28 de Noviembre de 2021

Tensa deposición de Corrección durante vistas de transición

Por el 12 de Diciembre de 2016

Un momento de tensión se suscitó hoy durante la continuación de las vistas de transición del gobierno cuando Ramón Luis Rosario Cortés, el recién nombrado secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, cuestionó al secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Einar Ramos López, sobre las razones por las que esa agencia al día de hoy aún no había entregado una serie de documentos que van desde planes de clasificación hasta información de traslados  al amparo de la Ley 197 de 2002 o Ley para Regular el Proceso de Transición del Gobierno de Puerto Rico.

 

(Agustin Criollo/CB)

El secretario de Corrección aceptó además que las agencias federales realizaron un allanamiento en 2015 del cual no se tiene ninguna información. (Agustin Criollo/CB)

El Comité de Transición del Partido Nuevo Progresista (PNP) confrontó al titular del DCR indicando que la ley estipula que todo documento requerido por el Comité deberá ser entregado. De ser información confidencial, puede entregarse en sobre sellado, pero se tiene que entregar. No obstante, Ramos López se mantuvo firme en que se procedió tal y como lo estipula la ley.

“Se hizo un requerimiento de 40 documentos, dándonos 24 horas para entregarlos. Nos reunimos con el licenciado representante del Comité de Transición y le dijimos que iban a haber documentos que los entregaríamos en ese periodo y otros que no se podían entregar en ese tiempo”, indicó el titular.

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“En la tarde de ayer se bajaron la mayoría de los documentos y cuando se fue a la oficina del Comité de Transición a las 5:00 p.m. de ayer, ya no estaban en la oficina. Nos comunicamos por teléfono con el licenciado y quedamos en que los entregábamos ayer por la tarde y se entregaron la mayoría de los documentos ayer por la tarde y hoy se entregan el resto”, añadió.

Rosario Cortés cuestionó al deponente sobre la orden del Tribunal Federal en el caso Morales-Feliciano, una demanda por hacinamiento y condiciones de reclusión inconstitucionales en las cárceles del país, radicado hace 40 años.

“Fuimos notificados por el Departamento de Justicia (DJ), que es el abogado de nosotros en ese caso, se nos notificó que había un sobrante de multas que el tribunal estaba dispuesto a distribuirlo y que nos quedáramos nosotros con ese dinero, para tres proyectos importantes”, indicó Ramos López.

“Se dialogó con Justicia y con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y se van a abrir tres cuentas en Hacienda, como el tribunal pide que era en tres años consecutivos, tres proyectos distintos, pues se sometió un memorando al secretario de Justicia para que él lo presente al tribunal, y si cumple con lo que el tribunal requiere y se aprueba, pues habrá tres cuentas de Justicia de $8 millones por año… Si el dinero está disponible o no, habría que preguntárselo a OGP”, añadió.

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Sobre el particular, el secretario de Justicia, César Miranda, explicó que los requisitos impuestos por el tribunal son varios. Primero, condonar la deuda del Estado Libre Asociado (ELA) de $150 millones en multas acreditando entre $70 y $80 millones a las instalaciones médicas construidas para servicio de la población penal. El restante es condonado al Pueblo de Puerto Rico.

Segundo, la orden del tribunal establece que hay que liberar $20 millones previamente depositados en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF). No obstante, al no querer arriesgar esta determinación, Miranda explicó que lograron acordar con OGP y Hacienda para levantar esos recursos sin afectar el proceso.

“El tribunal además nos asigna $4.5 millones que tiene retenidos de multas, así que con estos $4.5 millones, más $4 millones de este año, se logran los primeros $8 millones. $8 para el segundo año y $8 para el tercero, de manera que la administración entrante va a tener recursos suficientes para llevar a cabo las obras para que el DCR ya ha propuesto y con eso debe quedar resuelto para siempre el caso Morales-Feliciano y más que eso, vamos a tener a disposición $24 millones para hacer obras por confinados en los próximos tres años y liberar al pueblo de un pago de $50 millones”, indicó el titular de Justicia.

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Asimismo, Ramos López, aceptó que las agencias federales realizaron un allanamiento en 2015 del cual, según aseguró, no se tiene ninguna información ni siquiera de la citación. Éste tampoco pudo contestar sobre la razón del allanamiento en la propia oficina del secretario. Tampoco pudo afirmar si el DCR, a través de la Administración de Servicios Generales, recibió servicios de algunas de las corporaciones del convicto exrecaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández.

“Tenemos información que precisamente eso es lo que están buscando los federales y el secretario, a la pregunta directa, dijo que el desconocía si el DCR estaba recibiendo servicios de entidades relacionadas a Anaudi Hernández”, explicó Rosario Cortés.

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