9 de Diciembre de 2022

Trato privilegiado en la Cámara para empresa de Anaudi

Por el 25 de Agosto de 2016

El segundo día del desfile de prueba en contra de cuatro coacusados por el esquema de corrupción pública orquestado por el recaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández Pérez, culminó esta tarde con la defensa de Glenn Rivera Pizarro y de Ivonne Falcón alejando a sus clientes de los cargos criminales que pesan en su contra.

En la tarde, la defensa de Rivera Pizarro, el exasistente del administrador de la Cámara de Representantes, llevó al primer testigo de cargo de la fiscalía federal, Héctor Vargas, a señalar que todas las reuniones que sostuvo para obtener información privilegiada de la Cámara y así lograr el contrato de reemplazo del cuadro telefónico fueron con el exdirector de Tecnología, Víctor Burgos.

“Las reuniones fueron con Víctor Burgos”, aceptó Vargas Soto durante el contrainterrogatorio a cargo de la defensa de Rivera Pizarro, encabezada por Juan Masini Soler.

Por su parte, la defensa de Ivonne Falcón, exvicepresidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), cuestionó en su turno al primer testigo de cargo de la fiscalía si alguna vez le entregó un soborno o extorsionó a la funcionaria pública y Vargas Soto respondió con un “no”.

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“Para la fecha en que se firmó el contrato con AAA, me parece que ella no estaba como vicepresidenta de la AAA”, dijo Vargas Soto a preguntas del licenciado Godwin Aldarondo, que representa a Falcón.

En tanto, Joaquín Monserrate Matienzo, abogado de la exadministradora de Desarrollo Laboral (ADL), Sally López, cuestionó a Vargas Soto sobre la alegada presencia de su cliente en reuniones del Comité de Finanzas del presidente de la Cámara Jaime Perelló cuando ella no aparece copiada en ninguno de los dos correos electrónicos presentados en sala como evidencia.

“De las reuniones que fui (del Comité de Finanzas de Perelló), recuerdo que al menos en una ocasión, ella (Sally López) estuvo allí”, puntualizó Vargas durante el contrainterrogatorio que le hacía Monserrate Matienzo.

El abogado de la exadministradora de la ADL trajo a colación durante el segundo día de desfile de prueba contra implicados con Anaudi, que el excomisionado electoral del PPD Eder Ortiz fue a pedirle asesoría al prominente abogado de Ponce, Pedro Ortiz Álvarez.

Vargas no precisó qué tipo de asesoría se le pidió a Ortiz Álvarez pero aceptó, ante preguntas de Monserrate Matienzo, lo que había declarado previamente de que el excomisionado del PPD cobraba de los negocios de las empresas de Anaudi a través de la corporación de su esposa 3 Queens.

Mañana, a partir de la 1:00 p.m. se reanuda el juicio con otro contrainterrogatorio al socio de Anaudi y primer testigo de cargo en el caso.

Trato privilegiado

En el comienzo del segundo día de desfile de prueba, Vargas Soto precisó a la fiscalía federal en sala que la propuesta que trabajaron para reemplazar el cuadro telefónico de la Cámara de Representantes se enmendó un total de diez veces antes de firmar el contrato tras obtener información privilegiada que suministraron empleados ejecutivos de este cuerpo.

El fiscal federal José Capó Iriarte, a cargo del caso junto a Timothy Henwood, le presentó al jurado compuesto por siete mujeres y cinco hombres, el contrato que firmó el 9 de octubre de 2013 la Cámara de Representantes con 3Comm Global, empresa que le pertenecía a Anaudi y al testigo, entre otros socios, por un total de $149,900 para reemplazar el cuadro telefónico.

Capó Iriarte mostró múltiples documentos que precisan que desde comienzos del 2013 ese contrato se negociaba con el administrador de la Cámara y el director de informática, Víctor Burgos Cotto, ambos coacusados en el caso que se declararon culpable, y llevó al primer testigo de cargo a confirmar que el reemplazo del cuadro telefónico fue trabajado junto a los socios de Anaudi.

“Desde el 13 de marzo, se comenzó a presentar propuestas a la Cámara. Tuve una reunión con Víctor Burgos (director informática) que me la consiguió Anaudi. Cada email que enviábamos le incluíamos en el ‘subject’ el número de la enmienda a la propuesta”, explicó Vargas Soto a preguntas de la fiscalía.

El primer testigo de cargo precisó, ante evidencia documental presentada en la sala 3 que preside el juez federal Pedro Delgado Hernández, que el coacusado Glenn Rivera Pizarro, quien era asistente del administrador de la Cámara, presentó una carta el 9 de mayo de 2013 haciendo público la subasta y estableciendo que la fecha límite para que los licitadores interesados sometieran sus propuestas era el 16 de mayo de 2013.

¿Del 9 al 16 de mayo era el término que estableció la Cámara en esa carta de Glenn Rivera para la subasta?, preguntó el fiscal federal Capó Iriarte.

“Sí. Ese fue el término”, respondió Vargas Soto.

¿Pero el 13 de agosto, fecha posterior a ese término, fue que 3Comm logró acuerdo con la Cámara al presentar su décima enmienda a su propuesta, correcto?, inquirió el fiscal federal.

“Correcto”, aceptó el testigo.

¿El 22 de abril, o sea antes del término de la subasta, ya 3Comm había presentado a la Cámara una propuesta para reemplazar el cuadro telefónico?, indagó Capó Iriarte.

“En abril 22, 3Comm ya había presenta su sexta versión de la propuesta”, dijo Vargas Soto al mismo tiempo que se proyectaba en sala un correo electrónico de esa fecha donde se indicaba que era la sexta enmienda a la propuesta para reemplazar el cuadro telefónico.

Como parte del desfile de prueba, Vargas Soto declaró que aunque había que tener una certificación de la Junta de Telecomunicaciones y de la FCC para poder operar el cuadro telefónico de la Cámara, Anaudi, demás socios y él, comenzaron primero la negociación del proyecto antes de cumplir con esos requisitos.

La fiscalía federal, según el pliego acusatorio, señala que las empresas de Anaudi consiguieron contratos con el gobierno sin tener el expertise, preparación ni conocimiento para hacer el trabajo por el que alcanzaron cerrar negocios con la administración de Alejandro García Padilla.

Por otro lado, Capó Iriarte le presentó al primer testigo de cargo un correo electrónico con fecha del 23 de septiembre de 2013 dirigido al Comité de Finanzas de Perelló Borrás y en el que volvió aparecer la actual directora de campaña de David Bernier, Liza M. Ortiz Camacho.

El correo fue enviado a ‘Che’ Julio Aparicio, Ángel Muñoz Noya, Liza Ortiz, Anaudi Hernández, Ivelisse Reyes, Xavier González (administrador de la Cámara), Myriam Ramos y el testigo que está declarando en sala.

“Saludos: Recordándoles la reunión que se acordó el jueves pasado. Convocar e invitar a tomar un vino y tener una charla con nuevos invitados para colocar taquillas del cumpleaño (de Perelló). Tan pronto termine las llamadas les paso los nombres. Marly Pagán”, leyó el testigo el correo electrónico a los supuestos miembros del Comité de Finanzas de Perelló el 23 de septiembre de 2013.

“El contrato en la Cámara se firmó el 9 de octubre de 2013 y el segundo contrato en la Cámara se firmó el 12 de diciembre”, dijo Vargas Soto tras preguntas del fiscal si los contratos se habían alcanzado después de ese evento de recaudación de fondos en el que participó Anaudi y el propio testigo.

Vargas Soto culminó su testimonio identificando en sala al coacusado Glenn Rivera Pizarro como el ayudante del entonces administrador de la Cámara.

La fiscalía federal, encabezada por Timothy Henwood y José Capó Iriarte, cuenta con más de 50 testigos y tiene en sus manos probar varios esquemas de corrupción, soborno y extorsión orquestado por Anaudi Hernández Pérez desde finales del 2012 hasta el 2015 en la AAA, en la ADL y en la Cámara de Representantes junto a los cuatro coacusados que decidieron ir a juicio.

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