. Desde hace varias semanas los empleados de carrera de PRIDCO hemos sido bombardeados con información o mejor dicho desinformación que crea desasosiego e incertidumbre. Información que se ha dado a conocer por los medios de comunicación del país y que los empleados entramos en conocimiento de esta forma, ya que la administración tiene a bien reunir a los empleados para notificarles una vez la noticia sale en la prensa”, expresaron.

“Es de conocimiento general de empleados de PRIDCO que desde la llegada de Manuel Laboy se tramaba algo con nuestra prestigiosa entidad; debido a la falta de interés y diligencia administrativa. Ahora entendemos que el objetivo era disminuir su capacidad y optimización de sus ingresos, de sus activos y su personal, para justificar la privatización que pretenden realizar”, agregaron.

Según explicaron, desde el 2017, todas las maneras que buscaban para privatizar habían fallado ahora pretenden utilizar a los bonistas como los culpables, ya que, según la administración de Manuel Laboy, fueron los bonistas quienes exigieron la privatización. “Siendo PRIDCO una empresa solvente con una deuda ínfima de $165 millones con relación a sus activos de $1,500 millones para solamente un 11% basado en una razón financiera de deuda total de los bienes vs. activo total. El gobierno es quién decide cómo renegociar la deuda, toda vez que PRIDCO no está en Título III de quiebras bajo PROMESA.”

Mientras, aseguran que PRIDCO, creada en 1942, ha sido un pilar en el desarrollo económico de la Isla. Es el mayor tenedor de propiedades industriales contando en su cartera con propiedades tales como: Microsoft, Coopervision, Honeywell, Eaton Corp., General Electric y Hewlett-Packard.

“Denota un absoluto desconocimiento cuando funcionarios de esta administración emiten comentario como que, durante años, PRIDCO no pudo sacar provecho de los inmuebles a su haber y luego de que se creó el DDEC, PRIDCO entró en una situación de sufragar el presupuesto de esa secretaría, que se convirtió en la principal promotora de actividades económica para la Isla, dejando a PRIDCO limitada a la gestión de bienes raíces”, dijeron.

Históricamente, PRIDCO ha cumplido de forma responsable con el pago de la deuda de sus bonos y otras obligaciones, sin afectar las operaciones de la compañía, manejando de forma responsable su inventario de propiedades, indicaron. Esto, a pesar de las distintas estrategias de desarrollo de negocios establecidas por las diferentes administraciones a través de los años, donde se otorgaron y se continúan otorgando créditos y ajustes en renta, moratorias, cánones de renta especiales y hasta permisos de entrada temporeros sin costo para el cliente, transacciones que impactan los ingresos recurrentes de la renta de los edificios industriales.

“PRIDCO tiene la capacidad de reestructurar su deuda, sus obligaciones futuras reteniendo la titularidad de sus propiedades sin venderlas o ponerlas en manos privadas. Implementando una sana administración. Con la aportación profesional de cada uno de los empleados podemos llevar a PRIDCO a otro nivel; claro está sin proteger conveniencias y privilegios políticos personales, de amiguitos o de partidos. Solo beneficiaríamos la solvencia de PRIDCO y el desarrollo económico de nuestro País”, detallaron.

“De ninguna manera aceptaremos la privatización, pero si por capricho se lleva a cabo debe haber cláusulas que expongan que ningún empleado en puestos de confianza o contratista que actualmente esté involucrado en la susodicha reorganización pueda trabajar de por vida con el privatizador, ya sea como empleados o contratista”, mencionaron.

“Entendemos que entre otros intereses no relacionados a una sana administración PRIDCO será acreedor de una gran cantidad de fondos federales para la reconstrucción de las estructuras afectadas por el Huracán María por fondos federales tales como FEMA y CDBG-DR para desarrollo de nuevos proyectos. Al privatizar las operaciones evitan el tener que contratar bajo la forma y manera que establece el gobierno. Esto abre un espacio ideal para contrataciones subjetivas en beneficios de amigos del alma”, señalaron.

“Hablando claro: ‘Transparencia’ – actuar de manera accesible para que toda persona natural o jurídica, que tenga interés legítimo, pueda conocer si las actuaciones del servidor público son apegadas a la ley, a la eficiencia, a la eficacia y a la responsabilidad”, añadieron.

“Si esta no se produce como se debe, son los empleados los llamados a exigirla. Todos estamos llamados a monitorear los actos y decisiones que los funcionarios de esta administración han venido a imponer con sus decisiones y, sobre todo, en sus ejecuciones de política pública. Más aún cuando amenazan la estabilidad económica de Puerto Rico, la seguridad de empleo de todos y la estabilidad de los arrendatarios actuales y futuros de PRIDCO. Los empleados no podemos ignorar o callar este deber; reconociendo que callando nos hacemos daño a nosotros mismos y a nuestra Isla. Hoy nos toca actuar, levantar nuestra voz, conmemorando el día del Servidor Público reclamando transparencia”, manifestaron.




ACLU exhorta a Rosselló Nevares a no firmar la ley de transparencia

El director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU, en inglés), William Ramírez dijo el jueves que se opone a que el gobernador saliente, Ricardo Rosselló Nevares firme el proyecto que da paso a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública.

“La ACLU de Puerto Rico exhorta al señor Ricardo Rosselló a no firmar esta ley ya que la misma será un legado de oscuridad restringiendo inconstitucionalmente el derecho de la ciudadanía a obtener información pública como derecho inherente al de libertad de expresión”, dijo Ramírez en declaraciones escritas.

Alegó que esta legislación crea un proceso burocrático que viola el estado de derecho actual. Además, alegó que se abre la puerta a las agencias para crear mayores demoras; elimina las multas a los funcionarios que obstruyan el requerimiento de información; e interfiere con el derecho constitucional de acceso a la justicia.

“Los tribunales en Puerto Rico se rigen por la doctrina de un solo Tribunal General de Justicia. Ahora mismo si una persona radica una demanda en una sala distinta a la que compete, la misma se da por radicada. Bajo esta ley, cuando una agencia se niegue a cumplir con la solicitud de información, la persona tendrá que acudir al tribunal, únicamente en San Juan. Esta exigencia legislativa infringe el derecho constitucional de acceso a la justicia y es discriminatoria contra toda persona que no viva en San Juan”, alegó el director de la ACLU.

“El problema de acceso a la información y falta de transparencia afectan adversamente la libertad de expresión. Aprobar una legislación que añade requisitos administrativos, términos excesivos, personal limitado y limita el derecho constitucional de acceso a la justicia lo que hace es que tiñe cualquier esfuerzo de mantener la transparencia, en violación de los derechos fundamentales de nuestro pueblo”, finalizó.

La renuncia de Rosselló Nevares se hace efectiva a las 5:00 de la tarde del viernes, 2 de agosto.




Pescadores reclaman ante el Gobierno federal falta de transparencia en la recuperación del sector pesquero

Por Brenda León | Centro de Periodismo Investigativo

Tras asignarse $11.4 millones de dólares para la recuperación del huracán María en el renglón de las pescaderías, integrantes de la Federación de Pescadores y Defensores del Mar de Puerto Rico (FEPDEMAR) presentaron una querella ante la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) por la falta de transparencia en la asignación de fondos. 

“Repudiamos la manera en que se está trabajando con los fondos de la NOAA que no han llegado. Hay unas propuestas que en nada benefician al pescador comercial”, advirtió Miguel Ortiz, presidente de la Federación pescadores y defensores del mar de Puerto Rico (FEPDEMAR), organización que agrupa alrededor de 15 villas pesqueras.

La querella se recoge en una carta dirigida tanto a la NOAA como al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) e indica que esta última agencia no les ha presentado un plan o presupuesto para el uso de los fondos federales luego de que fueran aprobados en febrero de 2018. El DRNA solo proveyó a los pescadores un desglose general de los gastos que no incluía las prioridades de las pescaderías y la prevención de daños futuros, denunciaron. 

“Le recordamos a la NOAA que los estudios que esta misma agencia realizó estimaron las pérdidas sufridas por los pescadores comerciales en Puerto Rico en $8 millones. Eso se tiene que reflejar en el plan para distribuir los $11 millones. No es medio millón lo que le corresponde a los pescadores”, indicó Ortiz.

Miembros de FEPDEMAR en conferencia de prensa (Foto por Brenda León | Centro de Periodismo Investigativo)
Miembros de FEPDEMAR en conferencia de prensa (Foto por Brenda León | Centro de Periodismo Investigativo)

Según el biólogo Raymundo Espinoza, la evaluación de daños a la pesca en daños comerciales fueron identificados por compañías como HJR Reefscaping y MER Consulting, quienes hicieron encuestas para documentar los daños que sufrieron los pescadores. Estas compañías fueron contratadas por la NOAA y el DRNA, según Espinoza. 

Ortiz señaló que hubo y hay villas, nasas, yolas, motores y trampas que necesitan sustituir, reconstruir o reparar. “Ese dinero es para nosotros los trabajadores del mar. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que cada centavo llegue a los pescadores comerciales”. 

Eugenio Piñeiro, el Comisionado de pesca en Estados Unidos, abogó por los intereses comerciales de los pescadores y expresó su preocupación por la distribución del presupuesto que contempla el DRNA. 

“Me han indicado que ellos [la NOAA] le dan el dinero a los territorios, a los estados, y les dicen unos parámetros sobre en qué gastarlos. Pero el problema es que aquí están gastando en cosas que no son. Quieren reparar un laboratorio pesquero, que está en ruinas hace un montón de años, que no funciona y está completamente abandonado. Ese laboratorio en nada abona a nosotros. Quieren gastar un dinero en ‘jetskis’, y aquí eso no tiene nada que ver para resolver nuestros problemas ni para prevenir futuros daños”, concluyó el Comisionado.  

En el desglose del DRNA, al que tuvo acceso el CPI, se propone usar $400,000 en ayuda directa a los 1,200 pescadores comerciales, lo que equivale aproximadamente a $300 dólares para cada pescador. 

En una reunión con la secretaria del DRNA, Tania Vázquez, los pescadores reclamaron que falta un plan para la asignación de los fondos otorgados para los pescadores. Reclamaron además, que no fueron consultados sobre sus necesidades. 

“La secretaria manifestó que tiene un compromiso, pero falta la transparencia real. Se tiene que dar la transparencia y sí tiene que hacer ese plan de gastos en consulta con los pescadores y ese plan de gastos tiene que reflejar ese plan de daños que se vivieron y se documentaron”, dijo el licenciado Juan Capella Noya, representante legal de FEPDEMAR.  

Joel Ceibo, del DRNA indicó al CPI que esta propuesta es solamente un borrador y que puede cambiar “de un día para otro”. 

El DRNA convocó para el 16 de julio a una reunión en su oficina central con los pescadores en la cual se discutirá la propuesta de “Fishery Disaster”.




Bayer afirma que eleva el estándar en transparencia, sostenibilidad y compromiso

El presidente de la junta de directores de Bayer AG, Werner Baumann. (Suministrada)
El presidente de la junta de directores de Bayer AG, Werner Baumann. (Suministrada)

La empresa Bayer afirmó que está elevando el estándar en transparencia, sostenibilidad y compromiso, lo que refleja su mayor responsabilidad y potencial como nuevo líder en la agricultura.

“Estamos logrando un buen progreso en la integración del negocio agrícola adquirido y ahora estamos comenzando a implementar una serie de medidas para impulsar la transparencia y la sostenibilidad en nuestro negocio”, indicó el viernes en declaraciones escritas, Werner Baumann, presidente de la junta de directores de Bayer AG.

Estas medidas abordan preguntas y preocupaciones que Bayer ha escuchado sobre su rol en la agricultura en el año siguiente a la adquisición de Monsanto. “Seguiremos elevando nuestro estándar, impulsado por nuestro compromiso con una vida mejor para esta generación y las generaciones futuras”.

La innovación reducirá la huella ecológica de la cartera agrícola de Bayer. Con sus soluciones, la compañía reducirá el impacto ambiental en un 30 por ciento para el 2030. Bayer pretende lograrlo desarrollando nuevas tecnologías, reduciendo los volúmenes de protección de cultivos, y facilitando una aplicación más precisa. Esto ayudará a restaurar y conservar la biodiversidad, a combatir el cambio climático, y a hacer un uso más eficiente de los recursos naturales.

La compañía medirá el progreso comparando el Cociente de impacto ambiental (EIQ, por sus siglas en inglés) con los estándares actuales del mercado. El EIQ fue establecido en la década de 1990 por la Universidad de Cornell en los Estados Unidos, y relaciona el volumen con la toxicidad y, por lo tanto, representa un sistema de medición más significativo que el volumen solamente. Bayer buscará mejorar continuamente el EIQ de sus soluciones para cultivos invirtiendo en innovación de clase mundial para semillas y rasgos, agricultura digital, soluciones biológicas, y nuevos productos de aplicación reducida y tasas bajas de residuos. Además, la compañía invitará a expertos y partícipes mundiales a participar en un Consejo de Sostenibilidad de Bayer para reforzar los esfuerzos de la compañía.

Si bien el glifosato continuará desempeñando un rol importante en la agricultura y en la cartera de Bayer, la compañía se compromete a ofrecer más opciones para los agricultores e invertirá aproximadamente 5 mil millones de euros en métodos adicionales para combatir las malezas durante la próxima década. Esta inversión en investigación y desarrollo (I+D) se destinará a mejorar la comprensión de los mecanismos de resistencia, descubrir y desarrollar nuevos modos de acción, desarrollar aún más las soluciones personalizadas de manejo integrada de malezas, y desarrollar recomendaciones más precisas a través de herramientas agrícolas digitales. Además, se fortalecerán las asociaciones con científicos especializados en malezas alrededor del mundo para ayudar a desarrollar soluciones personalizadas para los agricultores a nivel local.

La transparencia es la base de Bayer. En 2017, Bayer comenzó a publicar en línea todos los estudios de la división de Crop Science sobre la seguridad para que todos los puedan ver. Desde entonces, ha publicado cientos de estudios para casi 30 compuestos, incluyendo los 107 estudios sobre el glifosato de propiedad de la empresa. En el futuro, la compañía realizará un programa piloto en el que invitará a científicos, periodistas y representantes de organizaciones no gubernamentales a participar durante su preparación científica para el próximo proceso de re-registro del glifosato en la Unión Europea (UE), que comenzará este año.

Además de eso, la compañía aplicará estándares de seguridad consistentes a sus productos, incluso cuando eso signifique exceder las regulaciones locales. Desde el 2012, Bayer ha dejado de vender todos los productos que la Organización Mundial de la Salud consideraba de toxicidad aguda clase 1, independientemente de si estaban permitidos en un mercado en particular. Bayer anunció el viernes que solo venderá productos de protección de cultivos en mercados que cumplan con las normas de seguridad de ese mercado local y las normas de seguridad de la mayoría de los países con programas bien desarrollados para regular los productos de protección de cultivos.

En los próximos meses, la compañía evolucionará sus políticas de compromiso y comunicación que fundamentan todas sus interacciones con científicos, periodistas, reguladores y la esfera política en transparencia, integridad y respeto.




Senado de Puerto Rico brindará información sobre sus cuentas bancarias a la junta fiscal

La directora ejecutiva de la junta de control fiscal, Natalie Jaresko. (Jaime Rivera/CB)

La directora ejecutiva de la junta de control fiscal (JCF), Natalie Jaresko, informó el jueves, que le puso fin a la disputa legal que el ente federal mantenía con el Senado de Puerto Rico, luego de que este cuerpo legislativo accediera a brindar la información con respecto a sus cuentas bancarias.

“El Senado ahora proveerá acceso a sus cuentas bancarias, actualizaciones de esta data mensualmente, así como información relacionada con las restricciones que mantienen los fondos en esas cuentas. La Junta agradece el compromiso del Senado de unirse a las demás agencias del gobierno en la gestión de proveer información financiera de forma recurrente”, dijo Jaresko en declaraciones escritas.

“La ciudadanía tiene el derecho y merece saber cuánto dinero tiene el gobierno y dónde se encuentra. La transparencia y rendición de cuentas con respecto a los fondos públicos son vitales para el progreso fiscal de Puerto Rico”, añadió.

El pasado 14 de febrero, se informó sobre la radicación del pleito judicial, debido a que la JCF entendió que la información se solicitó de conformidad con la Sección 104(c) (2) de la Ley Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act (“Promesa”), que otorga al ente federa, el derecho de acceder a cualquier información del gobierno.

En ese momento, se alegó que la Junta envió más de ocho solicitudes oficiales, realizó varias llamadas y tuvo conversaciones informales con el Senado en su esfuerzo por obtener acceso a los balances de las cuentas.




Espacios Abiertos solicita informe público de gastos fiscales en vistas públicas

El analista sénior de política pública de Espacios Abiertos, Daniel Santamaría Ots, aseguró el Código de Incentivos que propone el gobierno omite el análisis de 18 leyes y programas de un total de 76. (VisualHunt.com)

La organización Espacios Abiertos (EA) depuso en vistas públicas ante la Cámara de Representantes, solicitando un informe público de gastos fiscales, en la que pidieron que exista transparencia, rendición de cuentas y que se facilite la participación ciudadana en el detalle de los incentivos contributivos que se otorgan a individuos y empresas.

La entidad mantiene este reclamo respetando la información de índole confidencial de cualquier contribuyente. El Código propuesto mantiene ajeno del ojo público una gran parte de los incentivos contributivos.

En su ponencia ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilización Económica de Puerto Rico (Promesa), el analista sénior de política pública de EA, Daniel Santamaría Ots hizo cuatro recomendaciones: 1) El Código debe evaluar en su totalidad las leyes de incentivos contributivos que existen en Puerto Rico. 2) Justificar por qué se mantienen y se siguen incentivando leyes que arrojan un retorno negativo de la inversión. 3) Que el Código propuesto informe y divulgue anualmente la totalidad del gasto en incentivos, que asciende a unos $7,462 millones al año y que representa el 86% del presupuesto del Fondo General. 4) Que se haga pública en la página de Internet de la Oficina de Servicios Legislativos la información completa del expediente que incluye el proyecto de ley del Código de Incentivos.

El Analista de Política Pública dijo que en el Código de Incentivos que está proponiendo el gobierno, se omite el análisis de 18 leyes y programas de un total de 76, lo cual constituye una falta de transparencia.

Esto mantiene fuera del ojo de la gente a cuánto ascienden y qué costo y beneficio público, privado y social tienen estas leyes y programas para el pueblo de Puerto Rico. Las 58 que se analizan en el proyecto de ley discutido en vistas, el Proyecto de la Cámara Número 1635 (“P. de la C. 1635”), también llamado Código de Incentivos de Puerto Rico, ascienden a un total de $7,462 millones, lo que representa el 86% del presupuesto del Fondo General para el año fiscal 2019.

Por otra parte, EA puntualizó que hace falta mayor rendición de cuentas aún dentro de aquellas 58 leyes y programas que analiza el Código. Como ejemplo, Santamaría Ots mencionó 11, cuya metodología de evaluación no se expone en el proyecto de ley. “Se desconoce cómo llegaron a la cifra de $222.5 millones que alegan representa un retorno negativo de la inversión para el fisco.”

También en el área de rendición de cuentas, EA sugirió que se divulgue anualmente la parte más importante de incentivos contributivos que cuantifica el propio borrador del Código.

Según lo expuesto en el proyecto de ley, solamente se divulgarán y cuantificarán anualmente los beneficios contributivos de las siguientes tres categorías: estímulos monetarios, créditos contributivos y subsidios o desembolsos. “Se está dejando afuera la cuantificación y divulgación de lo que representaría el 81% de los $7,462 millones de los incentivos contributivos ($6,044 millones) en el propio borrador del Código en cuatro categorías: tasas preferenciales, deducciones especiales, exenciones municipales y cualquier otro incentivo contributivo que represente una pérdida de ingresos fiscales para el Fondo General. En última instancia se mantendría un gasto oculto que paga el pueblo de Puerto Rico.”

Santamaría Ots recalcó que es indispensable la participación ciudadana en la elaboración de este Código que impacta el Fondo General, y que para que la gente se involucre en la discusión deben tener fácil acceso a todos los documentos desde el inicio del debate. No fue hasta el pasado 28 de marzo del año en curso, que EA obtuvo el borrador del Código, el cual hizo público de inmediato.

Lamentó que al momento la información sobre el expediente con las enmiendas del proyecto de ley, radicado el pasado 29 de mayo de 2018, no está disponible para el público en la página de Internet de la Oficina de Servicios Legislativos.

La Junta autoriza al gobierno utilizar fondos retenidos en presupuesto




Apoyo a enmienda de ley Promesa se retira mediante violación al proceso parlamentario de la UPR

El presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Walter Alomar, presentó un referéndum electrónico para reconsiderar la moción en apoyo a una enmienda a la ley Promesa que garantice una asignación presupuestaria a la institución universitaria de $800 millones.

La moción del 25 de marzo se aprobó con una votación de cuatro votos a favor, provenientes de los representantes de la comunidad universitaria, dos votos en contra, incluyendo el voto de Alomar y un voto abstenido. Al cerrar la reunión, Alomar envió un correo electrónico para votar nuevamente sobre la medida, lo que se denomina como una reconsideración.

Según el Reglamento Interno de la Junta de Gobierno en el Artículo 11, los procesos parlamentarios de dicha junta se rigen por el Manual de Procedimiento Parlamentario de Reece B. Bothwell o “Robert’s Rules of Order, Newly Revised”.

El Manual de Procedimiento Parlamentario de Bothwell explica que “la moción de reconsideración puede ser presentada únicamente por una persona que haya votado con el bando que prevaleció en la votación”. En el caso de la votación sobre el apoyo a enmendar la ley Promesa, los que podrían presentar la reconsideración serían los representantes claustrales, Alan Rodríguez Pérez y Mayra Olavarría, los representantes estudiantiles, Marysel Pagán Santana y Efraín Rodríguez Ocasio.

Mientras, Rodríguez Ocasio publicó en sus redes sociales que “los profesores y estudiantes protestamos la segunda votación y los miembros nombrados por el gobernador le votaron en contra.”

Por su parte, el presidente de la Asociación de Puertorriqueña de Profesores Universitarios, Ángel Rodríguez Rivera, solicitó mediante comunicado de prensa “a los miembros de la Junta de Gobierno de la UPR a no ceder a las presiones indebidas del licenciado Walter Alomar, presidente [Junta de Gobierno de la UPR] que busca revertir la determinación de este cuerpo de apoyar enmiendas a la ley Promesa.”

Además, indicó que “la acción desesperada del licenciado Walter Alomar, dirigida a revertir la determinación de la Junta de Gobierno, nos lleva a preguntarnos cuáles son los lineamientos éticos y dónde queda el respeto a los procesos de transparencia que como presidente debe mostrar”.

El presidente de la Junta de Gobierno, quien no respondió la solicitud de expresiones o entrevista, expresó en la reunión del 25 de marzo que “pedir $800 millones era llover sobre mojado” y luego argumentó “la mayoría de la Junta de Gobierno cada vez que se ha traído el tema, cuando estamos toda la Junta, de exigirle al gobierno que de más dinero a la UPR, a exigirle más dinero, más cambios de plan fiscal y demás, la mayoría de la Junta ha dicho que no porque entendemos nuestro rol de nosotros ser más autónomos”.

La moción en contención busca apoyar “que se enmiende la ley Promesa en la sección 201b1b para que lea de la siguiente manera, ‘asegurar los fondos de los servicios públicos esenciales, que esto incluye los fondos públicos asignados a la Universidad de Puerto Rico por medio de la fórmula establecida en la Ley 2 de 1966 o un mínimo de $800 millones anuales hasta la terminación de la junta de supervisión fiscal según establecido en la sección 209 de esta ley y con estos fondos la institución será capaz de incluir cabalmente con su rol como servicio público esencial y cumplir con sus obligaciones y requisitos de acreditación.”

Apoyo en la Junta de Gobierno de la UPR para enmienda a ley Promesa




Muertes por huracán María: Un asunto de credibilidad

Nota del editor: Esta historia fue originalmente publicada en la versión impresa de Caribbean Business del 2 de agosto de 2018

“No hemos hablado de un informe preliminar, se ha hablado de informe final que correspondía a una entrega el 22 de mayo. Esa es la única fecha que se ha hablado”, aseguró a este medio la portavoz de prensa del Departamento de Seguridad Pública, agencia que contrató a la George Washington University (GWU) para que comisionara un estudio confiable sobre el total de muertes asociadas al paso del devastador huracán María por Puerto Rico el 21 de septiembre.

Sin embargo, CB en Español reveló que, contrario a lo expresado por la dependencia dirigida por Héctor Pesquera, el acuerdo suscrito contemplaba no solo la entrega de ese reporte, sino el pago de $125,000 por éste.

Desde el 4 de mayo -mucho antes de surgir la incongruencia entre los datos oficiales y el contrato- este medio ha realizado varios requerimientos de información al Departamento de Comunicaciones del Milken Institute School of Public Health del GWU. Las peticiones han incluido preguntas específicas sobre el status de los informes que le cuestan al erario público $305,368, un aparte con el líder de la investigación, el epidemiólogo Carlos Santos Burgoa, y una cifra final sobre cuánto más la administración de Ricardo Rosselló debe pagar para obtener respuestas finales a sus interrogantes.

“Te estoy conectando con Yennifer Alvarez, la secretaria de prensa del gobernador. Ella puede contestar su pregunta”, respondió la encargada de comunicaciones de la institución 80 días luego de nuestra primera petición. Acto seguido, Álvarez se comunicó con este medio para confirmar la existencia del informe preliminar y diligentemente coordinó con el DSP su entrega. Horas después de recibir el documento, se anunció la renuncia de la secretaria de prensa del primer ejecutivo.

¿Informe preliminar o propuesta de negocios?

Tras una lectura del documento titulado “”Evaluación del Posible Exceso de Mortalidad por el Huracán María en Puerto Rico”, resulta forzoso concluir que denominar el informe como uno preliminar sería la subestimación del año que, más allá de levantar dudas sobre el trabajo que llevan realizando desde el 22 de febrero, incide directamente sobre la transparencia que esta administración ha prometido al pueblo de Puerto Rico con inusual insistencia.

“Este informe preliminar proporciona una actualización de las actividades del proyecto, desde su lanzamiento hasta hoy. Es una relación del proceso más que de productos”, lee la introducción del documento de 24 páginas, lo cual deja entrever que el informe es un mero documento sobre rendición de cuentas y una propuesta para una segunda fase con una “evaluación a profundidad de los datos de mortalidad” para cerrar un negocio millonario con el gobierno.

“Recomiendo ver la conferencia de prensa dónde se explica que la primera fase tiene un costo de $305,000 y para culminar una próxima fase pudiera alcanzar $1 millón, tras culminar la primera fase se trabajará en la búsqueda de ‘grants’ y/o donativos para subvencionar lo restante”, instó la secretaria de prensa de Rosselló Nevares en mayo pasado, tras ser cuestionada sobre el costo total por comisionar el estudio.

A pesar de que cuentan con la bendición del ejecutivo, GWU asegura en su informe que ha contactado o recibido contribuciones de al menos 24 entidades –en su mayoría controladas por el gobierno estatal y federal-. Sin embargo, universidades privadas como Penn State (#12 a nivel mundial), Harvard (#2 a nivel mundial) o Ponce Health Sciences University no aparecen en el listado. Estas instituciones independientes poseen data valiosa que podría acelerar la investigación de la GWU (#345 a nivel mundial), una corporación congresional sin fines de lucro.

Sin embargo, GWU afirma que sí utilizarán los estudios de Penn State, Harvard y el Centro de Periodismo Investigativo “a fin de proporcionar una manera para que el público evalúe las diferencias relativas entre ellas y las producidas por el proyecto actual”.

“Mientras tanto, el trabajo continúa en el desarrollo de la propuesta para el análisis en profundidad de la mortalidad por causa específica atribuible al huracán, que incluye modelos estadísticos más complejos, así como una encuesta en profundidad sobre las circunstancias de muerte. El financiamiento para completar esta parte del proyecto se busca activamente de diferentes fuentes y sinergias institucionales.”, lee el último párrafo del reporte, en el que aseguran que esperan producir un informe final “dentro del plazo del contrato”. El pasado 30 de junio, el término contractual fue extendido hasta el 18 de septiembre a través de una enmienda al acuerdo original.

“Al no estar involucrado en este proyecto se me hace difícil determinar si es un reporte preliminar. Ciertamente, se espera que este estudio certifique y/o aproxime un número de muertes asociadas al huracán María; esto de acuerdo a las expresiones públicas del mismo Secretario de Seguridad Pública. Como ese dato no está, entiendo que queda trabajo por hacer o información por ser incluida”, expresó el director del Programa especializado en Estimados y Proyecciones de Penn State University, doctor Alexis Santos Lozada.

Las expresiones del experto surgen en referencia a la controversial declaración de Héctor Pesquera luego de que la prestigiosa publicación The New England Journal of Medicine publicara el estudio de Harvard que concluía que 4,645 puertorriqueños habían sido víctimas directas o indirectas del devastador ciclón.

“El estudio aunque no lo hemos visto, el de Harvard, es a base de una encuesta, no es a base de datos científicos. El de George Washington viene con una metodología distinta. En algún momento dado estoy seguro que George Washington se va a poner al tanto con ellos y van a tratar de convalidarlo pero una encuesta no es lo mismo que una base científica que es lo que está llevando a cabo George Washington”, aseguró Pesquera el 31 de mayo.

Para el especialista en demografía aplicada y salud poblacional, es importante que la GWU establezca cuál es su significado de la frase “ respuesta rápida” que citan en el estudio preliminar para diferenciar su investigación a otros “proyectos de investigación más convencionales”.

“Tendríamos que preguntarle a los investigadores de GWU que es lo que consideran “rapid-response”. Ciertamente este estudio viene luego de reportes que han estado disponibles desde noviembre (por ejemplo el estudio por mí y Jeffrey Howard) y otros estudios realizados por reporteros. Nuestro reporte fue publicado dos meses (más rápido) luego del fenómeno y cuando aún gran parte de la isla seguía a oscuras y sin servicios básicos. Este reporte llega 10 meses después, que es una respuesta más lenta que todos los demás análisis”, añadió Santos Lozada quien lideró una investigación que arrojó un estimado de 1,085 decesos, la cual fue publicada en abril por la revista especializada Health Affairs.

“Luego de analizar los aciertos y desaciertos vividos como parte de la emergencia ante el paso de los huracanes Irma y María, nuestro gobierno está revisando todos los protocolos y procesos para asegurarnos que estamos listos para una nueva temporada de huracanes”, destacó el gobernador desde La Fortaleza el 20 de marzo. En ese momento, el mandatario anunció que llevaría a cabo una cumbre de agencias del gobierno central y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) el 29 de mayo y una Cumbre Municipal de Emergencia el próximo día.

Los resultados de estas gestiones tampoco se conocen, a más de dos meses del inicio de la temporada de huracanes.