Junta fiscal aprueba su plan fiscal para la UPR

La junta de control fiscal certificó el miércoles su propia versión del plan fiscal para la Universidad de Puerto Rico (UPR), luego de que hace poco más de un mes les notificara que su propuesta no cumplía con los requisitos impuestos.

La directora ejecutiva de la junta, Natalie Jaresko hizo el anuncio durante una mesa redonda en la que además discutió la necesidad de que el primer centro docente del país restructure su deuda, acción que detalló ya está en manos de la Autoridad de Agencia Fiscal y Administración (Aafaf).

Al hablar sobre el plan fiscal, que aún no ha hecho público, Jaresko afirmó que el ente federal que fiscaliza las finanzas públicas de Puerto Rico entiende el valor e importancia de la UPR, sin embargo, ante la precaria situación fiscal del gobierno, debe diversificar su ingresos.

Se espera que el documento esté disponible al público al final del día.

“Estamos en un mundo de recursos escasos. Puerto Rico tiene muchos retos y pocos recursos. Históricamente la UPR ha recibido un porciento fijo del presupuesto de gobierno para sostener sus gastos, que en los últimos años totalizan $879 millones. Pero todos estamos obligados a tomar decisiones duras sobre como balanceamos el uso de esos escasos recursos. Así mismo se tiene que hacer una reducción en las asignaciones a la UPR”, dijo Jaresko.

Para Jaresko, las fuentes de ingresos de la UPR deben parecerse a las de las universidades en Estados Unidos. En ese sentido presentó una tabla para demostrar que los presupuestos de la universidades públicas en EE.UU. reciben un promedio de 27% en asignaciones estatales, 18% proviene de la matrícula y 46% de propuestas, contratos, retornos de inversión y otras formas de ingreso.

Aunque Jaresko plantea que la UPR necesita mirar nuevas formas de obtener fondos más allá de las matrículas, sostuvo que el costo de matrícula debe aumentar, incluyendo a los estudiantes graduados. Por ejemplo, la carta de “no-cumplimiento” indicaba que la Maestría en Administración de Empresas (MBA) debía aumentar $10 el crédito así como los créditos para el Juris Doctor se queda corto por $137.

Para ayudar a mitigar el impacto del aumento en la matrícula de los estudiantes más pobres, la junta de control fiscal incluyó en el presupuesto de la UPR unos $280 millones para becas. Jaresko indicó que recibirán exención de matrícula solo a veteranos, asistentes de maestros y estudiantes de honor. Destacó que aunque el plan fiscal establece la eliminación de las exenciones, ello se realizará de forma proactiva.

El plan fiscal, dijo Jaresko, se basa en estudiantes, profesores, campus y pensiones como pilares, y destaca que, en el caso del segundo, la proporción de estudiantes por profesorado debe mejorar.

“Con el fin de mantener el nivel más alto de calidad de instrucción, el plan fiscal de la UPR permite aumentos de la facultad del 3 % por año. “La facultad tampoco está sujeta al mismo tipo de reducción de beneficios que afecta a otras categorías de empleados del UPR”, dijo Jaresko.

En cuanto al sistema de jubilación de la UPR, la directora de la junta fiscal advirtió que no implementar la reforma de pensiones contenidas en el plan fiscal conduciría a una “decisión difícil para la UPR, como aumentar aun más la matrícula, y dejaría al fondo de pensiones en una posición similar a la del Sistema de Retiro de Empleados de Puerto Rico (SRE), que no está financiado”.

Jaresko explicó que el sistema de pensiones de la UPR “se está moviendo hacia un plan de contribución definida, como SRE, que es lo mismo que sugerimos en el plan fiscal para el plan de pensiones de maestros y jueces”.

Jaresko también señaló que a pesar de celebrar reuniones mensuales con un equipo universitario para analizar sus finanzas, la junta fiscal no estaba recibiendo toda la información financiera que necesita.

“No están produciendo todos los informes financieros que se supone que deben entregar, por lo que no tengo tanto como el que tengo para otras entidades o instrumentos territoriales”, dijo.

El presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Walter Alomar, reiteró que la administración de la universidad ha demostrado su compromiso con la implementación de ajustes fiscales, lo que conlleva a ahorros más altos de lo esperado, además de producir planes fiscales que satisfacen las necesidades de la institución y que la información relevante se presentó a la junta fiscal.

“Hemos presentado tres estados financieros auditados, incluido el del [año fiscal] 2017-18, que demuestra la transparencia en nuestras finanzas y el cumplimiento con las agencias de acreditación de la educación”, dijo Alomar.




Heend denuncia posibles conflictos, contratos y gastos innecesarios en la UPR

(Suministrada)
(Suministrada)

La Junta de Directores de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend) aclaró que son falsas las expresiones de la administración universitaria vertidas el lunes sobre un supuesto rechazo a una propuesta de la negociación colectiva sobre las exenciones de matrícula y denunció una serie de contratos y gastos innecesarios que laceran las finanzas de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

La presidenta de la Heend, Jannell Marina Santana Andino, declaró que fue el abogado de la UPR luego de consultar a la administración universitaria, quien abandonó la pasada reunión en una actitud beligerante cuando ella le señaló que trajeron un elemento nuevo a la discusión.

“Nosotros no rechazamos el 75 por ciento de las exenciones que presentaron, pero hay un problema con la parte de complementar las ayudas económicas con la exención para el año académico 2018-19. Eso no se había presentado en ninguna de las propuestas anteriores y eso fue lo que reclamamos. Se trae como una píldora venenosa para provocar un tranque en la negociación, pues cuando lo reclamamos abandonaron la mesa de negociación”, señaló la dirigente sindical.

Asimismo, dijo que actualmente existen estudiantes con deuda, a quienes la UPR no les ha honrado lo que tienen que pagar y les ha afectado en los derechos de graduación.

“Estamos en la mejor disposición de la negociación, pero si traen un elemento nuevo tienen que entender que debemos evaluarlo. Ellos fueron quienes se retiraron de la mesa, pero como es la costumbre de la administración, dicen medias verdades o falsedades a los medios”, sostuvo.

Sobre contratos y gastos

Santana Andino mencionó que la unión obtuvo acceso a contratos en los que la UPR se compromete a pagar casi un millón de dólares a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), pagar cabildeo en Washington, gastos en lujosas togas para la investidura del presidente, y un nuevo contrato de servicios profesionales al presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Walter Alomar, que podría representar conflictos en la toma de decisiones, entre otros.

Esto se suma a reportes emitidos por medios de comunicación hace unos meses sobre los altos costos que representa para la UPR no solo la nómina del presidente Haddock, sino también de sus ayudantes, según afirmaron.

“Es irresponsable y totalmente injusto que mientras los empleados y profesores tenemos sueldos sumamente bajos, se nos reducen beneficios importantes como el plan médico y al estudiantado le aumentan los costos de estudiar, la administración universitaria ande dando contratos y gastando sin medida”, expresó en conferencia de prensa.

Togas de oro para la investidura

La presidenta de la Heend indicó que un ejemplo de los gastos superfluos, son las togas que se ordenó comprar el 13 de mayo pasado para usarlas en la ceremonia de investidura del presidente Haddock, por el presidente de la Junta de Gobierno, Walter Alomar, y otros dos miembros de ese cuerpo, por un costo de $3,525.

“No solamente se hace una ceremonia de investidura que no es parte de la cultura de la Universidad para alimentar el ego del presidente, sino que además tenemos que comprarles vestimenta que incluye boina doctoral metálica en oro blanco. Este es el colmo del cinismo para una institución que enfrenta un plan fiscal que pretende arrebatarnos nuestros beneficios”, declaró la dirigente sindical.

La Heend indicó que en los documentos de la compra efectuados en el 2019 y 2018, respectivamente, se pueden observar las diferencias.

Cabildeo en Washington, duplicidad de funciones

Santana Andino también presentó evidencia de un acuerdo suscrito el 14 de febrero de 2019 entre el presidente Haddock y el director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Carlos R. Mercader Pérez, para servicios de cabildeo en Washington que implica duplicidad de funciones.

Mencionó que el acuerdo establece que PRFAA va a contratar un especialista y que la UPR girará al fondo rotativo de esa agencia la cantidad de $40,000 por un período de cuatro meses, a razón de 10,000 mensuales.

Dijo que los servicios que prestará ese tercero son funciones que actualmente se enmarcan en la Vicepresidencia de Fondos Externos de la UPR, el mismo presidente y la persona de confianza en cada recinto asignada a búsqueda de fondos externos.

“El especialista, que no conocemos, trabajará desde la Oficina de Asuntos Federales en Washington, para gestiones de búsqueda de fondos federales para el beneficio de la UPR, pero nadie ha explicado por qué hay que duplicar las funciones que se supone que haga la Vicepresidencia de Fondos Externos de la UPR”, sostuvo.

Cerca de un millón para Aafaf

La presidenta de la Heend expresó que la organización repudia un contrato de casi un millón de dólares ($902,000) para que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf) contrate una firma que asista a la UPR en los asuntos de la Ley Promesa.

“Tenemos que decirle al pueblo que este acuerdo es el peor gasto que ha hecho la Universidad. No solamente tenemos que pagar todo ese dinero, sino que además no hemos visto ningún beneficio. La mejor muestra de la ineficiencia de Aafaf y sus firmas para con la UPR es que el nuevo plan fiscal y el presupuesto que mantienen los gigantescos recortes de fondos que llevan a estudiantes, profesores y empleados a la pobreza”, indicó Santana Andino.

Suplidor agrandado

Según alegaron, otro ejemplo de los aumentos en gastos es el contrato al suplidor para propósitos de consultoría para los estados financieros, Norberto Rivera Berríos, quien en julio de 2017 cobraba $1,537 por sus servicios y su contrato se incrementó al punto que en abril de 2019, su factura fue de $27,412.87, para un monto total de $214,529.80.

Posible conflicto de Walter Alomar como asesor en Aafaf

La dirigente sindical señaló que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf) extendió un contrato de servicios profesionales a la firma (DBPR Legal LLC.) del presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Walter Alomar, de hasta $200,000, que se suma a otros $59,400 que actualmente recibe de la UPR.

Explicó que la página número 20 del contrato de Aafaf a Alomar establece que “los consultores certifican que ninguno de los socios, directores, ejecutivos, oficiales o empleados reciben salario ni ningún tipo de compensación por rendir servicios regulares por cita (o de otra manera) de ninguna agencia, instrumentalidad, corporación o municipalidad del gobierno de Puerto Rico. Las partes reconocen que este acuerdo no se ejecuta para el beneficio de personas que han sido oficiales o empleados de la Autoridad”.

En este caso, según indicaron, Alomar tiene un contrato vigente como profesor de la Escuela de Derecho por la cuantía de $59,400.

“No solamente lo nombraron profesor de la UPR y tiene contratos en otras agencias, ahora también lo contrata Aafaf que es la agencia que instrumenta los planes fiscales en contra de la UPR y que tiene un contrato de $902,000 para asuntos de Promesa. Esto es un claro conflicto de interés moral del que se supone que defienda al primer centro docente”, puntualizó Santana Andino.

Afirmó que todas estas instancias hablan del pobre desempeño de los administradores de la UPR que en una reciente publicación se descubrió la semana pasada que se han quedado cortos en la búsqueda de fondos alternativos para la institución.

“Aquí lo que han venido es a servirse de la Universidad, a dar contratos y puestos para sus amigos, las conexiones políticas y los donantes. La Universidad no les importa lo que están haciendo es destruirnos poco a poco”, aseveró.

La Heend es una unión puertorriqueña establecida hace 47 años que representa a una matrícula de cerca de cuatro mil empleados de las áreas de oficina y técnicos de la Universidad de Puerto Rico (UPR).




Apoyo a enmienda de ley Promesa se retira mediante violación al proceso parlamentario de la UPR

El presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Walter Alomar, presentó un referéndum electrónico para reconsiderar la moción en apoyo a una enmienda a la ley Promesa que garantice una asignación presupuestaria a la institución universitaria de $800 millones.

La moción del 25 de marzo se aprobó con una votación de cuatro votos a favor, provenientes de los representantes de la comunidad universitaria, dos votos en contra, incluyendo el voto de Alomar y un voto abstenido. Al cerrar la reunión, Alomar envió un correo electrónico para votar nuevamente sobre la medida, lo que se denomina como una reconsideración.

Según el Reglamento Interno de la Junta de Gobierno en el Artículo 11, los procesos parlamentarios de dicha junta se rigen por el Manual de Procedimiento Parlamentario de Reece B. Bothwell o “Robert’s Rules of Order, Newly Revised”.

El Manual de Procedimiento Parlamentario de Bothwell explica que “la moción de reconsideración puede ser presentada únicamente por una persona que haya votado con el bando que prevaleció en la votación”. En el caso de la votación sobre el apoyo a enmendar la ley Promesa, los que podrían presentar la reconsideración serían los representantes claustrales, Alan Rodríguez Pérez y Mayra Olavarría, los representantes estudiantiles, Marysel Pagán Santana y Efraín Rodríguez Ocasio.

Mientras, Rodríguez Ocasio publicó en sus redes sociales que “los profesores y estudiantes protestamos la segunda votación y los miembros nombrados por el gobernador le votaron en contra.”

Por su parte, el presidente de la Asociación de Puertorriqueña de Profesores Universitarios, Ángel Rodríguez Rivera, solicitó mediante comunicado de prensa “a los miembros de la Junta de Gobierno de la UPR a no ceder a las presiones indebidas del licenciado Walter Alomar, presidente [Junta de Gobierno de la UPR] que busca revertir la determinación de este cuerpo de apoyar enmiendas a la ley Promesa.”

Además, indicó que “la acción desesperada del licenciado Walter Alomar, dirigida a revertir la determinación de la Junta de Gobierno, nos lleva a preguntarnos cuáles son los lineamientos éticos y dónde queda el respeto a los procesos de transparencia que como presidente debe mostrar”.

El presidente de la Junta de Gobierno, quien no respondió la solicitud de expresiones o entrevista, expresó en la reunión del 25 de marzo que “pedir $800 millones era llover sobre mojado” y luego argumentó “la mayoría de la Junta de Gobierno cada vez que se ha traído el tema, cuando estamos toda la Junta, de exigirle al gobierno que de más dinero a la UPR, a exigirle más dinero, más cambios de plan fiscal y demás, la mayoría de la Junta ha dicho que no porque entendemos nuestro rol de nosotros ser más autónomos”.

La moción en contención busca apoyar “que se enmiende la ley Promesa en la sección 201b1b para que lea de la siguiente manera, ‘asegurar los fondos de los servicios públicos esenciales, que esto incluye los fondos públicos asignados a la Universidad de Puerto Rico por medio de la fórmula establecida en la Ley 2 de 1966 o un mínimo de $800 millones anuales hasta la terminación de la junta de supervisión fiscal según establecido en la sección 209 de esta ley y con estos fondos la institución será capaz de incluir cabalmente con su rol como servicio público esencial y cumplir con sus obligaciones y requisitos de acreditación.”

Apoyo en la Junta de Gobierno de la UPR para enmienda a ley Promesa




Apoyo en la Junta de Gobierno de la UPR para enmienda a ley Promesa

Solo con los votos de los representantes de la comunidad universitaria, se aprobó una moción para apoyar una enmienda a la ley Promesa que garantice un mayor financiamiento para la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno de la institución, Walter Alomar, criticó que se presentara la moción porque ya se han presentado mociones para solicitar fondos y catalogó el pedido como “llover sobre mojado”.

La moción, que también se presentó en la Junta Universitaria y fue presentada por la representante claustral Mayra Olavarría, busca expresar apoyo “a los efectos que se enmiende la Ley Promesa en la sección 201b1b para que lea de la siguiente manera”: ‘asegurar los fondos de los servicios públicos esenciales, que esto incluye los fondos públicos asignados a la Universidad de Puerto Rico por medio de la fórmula establecida en la Ley 2 de 1966 o un mínimo de $800 millones anuales hasta la terminación de la junta de supervisión fiscal según establecido en la sección 209 de esta ley y con estos fondos la institución será capaz de incluir cabalmente con su rol como servicio público esencial y cumplir con sus obligaciones y requisitos de acreditación’.”

Por su parte, la representante estudiantil Marysel Pagán, quien argumentó en la reunión que otras universidades hacen gestiones similares en Washington, le indicó a CB en Español que esta moción busca continuar con una gestiones que ya se han hecho fuera del ente rector de la UPR.

“Ha habido unas gestiones que se tienen que reconocer de parte del estudiantado, de la comunidad docente y no docente con los congresistas, con los representantes, las ponencias en la semana pasada que están empezando a rendir frutos. Hay personas en el Congreso que se han expresado ya en términos de volver a mirar la Ley Promesa,” indicó Pagán haciendo referencia a las expresiones de Raúl Grijalva en que critica los recortes a la UPR.

Además, añade que “ha quedado claro que la comunidad universitaria tiene el interés en que la Universidad siga con el financiamiento apropiado para poder cumplir su misión. Más allá de una expresión de la Junta de Gobierno hay una preocupación genuina en cuanto a la operación de la Universidad como la conocemos como Universidad de Puerto Rico, con el servicio que da para el próximo año y los años venideros con los recortes que enfrenta.”

Por su parte, Alomar, quien se encontraba en minoría, ya que varios miembros nombrados por el gobernador se habían ausentado, expresó en la reunión molestia tanto con solicitar más dinero como con que se presentara la moción.

“El problema que yo tengo con esta moción es que esto se ha traído anteriormente y se ha derrotado. Ya hemos hablado y la mayoría de la Junta de Gobierno cada vez que se traído el tema, cuando estamos toda la junta de gobierno, de exigirle al gobierno que dé más dinero a la Universidad de Puerto Rico, a exigirle más dinero, más cambios de plan fiscal y demás, la mayoría de la junta de gobierno ha dicho que no porque entendemos nuestro rol de nosotros ser más autónomos,” dijo Alomar.

Si bien no se han presentado mociones para ir al Congreso, Alomar estaba aludiendo a las discusiones en las que representantes de la comunidad universitaria proponen ir a la legislatura a buscar más fondos, estos son derrotados por los miembros nombrados por el gobernador, que tienen mayoría en la composición por ley de la Junta.

Sobre la postura de Alomar, la representante estudiantil indicó el análisis debe ir más allá de si la UPR podría operar con los recortes.

“Yo creo que la Universidad, independientemente haya el entendimiento de que pueda operar o no pueda operar, la Universidad tiene que hacer sus gestiones para recuperar su presupuesto y detener aumentos en matrícula, recorte en los beneficios patronales, otro tipo de lo que ellos llaman otro tipo de iniciativas para atender los recortes que nada tiene que ver con el desarrollo del funcionamiento de la institución”, expresó Pagán.




Permanecen interrogantes sobre las pensiones de la UPR

Para la directora ejecutiva de la junta de control fiscal, Natalie Jaresko, una transición a un plan de contribución definida tendrá mayor credibilidad y le traerá más seguridad a los pensionados, porque el gobierno hará las aportaciones adecuadas y le dará el poder a las personas de decidir cómo invertirán su fondo de retiro. (Jaime Rivera/CB)

Mientras la junta de control fiscal sigue empecinada en convertir todos los modelos de sistemas públicos de pensiones a uno de contribución definida, la junta del Fideicomiso de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (UPR) continúa como un fuerte defensor para mantener el sistema actual de beneficios definidos.

Para la directora ejecutiva del organismo rector de las finanzas públicas de la isla, Natalie Jaresko, una transición a un plan de contribución definida tendrá mayor credibilidad y le traerá más seguridad a los pensionados, porque el gobierno hará las aportaciones adecuadas y le dará el poder a las personas de decidir cómo invertirán su fondo de retiro.

Del otro lado de la disputa, el presidente de la Junta del Sistema de Retiro de la UPR, Eduardo Berríos Torres, aseveró que el plan de beneficios definido es el único que le puede brindar seguridad a los pensionados, porque es el único modelo que promete un cheque de retiro hasta la muerte de la persona. En cuanto a la sostenibilidad del sistema, Berríos aludió a los informes actuariales para argumentar que una transición al modelo de contribución definida aumentará además la carga económica para la UPR.

La diferencia principal entre ambos sistemas estriba sobre quién carga con el riesgo. En un plan de contribución definida, tal como sugiere su nombre, la universidad establecería una cantidad fija que aportaría la institución y los empleados para ser puestos en fondos o cuentas de inversión para retiro como lo es la 401k. En este caso, ya que la institución postsecundaria contribuiría una cantidad fija al sistema de retiro, el riesgo asociado a los fondos de inversión recaería sobre los futuros pensionados.

En un plan de beneficios definidos, es el beneficio lo que está predeterminado con un fondo colectivo en el cual la institución carga con el riesgo de cualquier insuficiencia económica y se garantizan las pensiones de por vida.

Cambiando lo que no está dañado o previniendo una debacle

Los profesores y empleados de la universidad son parte de un Fideicomiso de Retiro, el cual cae bajo la Junta de Gobierno de la UPR, pero es una entidad separada de la institución académica.

Para Berríos Torres las nuevas propuestas tratan de cambiar algo que no está dañado. En adición a la importancia que los miembros del sistema le dan a tener una pensión garantizada de por vida, lo cual no se puede garantizar en un sistema de contribución definida, el punto principal del presidente de la Junta de Retiro en contra de eliminar el modelo de beneficios definidos es que el Sistema de Retiro de la UPR está en una mejor situación económica que los otros sistemas públicos de retiro.

El sistema de retiro de la universidad cuenta con 10,200 miembros activos, con un 75% de estos elegibles para retirarse, y 8,800 pensionados, lo que se traduce a $200 millones anuales en pago de pensiones. Sin embargo, el presidente de la Junta de Retiro explicó que dicho pago no proviene de la universidad. Es el fideicomiso el que hace el pago mientras que la UPR sólo realiza la aportación patronal regular y su pago de amortización.

En el 2015 la Junta de Gobierno de la UPR aprobó un plan de amortización a 40 años para pagar la deuda actuarial de $1.4 billones que había acumulado con el sistema de retiro. Antes del plan de amortización y para el primer año después de su aprobación la institución académica pudo hacer un abono mayor a la cantidad requerida.

Sin embargo, en el 2016, el pago de la UPR al sistema de retiro se quedó corto por $6.3 millones y la proyección del 2017 quedó rezagado por $12 millones.

El presidente de la Junta del Sistema de Retiro de la UPR, Eduardo Berríos Torres, explicó que otra situación que afecta el sistema es la congelación de plazas. Debido a esta política de reducción de gastos, la universidad cuenta con alrededor de 1,000 empleados menos.

El presidente de la Junta del Sistema de Retiro de la UPR, Eduardo Berríos Torres, explicó que otra situación que afecta el sistema es la congelación de plazas y debido a esta política de reducción de gastos, la universidad cuenta con alrededor de 1,000 empleados menos.

“El [sistema de retiro] de nosotros en los últimos cinco años tiene una razón de cobertura creciente. Ahora mismo en el último estudio actuarial que aprobamos, porque la Junta de Retiro es la que aprueba el estudio actuarial, del 30 de junio del 2017, que es el más reciente, reporta que el fondo de la UPR tiene 48.8% de razón de cobertura”, aseveró Berríos Torres a pesar que la universidad se atrasó en sus pagos de la deuda.

En el momento en que la administración universitaria termine de pagar su deuda actuarial para con el Fideicomiso de Retiro, la proyección es que el fondo podrá alcanzar el 100% de razón de cobertura. Mientras tanto, el Fideicomiso de Retiro también es financiado por la aportación de los empleados, que en el caso de los miembros más nuevos es de un 12%, cuatro puntos más de lo que cuesta cada pensión. El resto de los empleados aumentaron su aportación por 1%, el cual no está destinado a sus pensiones particulares. El sistema de retiro también tiene una cartera de inversiones que no ha visto pérdidas netas desde por lo menos el 2013.

Otra situación que afecta el Sistema de Retiro de la UPR, explicó Berríos, es la congelación de plazas. Debido a esta política de reducción de gastos, la UPR cuenta con alrededor de 1,000 empleados menos.

“La Junta [de Retiro], pensando en el bien de ambos, de la institución y del sistema de retiro han propuesto que esa política la deben enmendar porque es perjudicial para las dos partes. Nosotros hemos propuesto que por cada dos que se jubilen, se reclute uno”, dijo Berríos.

Diferencia en posturas

“El primer paso es mover a todos a un plan de contribución definida,” sostuvo Jaresko sobre la postura de la Junta de Retiro. Aunque “No va a ser igual la política aplicada a todos [los sistemas de retiro] independientemente de sus niveles de financiamiento; [la política] se ajustará a los niveles de financiamientos”, explicó la directora ejecutiva después de reconocer que el sistema de retiro de la universidad tiene una razón de cobertura mayor que los otros sistemas públicos de retiro, que se han tornado insolventes.

No obstante, Jaresko resaltó que la junta de control fiscal no está de acuerdo con la evaluación del informe actuarial aprobado por la Junta de Retiro, la cual ubica la razón de cobertura en un 48.8%.

“Ahí [con el informe actuarial] no estamos de acuerdo sobre cuánto. En lo que estamos de acuerdo es que vamos a comenzar a cooperar y ellos [la Junta de Retiro] nos proveerán más datos actuariales. Pero la evaluación que resultó en un nivel de financiamiento de 48% utiliza un margen de ganancia requerido que es mucho mayor de lo que hubiéramos esperados. Es 7.75%. Una ganancia de 7.75 porciento de aquí en adelante es sumamente improbable dado las tasas de ganancia ahora en bonos del Tesoro de inversión asegurada están tan bajas”, dijo Jaresko.

“Yo sé que el sistema de retiro fue capaz de conseguir ese tipo de ganancia en el pasado”, añadió Jaresko quien señaló que para ese entonces “los bonos del Tesoro de EE.UU. estaban moviéndose y proveían una ganancia mucho mayor de lo que dan hoy”.

En el caso del modelo de beneficios definidos, Jaresko argumentó que la preocupación principal es la falta de certeza porque las administraciones gubernamentales, independientemente de partido o afiliación política, no han respondido a sus responsabilidades con los sistemas de pensiones.

“Tenemos una meta singular en cuanto a los sistemas de retiro de Puerto Rico en general, incluyendo al de la UPR, que es asegurar que estén financiados apropiadamente y posicionados para que puedan proveer las pensiones que la gente, los retirados, necesitan y se les ha prometido. Nosotros vamos, para todos los sistemas de retiro, a movernos de un sistema de beneficios definidos a un sistema de contribución definida y eso no es único para Puerto Rico. Eso es lo que está pasando donde sea y cuando sea que se puede hacer en los sistemas públicos”, argumentó Jaresko.

Ciertamente, hay una cantidad creciente en los sistemas de pensiones, incluyendo en el espacio académico, que transicionaron de planes de beneficios definidos a un modelo de contribución definida en Estado Unidos, el Reino Unido y otros países. Por ejemplo la Universidad de Waterloo, University of Chicago y Berklee College of Music congelaron sus planes de beneficios definidos.

Esta transición a una prevalencia del modelo de contribución definida también ha encontrado resistencia. A principios de este año la Unión de Universidades e Institutos del Reino Unido, sindicato que alberga a docentes y empleados no docentes de la academia, se fue a la huelga para defender el plan de beneficios definidos. La protesta se levantó luego que las universidades propusieron establecer un panel de expertos para evaluar ambos modelos.

El 26 de septiembre el Financial Times reportó que el panel de expertos concluyó que el plan de beneficios definidos representaba “menos costos” para los trabajadores que el fondo privado.

Esta evaluación coincide con la conclusión a la que llega el informe actuarial de Cavanaugh & McDonald que comisionó la Junta de Retiro. En el informe, los actuarios analizan un cierre del sistema actual con todos los empleados moviéndose al sistema de contribución definida y el escenario en el que se congela el plan de beneficios definidos pero los empleados actuales permanecen bajo ese modelo, mientras que los empleados nuevos irían a un sistema de contribución definida.

En ambos casos, el Sistema de Retiro de la UPR se volvería insolvente en menos de treinta años. Sin embargo, Jaresko argumentó que los escenarios que consideró el actuario informe no incluyen la consideración de otros elementos como la reducción en las pensiones.

Un puente roto

Además de las discrepancias entre la junta fiscal de control fiscal y la Junta de Retiro, esta última también ha experimentado un deterioro en su relación con la Junta de Gobierno de la UPR.

Las reclamaciones de la Junta de Retiro hacen eco a las denuncias hechas en otros cuerpos de gobernanza de la institución, como la Junta Universitaria, cuerpo compuesto por representantes de todos los recintos. Ambos cuerpos reclaman que la Junta de Gobierno excluye a las estructuras existentes en el proceso de delinear el plan fiscal y establecer el presupuesto.

Para el proceso de presupuesto más reciente, varios miembros de la Junta Universitaria se quejaron de que– contrario a los establecido en la Ley 1 de 1966 en la reglamentación universitaria– la Junta Universitaria no fue consultada en el proceso de elaboración del presupuesto que sería enviada a la junta fiscal para su certificación. En cambio, la Junta Universitaria vio el documento unos días antes de la fecha límite.

Con una queja similar, la Junta de Retiro criticó la decisión de la Junta de Gobierno de excluir a los representantes del Fideicomiso de Retiro de la elaboración de la propuesta para el sistema de pensiones contenida en el plan fiscal de la UPR. Su reclamó se intensificó desde que la Junta de Gobierno aprobó la creación de la Oficina de Transformación Institucional, que se encarga de supervisar la implementación de las medidas en el plan fiscal.

Berríos Torres explicó que no lo convocaban a las reuniones del Comité de Retiro de la Junta de Gobierno de la UPR desde agosto de 2017, comité presidido por Zoraida Buxó, quien también es la vicepresidenta de la Junta de Gobierno.

Sin embargo, a Berríos Torres se le invitó a la reunión más reciente del comité de retiro pero este decidió no asistir. El profesor explicó en una carta a la junta de gobierno que no asistiría a la reunión porque entiende que la decisión de la junta de gobierno de contratar la firma de consultoría BDO Puerto Rico– para evaluar las finanzas del Fideicomiso de Retiro y convertirse entre el enlace entre la junta de gobierno y el sistema de retiro– era una violación de las regulaciones relacionadas al fideicomiso.

“La actuación del Comité de Retiro JG es ultra vires ya que deposita en terceros responsabilidades de fiducia adscritas a la Junta de Gobierno y a la Junta de Retiro en la Escritura de Fideicomiso y la Ley de Fideicomisos de Puerto Rico”, reza la carta.

El presidente de la Junta de Retiro se refería al contrato firmado el 9 de septiembre por Walter Alomar, como presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, con BDO Puerto Rico en el que establece que la firma de consultoría “actuará como consultor financiero y fiscal y proveerá su apoyo profesional para lograr que [junta de gobierno] cuente con las mejores alternativas para la transformación del sistema de pensiones de la Universidad de Puerto Rico”.

Desde la creación del Sistema de Retiro, la Junta de Retiro ha tenido la responsabilidad de asesorar al ente rector sobre los asuntos de este fondo de pensiones.

El contrato, que le brinda a BDO 16 semanas para que produzca un informe final dispone que “todo material escrito, documentos, datos y otra información producida en o relacionada con las gestiones que lleva a cabo [BDO Puerto Rico] en cumplimiento de las disposiciones de este contrato, serán confidenciales y no podrán ser divulgados sin autorización expresa de [la junta de gobierno]”.

Para los miembros de la Junta de Retiro y de otras organizaciones universitaria, como la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, este contrato de $300,000 muestra una falta de transparencia e interés por los procesos democráticos de parte de la Junta de Gobierno de la UPR. Cuando BDO se presentó, sin previo aviso, a las oficinas del Fideicomiso de Retiro, Berríos Torres no dio su consentimiento a la petición de la firma de consultoría para ver la información financiera del sistema.

No obstante, Buxó, reafirmó su apoyo a la decisión de contratar a BDO. En una carta dirigida a Berríos Torres, la presidenta del comité de retiro argumentó que la contratación de dicha firma de consultoría caía bajo las prerrogativas de la junta de gobierno y es parte de los cambios que acompañan las gestiones de la Oficina de Transformación Institucional.

Asimismo, Buxó vilipendió a Berríos en un comunicado de prensa en el que cataloga de, “irresponsable que el presidente de la Junta de Retiro, el Dr. Eduardo Berríos, obstaculice el proceso de obtención de información y análisis que realiza el ente rector de la institución sobre el Sistema de Retiro de la UPR”. Solicitudes para entrevista antes y después de la publicación de este comunicado no fueron contestadas.




Senado con el ojo en vales educativos

Comisión de Educación del Senado teme una migración masiva de estudiantes del sistema público al sistema privado. (Suministrada)

Comisión de Educación del Senado teme una migración masiva de estudiantes del sistema público al sistema privado. (Suministrada)

La Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado creará un proyecto de ley, alterno a la Ley de Reforma Educativa, para garantizar topes en la cantidad de beneficiarios y parámetros específicos en la otorgación de vales educativos para asegurar que no desaparezca el sistema público de enseñanza ante una posible migración masiva de estudiantes a instituciones privadas, anunció hoy el presidente de esa comisión, Abel Nazario Quiñones.

El senador hizo el anuncio durante el proceso de vistas públicas que lleva esa comisión para estudiar el Proyecto del Senado 825 que establecería la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico” y a la cual se citó hoy, martes, a la secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Wanda Vázquez Garced, 11 rectores de los diferentes recintos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y al presidente interino de esa institución, Darell Hillman Barrera.

A través de esta nueva ley, el gobierno buscaría que el sistema se centralice en el estudiante y se implementen modelos exitosos de educación. Además, incorporaría los conceptos de escuelas tipo chárter y el programa de vales educativos.

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“Es importante que esta Legislatura al tomar la determinación de abrir ese campo [programa de vales], lo defina claramente para proteger de cualquier vicio de inconstitucionalidad”, sentenció Nazario Quiñones a la vez que, dirigiéndose a la secretaria de Justicia, preguntó si reconocía la autoridad de la Asamblea Legislativa para establecer estos parámetros que garanticen que este mecanismo no sustituirá a la escuela pública. La secretaria respondió en la afirmativa.

Nazario Quiñones advirtió, sin embargo, que estos vales educativos no irían cursados a ninguna institución en particular sino que sería responsabilidad de los padres o tutores del estudiante canjearlo.

Vázquez Garced, por su parte, aclaró que el beneficio que le otorga el Estado a un niño no puede constituir beneficio o sostenimiento de una religión sino que el beneficiado debe ser el estudiante.

“El Tribunal Supremo ha ido analizando la concesión de estos vales a base de la cláusula de establecimiento basada en la primera enmienda de la Constitución y la de sostenimiento que es una cláusula establecida por nuestros constituyentes y que no tiene referencia a nivel federal”, indicó la secretaria de Justicia.

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“Para resolverse la otorgación, el Tribunal estableció tres criterios: que la ley no sea sectaria, o sea, que no apoye una religión; segundo que no inhiba ni favorezca ninguna religión y tercero que no haya un sobre envolvimiento del Estado en esas escuelas privadas”, añadió.

Ante este planteamiento, Nazario Quiñones sostuvo que hay una necesidad de definir hasta dónde llegar en relación a un tope total de vales otorgados, ello para que no se coloque en una posición de vulnerabilidad el sistema público de enseñanza en la isla.

“Que mañana no venga alguien y otorgue 300,000 vales y haga inexistente la escuela pública. Antes del 21 de marzo vamos a estar preparando un borrador de un proyecto alterno de ley que atienda el programa de vales, y vamos a poner los parámetros para asegurarnos que el gobernador tenga un proyecto de ley que sea adecuado y que cumpla con todos los aspectos constitucionales”, adelantó el senador, el cual también pidió a la secretaria “sus recomendaciones en el proceso de creación”, señaló Nazario Quiñones.

Nazario insistió en que se necesita evaluar que estudiantes no migren a la escuela privada sino que sea un mecanismo para mejorar la calidad de servicios educativos que se brindan a estudiantes con rezago académico, los que muestran dotes extraordinarios o aquellos estudiantes que poseen impedimentos severos y que el sistema público no ha podido atender debidamente.

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No obstante, aunque admitió ver viable la otorgación de estos vales a estudiantes de educación especial, la secretaria de Justicia pidió que se le sometiera el proyecto para examinarlo en detalle.

Sobre las escuelas tipo chárter, el senador dijo visualizar que se introduzca en la pieza un tiempo de prueba que tendría una escuela de este tipo para evidenciar que ha tenido resultados efectivos.

“Tenemos que consultarlo con la secretaria de Justicia pero entiendo que no debe ser menos de tres ni más de cinco años, el tiempo de prueba y así el secretario pueda fiscalizarla”, indicó Nazario Quiñones.

Dispuesta a “charterizar” la UPR

Durante esta segunda vista pública, el presidente interino de la UPR, el presidente de la Junta de Gobierno Walter Alomar y los rectores de los 11 recintos del sistema dijeron estar dispuestos a “charterizar” las escuelas públicas cercanas a cada recinto al indicar que ya estos han identificado escuelas candidatas.

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El anglicismo fue utilizado por los deponentes y el senador para describir la propuesta del sistema universitario de la UPR para administrar escuelas tipo chárter bajo la reforma educativa, que se espera mejore la calidad de educación brindada en varios planteles escolares que circundan el perímetro de los diferentes campus de la universidad.

“Estamos muy a favor de que se le vaya dando libertad a las regiones educativas, lo que sería muy parecido a los que se generan en los recintos de la UPR. Además, la alternativa de alguna de estas escuelas se pueden especializar para sacar el mejor talento de estos estudiantes. Nosotros cumpliríamos en lo que sería a cabalidad con lo que serían las Escuelas Alianza. Tenemos la experiencia con lo que es la UHS. Nosotros hemos mantenido los estándares, tenemos y podemos ofrecer las ayudas”, indicó Hillman Barrera.




Solo 2.7% de los estudiantes de la UPR se dan de baja tras huracán María

El presidente interino de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Darrel Hillman Barrera, informó el viernes, que un total de 1,561 estudiantes se dieron de baja luego del paso del huracán María por Puerto Rico.

“Solo se refleja un total de 2.7 por ciento correspondiente a los estudiantes que solicitaron darse de baja en todo el sistema, según el informe preparado con los datos suministrados por los once recintos”, sostuvo Hillman Barrera en declaraciones escritas.

Explicó que el número total de bajas en el sistema universitario fue 1,561 de una matrícula inicial de 58,677 estudiantes. La matrícula actual de la UPR es 57,722 estudiantes, cifra que incluye la cantidad de estudiantes que optó por trasladarse a otro recinto dentro del mismo sistema universitario.

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El doctor Hillman Barrera destacó las iniciativas y acciones tomadas por la administración de la Universidad para que los estudiantes se mantuvieran en el sistema.

“Reanudamos las clases y operaciones en tiempo récord. Además, facilitamos la autorización de permisos especiales para que los estudiantes pudieran tomar clases en otras unidades si tenían dificultad para llegar a su recinto. Les brindamos diferentes tipos de ayuda, como alimentos, agua, servicios sicológicos, legales, de salud, entre otros. Todo gracias al esfuerzo en equipo de los decanos de estudiantes y todo el personal que colaboró de distintas formas”, enfatizó el presidente.

Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, licenciado Walter Alomar, recordó que ese organismo aprobó varias medidas para ayudar económicamente a los estudiantes durante el proceso.

“Aprobamos el otorgamiento de permisos especiales de forma gratuita y eliminamos el pago de recargos por concepto de prórroga”, indicó.

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“Era de esperarse que, debido al fenómeno atmosférico devastador que afectó a la Isla, algunos optaran por trasladarse fuera de Puerto Rico, pero los datos demuestran que la percepción de que la UPR se vaciaría era errónea. La mayoría permanece aquí y continuaremos trabajando fuerte para restaurar la Universidad y facilitar el reingreso al sistema de aquellos que tuvieron que partir”, enfatizó Alomar.

Entre las universidades que realizaron ofrecimientos se encuentran: Georgia Tech, Texas Tech, University of Miami, Central Connecticut State University y Rensselaer Polytechnic Institute. La mayoría consideraba al estudiante como “visiting student” o estudiante visitante; esto significa que se mantenía como un estudiante de Puerto Rico.




[FOTOS] Piden a empleados de la UPR que se reporten a trabajar lunes 

El presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Walter Alomar, solicitó hoy al personal administrativo y de mantenimiento a que se reporten a sus centros de trabajo en los 11 recintos este lunes, en la medida que la emergencia del huracán María se los permita.

El resto de los empleados públicos, incluidos los maestros, deberán reportarse a sus áreas de trabajo el martes, dijo el gobernador Ricardo Rosselló Nevares. 

El propósito es que inicien en la UPR las labores de “restauración y evaluación de los daños”, que fueron significativos en los 11 recintos. Lo más afectado fueron las áreas verdes, pero también se sufrieron daños estructurales, expresó Alomar.

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Si bien, Alomar hizo un llamado a los estudiantes y ciudadanos que quieran ser voluntarios a que acudan a los recintos; Gilberto Domínguez, representante estudiantil ante la Junta de Gobierno, explicó que estas personas que deseen ayudar a la limpieza de los recintos no deben acudir mañana.

Durante el lunes el personal administrativo delineará el plan de trabajo para el restablecimiento de los recintos y luego se convocarán a los grupos de apoyo.

De otro lado, Alomar solicitó a los investigadores que inicien la evaluación de daños en sus investigaciones y estudios, de manera que se puedan realizar las reclamaciones y reportes a la National Science Foundation (NSF) y el National Institute of Health (NIH).

El paso del huracán María el pasado miércoles dejó a Puerto Rico sin conexión energética, con graves problemas en las telecomunicaciones, inundaciones, 15,000 refugiados, al menos 10 muertes, 80% de los cultivos agrícolas perdidos y un sinnúmero de daños estructurales y pérdida de hogares. El nivel de los daños fue tal que todavía se desconoce su magnitud, sobre todo por la falta de comunicación con gran parte de la isla.

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Optimista la administración de la UPR tras visita de la Middle States

Tras la reunión final con el comité evaluador de la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE), la administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se siente “optimista” de que las probatorias que afectan a 8 recintos se levantarán en noviembre.

Estas expresiones fueron hechas por el presidente de la Institución, Darrel Hillman, y le hacen eco Walter Alomar, presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, y la vicepresidenta Ilka Ríos.

“Estuvieron muy complacidos con la respuesta del equipo financiero [de la UPR]. Ellos enfatizaron que estamos claros que estamos transformándonos como universidad, que tenemos planes y metas concretas y hemos comenzado a hacerlas”, aseveró Hillman.

Este comité llegó a Puerto Rico para evaluar el cumplimiento con el Requisito de Afiliación 3, que implica que la unidad académica esté operacional; el Requisito de Afiliación 8, el cual busca documentar la “estabilidad financiera” de la institución; y el Estándar de Acreditación 3, que va a los efectos de asegurar que cada unidad tiene los recursos necesarios para cumplir con su misión académica.

Hillman informó que el comité evaluador encontró a todos los recintos en cumplimiento, tanto para los Requisitos de Afiliación 3 y 8, como para el Estándar 3. A esto, una fuente distinta añadió que el comité evaluador mostró preocupación en el tema de las auditorías de los recintos pero ese elemento no afectó la determinación de cumplimiento.

Sin embargo, el presidente de la UPR aclaró que el comité no es responsable de hacer la determinación final. Dicho comité someterá un informe al pleno de la MSCHE, el cual también será revisado por la administración universitaria. La Middle States en pleno evaluará el informe en su reunión ordinaria de noviembre.

“Ya el ‘small team’ [comité evaluador] dijo que estamos en cumplimiento. Que ellos entienden que estamos en cumplimiento y obviamente cuando ellos presenten ese reporte a la comisión, si la comisión adopta ese reporte como bueno, entonces estarían removiendo las probatorias”, indicó Alomar.

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Además de los documentos y entrevistas a miembros de la comunidad universitaria, el comité evaluador conversó con el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y con los miembros de la junta de control fiscal Ana Matosantos y Andrew Biggs, quienes forman parte del subcomité de educación superior del ente rector En el caso de los representantes del organismo creado por la ley federal Promesa, la comunicación se dio mediante una llamada telefónica en conferencia, ya que ninguno se encuentra en la isla.

Aunque debido a la normativa de la Middle States, los administradores universitarios no pudieron participar de la conversación con Matosantos y Biggs, Hillman indicó que el presidente del comité evaluador les dejó saber que “esto le va a dar mucho peso a nuestro reporte”.

En cuanto a la reunión con el gobernador, Hillman señaló que el comité evaluador se mostró complacido con el “compromiso” que expresó el gobernador de ayudar a allegar fondos a la institución académica.

El comité evaluador de la Middle States llegó el lunes 11 de septiembre a la isla para visitar los recintos en probatoria que son Arecibo, Bayamón, Carolina, Cayey, Humacao, Ponce, Río Piedras, Utuado.




Universidad de Puerto Rico cuenta con nuevo presidente interino

Luego de una vacante que comenzó el pasado 23 de mayo, Darrel Hillman Barrera es el nuevo presidente interino de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

El profesor del recinto de Ciencias Médicas asume la posición después de una votación seis a tres en la cual los votos a favor fueron los de los cuatro miembros de la Junta de Gobierno de la UPR designados por el gobernador Ricardo Rosselló, y la representación del Departamento de Educación (DE) y de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

Esta reunión, que duró menos de 10 minutos, fue la primera en la que participaron los licenciados Luis Berríos Amadeo y Antonio Monroig, quienes fueron designados ayer por el gobernador. Al ser nombramientos en receso, no tuvieron que esperar a la confirmación del Senado para juramentar en el ente rector de la Universidad.

En el caso de Berríos, el licenciado ya presidió la Junta de Gobierno de la UPR bajo el cuatrienio de Luis Fortuño, cuando el cuerpo se llamaba Junta de Síndicos.

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El nuevo presidente de la UPR proviene del mundo de las ciencias. Hillman es profesor de la Escuela de Medicina Dental del Recinto de Ciencias Médicas y tiene una práctica privada como dentista. Además de la docencia, Hillman ha estado involucrado en gestiones administrativas de su recinto, entre los que estuvo trabajar en el proceso de reacreditación de dicho recinto.

En una rueda de prensa posterior a la breve reunión, el recién designado presidente interino indicó que el proceso del presupuesto ya se ha estado trabajando, por lo que se tiene que empezar desde cero.

Entre los aspectos que le “urgen” a la institución, Hillman indicó que está la probatoria de la acreditación y llenar la vacante de la rectoría del recinto de Río Piedras, nombramiento que espera hacer en los próximos dos días. En cuanto a los preacuerdos de la huelga, pidió tiempo para poder evaluarlos.

Sobre el proceso de búsqueda y consulta, a pesar que estaba en la agenda, no se atendió durante la reunión. En la rueda de prensa, el presidente de la Junta de Gobierno, Walter Alomar, intimó a la posibilidad que no se comience un proceso nuevo, como había expresado, sino que se enmiende el proceso actual.

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La votación estuvo dividida entre los representantes de la comunidad universitaria, quienes votaron por el doctor José Lasalde, con la excepción del representante claustral Alan Rodríguez, quien se ausentó de la reunión.

Con la inclusión de Berríos y Monroig, se reducen a cuatro las vacantes de este cuerpo y se pone en minoría a los representantes de la comunidad universitaria.

Actualmente, existen cuatro miembros de la comunidad universitaria, cuatro designaciones directas de Rosselló y representación por ley del DE y la Aafaf.

A pesar que estaba en la agenda para la reunión, la Junta de Gobierno no tocó el tema del proceso de búsqueda y consulta.

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