16 de Agosto de 2022

Tribunal da última oportunidad a presidenta interina de la UPR

Por el 22 de Mayo de 2017

La jueza Lauracelis Roques concedió a la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Nivia Fernández un último plazo hasta mañana a las 2:00 de la tarde para se cumpla con la orden del Tribunal Apelativo de abrir los portones.

Roques le dio a la presidenta de la institución académica 24 horas para que produzca un plan concreto de cómo abrir los portones. Dicho plan deberá estar certificado por la Junta de Gobierno de la UPR y debe ser ejecutable en 24 horas, es decir, no más tardar del miércoles, 24 de mayo.

De la presidenta no conseguir que se abran los portones, y permanecer en el cargo, se está exponiendo a una pena de hasta seis meses de cárcel por desacato.

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La decisión de la jueza viene a pesar que Fernández constató en el Tribunal que la policía se ha negado a intervenir en los portones, por entender que no están incluidos en el pleito y por seguir las directrices de no intervención provenientes del Ejecutivo. Fernández también consignó en la silla de los testigos que la administración universitaria ha tratado de contratar guardia privada pero hasta el momento, las compañías se han negado a aceptar el contrato.

En cuanto a la falta de intervención de la policía, la UPR presentó un Auto de Mandamus anoche por vía electrónica para la superintendente de la Policía, Michelle Hernández de Fraley y a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez , en busca de que la policía intervenga en el recinto de Río Piedras. Ante esto, Hernández de Fraley reafirmó que la Uniformada no intervendrá.

Tanto para el Mandamus que sometió la Universidad, como en la vista de seguimiento, Fernández aseveró que la institución académica no tiene los recursos para poder obligar a los estudiantes a que levanten la paralización.

“La UPR no cuenta con poder coactivo alguno para forzar a los terceros que actualmente están impidiendo el acceso al Recinto de Río Piedras a cumplir con lo ordenado por el Tribunal de Apelaciones, ya que, aunque el Recinto cuenta con la División de Seguridad y Manejo de Riesgos, comúnmente conocida como ‘la guardia universitaria’, este cuerpo no cuenta con el adiestramiento ni con el equipo necesario para manejar este tipo de situación”, sentenció.

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En la vista también salió a relucir que hasta el momento no se han sancionado a estudiantes ni a empleados por acciones tomadas durante el proceso de huelga, por lo que la jueza indicó que el plan oficial para la reapertura del recinto podría incluir la búsqueda de sanciones a todos los que obstaculicen la apertura de los portones.

Sin embargo por cambios a la reglamentación universitaria posteriores a la huelga de 2010, la emisión de sanciones sumarias podría tomar más de 24 horas ya que se tendría que convocar a una Junta Disciplinaria Sumaria. Los cambios al reglamento surgieron debido a que el Tribunal encontró que las disposiciones pasadas eran inconstitucionales.

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