15 de Junio de 2019

Última palabra sobre acuerdos de retirados la tiene el tribunal, dice presidente de la junta fiscal

Por el 12 de Junio de 2019

El presidente de la junta de control fiscal, José Carrión. (Archivo/CyberNews)
El presidente de la junta de control fiscal, José Carrión. (Archivo/CyberNews)

El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión, dijo el miércoles que los acuerdos de los retirados bajo un plan de ajuste sobre las disposiciones de sus pensiones, deben ser aprobados por el tribunal.

“Según el proceso del Título III de Promesa, los retirados son considerados acreedores y no asegurados, cuyo trato bajo un plan de ajuste tendrá que ser aprobado por un tribunal. Afortunadamente, la Junta de Control Fiscal ha podido alcanzar este y otros acuerdos consensuales para reestructurar las obligaciones de pensiones de Puerto Rico”, dijo Carrión en declaraciones escritas.

El gobierno ha expresado que no acatará los acuerdos a los que han llegado varios sindicatos con el ente federal.

Carrión señaló que décadas de mala administración financiera, falta de fondos y préstamos tomados de las pensiones del pueblo dejaron los sistemas de retiro del gobierno central, los maestros y la judicatura prácticamente sin dinero. “Las restricciones fiscales y legales obligaron a la JCF a proponer una reforma de pensiones ya que, si el Gobierno de Puerto Rico no hubiera comenzado a pagar las pensiones del presupuesto operacional general, los retirados hubieran dejado de recibir sus cheques de beneficios. Esto ha significado que el gobierno está sufragando el costo anual de las pensiones, por aproximadamente 2,500 millones de dólares al año.”

El miércoles se anunció otro acuerdo consensual en el proceso de reestructuración de la deuda del Gobierno de Puerto Rico, esta vez con el Comité Oficial de Retirados (COR).

“Este acuerdo protege y asegura las pensiones a futuro para todos los empleados del Gobierno, tanto retirados como activos, mediante la asignación de excedentes acumulados en el corto plazo a un fondo de reserva que garantiza el pago de futuras obligaciones de pensiones. El acuerdo que la Junta de Supervisión ha alcanzado con el COR también provee una política más justa y sencilla para ajustar las pensiones que la que figura en el Plan Fiscal Certificado, al permitir que casi el 75 por ciento de los beneficiarios estén protegidos de cualquier recorte”, indicó Carrión.

Alegó que esta es una parte integral del plan de ajuste que la Junta de Supervisión presentará próximamente en el Tribunal del Título III que afecta a más de 300,000 beneficiarios de pensiones y reestructura más de 50,000 millones de dólares en obligaciones de pensiones no sufragadas en el Sistema de Retiro de Empleados, el Sistema de Retiro de Maestros y el Sistema de Retiro de la Judicatura.

“Este acuerdo con el COR, así como los que se lograron con los principales sindicatos que representan a los empleados activos, garantizan sus pensiones hoy y durante las próximas décadas, mientras protegen a nuestros retirados másvulnerables de cualquier reducción de pensión”, añadió.

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