19 de Febrero de 2019

¿Cómo la acreditación de la UPR alcanzó su punto más crítico?

Por el 25 de Enero de 2019

El 10 de enero de 2019 oficiales de la Universidad de Puerto Rico (UPR) recibieron la notificación que sus 11 recintos habían sido puestos en status de muestra de causa (“show cause”, en inglés) por la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE), lo que implica que la UPR tendrá que justificar a la agencia acreditadora las razones por las que sus recintos deben mantener su acreditación.

Esta acción, que lleva a la universidad a un punto crítico, no viene de la nada. La UPR lleva 20 meses tratando de responder a las preocupaciones de la agencia acreditadora sobre si su proceso interno de planificación es deficiente y que, si por causa de los recortes presupuestarios, no tengan los fondos suficientes para cumplir su misión.

La UPR no está sola en este aprieto en cuanto a la acreditación. Varías instituciones en Estados Unidos están bajo incumplimiento de los estándares de la MSCHE y otras agencias acreditadoras, de las cuales una ha logrado extender el proceso más allá de los dos años que establece la regulación federal.

¿Cómo llegamos aquí?

El 25 de enero de 2019 la administración de la UPR tiene que entregar 11 informes de muestra de causa en los cuales necesita defender la permanencia de la acreditación para los recintos. Esta fecha está cerca la marca del año y ocho meses desde que el proceso de probatoria empezó para las unidades de Arecibo, Bayamón, Carolina, Cayey, Humacao, Ponce, Río Piedras y Utuado.

Para entender cómo la universidad terminó a solo un paso de “adverse actions” o acciones adversas, que es la remoción de acreditación y los procesos subsiguientes, es importante revisar los sucesos que han ocurrido los casi dos años pasados.

El 21 de marzo de 2017, mientras ocho de los recintos pasaban por paralizaciones estudiantiles en protesta por las medidas de austeridad contenidas en el plan fiscal de la UPR, la Comisión envió una carta advirtiendo que estaban recibiendo un “warning” o aviso, lo que es la primera etapa bajo el área de incumplimiento.

En la carta, la MSCHE explica que estaba monitoreando el cumplimiento de los recintos para el Requisito de Afiliación 3 (ahora el segundo requisito), que atiende el que la institución esté abierta y operacional; el Requisito de Afiliación 8 (ahora el requisito número 11, que es en relación a la documentación de recursos institucionales y su planificación; y el Estándar de Acreditación III (ahora el Estándar VI), que atienden los recursos institucionales.

Si bien la carta aborda el tema de las paralizaciones estudiantiles, también se enfoca en los retos fiscales e indica: “Estamos al tanto de las reducciones significativas de gasto presupuestario que se están discutiendo y que probablemente se requerirán a través de todo el sistema de la UPR. Dependiendo de la naturaleza y extensión de las reducciones reales, varios de los requisitos de afiliación, estándares y políticas de la comisión se pueden poner en duda”.

La carta, firmada por la presidenta de la MSCHE, Elizabeth Sibioski, también menciona que cualquier cierre o consolidación entre diferentes unidades debe cumplir con los requerimientos bajo cambio sustancial (“substantive change”, en inglés).

Después de informes suplementarios, los ocho recintos antes mencionados fueron puestos en probatoria el 18 de mayo de 2017 por todas las regulaciones que se mencionan en la carta de marzo, y los recintos de Aguadilla, Ciencias Médicas y Mayagüez se les ordenó entregar informes suplementarios en aspectos relacionados a la documentación financiera, planificación y recursos institucionales.

Probatoria y continuación de probatoria es la segunda etapa bajo el status de incumplimiento.

El primer gran percance con el proceso de la probatoria llegó en marzo de 2018 cuando la UPR no pudo proveer los estados financieros auditados del año fiscal 2017. En ese momento, la universidad se estaba recuperando de los daños causados por los huracanes del 2017, y la MSCHE le dio a la institución académica hasta el 30 de septiembre de 2018 para que entregara los estados financieros auditados.

Para el final del verano del 2018, la agencia acreditadora había levantado el incumplimiento sobre el Requisito de Afiliación 2, pero el cumplimiento de las regulaciones fiscales y de planificación seguían cuestionándose. Por lo que la Comisión continuó solicitando documentación relacionada a las finanzas y planificación interna, así como el impacto en la UPR del plan y propuesta de reestructuración de la junta de control fiscal.

El próximo contratiempo para la UPR se hizo público durante la reunión del 27 de agosto de la Junta de Gobierno de la UPR. El entonces presidente de la universidad Darrell Hillman y el recién nombrado director de finanzas Antonio Tejera anunciaron, durante el último informe de Hillman como presidente, que tuvieron que solicitar otra extensión para entregar los estados financieros auditados. Esta vez hasta el 30 de diciembre de 2018. Explicaron que Ernst & Young estarían a cargo de preparar los estados financieros auditados de 2017. Los estados financieros auditados del 2018 se tenían que comenzar a trabajar de manera concurrente por los administradores y asesores ya que la fecha límite es marzo 2019.

La representante estudiantil graduada ante la Junta de Gobierno, Marysel Pagán, así como otros miembros dentro de la estructura de gobernanza de la universidad, entregaron a Ernst & Young los documentos necesarios a finales de diciembre, en vez de finales de noviembre como se les requería. Esto ocasionó que la UPR no pudiera cumplir con la entrega del 30 de diciembre, ni con la breve extensión al 2 de enero de 2019.

Llegando a un punto crítico

Cuando la universidad no cumplió con la fecha límite más reciente la lista de incumplimiento creció para incluir el Requisito de Afiliación 14, que pide de la institución que tenga disponible para la comisión información razonable, precisa y completa. Esto llevó a que el 7 de enero la MSCHE pusiera en estatus de muestra de causa a todos los recintos de la UPR, incluyendo los que no estaban en probatoria.

Los recintos tienen hasta el 25 de enero para entregar los informes de muestra de causa, que deben incluir documentos financieros y planificación así como el documento “Teach-Out”, que detalla el plan en caso que la UPR pierda su acreditación. Luego, un equipo de la MSCHE vendrá la primera semana de febrero para hacer una visita de evaluación a todos los recintos. El paso siguiente será que la MSHCE decida el futuro de la UPR. Las opciones son que se reafirme la acreditación, se revoque la acreditación o se mantenga el status de muestra de causa.

El 14 de enero la UPR entregó los estados financieros auditados del 2017, en los que Ernst & Young expresó duda que la UPR se pueda mantener estabilidad fiscal dado los problemas fiscales del gobierno central; también se presentó duda sobre si las medidas del plan fiscal se podrían implementar o de implementarse daría los resultados esperados.

UPR no está sola en este bote

El status de muestra de cause es terreno desconocido para la UPR pero universidades a través de los Estados Unidos han pasado por las diferentes etapas de incumplimiento con agencias acreditadoras como resultados mixtos.

El Título 34 parte 602.2 de la Ley de Educación Superior, le da a las universidades como grados de cuatro años o más hasta dos años para resolver cualquier incumplimiento antes que las agencias acreditadoras tengan que comenzar los procesos de acción adversa. Sin embargo, al final del inciso mencionado abre la posibilidad a que la acreditación extienda el proceso si ven “justa causa”.

El manual de Procedimientos de Acciones de Acreditación de la Middle States indica que una extensión por “buena causa” es “una forma de alivio excepcional y no un derecho institucional. La decisión de conceder una extensión por buena causa se hace bajo la discreción exclusiva de la comisión y no está sujeta a apelación”.

Una institución no puede tener más de dos extensiones por buena causa, las cuales no pueden ser más de un año cada una. Esto lleva cuatro años, la cantidad de tiempo que una institución podría estar en incumplimiento antes que se comiencen los procesos de acción adversa.

Este es el caso de Cheyney University en Pennsylvania, que entró en probatoria en noviembre de 2015. En junio de 2017 la comisión votó por poner a Cheyney en muestra de causa por incumplimiento en el Requisito de Afiliación 11 (en ese momento el octavo requisito), el Estándar de Acreditación VI (en ese momento el segundo estándar), que son los mismo estándares parte de la probatoria de la UPR, y otros dos estándares adicionales.

En noviembre de 2017, acabándose el tiempo de los dos años de probatoria, la MSCHE le concede a Cheyney su primera extensión por buena causa y en noviembre de 2018 le concedió la segunda extensión a la institución que ya había reducido su incumplimiento al Requisito de Afiliación 11 y el Estándar de Acreditación VI.

Según la carta enviada a Cheyney University, la MSCHE concedió la última extensión de un año “porque la institución ha mostrado evidencia escrita y convincente que la calidad de enseñanza para los estudiantes no se ha comprometido, demostraron progreso significativo hacia la resolución de las cuestiones de incumplimiento, y está haciendo un esfuerzo de buena fe para remediar las deficiencias existentes y existe expectativa razonable que esas deficiencias se van a remediar dentro del periodo de extensión”.

El informe de muestra de causa de Cheyney tiene una fecha límite de 15 de agosto 2018 y la mayoría de los informes de monitoreo que la MSCHE solicitó tras su reunión ordinaria de noviembre tienen fecha límite de marzo. Esto es un contraste a los 15 días que le dio a la UPR para producir su informe de justa causa el 25 de enero.

Diferentes resultados

Es importante recalcar que a pesar que tanto la UPR como Cheyney University tienen incumplimiento en los mismos requisitos, si la UPR no puede no es capaz de resolver sus problemas de acreditación antes de los dos años, y está la posibilidad de que los pueda resolver, no se debe confiar de que se le otorgará una extensión de buena causa gracias a las similitudes entre ambos casos. Hasta el momento, la posibilidad de una extensión de buena causa no se le ha presentado a la UPR y hay varios factores de evaluación.

Si bien la extensión por buena causa, está a “la discreción exclusiva de la comisión”, el manual de Procedimientos de Acciones de Acreditación indica varios factores que la MSCHE utiliza para decidir si concede ese aplazamiento.

Para conceder la extensión, la MSCHE busca evidencia de, entre otras cosas, “la experiencia de enseñanza no se ha comprometido”; que “la institución ha cumplido con todas las políticas y procedimientos de la comisión;” que ha presentado un plan de “teach-out”; y muestra potencial de remediar las cuestiones de incumplimiento y satisfacer las expectativas de la MSCHE.

La lista de factores establece lenguaje idéntico al Requisito de Afiliación 14, al establecer que buscan “evidencia que la institución ha hecho libremente accesible a la comisión información precisa, razonable y completa sobre todos los aspectos de la institución y sus operaciones y en respuesta a los pedidos de información de la comisión”.

Más abajo en la lista, también menciona evidencia que la “institución ha cumplido con todos los requisitos federales”. Debido a que los estados financieros auditados también son parte de los requerimientos del Departamento de Educación de Estados Unidos, atrasos en la entrega de los estados financieros auditados del 2018, las cuales deben entregarse en marzo, pueden ser un factor en la toma de decisiones de la MSCHE.

Muchas universidades tienen resultados satisfactorios luego de sus procesos de incumplimiento. La misma UPR recibió afirmación de acreditación luego de su probatoria en el 2010 y más recientemente, Saint Agustine University en Carolina del Norte, que es acreditada por la Southern Association of Colleges and Schools Commission (SACSC), salió airosa de su proceso probatorio a finales del 2018.

Sin embargo, esa no es la suerte que corren todas las universidades. El proceso para las universidades que han perdido su acreditación es uno escarpado ya que sin una acreditación por una agencia reconocida a nivel federal la institución no es elegible para fondos federales. En adición, hay programas que requieren acreditaciones particulares, las cuales dependen de la acreditación institucional, y además hay universidades que se rehúsan a convalidar créditos o diplomas de universidades no acreditadas.

En el 2012, el Wall Street Journal publicó una lista de 18 instituciones que habían perdido su acreditación durante la década previa. Para ese entonces, ya nueve instituciones habían cerrado, y de las que no cerraron inmediatamente o se consolidaron con instituciones acreditadas, dos cerraron permanentemente, dos cerraron por un tiempo y una está tratando de lidiar con una matrícula sumamente contraída debido a la falta de acceso a fondos federales, y dos están acreditadas actualmente.

De las dos instituciones hoy acreditadas, Paul Quinn College (PQC) en Texas solucionó su situación al buscar la acreditación de otra agencia acreditadora. Originalmente, PQC estaba acreditada por la SACS, pero después del proceso de acción adversa con esta agencia en 2011, la institución académica se cambió de la acreditación de la comisión de su región a la acreditación de la Transnational Association of Christian Colleges & Schools.

image_print