Demandada Monsanto en Puerto Rico por alegado daño “intencional y negligente” a la salud de una exempleada

(Foto por Abimael Medina | Centro de Periodismo Investigativo)
(Foto por Abimael Medina | Centro de Periodismo Investigativo)

Por Eliván Martínez Mercado @elivanmartinez | Centro de Periodismo Investigativo

Tras sufrir una alergia severa y daños respiratorios mientras trabajaba con agroquímicos experimentales para la semillera multinacional Monsanto, la agrónoma boricua Iris Pellot demandó a esta empresa por alegadamente causarle daño  “intencional y negligente”, así como violar sus derechos constitucionales. La vista inicial fue el viernes, 24 de enero.

Sentada en uno de los bancos de la sala 601 del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla, Pellot estaba abrazada a dos de sus hijos mientras lloraba. Les decía que estaba nerviosa por causa de la vista que iba a comenzar ante el juez Miguel Trabal Cuevas. Abogados de Monsanto y de los dos supervisores demandados (Eric Torres, exgerente de operaciones de la empresa, y Oscar Sparks, quien dirigía los experimentos desde la sede de la multinacional en Misuri) habían radicado una moción para que el juez desestimara la demanda. 

Los abogados de Monsanto alegaron durante la vista que la demanda no tiene fundamento porque a la semillera y a los supervisores los cobija la inmunidad patronal absoluta, ya que estaban asegurados por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Esta entidad gubernamental, que atiende a trabajadores que han sufrido accidentes en el entorno laboral, dio tratamientos y compensaciones a la demandante entre 2012 y 2019. 

Judith Berkan, abogada de Pellot, expuso en el tribunal que la inmunidad que otorga la Ley 45 a los patronos asegurados no aplica en ciertas excepciones, como cuando existe la intención de cometer actos que pueden hacer daño a sus empleados, según jurisprudencia del Tribunal Supremo expresada en casos como Segarra Hernández vs Royal Bank. La abogada explicó que, en este caso, esa intencionalidad se refleja luego de que su clienta fuera expuesta a trabajar con unos productos químicos con formulaciones que no estaban autorizadas para uso en Estados Unidos y sus territorios. 

“Yo planteo que esto es un caso inusual, insólito”, sostuvo Berkan. “Monsanto expuso a una mujer embarazada a estos experimentos. Ella pidió equipos necesarios para protegerse de un producto que no estaba autorizado y no se los dieron”, añadió. Pellot y sus hijos de 20, 11 y 10 años solicitan en conjunto sobre $3.5 millones de dólares en daños físicos y morales. 

En momentos en que la agrónoma egresada de la Universidad de Puerto Rico en   Mayagüez llevaba su tercer embarazo, su patrono le ordenó trabajar en el proyecto especial. Tenía que hacer pruebas con un maíz modificado genéticamente y su resistencia a herbicidas. Las semillas las desarrollaba la sede de la multinacional en Misuri, que pagaba a Monsanto Caribe para experimentar en terrenos que alquilaba a la Estación Experimental Agrícola de la Universidad de Puerto Rico en Isabela. Pellot comenzó en 2010 a sentir los primeros síntomas que terminaron en un shock anafiláctico (alergia muy severa) y asma bronquial. 

Algunas de estas experiencias las adelantó al Centro de Periodismo Investigativo en 2017 en la serie Paraíso transgénico. Esta investigación encontró que Puerto Rico es el lugar que hace más experimentos con semillas modificadas genéticamente en Estados Unidos y sus territorios. El objetivo principal de estas pruebas, que se llevan a cabo en gran parte de las mejores tierras cultivables de la isla, es hacer las semillas resistentes a los herbicidas. Las empresas que hacen estos experimentos recibieron más subsidios que los impuestos que pagaron en Puerto Rico a un gobierno sumido en su peor crisis fiscal.

Berkan sometió una moción solicitando al juez que deniegue la solicitud de desestimación y que Monsanto responda a las preguntas que le hace en la demanda. Para revocar la inmunidad patronal, el demandante tiene que hacer señalamientos específicos que ilustren el supuesto daño intencional directo a Pellot, algo que no contiene el documento de la demanda, según los abogados de Monsanto. Al solicitar la abogada de Pellot descubrimiento de prueba sin tener esos señalamientos específicos, los demandantes están en una “expedición de pesca para ver si tiene un caso”, opinó el abogado Albeniz Couret-Fuentes, del bufete Sepulvado, Maldonado y Couret, uno de los que defiende a Monsanto Company.

Monsanto ha suplido sobre 3,000 páginas ante peticiones de información de los demandantes, pero no informan sobre las formulaciones químicas que alegadamente causaron un daño a su cliente, según Berkan. Durante sus experimentos con la multinacional, Pellot vio unos documentos relacionados al proyecto especial que indicaban que el ingrediente activo de uno de los herbicidas que usaba era Haloxyfob R-methyl. Este ha demostrado causar toxicidad crónica en los sistemas reproductivos de las ratas y anormalidades en el desarrollo de sus fetos, según un artículo científico publicado en 1995 por el portal EXTOXNET, una red de información sobre pesticidas en el que participan universidades como Cornell University, Michigan State University, Oregon State University y University of California at Davis. 

La demanda de Pellot cuestiona las protecciones jurídicas a la inmunidad y la protección patronal ante los alegados actos intencionales de violar la ley. El caso se diferencia así del de decenas de miles de personas en Estados Unidos que demandan a la semillera Monsanto, ahora Bayer, por los supuestos de que su herbicida estrella mercadeado bajo la marca Roundup es cancerígeno. 

El juez Trabal Cuevas adelantó que, si acepta celebrar un juicio contra la empresa, este sería un caso altamente técnico. Requirió a las partes que lleven traductores si van a utilizar peritos que no hablen español. El juez debe decidir — aunque no existe término de tiempo en esta etapa del proceso — si acoge la solicitud de sentencia sumaria de Monsanto para rechazar las peticiones de la agrónoma y sus hijos o si le ordena a la empresa que conteste las alegaciones de la demanda que radicó Pellot. 

Comentarios a emartinez@periodismoinvestigativo.com

La abogada Judith Berkan es parte de la Junta de Directores del CPI




Retiran caso contra Hacienda en el Supremo tras publicación de informe de Gastos Tributarios

La directora ejecutiva de Espacios Abiertos, Cecille Blondet. (Suministrada)
La directora ejecutiva de Espacios Abiertos, Cecille Blondet. (Suministrada)

La organización Espacios Abiertos informó que decidió desistir del caso que se encontraba ante la consideración del Tribunal Supremo contra el Departamento de Hacienda, luego de la publicación del Informe de Gastos Tributarios (IGT) por parte del gobierno de Puerto Rico.

De acuerdo con Espacios Abiertos, lograr que se publicara ese informe fue una batalla que llevó la organización hasta los tribunales ante la negativa del gobierno de divulgar la información sobre concesiones contributivas que le había compartido a la junta de control fiscal desde julio 2017. Mientras en los Estados Unidos esa información se publica desde 1974, en Puerto Rico tomó décadas.

“Es un gran paso para lograr la transparencia en los gastos fiscales en Puerto Rico”, expresó la directora ejecutiva de Espacios Abiertos, Cecille Blondet.

“Lo que hasta la semana pasada era un número desconocido, ahora es una figura concreta. Ya finalmente conocemos que en Puerto Rico los gastos tributarios—que incluyen créditos contributivos, exenciones, deducciones y tasas preferenciales—sobrepasan los $20 mil millones anuales”, declaró Blondet. 

En noviembre de 2018, Espacios Abiertos radicó un Mandamus en la Sala de Recursos Extraordinarios del Tribunal de Primera Instancia. Un mes más tarde, la jueza Lauracelis Roques Arroyo falló a favor de la organización y le dio 5 días al Departamento Hacienda para entregar el también llamado informe sobre ‘Tax Abatements’.

Sin embargo, Hacienda se negó y recurrió al Tribunal Apelativo.  Durante todo ese proceso, Espacios Abiertos fue objeto de múltiples comentarios y acciones dirigidas a desprestigiarles en el sonado “Telegram Chat’ que se reveló en el verano y en el cual participaba el gobernador Ricardo Rosselló, funcionarios y otros allegados.

Posteriormente, en opinión dividida dos a tres un panel de jueces del Apelativo emitió un fallo a favor de mantener la información sobre las concesiones contributivas fuera del ojo público. Reclamando que el Tribunal Apelativo erró en su determinación, Espacios Abiertos entonces recurrió al Tribunal Supremo a principios de septiembre para hacer valer el derecho constitucional de acceso a la información pública. Y allí en el Supremo se encontraba pendiente el caso cuando Hacienda publicó el IGT el lunes de la semana pasada.

Las personas pueden acceder el informe en el siguiente enlace: bit.ly/2ku0zq6

“La publicación del informe confirma lo que argumentaba Espacios Abiertos en los tribunales, que la información sobre los gastos fiscales, es información pública y como tal debe estar accesible a todo el mundo. Lo que era un presupuesto oculto en Puerto Rico, ahora, por fin es información de dominio público. La discusión pública que se ha generado a partir de la información contenida en el Informe y la necesidad que se ha planteado de su oportuna evaluación, es precisamente lo que postulaba Espacios Abiertos que hacía falta en Puerto Rico”, señaló Blondet.

Los gastos fiscales o tributarios son todas las exclusiones, deducciones, exenciones y créditos contributivos, entre otros, que el gobierno le da a diferentes tipos de contribuyentes: individuos, empresas, industrias e instituciones sin fines de lucro. Ello con el fin de que con la actividad que se proyecta generarán esos contribuyentes ayuden a mejorar la economía o tengan un impacto social.

“Nuestro pueblo debe tener acceso a conocer todos sus gastos, los que se hacen contra los ingresos que recibe el erario así como los que se dejan de ingresar por concesiones. La importancia de que se publique el informe es que la gente pueda evaluar su contenido y pasar juicio sobre si ese dinero que se concede en créditos y exenciones está bien invertido, si verdaderamente se producen ganancias y empleos al país, y si adelanta las políticas públicas establecidas o si resulta en el beneficio social anhelado.  En momentos de crisis, donde se nos imponen medidas de austeridad y se vislumbran más recortes de servicios a la población, el país no puede seguir a ciegas en temas fiscales y presupuestarios. Cada dólar cuenta y saber es nuestro derecho”, resaltó Blondet.

La directora ejecutiva dijo que gastar dinero del pueblo en abogados para seguir oponiéndose a divulgar un informe que hace dos años entregaron a la junta de control fiscal es una imposición del gobierno que el pueblo no merece en tiempos de estrechez.

Asimismo, afirmó que la potestad de decidir si se publica o no información sobre los gastos fiscales o tributarios no debe recaer en la discreción de un funcionario o de una administración gubernamental.

Por el contrario, se debe aprobar legislación para que además de asegurar que anualmente se publique la información sobre los “gastos fiscales o tributarios”, también se establezca qué contenido debe incluirse en el referido informe. Así lo han hecho 49 estados y el Distrito de Columbia (DC).

Luego de evaluar las mejores prácticas y los mejores informes de gastos tributarios (Tax expenditures) que se publican en los EEUU, Espacios Abiertos recomendó utilizar como modelo el informe y la legislación del estado de Oregón, y a esos efectos se trabajó un anteproyecto de ley para consideración de la legislatura.

Las personas interesadas en conocer más información de cómo funcionan los gastos fiscales o tributarios (Tax Expenditures) pueden acceder el estudio que hizo Espacios Abiertos en: http://bit.ly/2muzEew




Charbonier recomendaría amonestación a Jorge Navarro por confirmar a Pierluisi sin documentos requeridos

La representante, María Milagros Charbonier dijo el viernes que recomendaría al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez una amonestación contra el presidente de la Comisión de Gobierno, Jorge “Georgie” Navarro Suárez por la confirmación de Pedro Pierluisi Urrutia como secretario de Estado, sin los documentos requeridos.

“La situación que se generó en la Comisión la voy a plantear ante el presidente (cameral). Me siento molesta. Hay muchos compañeros molestos por el particular. Yo presido una comisión y no le oculto nada a ningún miembro”, dijo Charbonier en entrevista radial (Radio Isla).

“Que el presidente tome la decisión sobre el particular. Por lo menos le recomendaría que lo amonestara. Le he tenido confianza, pero hoy me resulta difícil (confiar en él)”, agregó. 

Navarro Suárez admitió que no le requirieron los informes financieros ni las planillas al nominado y que ante la importancia del nombramiento, recomendaron su confirmación solamente con una declaración jurada.

Pierluisi Urrutia fue confirmado por el Bajo Cuerpo el 1 de agosto pasado, el día antes que se haría efectiva la renuncia del exgobernador, Ricardo Rosselló Nevares. Ese mismo día juramentó como gobernador sin haber sido confirmado por el Senado. La movida llegó al Tribunal Supremo, cuyos jueces decidieron unánimemente que su juramentación fue inconstitucional y tuvo que abandonar el cargo posteriormente.




Wanda Vázquez Garced asume la gobernación

La licenciada Wanda Vázquez Garced se convirtió esta tarde en la segunda mujer en asumir la gobernación del país, luego de que el Tribunal Supremo determinará que la enmienda a la Ley 7 que sirvió de base para la juramentación del licenciado Pedro Pierluisi, era inconstitucional.

La jueza presidenta Maite Oronoz toma juramento a Wanda Vázquez como gobernadora de Puerto Rico, tras una decisión del Tribunal en la que se determinó inconstitucional la juramentación de Pedro Pierluisi. (CB)

Vázquez Garced fue juramentada por la juez presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz en una ceremonia celebrada en la sede del máximo foro judicial, junto a su esposo el juez Jorge Díaz Reverón y su hija Beatriz Díaz Vázquez.

La ahora gobernador lleva semanas en las que su contacto con los medios de comunicación se ha limitado a expresiones escritas divulgadas a través de la oficina de prensa del Departamento.

Tras su juramento, envió por escrito unas declaraciones en las que señaló que llega a la posición “por disposición constitucional y por dictamen de ley, pero con el mayor respeto y empeño de servirle a mi pueblo y de echar a Puerto Rico hacia adelante. Es con gran humildad y compromiso que asumo el cargo para dirigir los destinos de nuestro país, con responsabilidad y entrega”.

“Seguiré enfocada en lograr retomar el rumbo de nuestro pueblo de forma ordenada y sosegada”, planteó la exsecretaria de Justicia.

“Nuestro ordenamiento legal impone en la Secretaría de Justicia asumir el cargo de la Gobernación de Puerto Rico, posición que estoy dispuesta a asumir con la responsabilidad y seriedad que amerita. Puerto Rico necesita certeza y estabilidad. Nuestras acciones estarán dirigidas a ese fin y siempre estará primero”, dijo Vázquez Garced en su comunicado.

Hace siete meses Vázquez Garced fue denunciada por la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente por presuntamente intervenir indebidamente en un caso criminal en el que su hija había resultado víctima de un atraco. Vázquez Garced ha sido señalada además de supuesta inacción en investigaciones que involucran allegados del renunciante gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

En declaraciones escritas, Pierluisi señaló que “en vista de la decisión de nuestro más alto foro judicial, debo dar paso y apoyar a la secretaria de Justicia de Puerto Rico, la honorable Wanda Vázquez Garced”.

“Es momento de unirnos todos por Puerto Rico, dejando atrás agendas político-partidistas, ideológicas o personalistas. En otras palabras, es momento de unidad de propósito para el beneficio de Puerto Rico hasta que tengamos la oportunidad de escoger nuestros líderes futuros en las próximas elecciones, a través del voto directo de nuestra gente”, sentenció el funcionario anticipando que no permanecería como secretario de Estado.

La periodista Limarys Suárez, contribuyó a esta historia.




[Detalles] Inconstitucional la juramentación de Pedro Pierluisi

Los nueve jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico determinaron de forma unánime que la juramentación de Pedro R. Pierluisi Urrutia como gobernador de Puerto Rico es inconstitucional.

“Somos concientes de la trascendencia de nuestra decisión para la estabilidad del gobierno y la paz social. Unánimemente y tras un análisis detenido del derecho aplicable, concluimos que… es inconstitucional. El Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia, secretario de Estado designado en receso, juró como gobernador el viernes 2 de agosto del 2019, amparado en la presunción de legalidad que acompaña a toda ley vigente. Sin embargo, en vista del resultado al que llegamos hoy, esa juramentación es inconstitucional”, reza la decisión del Supremo.

Con ese lenguaje, podría entenderse que Pierluisi Urrutia continúa como secretario de Estado en receso hasta tanto su nombramiento no sea derrotado en el Senado o renuncie a la posición.

El máximo foro ordenó que Pierluisi salga de la silla de gobernador a las cinco de la tarde de hoy por lo que siguiendo el orden de sucesión que se establece en la Ley 7 original, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced se convertirá esta misma tarde en la segunda mujer gobernadora de Puerto Rico.

Hace siete meses Vázquez Garced fue denunciada por la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente por presuntamente intervenir indebidamente en un caso criminal en el que su hija había resultado víctima de un atraco. Vázquez Garced ha sido señalada además de supuesta inacción en investigaciones que involucran allegados del renunciante gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Hoy el Supremo resaltó en su opinión, escrita por el juez asociado Rafael L. Martínez Torres y con la que votaron conforme todos los jueces, que tras una lectura del Diario de Sesiones de la Asamblea Constituyente el secretario de Estado tiene que ser confirmado por ambas cámaras legislativas para que pueda asumir la gobernación en caso de ausencia permanente del gobernador.

Pierlusi Urrutia solo logró la confirmación de la Cámara de Representantes el pasado viernes antes de decidir que juramentaría como gobernador de Puerto Rico ante la salida de Ricardo Rosselló Nevares.

“La intención de los padres de nuestra Constitución fue perpetuada en el Diario de Sesiones de la Convención Constituyente… En otras palabras, en lugar de la participación indirecta del Pueblo, mediante la elección del sucesor del Gobernador, se optó por la participación indirecta del Pueblo, mediante la confirmación del Secretario de Estado por los legisladores de ambas cámaras, a quienes el Pueblo eligió”, detalla la opinión del Supremo.

Según el máximo foro el nombramiento de secretario de Estado de Pierluisi fue ratificado por la Cámara de Representantes, pero no por el Senado y “en esas circunstancias, no puede ocupar la gobernación”.

“No podemos aceptar la argumentación del secretario nominado (Pierluisi) para aseverar que el Senado perdió su autoridad para considerar su nominación como secretario de Estado, porque como él había tomado posesión del cargo mientras las cámaras legislativas estaban en receso, se podía adelantar a juramentar como primer ejecutivo al concretarse la vacante en ese cargo… La juramentación de un gobernador en propiedad para completar el término para el que otra persona fue elegida, requiere la participación de los legisladores electos en representación del Pueblo”, detalla.

El Supremo puntualizó que la única manera para resolver la situación y traer el sosiego que Puerto Rico merece es “ateniéndonos todos al mandato que nuestro Pueblo fijó en su Constitución”.

“Resolvemos, pues, que el secretario de Estado no puede ser gobernador por el resto del cuatrienio sin ser antes el secretario de Estado en propiedad. Para serlo, necesita el aval de ambas cámaras legislativas… Por ende, el Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia no puede continuar en el cargo de gobernador a partir del momento en que ésta opinión y sentencia sea efectiva. Para garantizar una sucesión ordenada en la posición de Gobernador, este dictamen será efectivo hoy a las cinco de la tarde”, concluye el Supremo.

Aplauden decisión del Supremo
El presidente del Senado Thomas Rivera Schatz celebró la sentencia en favor de su reclamo de que la juramentación de Pierluisi Urrutia era inconstitucional.

“Con absoluta legitimidad buscaremos verdadera paz y estabilidad. Ahora es cuando verdaderamente terminó y saldrá del gobierno ese grupo detestable del chat que mentía, se burlaba, maquinaba, conspiraba, violaba la ley y traicionaba Puerto Rico”, reaccionó el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz.

Rivera Schatz puntualizó que “ahora continuaremos la agenda de trabajo para un mejor Puerto Rico con Jenniffer González Colón y todo el liderato electo del Partido Nuevo Progresita”.

Por su parte, la comisionada residente y quien se perfila como la candidata predilecta de la Legislatura para llegar a la Gobernación en lo que resta del cuatrienio, expresó que hoy ganó el Pueblo de Puerto Rico tras la determinación del Supremo de mantener “la fiel obsercancia de la Constitución”.

“Lo que hizo el Supremo fue hacer valer la Constitución – que es el mandato del pueblo. El Senado hizo lo correcto. Sacó la controversia del debate político y partidista para que fuera decidida por el Tribunal Supremo de acuerdo a la Constitución. No se puede restaurar el sentido de estabilidad, ni recuperar la credibilidad a costa de la institucionalidad. Si algo es importante para recuperar la credibilidad en Washington es demostrar que somos capaces de gobernarnos de acuedos a nuestra propia Constitución”, indicó González Colón.

Sentencia




Senado derrota el nombramiento de Pedro Pierluisi

(Limarys Suárez/CB)
(Limarys Suárez/CB)

Twitter: @Limarys_Suarez

Tras un debate de más de una hora, el Senado determinó esta tarde no pasar juicio sobre el nombramiento como secretario de Estado de Pedro Pierluisi Urrutia y esperar por la determinación del Tribunal Supremo sobre si es legítimo o no que ocupe la gobernación de Puerto Rico.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz argumentó en el hemiciclo que Pierluisi solo logró acumular 5 votos a su favor a pesar del intenso cabildeo para lograr el favor de los senadores sobre el designado.

“Los procedimientos se tienen que llevar conforme a la Ley y tengo que asegurarme que esta institución se respete. Lo que empieza mal termina mal…Tan sencillo como eso. Así que compañeros el Supremo acogió el caso, dio hasta mañana para someter los alegatos. El Senado nunca prestó consentimiento, la juramentación es nula y (Pierluisi) está actuando ilegalmente como gobernador y es mi deber proteger la Constitución y proteger al Senado”, declaró Rivera Schatz.

El presidente del Senado puntualizó que Pierluisi nunca entregó ni una sola documentación requerida para poder ser evaluado en este cuerpo y sostuvo que habría que esperar por el Supremo pues Pierluisi ha cambiado de posturas en repetidas ocasiones desde que llegó a La Fortaleza el pasado viernes.

“Yo juré defender la Constitución y juré hacer lo correcto por Puerto Rico y si en algún momento piensan que estoy haciendo lo incorrecto nos vemos en las urnas. Pero el día que me vaya me iré con la frente en alto, pero no me iré corriendo ni abochornado como se fue Ricardo Rosselló. De lo único que no nos vamos a arrepentir es de haber sido valientes. Quiero ponerle fin a la inestabilidad y que Puerto Rico tenga paz, pero de verdad. Quiero limpiar la casa pero de verdad”, señaló.

El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau indicó durante su turno en el hemiciclo que Pierluisi ocupa inconstitucionalmente la gobernación pues nunca alcanzó el consejo y el consentimiento del Senado cuando fue designado como secretario de Estado.

“Hemos pasado de un gobernador delincuente a un gobernador buitre. El contenido del Telegram de Rosselló tenia elementos constitutivos de delito. La persona que ocupa la gobernación hoy la ocupa inconstitucionalmente. La propia Constitución dispone que el secretario de Estado tiene que ser aprobado por ambas cámaras. Lo convierte en un gobernador no solo ilegítimo sino de falta de carácter y por eso juramentó a oscuras, a escondidas. Como ladrón en la noche fue y juramentó para colocarnos a nosotros en una crisis constitucional y que abona a la incertidumbre que vive el País. Reitero mi oposición a ese nombramiento”, dijo Dalmau.

Por su parte, el senador y presidente del Partido Popular Democrático (PPD) Aníbal José Torres, sostuvo que el no haber votado sobre la designación de Pierluisi tiene el mismo efecto que votar y colgarlo.

“Hubiese preferido que se votara y así disipar cualquier interpración. Haber votado y colgarlo tiene el mismo efecto que no haber actuado sobre el nombramiento”, puntualizó el también presidente del Partido Popular Democrático.

El senador Miguel Romero argumentó durante su turno que “para él” Pierluisi es el gobernador de Puerto Rico.

“El está ejerciendo válidamente. En una situación particular como la que estamos viviendo hay remedios en los tribunales. A nosotros nos toca ser democráticamente desprendidos. Claro que hay presiones. Las naturales de hacer lo correcto por Puerto Rico. Aquí se ha permitido que se vote a conciencia”, dijo Romero.




Tribunal Supremo detiene proceso en Primera Instancia y acoge impugnación del Senado

El Tribunal Supremo de Puerto Rico presentó el lunes una moción para detener el proceso que se radicó por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan donde impugnó la juramentación de Pedro Pierluisi como gobernador.

Según la moción del Supremo, “Se expide el auto de certificación solicitado por la parte peticionaria. Además, se declara con lugar la Moción urgente para que se paralicen los procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, en el caso Senado de Puerto Rico, et al v. Gobierno de Puerto Rico”.

El Tribunal Supremo citó para el martes, 6 de agosto de 2019 a las 12:00 del mediodía para que todas las partes presenten sus alegatos de forma simultánea.

Además, el Tribunal Supremo no concedió prórrogas.

Según se informó la noche del domingo, Rivera Schatz radicó en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan una sentencia declaratoria y un “injuction” preliminar y permanente contra la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez y Pierluisi para que se declare inconstitucional la Ley 7 de 1952, enmendada en el 2005 que dio paso a la juramentación de Pierluisi como gobernador luego de la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares el viernes pasado.

Asimismo, pide que se emita una orden de “injunction” permanente, so pena de desacato, para que Pierluisi cese y desista de inmediato de continuar ocupando y ejerciendo el cargo de gobernador.

De otra parte, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, junto al abogado Frank Torres Viada, radicó en el máximo foro judicial una petición de “quo warranto”, tal y como había adelantado. “A las 8:39 am se radicó caso en Tribunal Supremo. Ahora se están diligenciando emplazamientos”, anunció Cruz en su cuenta de Twitter @CarmenYulinCruz junto a varias imágenes.

Posteriormente, la representación legal del Senado, presentó ante el TSPR una petición de certificación de este caso dada “una controversia de derecho constitucional novel, de primer orden y de un alto interés público, relacionada a la interpretación de la ley número 7-2005”.

Por su parte, Pierluisi señaló en declaraciones escritas, que espera los tribunales atiendan el pleito “con la mayor premura y diligencia por el bien del pueblo de Puerto Rico”.

Mientras, Rivera Schatz publicó en su red social de Facebook que “no existe circunstancia que ubique a alguien por encima de la Ley. Nuestra ciudadanía recientemente exigió de forma contundente AUTORIDAD MORAL en el Gobierno. La democracia se robustece con las expresiones, marchas, protestas, reclamos en las cortes, primarias, plebiscitos y elecciones, entre muchos otros escenarios. ¡Que bueno que es así!… Jamás negociaré principios y valores por NINGUNA CONVENIENCIA INDIVIDUAL”.

El domingo además se informó que el Senado canceló una Comisión Total en la que se atendería el nombramiento de Pierluisi como secretario de Estado. Sin embargo, para las 3:00 de la tarde se convocó una sesión extraordinaria. La Cámara confirmó el nombramiento el viernes pasado.




Rosselló envía carta de renuncia a la Cámara, Senado y el Tribunal Supremo de Puerto Rico

Ricardo Rosselló Nevares. (Suministrada)

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez confirmó que a las 12:30 de la tarde del jueves, Ricardo Rosselló Nevares envió a la secretaría de dicho cuerpo copia de la carta de renuncia.

“Espero que esta decisión sirva como un llamado a la reconciliación ciudadana que tanto necesitamos para seguir adelante teniendo como norte el bienestar de Puerto Rico”, dicta el documento enviado a la Cámara de Representantes, el Senado y al Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Sin embargo, al dar lectura a la carta firmada por el saliente gobernador, no menciona que dicha renuncia es final y firme, además, tampoco menciona que es irrevocable.

(Suministrada)

(Suministrada)

Méndez Núñez solicitó copia del documento para constatar que en efecto Rosselló Nevares había renunciado.

El presidente cameral dijo que no confiaba en lo expresado por Rosselló Nevares en su mensaje al filo de las 12 de la medianoche.

La Cámara de Representantes se autoconvocó a las 2:00 de la tarde del jueves, en la que el presidente del cuerpo legislativo abrió y cerró los trabajos de la Sesión Extraordinaria, para el proceso de residenciamiento de Ricardo Rosselló Nevares luego de leída la carta de renuncia que envió el todavía primer ejecutivo.

La determinación provocó la molestia de los legisladores de minoría.

Con 39 representantes presentes comenzó la sesión extraordinaria convocada por Méndez Núñez.

Entre los representantes ausentes figuran María Milagros Charbonier Laureano, Lourdes Ramos Rivera, Rafael “June” Rivera Ortega, Yashira Lebrón, Antonio “Tony” Soto, Manuel Natal Albelo, Ángel Peña, Luis Narmito Ortiz, Víctor Parés, Wilson Román, José Conny Varela y Nelson del Valle.




Primer Circuito de Boston concede extensión a moratoria de miembros de la junta fiscal

(Jaime Rivera/CB)

El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión, informó el martes, que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston concedió una extensión a la moratoria del tribunal en cuanto a que los miembros de la Junta deben ser nombrados en conformidad con la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de los Estados Unidos.

El Primer Circuito extendió la moratoria hasta que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dicte sobre los méritos de la decisión del Primer Circuito (el 15 de febrero de 2019), permitiendo a la Junta continuar con sus responsabilidades bajo la ley PROMESA. 

El pasado 18 de junio, la JCF anunció que solicitó al Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito extender la moratoria que emitió el pasado 6 de mayo, luego de la petición de la Junta ante el Tribunal Supremo Estados Unidos para que considere el caso para revisión.

Sin esta extensión, la Junta no podría llevar a cabo sus responsabilidades luego del 15 de julio.

La JCF había objetado el fallo del pasado 15 de febrero, en la que el Primer Circuito declaró inconstitucional los nombramientos de los miembros de la Junta porque no fueron confirmados por el Senado, conforme a la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de Estados Unidos.




Aseguran “no tiene pies ni cabeza” recurso legal del Gobierno federal sobre constitucionalidad de miembros de la junta fiscal

El Tribunal Supremo federal. (skeeze/Pixabay)
El Tribunal Supremo federal. (skeeze/Pixabay)

El histórico recurso legal sometido por el Gobierno de los Estados Unidos ante el Tribunal Supremo que busca legitimar la constitucionalidad de los nombramientos de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) “no tiene pies ni cabeza”.

Así lo aseguró a CB en Español el reconocido abogado y autor, Rolando Emmanuelli Jiménez, aunque admitió que le resulta “interesante” el hecho de que el Departamento de Justicia federal haya escogido radicar el recurso de certiorari independientemente y no apoyar un recurso similar sometido por la JSF en abril pasado.

“El argumento que están esbozando en torno a que, si se declara la JSF inconstitucional, el gobierno territorial, o sea el gobernador de Puerto Rico y los legisladores, son inconstitucionales, no tiene mérito alguno. Lo usan como un argumento de miedo en cuanto a que habrá un caos financiero si se declaran inconstitucionales los nombramientos y eso es incorrecto porque eso no ataca la vigencia de la ley, lo que ataca es la parte de los nombramientos”, explicó.

Emmanuelli Jiménez aseguró además que tampoco hace sentido el argumento de Justicia federal ya que los gobernadores no son funcionarios federales.

“Para ser un oficial federal, tiene que ser nombrado conforme al Appointment Trust, la doctrina es bien clara. Tú tienes que estar ejerciendo un poder federal significativo y tienes que haber sido nombrado por el presidente por virtud de una ley”, explicó a la vez que señaló que en Puerto Rico “el gobernador no es nombrado por el presidente. El gobernador no pone en vigor ninguna ley federal, el gobernador lo que pone en vigor son las leyes locales. Y el gobernador no le responde al presidente, por ende, no es un oficial federal”.

Según asegura en la petición para una escritura de certiorari sometida por el Departamento de Justicia federal, el Tribunal Supremo reconoció a través de su fallo en el caso Puerto Rico v. Sánchez Valle, que “las leyes del Estado Libre Asociado (Commonwealth) son en sí mismas el producto de autoridad que el Congreso ha delegado por estatuto “, por ello, los nombramientos de los miembros de la JSF se hicieron conforme a la ley.

En febrero pasado el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston ordenó a la jueza Laura Taylor Swain, a declarar en un plazo de 90 días inconstitucional los nombramientos de la JSF. De acuerdo a la decisión de la corte, los miembros fueron nombrados sin haberse seguido la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de Estados Unidos.