24 de Agosto de 2019

Unión de Empleados de la CFSE impugna contrato de CooPharma

Por el 12 de Agosto de 2019

La Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (UECFSE) anunció el lunes la radicación de una demanda en el tribunal federal para impugnar el contrato de exclusividad a la Cooperativa de Farmacias de Puerto Rico (CooPharma) para operar la red de farmacias que ofrece servicios de medicamentos recetados para lesionados que se atienden en la corporación pública.

El presidente de la Unión de Empleados de CFSE, Francisco Reyes Marquez, había advertido a la administración y públicamente acerca de las irregularidades del proceso, pero sus denuncias fueron desoídas por las autoridades. También había denunciado que desde que llegó el nuevo administrador del Fondo se dejaron de hacer nombramientos claves y no se sustituía personal, colocando a las farmacias del FSE en una situación precaria, creando las condiciones para justificar su privatización.   

“La investigación realizada por nuestra Unión encontró que la administración de la Corporación diseñó esta estrategia para privatizar los servicios de farmacia de la agencia en violación a leyes estatales y federales. Radicamos esta demanda para desenmascarar esta parodia y hacer justicia a los trabajadores que han perdido sus empleos y a los lesionados, que serán los más perjudicados por este engaño. El proceso de contratación para la privatización de las farmacias de la agencia constituye otra señal del germen de la corrupción que arropa a nuestro país y del cual ya no aguantamos más”, dijo Reyes.

La demanda radicada en el Tribunal Federal en San Juan alega violaciones de derechos civiles bajo las constituciones de Puerto Rico y Estados Unidos y violación a la cláusula de comercio interestatal. Pide, entre otras remedios, que se expida un interdicto preliminar y permanente para que CFSE provea toda la información que se ha negado dar sobre CooPharma.

“Todo indica que la CFSE diseñó una estrategia de contratación exclusiva para privatizar los servicios de farmacia de la agencia en clara violación del artículo 1, sección 8, cláusula 3, Cláusula de Comercio, entre otras violaciones”, señala la demanda.

Según esboza en la demanda, la CFSE se negó a discutir o negociar los cambios de personal de farmacia cubierto por el convenio colectivo y tomó represalias contra la Unión y sus representados, que denunciaron irregularidades. El administrador de la CFSE, Jesús Rodríguez Rosa, está demandado en su carácter oficial y personal; así como el presidente de la Junta de Directores el Comisionado de Seguros Javier Rivera Ríos; el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado; la secretaria del Departamento del Trabajo, Briseida Torres; y la representante de los empleados ante la Junta, entre otros.

Proceso viciado desde el principio

El ahora ex gobernador Ricardo Rosselló anunció en abril de 2019 el acuerdo mediante el cual la CFSE cerraría sus doce farmacias y traspasaba la operación a Coopharma. El proceso había comenzado el 23 de marzo de 2018, cuando el administrador de la CFSE, Jesús Rodríguez Rosa, aprobó la solicitud para autorizar la “adquisición de bienes y servicios no profesionales” para la entrega de medicamentos a los lesionados mediante la red de CooPharma por $5 millones anuales, desde el 2018 al 2028. La solicitud fue aprobada el mismo día que la recibió. 

Tres días después se emitió el Aviso de Subasta RFP 2018-03 por invitación, para un “Contrato de Servicios de CooPharma para el Despacho de Medicamentos Mediante la Red de Farmacias de la Comunidad Autorizadas”. En lugar de abrir una subasta para que otras empresas o grupos de farmacias de la comunidad sometieran sus propuestas, el aviso describe la intención de la CFSE de contratar a CooPharma. 

Las “condiciones especiales” del RFP 2018-03 establecían que la Corporación decidió usar el proceso de requerimiento de propuesta económica directa y exclusivamente a CooPharma amparándose en dos leyes del cooperativismo (Ley 239 de 2004 y Ley 247 de 2008). El 10 de diciembre de 2018 la Junta de Subastas recomendó el contrato a la red de Coop. Farmacias Puertorriqueñas “en su totalidad”.

El presupuesto aprobado para la propuesta fue de $7.5 millones anuales hasta el año 2022-23, para un total de $37.5 en cinco años. La CFSE emitió el Aviso de Adjudicación al día siguiente (12-dic.-2018) y en menos de un mes (23-ene.-2019) la Junta de Directores de la CFSE declaró una “emergencia” y otorgó el contrato de emergencia a la misma red de farmacias. A prácticamente un año de la publicación del aviso de subasta, el 23 de abril de 2019 la Corporación otorgó el “contrato de emergencia para la prestación de servicios de farmacia” a través de CooPharma. 

El supuesto estado de “emergencia” se amparó en renuncias de farmacéuticos, puestos vacantes, y la alegada poca disponibilidad de licenciados en farmacia en ocasiones anteriores, lo cual había afectado los servicios, pero a la Unión no se le proveyó un memorando que justificara una emergencia, lo cual viola la sección 9.5 del Reglamento de Compras de la Corporación. El contrato también se refiere a un análisis financiero y operacional que no consta en los expedientes. 

No bien fue anunciado el acuerdo, la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (JSAF) emitió el 29 de abril pasado una opinión certificando que el contrato cumplía con el plan fiscal conforme a la información provista por la CFSE, aunque no evaluó su legalidad. La JSAF sí impuso requisitos adicionales para la transición de cierre de todas las farmacias, con excepción de la del Hospital Industrial, que debe mantenerse por ley. 

El Gobierno no se ahorra nada y favorece un claro conflicto de interés 

Según la JSAF, la Corporación reportó que mantener las farmacias de sus centros abiertas le cuesta $15.5 millones anuales y que contratar los servicios de CooPharma resultaría en un ahorro de $4.04 millones anuales. No obstante, el Gobierno no ahorra nada con este negocio porque gasta lo mismo que gastaba antes en medicamentos y el propio documento que sometió la CFSE a la JSAF así lo reconoce. 

Cuando CooPharma anunció el nuevo contrato a sus socios (28 de mayo de 2019) informó que centralizó sus operaciones integrando una Administración de Beneficios de Farmacia (conocido por sus siglas en inglés PBM), cuya operación la realizaba desde su sede bajo el nombre de negocio (DBA) “Coop Health”.  Los PBM son intermediarios que negocian servicios y costos de medicamentos entre farmacéuticas y pagadores, tales como el gobierno y las compañías de seguros.Al crear el DBA Coop Health bajo la matriz CooPharma, la red cooperativa entonces administra beneficios de farmacia, lo cual según los demandantes es un craso conflicto de intereses.

CooPharma viola Comercio Interestatal 

En la demanda, la Unión, alega que CooPharma viola la Cláusula Constitucional sobre Comercio Interestatal ya que  firmó en abril de 2019 un contrato exclusivo sin competencia alguna, asegurando los servicios de farmacia y de procesamiento. 

La demanda plantea que la CFSE dio trato preferencial a CooPharma ya que lo normal en las propuestas de subastas es que se les dé 3 o 4 semanas a las empresas para presentar sus propuestas. En este caso les dieron solo 3 días; la subasta fue por invitación, y la única invitada fue CooPharma. No se dio oportunidad a recibir mejores propuestas de otras farmacias de la comunidad, farmacias de fuera de Puerto Rico u otros PBM que pudieran dar el mismo servicio por menos dinero, incluyendo la posibilidad de que los trabajadores presentaran propuestas relativas a los servicios que se ofrecen desde las farmacias de la agencia.  

Finalmente de la demanda se desprende que la actuación de CooPharma viola la orden de la Comisión Federal de Comercio  ( FTC, por sus siglas en inglés) del 6 de noviembre de 2012 que le prohíbe negociar con un pagador a nombre de cualquier farmacia.  

El abogado de la Corporación para la referida demanda es el Lcdo. José Enrico Valenzuela y el caso fue refreido al Juez Gelpí.

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