3 de Diciembre de 2022

Testimonios encontrados en torno a la liquidez del gobierno

Por el 23 de Septiembre de 2016

SAN JUAN – Dos testimonios contradictorios salieron a relucir hoy durante el segundo día de audiencias en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico donde el juez federal Francisco A. Besosa evalúa cuatro demandas consolidadas que buscan una exención a la suspensión automática contra litigios (“stay”) ­que establece la ley Promesa.

Los demandantes argumentaron que debían poder obtener la exención debido a que no reclaman un cobro de sus acreencias, sino que cuestionan la constitucionalidad de la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico.

El economista Carlos Colón de Armas, quien funge como perito para el grupo de bonistas Dionisio Trigo, testificó que, en su opinión, el gobierno tomó la decisión consciente de no cumplir con sus compromisos de deuda a pesar de que sí podía pagar.

Según Colón de Armas, el problema es que el gobierno no está haciendo su mejor esfuerzo y ha fracasado en la reducción de gastos. El economista destacó que para operar, el gobierno está tomando dinero destinado a pagar la deuda para cubrir los gastos de los servicios esenciales.

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También habló sobre la situación financiera del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés) para el momento en que se aprobó la ley local de moratoria. Colón de Armas explicó que, luego de aprobar la ley, se tomaron “acciones unilaterales” que agotaron los activos del BGF y de la PFC, afectando drásticamente su liquidez e impidiéndoles cumplir con sus pagos programados.

Por su parte, la secretaria asistente del Departamento de Hacienda, Yaimé Rullán Cabrera, testificó que la ley de moratoria era necesaria debido a que ha servido para proporcionar una estructura ordenada en la cual el gobierno central y sus agencias pueden pagar para mantener los servicios esenciales mientras intenta reestructurar la deuda. La funcionaria se refirió a la liquidez del gobierno como una “delicada” y señaló que otros eventos, como el apagón de esta semana, han servido para empeorar el panorama.

Rullán añadió que, al culminar la audiencia, iría al Banco Popular, donde se mantienen las cuentas del gobierno, para autorizar pagos a oficiales de la Policía a causa de un sobregiro en la cuenta de dicho departamento.

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Colón de Armas y Rullán testificaron en una audiencia en el tribunal federal donde el juez Besosa tendrá que decidir si las demandas sometidas por U.S. Bank Trust, Brigade Capital, National Public Finance Guarantee, y el grupo Dionisio Trigo, deben recibir una exención del “stay” impuesto por Promesa, el cual expira en seis meses.

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