14 de Agosto de 2022

Trabajadores podrían investigar salarios de sus compañeros sin ser penalizados

Por el 14 de Febrero de 2017

¿Se imagina poder preguntarle a sus compañeros de trabajo cuál es su salario con el propósito de investigar si usted recibe igual paga por igual empleo y que esto no constituya una razón para que su patrono lo penalice?

Esta es una de las ventajas que los empleados públicos y privados obtendrán si se aprobara la Ley de Igualdad Salarial de Puerto Rico, a juicio del secretario del Trabajo, Carlos Saavedra, quien defendió el Proyecto del Senado 9 en la primera vista pública realizada en la Comisión de Gobierno del Senado.

Saavedra destacó que, por primera vez en la isla, será “una práctica ilegal” que un patrono requiera que un empleado se abstenga de preguntar o discutir asuntos salariales, así sea de un compañero. Tampoco podrá sancionarse al empleado que divulgue su salario, aunque la medida no obliga al patrono o a las oficinas de recursos humanos a dar detalles sobre esta información.

El secretario del Trabajo, Carlos Saavedra, defendió la Ley de Igualdad Salarial de Puerto Rico por entender que beneficiará a los trabajadores, sean hombres y mujeres, y promoverá la equidad salarial en el país. (Juan J. Rodríguez/CB)

El secretario del Trabajo, Carlos Saavedra, defendió la Ley de Igualdad Salarial de Puerto Rico por entender que beneficiará a los trabajadores, sean hombres y mujeres, y promoverá la equidad salarial en el país. (Juan J. Rodríguez/CB)

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“Por primera vez se le da una herramienta al empleado que le permite obtener información de forma libre sin estar sujeto a penalidades. Ello protegiendo la confidencialidad de la información del empleado cuya información se pida”, declaró el secretario del Trabajo, agencia que tendrá a su cargo vigilar el cumplimiento de esta legislación.

Aunque en la vista pública se indicó que existen legislaciones federales y estatales que promueven la igualdad salarial entre los géneros, estas no han sido suficientes para erradicar ella discriminación en ese aspecto, señalaron los distintos deponentes.

Es por esto que Saavedra promueve que se apruebe la medida, pues provee “guías más precisas” en torno a la equidad salarial, aunque no impide que haya diferencias en la retribución de los empleados en terminas de antigüedad, eficiencia, experiencia o educación.

Además, establece penalidades contra los patronos que no cumplan esta ley, que, al mismo tiempo, promueve que estos tomen acciones correctivas para equiparar los salarios entre sus empleados.

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Otra ventaja que destacó el titular del Trabajo es que le permite a él iniciar investigaciones, así sea “motu proprio”, para determinar si un patrono da cumplimiento a esta ley y establecer penalidades. También le permite realizar un estudio sobre la inequidad salarial cada tres años.

Sobre el particular, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, destacó que la medida es trascendental porque aplicaría no solo al sector público y las tres ramas de gobierno, sino al sector privado, por lo que la ley propuesta “llenará un vacío jurídico” en el país.

Pese a que está a favor, la titular de Justicia recomendó que se incluya en la aplicación de la ley a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), entidad que se encuentra en proceso de desarrollar planes de retribución y clasificación en el gobierno.

Asimismo, la designada procuradora de las Mujeres, Ileana Aymat Ríos, favoreció el proyecto y solicitó ser incluida, junto con el Departamento del Trabajo, como una de las agencias en donde las personas pueden llevar su reclamo de igual paga por igual salario. Actualmente, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres permite atender casos de discriminación.

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Por su parte, la designada directora de la OATRH, Nydza Irizarry, respaldó la medida y afirmó que dará prioridad al principio de mérito y la equidad en el desarrollo de los planes de clasificación y retribución.

De otro lado, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), José Marrero, declaró que, aunque el impacto presupuestario del proyecto es “indeterminado”, entiende que el Departamento del Trabajo puede asumir las responsabilidades que aquí se le otorgan “sin mayor impacto o dificultad” y sin que se afecte la estructura actual.

Si requirieran dinero adicional al presupuesto que actualmente tienen de $127.8 millones —de los cuales $88 millones corresponden a asignaciones estatales—, tendrán que justificarlo en el próximo presupuesto, que se realizará con el mecanismo “base cero”, sostuvo Marrero.

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