5 de Junio de 2020

Tenedores de bonos de Puerto Rico dan críticas mixtas a Promesa

Por el 28 de Junio de 2016

Los economistas y los tenedores de bonos acordaron el 27 de junio que el proyecto de la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa por sus siglas en inglés) es un buen comienzo para llevar el gobierno del ELA en ruta a la recuperación, pero se opusieron a varias disposiciones que permitirían un aplazamiento en las demandas y en la reestructuración de la deuda.

Los paneles fueron realizados durante el Primer Encuentro de Tenedores de Bonos, organizado por Bonistas del Patio.(Jaime Rivera / CB)

Los paneles fueron realizados durante el Primer Encuentro de Tenedores de Bonos, organizado por Bonistas del Patio.(Jaime Rivera / CB)

Las observaciones fueron vertidas en dos paneles que analizaron Promesa durante el Primer Encuentro de Tenedores de Bonos, organizado por Bonistas del Patio, entidad que representa a más de 60,000 tenedores de bonos locales. Philipe Schoene Roura, editor ejecutivo de Caribbean Business, moderó dos de los paneles y el periodista Luis Valentín participó en un panel.

Héctor Negroni, co-CEO de Fundamental Advisors, firma que ha estado involucrada en intentos de negociar con los emisores de deuda de Puerto Rico, dijo que podría objetar la disposición que impone un aplazamiento en las demandas jurídicas impuestas por Promesa. “El aplazamiento en Promesa es un cuento de hadas. El aplazamiento evita que procures tus derechos…”, dijo.

Nader Tavakoli, presidente y CEO de Ambac, una empresa que demandó al gobierno por los incumplimientos de deuda y las recuperaciones de fondos desembolsados (clawbacks) —accediendo a las fuentes de ingresos que originalmente estaban destinadas para otras deudas— dijo que si Promesa impone una junta de control fiscal federal Ambac también objetaría los aplazamientos si la junta no hace lo que se supone que debe hacer, como reducir el tamaño del gobierno.

En un panel titulado “La verdad sobre la junta de control territorial”, Javier Ortiz, socio de Falcon Cyber Investments, dijo que los tres aspectos más importantes de Promesa son el aplazamiento en las demandas, la creación de una comisión bicameral que estudiaría la economía de Puerto Rico y la designación de la junta de control fiscal. “En última instancia, el hecho de que algo está pasando es bueno”, dijo. Promesa fue aprobada por la Cámara de Representantes de EE.UU. y está programada para votación por el Senado estadounidense tan pronto como esta semana.

Falta de conocimiento generalizada en el Congreso

  1. Steven Hart, CEO de la firma de cabildeo Williams & Jensen, dijo que tuvo más problemas de cabildeo en Washington, DC con los miembros de la base del Congreso que con los líderes debido a la falta generalizada de conocimiento sobre Puerto Rico. Notó problemas con el Caucus de la Libertad, el grupo republicano conservador, que no sabe cómo los problemas de Puerto Rico se filtran en otros problemas financieros. Observó que si bien los legisladores no estaban reacios a proporcionar reformas económicas y de bienestar, esperaba que la comisión bicameral permitiera a la inclusión de Puerto Rico en una propuesta de reforma contributiva.
En la foto, Philipe Schoene, Editor Ejecutivo de Caribbean Business y moderador de dos paneles que discutieron los efectos de Promesa. (Jaime Rivera / CB)

En la foto, Philipe Schoene, Editor Ejecutivo de Caribbean Business y moderador de dos paneles que discutieron los efectos de Promesa. (Jaime Rivera / CB)

El Congreso se ha negado a darle incentivos fiscales a Puerto Rico bajo el Artículo 243 porque no era parte de la jurisdicción de la comisión, pero Ortiz cree que había algo más. Indicó que concederle incentivos fiscales de Puerto Rico a las corporaciones estadounidenses, tales como los que había bajo la Sección 936, se convierte en “un vehículo para cosas que no tienen nada que ver con Puerto Rico. El Congreso está lidiando con problemas que van más allá de Puerto Rico”, dijo.

Los panelistas señalaron que si Puerto Rico quiere recuperar los beneficios de la Sección 936, el gobierno tendrá que “llamarlo de otra manera”, ya que algunos miembros del Congreso creen que fue un truco contributivo que dio lugar a un gobierno inflado. También dijeron que la isla tiene que crear conciencia de que las reglas contributivas que aplican en los estados no funcionan en Puerto Rico.

Hart dijo que si bien los legisladores del Partido Demócrata han expresado su preocupación por el hecho de que la junta de control fiscal no es elegida por el pueblo, señaló que a los republicanos no les preocupaba ser catalogados como anti-hispanos.

Los acreedores dan su perspectiva

Las personas que participaron en otro panel llamado “Promesa: perspectivas de los acreedores” hicieron una lista de los puntos positivos y negativos del proyecto de ley. Hicieron hincapié en la necesidad de reactivar la economía local para asegurar que el gobierno cumpla con los pagos de deuda.

Tavakoli dijo que el éxito de la junta de supervisión es “lograr que el gobierno se reencamine y no preocuparse por la deuda. La deuda se encargará de sí misma con el tiempo si arreglamos la economía”.

Joseph Rosenblum, vicepresidente de Alliance Bernstein LLP, dijo que Promesa fue un buen primer paso ya que proporciona la administración fiscal y la supervisión que ayudará a restaurar la credibilidad de la isla en el mercado de bonos, pero expresó su preocupación por la reestructuración de la deuda, la cual quedaría en manos de la junta.

Negroni describió las disposiciones de Promesa como  un “Sóper Capítulo 9” en referencia a la ley de quiebras, señalando que ello evitaría que los tenedores de bonos puedan acudir a la corte en búsqueda de pagos o compensaciones. Añadió que los Fundamental Advisors puede impugnar tal disposición. Negroni también afirmó que el gobierno no está insolvente, pero tiene un problema de liquidez. Dijo que los ingresos del gobierno han aumentado y el servicio de la deuda ha bajado debido a los impagos.

“¿En qué se ha gastado el dinero?”, preguntó. “No hay ninguna prueba para la insolvencia; afortunadamente hay una prueba para la prioridad. Hay personas en la mesa dispuestas a negociar, pero deben seguir el estado de derecho y respetar las finanzas reales,” expresó. Tavakoli dice que el Título II del proyecto de ley —que le imparte sus funciones a la junta, incluyendo establecer presupuestos balanceados— hace que el Título III, el capítulo del proyecto de ley que permite el ajuste de las deudas, sea innecesario. “Recurrir al Título III será una pérdida… será una derrota para toda la junta”, dijo y agregó que el objetivo de la junta debe ser ayudar a que Puerto Rico recupere la credibilidad y el acceso a los mercados.

Rosenblum dijo que empujar al gobierno a adoptar medidas de austeridad “tampoco viaja en el bote”, indicando que deben atenderse los servicios esenciales. Se negó a decir cuál debería ser la razón de contribuciones a ingresos ya que los presupuestos tienen diferentes requisitos.

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