Trabajadores del Fondo presentan demanda para detener Promesa
La ley federal Promesa, basada en la interpretación racista de los Casos Insulares de la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos, eliminó los estatutos de autogobierno de Puerto Rico y constituye una privación de derechos al pueblo puertorriqueño como ciudadanos estadounidenses, en violación a la Declaración de Independencia, la abolición de la esclavitud y los derechos al voto.
Así lee una demanda presentada por tres distintos sindicatos que representan a los trabajadores del Fondo del Seguro del Estado. La demanda sometida el miércoles busca que la ley federal Promesa, que instituyó la junta de control fiscal, sea declarada inconstitucional. La misma es una de varias reclamaciones presentadas como parte del proceso de quiebras bajo el Título III, y busca que tanto Promesa como el ente rector creado por ley sean abolidas.
Sin embargo, los trabajadores del Fondo del Seguro del Estado también buscan detener el proceso del Título III mediante una orden que declare que la junta de control fiscal “debe dejar de celebrar audiencias o sesiones, obtener datos oficiales o información de acreedores, emitir citaciones, celebrar contratos, hacer cumplir las leyes del territorio, recurrir a acciones civiles judiciales para hacer valer los poderes, realizar investigaciones o cualquier otro poder o autoridad provisto por Promesa”.
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Según la demanda, el plan fiscal certificado impone una serie de medidas que afectan a los trabajadores del Fondo tales como el congelamiento de nómina y de la contratación, la reducción de la fuerza de trabajo, la limitación a las vacaciones pagadas a 15 días al año entre todos los empleados públicos, la prohibición de acumulación de días por enfermedad y vacaciones entre los años fiscales, y la eliminación al bono de Navidad para todos los empleados públicos.
“El plan fiscal del 19 de abril se basa en el supuesto de que las disposiciones de estas leyes y los recortes presupuestarios continuarán siendo aplicados durante la duración del nuevo plan fiscal. Las medidas de eficiencia de la agencia incluidas en el plan fiscal del 19 de abril imponen al CFSE una reducción de aproximadamente $152 millones de reducción de gastos de personal de un total de aproximadamente $229 millones de reducción de costos a través de los cinco años del plan fiscal certificado. Estas medidas perjudicarán inminentemente los derechos y beneficios laborales de los Ddmandantes”, establece la demanda.
Tras proveer un resumen de la historia de la intervención estadounidense en Puerto Rico comenzando con la invasión de 1898 hasta la aprobación de Promesa, la demanda dice que Promesa viola las enmiendas 13 y 15 de la Constitución de Estados Unidos que abolieron la esclavitud y otorgaron el derecho al voto, respectivamente.
La demanda también expone que Promesa violenta otros tratados como la Declaración Universal de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
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