16 de Octubre de 2019

Turismo reacciona a alegaciones sobre plazas vacantes en Juegos de Azar

Por el 10 de Septiembre de 2019

La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Carla Campos. (Suministrada)

La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Carla Campos reaccionó a las declaraciones emitidas por el senador Aníbal José Torres y el representante Ángel Matos, en relación con la convocatoria para la contratación de inspectores de la División de Juegos de Azar. 

“El récord sobre las convocatorias 2019-01 y 2019-02 publicadas por la CTPR no tan solo se han realizado en estricto apego a la ley, sino que también cuentan con las debidas aprobaciones de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH)”, expresó Campos en declaraciones escritas. 

“Por diversas razones, incluyendo transición voluntaria, fallecimiento y oportunidades de crecimiento profesional, durante los pasados dos años, una cantidad considerable de empleados de carrera que cumplían estas funciones se han retirado del servicio público. Esta fractura organizacional provocó el aumento de costos de tiempo extra conforme a la obligación expuesta anteriormente”, dijo la funcionaria. 

De acuerdo con Campos, con el fin de procurar la disminución en pagos de horas extras, a mediados del 2018 se solicitó a la OATRH la autorización para emitir las convocatorias para cubrir la necesidad de los puestos de supervisor de juegos de azar e inspectores de juegos de azar. La OATRH respondió solicitando que, al hacerse, se cumpla con el Memorando OSG-2018-001, el cual establece los requisitos necesarios para la emisión de convocatorias, dentro de los cuales es indispensable la autorización de la OGP y la aprobación del borrador de convocatorias por la OATRH. 

Agregó que en marzo de 2019, la CTPR sometió formalmente el planteamiento para la autorización de ocupar estos puestos ante la OGP, conforme a la Ley 8-2017 y cartas circulares, el cual fue aprobado en junio 2019. Habiendo obtenido aprobación de OGP y OATRH para la emisión y publicación de las convocatorias, se procedió a publicar el proceso transparente de contratación. 

La aprobación para cubrir dichos puestos y la autorización para la publicación de las convocatorias, fueron solicitadas mucho antes de la aprobación de la Ley 81 el 28 de julio de 2019, e incluso, mucho antes de la presentación del proyecto de ley. 

Sobre la autoridad de la CTPR para actuar como corporación pública en estos menesteres, Campos indicó, “la Ley de Reorganización del Departamento de Desarrollo Económico (DDEC) requiere que se certifique que la CTPR está lista para consolidarse previo a convertirse en la Oficina de Turismo. Sus obligaciones, personalidad jurídica y deberes ministeriales se encuentran inalterados. A su vez, la Ley que crea la Comisión de Apuestas también contempla un periodo de transición y dicha entidad no se encuentra operacional aún.” 

De otra parte, sería irrazonable pensar que, aún cuando no se ha convocado formalmente a la Junta de la Comisión de Juegos de Azar y la Asamblea Legislativa debe evaluar los nombramientos del Director Ejecutivo de la Comisión y dos de los miembros de la Junta, se pretenda detener todos los procesos comenzados en respuesta a la ejecución y operación de nuestras salas de juegos, las cuales generan ingresos importantes para la industria turística, como para el Gobierno de Puerto Rico. 

En cuanto al alegato de que estos puestos fueron realizados con el propósito de ajustar los perfiles, la CTPR confirma que ambos puestos cumplen con los perfiles aprobados por la administración durante los años 2005-2008 en su plan de clasificación conocido como el Nuevo Turismo.

Los legisladores alegan que el puesto de supervisor de inspector de juegos de azar conlleva un salario de 4,190 dólares y que los requisitos son menores que el puesto de sus supervisados, sin embargo las respectivas convocatorias publicadas establecen unos requisitos mayores para los supervisores, según el perfil del puesto aprobado. Conforme a los parámetros establecidos en la Ley 8-2017, estos puestos deben estar disponibles para empleados de carrera de otras agencias que reúnan los requisitos. 

“Es por esto que, las convocatorias de supervisor de inspectores establecen un rango entre 2,670.00 a 4,190 dólares en los casos antes mencionados. No obstante, se desprende de la solicitud original presentada a la OGP y la OATRH que los inspectores de juegos de azar (empleados de carrera ya activos) que reúnan los requisitos, pueden solicitar el puesto convocado para así darle la oportunidad de crecimiento a estos y maximizar los recursos existentes”, finalizó.

Los legisladores del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres y Ángel Matos García, denunciaron el lunes que “estas plazas son legalmente nulas, ya que al convertir a la Compañía de Turismo en una oficina del  Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y pasar la división de Juegos de Azar a la Comisión de Juegos del gobierno de Puerto Rico, el poder de nombramiento recae en el DDEC o en la Comisión de Juegos”.

Indicaron que la CTPR y su División de Juegos de Azar desaparecieron con el plan de reorganización del DDEC, con lo que el esfuerzo de turismo pasa a una oficina y la División de Juegos de Azar pasa a consolidarse en la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, al firmarse la Ley 81 de 2019.

“Resulta totalmente incomprensible que se creen dos plazas de Supervisor de Inspectores de Juegos de Azar con un salario de 4,190 dólares y que los requisitos del puesto sean inferiores al personal supervisado. Son dos plazas ‘a la medida’ creadas por el director de recursos humanos, Giovanny Narváez, como parte de una toma de asalto de la Oficina de Turismo, ante la falta de liderato de su directora, que no hace nada ante los señalamientos de que Narváez es un intocable protegido por sus influencias en las altas esferas del PNP”, alegó Matos García.

“Al secretario del Departamento de Desarrollo Económico, a la gobernadora Wanda Vázquez y a la secretaria de la gobernación, Zoé Laboy, le solicitamos que investiguen estas plazas ilegales y las querellas de abuso de poder en la Oficina de Turismo”, finalizaron.

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