21 de Septiembre de 2019

Tribunal verá controversia sobre deuda de Retiro a finales de octubre

Por el 17 de Julio de 2017

En la tarde del lunes, la jueza federal Laura Taylor Swain aprobó un acuerdo temporero entre el Gobierno y bonistas de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) y calendarizó una vista para el 31 de octubre en la cual se espera que dirima finalmente la controversia entre las partes.

Como parte del acuerdo que se presentó en el tribunal el pasado viernes, el Gobierno aceptó reservar más de $90 millones durante los próximos tres meses y medio. También pagará aproximadamente $56 millones en intereses con vencimiento hasta octubre.

Así las cosas, las partes esperan que para la vista del 31 de octubre, la jueza Swain decida sobre los reclamos del Gobierno y el grupo de bonistas relacionados a los dineros que aseguran el pago de los bonos que emitió la ASR.

Bajo el acuerdo que aprobó la jueza Laura Taylor Swain, el Gobierno reservará unos $90 millones y pagará otros $56 millones en intereses durante los próximos tres meses y medio. (Luis J. Valentín/CB)

Tras el inicio de un caso de quiebra bajo el Título III de Promesa para la ASR, el grupo de bonistas pidió a la corte que se le protegiera adecuadamente ante la decisión del Gobierno de parar las contribuciones patronales al sistema, las cuales aseguran el pago de estos bonos.

El grupo de bonistas argumenta tener un gravamen sobre estas aportaciones patronales y que el Gobierno las eliminará al transicionar a un sistema de pago, o “pay-as-you-go”, mediante el cual cubrirá los beneficios de los pensionados del sistema directamente del Fondo General. El Gobierno también intenta vender los activos disponibles del ASR con miras a inyectar dinero adicional al Fondo General que ayude a cumplir con los aproximadamente $2,000 millones en beneficios de pensiones proyectados para este año fiscal.

Según la estipulación que aprobó la jueza Swain, el Gobierno reservará $18.5 millones el 31 de julio, 31 de agosto, 30 de septiembre, 31 de octubre y dos días después de la aprobación del acuerdo por parte del tribunal, o el 19 de julio, además de cualquier dinero relacionado a las aportaciones patronales hechas por el Gobierno a la ASR a finales del pasado mes de mayo.

El acuerdo también requiere el pago de unos $14 millones en intereses que vencieron el pasado 1 de julio y que la ASR no pagó tras el inicio del caso de quiebra bajo el Título III. La ASR también hará los pagos mensuales de intereses hasta el 1 de octubre, o cerca de $42 millones en total.

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El dinero para el pago de estos intereses vendrá de fondos que el Gobierno ha reservado desde enero, según una estipulación previa firmada a principios de año entre la ASR y sus bonistas.

Asimismo, en o antes del 21 de julio, el Gobierno deberá iniciar una acción legal para que el tribunal decida sobre la “validez, prioridad, alcance y aplicabilidad” de los gravámenes y argumentos de los bonistas de la ASR, al igual que los derechos del Gobierno sobre las aportaciones patronales hechas al sistema en mayo.

Según el calendario propuesto —que incluye descubrimiento de prueba de las partes durante los próximos tres meses— la jueza Swain resolverá la disputa entre el Gobierno y los bonistas de la ASR una vez sostenga la vista del 31 de octubre.

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Mientras, con la aprobación de la estipulación, los bonistas de la ASR se convierten en el primer grupo que logra un acuerdo tras pedir al tribunal dejar sin efecto la suspensión de demandas, o “stay”, del proceso de quiebra y solicitar remedios ante la posible pérdida del colateral que asegura el pago de sus bonos. Otros acreedores del Gobierno, en particular los de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), también buscan remedios similares al solicitado por el grupo de bonistas de la ASR.

En una vista el 28 de junio, la jueza Swain ordenó a las partes negociar una estipulación a más tardar  la semana pasada y así evitar que ella tomara acción inmediata sobre el asunto. Tras dos prórrogas a la fecha límite original del 12 de julio, el Gobierno y el grupo bonistas de la ASR finalizaron el nuevo acuerdo.

La junta de control fiscal —como representante del ELA y sus entidades— radicó el 21 de mayo el caso de quiebra bajo el Título III a nombre de la ASR, uniéndolo así al gobierno central, la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y la ACT. Recientemente, la junta también solicitó la protección de quiebra bajo el Título III para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

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