28 de Enero de 2022

Tribunal deja que la junta siga liderando investigación de la deuda

Por el 15 de Noviembre de 2017

La jueza magistrada Judith Dein rechazó hoy una moción de un comité de acreedores que buscaba investigar la deuda pública de Puerto Rico, particularmente el rol del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Banco Popular y Banco Santander. La acción fue denegada sin perjuicio, lo que permitiría que vuelva a ser presentada en un futuro.

Según la jueza que asiste en los proceso de quiebra bajo el Título III de Promesa, la moción del comité de acreedores no asegurados (UCC, en inglés) era prematura y no pudo demostrar la necesidad de llevar a cabo una investigación paralela al proceso que lleva a cabo la junta de control fiscal en torno a la deuda de la isla.

Así las cosas, será el ente creado por Promesa y su contratista, Kobre & Kim, quienes seguirán a cargo de investigar las causas de la crisis fiscal de la isla y las distintas emisiones de deuda. Según un reporte inicial, la firma investigadora comenzó el proceso el pasado 1 de septiembre y espera tener un informe final para finales de marzo.

“Creo que la moción es prematura […] y debe darse oportunidad al investigador independiente [de la junta]”, manifestó Dein, quien ordenó al UCC unirse al proceso que lleva a cabo Kobre & Kim, de la misma forma que lo hizo el comité de acreedores que representa a los retirados del Gobierno.

Dentro de la próxima semana, el UCC deberá firmar un acuerdo de confidencialidad para poder participar del proceso que lidera la junta. Una vez suscriba el documento, podrá entregar a Kobre & Kim una lista de los documentos que interesa obtener para que entonces el investigador de la junta los tenga bajo consideración.

Junta publica primer informe de pesquisa sobre la deuda pública

Durante una vista hoy en la ciudad de Nueva York, los abogados del comité de acreedores, Paul Hastings, argumentaron que el propósito de la pesquisa de la junta es diferente a lo que busca el UCC. Específicamente, el abogado cuestionó que la investigación de la junta no tenga como objetivo identificar posibles causas de acción y actos criminales en los procesos de emisiones de deuda de Puerto Rico, contrario a la intención del UCC.

La representación legal del UCC hizo referencia a las declaraciones de John Couriel de Kobre & Kim durante la más reciente reunión pública de la junta fiscal, en la cual se discutió el primer informe de la investigación y donde se dejó claro que la intención no es levantar acusaciones, sino realizar un estudio de la deuda pública, sostuvo el UCC. También levantó banderas sobre el momento en que la junta anunció su investigación, lo que ocurrió unas dos semanas después de que el comité  presentará su petición ante el tribunal.

A la moción de descubrimiento de prueba del comité de acreedores no asegurados —que pedía inicialmente documentos de parte del BGF, Popular y Santander— se opusieron la junta, el Gobierno, el comité de retirados y las instituciones financieras.

“Damos bienvenida a la investigación [de la junta] porque la lleva a cabo la entidad que Promesa autoriza para ello”, sostuvo uno de los abogados de O’Melveny, quienes representan al Gobierno a través de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf). Añadió que como parte del proceso de investigación que lleva a cabo Kobre & Kim, el agente fiscal estará firmando un acuerdo de confidencialidad dentro de la próxima semana, lo que permitiría la entrega de más documentos, incluyendo correos electrónicos.

Junta fiscal investigará las emisiones de deuda de Puerto Rico

El primer informe sobre la investigación que lleva a cabo la junta establece que ya se enviaron unas 84 notificaciones de preservación de documentos con relación a emisiones de deuda pública hecha en los pasados 20 años. De estos avisos, 79 ya fueron contestados en la afirmativa, incluyendo el BGF, Popular y Santander, según dijeron hoy los abogados del Gobierno.

Rechaza descubrimiento de prueba a acreedores

La jueza Dein también rechazó hoy una serie de mociones que presentaron nueve grupos de acreedores y que buscaban forzar al Gobierno a entregar una serie de documentos financieros relacionados al plan fiscal a través de un proceso formal de descubrimiento de prueba.

Tienen que hacer que esto funcione”, sentenció la magistrada, quien lanzó un llamado a las partes a que diriman las solicitudes de información en el proceso de mediación que se lleva a cabo entre el Gobierno y sus acreedores.

Aunque su decisión favoreció la postura de la junta y Aafaf, advirtió que de no haber avances podrá reconsiderar su posición al respecto, de tener ante su consideración mociones similares en un futuro.

En síntesis, los acreedores buscaban que el Gobierno entregara información y documentos que evidencien la condición financiera actual de Puerto Rico, así como material relacionado a la confección de los planes fiscales.

Tanto Aafaf como la junta argumentaron que ya han hecho disponible un sinnúmero de documentos a través de un portal cibernético exclusivamente para los acreedores y que las peticiones de información se discutían como parte del proceso de mediación “robusto” que lidera la jueza Barbara Houser. También señalaron que los planes fiscales están siendo revisados tras el paso del huracán María.

“La mediación ha sido productiva, pero los documentos no se han entregado”, sostuvo uno de los abogados del grupo ad hoc de bonistas de obligaciones generales. “Esos [documentos] los requerimos hace seis meses y en la mediación no hemos logrado [su entrega]”, añadió.

Por su parte, uno de los abogados de la junta aseguró que el Gobierno ha provisto todo los datos e información que sirve de base a las proyecciones y números del plan fiscal y que continuará haciéndolo. Algunos de los grupos de acreedores dijeron que esto no era cierto.

La jueza Dein sostuvo que es el momento para que todas las partes acuerden, preferiblemente en el proceso de mediación, los parámetros de información que sean necesarios de cara a la revisión de los planes fiscales del Gobierno.

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