5 de Agosto de 2020

Toque de queda a la transparencia de contratos del gobierno

Por el 6 de Mayo de 2020

Por Rafelli González

El mismo día en que entró el vigor la enmienda a la Orden Ejecutiva de la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, la cual restableció el toque de queda a las 7:00 p.m., la Oficina del Contralor también realizó un cambio sustancial en las normas sobre el registro de contratos.

A través de la Carta Circular OC-20-20, la contralora Yesmín M. Valdivieso extendió “hasta 15 días después de finalizado el toque de queda el término para registrar y remitir, a través de la aplicación de Registro de Contratos, todos los contratos otorgados cuyo término vence durante dicho período”.

Además, viabilizó que contratistas puedan suscribir acuerdos con el Gobierno aunque no cumplan con los requisitos que impone la ley para brindar bienes y servicios ante la emergencia del COVID-19 en la isla. 

“Durante este período de emergencia pueden proceder con las prestaciones o contraprestaciones establecidas en todo contrato debidamente formalizado por todas las partes. En el caso de que el contratista no tenga disponible los documentos requeridos por ley para la formalización del contrato, deben proveer los mismos dentro de los 60 días de finalizado el Toque de Queda”, reza parte de la orden de dos páginas con fecha del 15 de abril de 2020.

CB en Español/Caribbean Business supo de esta directriz al solicitar un contrato que no aparecía registrado en la página web para la Consulta del Registro de Contratos de la Oficina del Contralor, luego de que fuentes de este medio aseguraran su existencia y cuestionaran las razones por las que se realizó el acuerdo. 

“Recuerden que solo pueden realizar enmiendas a contratos vigentes. Si algún contrato vence durante el período de la emergencia y se quedan tareas o servicios sin terminar u ofrecer, deben una vez se reinicien las labores de manera regular preparar un nuevo contrato a tales efectos. En dicho contrato nuevo tienen que hacer referencia al contrato vencido, así como las tareas o servicios que se quedaron sin completar o realizar e indicar que el contrato se hace para completar o realizar las mismas”, abundó la orden. 

Esta carta circular tuvo el efecto de eliminar la anterior directriz, la cual obligaba a que en o antes del 17 de abril se registrasen todos los contratos cuyo término de registro y envío vencieran en el periodo del 16 al 30 de marzo.

Esta orden no tiene el efecto de permitirle al Gobierno mantener sus contrataciones en secreto, pues solo regula la entrega de los documentos a la Oficina del Contralor y no a la ciudadanía, quienes son los dueños de la información pública creada y custodiada por el Estado.

Estas nuevas directrices impedirán que la ciudadanía tenga acceso a las transacciones del Gobierno mientras esté vigente el Estado de Emergencia decretado por Vázquez Garced. La publicación de estos contratos quedarán al arbitrio de la gobernadora, quien es la única que puede determinar el día en que se levantará su orden de imponer un toque de queda a los ciudadanos, determinación que activarán los 15 días que tendrá su administración para revelar los contratos que han sido autorizados.

“Mejorar la fiscalización y la administración de la propiedad y de los fondos públicos es compromiso de todos”, concluyó la contralora en su carta circular, en momentos en el que el país, su prensa y la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes han destapado escándalos durante el proceso de contratación gubernamental, como el adelanto en menos de 24 horas de $19 millones a la constructora Apex General Contractors para la compra de $38 millones en pruebas serológicas que nunca llegaron a la isla y otros acuerdos con empresas cuyos socios guardan estrechos vínculos con la alta esfera del Partido Nuevo Progresista (PNP) o son donantes activos de miembros de la colectividad.

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