Urgen a la junta fiscal insertarse en debate de reforma contributiva federal

Por Luis J. Valentín Ortiz el 30 de Noviembre de 2017

En momentos que el Congreso trabaja rápidamente en la aprobación de una reforma contributiva que amenaza seriamente la ya maltrecha economía de Puerto Rico, la junta de control fiscal quedó emplazada hoy a insertarse en el debate y exigir cambios en el proyecto a favor de la isla.

En lo que fue la segunda sesión de diálogo convocada por la junta previo a un nuevo plan fiscal del Gobierno y que se llevó a cabo en el edificio de la Administración de Accidentes de Automóviles (ACAA) en Hato Rey, la mayoría de los participantes del primer panel coincidieron en la importancia de lograr cambios en la reforma contributiva federal que eviten un nuevo desplome en una economía que lleva más de 11 años en recesión.

El próximo lunes, 4 de diciembre, y en la ciudad de Nueva York, la junta realizará la tercera y última sesión de diálogo previo a la entrega de nuevos planes fiscales del Gobierno el 22 de diciembre. (Juan J. Rodríguez/CB)

La audiencia fue liderada por el director fiscal e implementación de la junta, Miguel Tulla. También estuvieron presentes la directora ejecutiva Natalie Jaresko y el miembro del ente, David Skeel. El presidente de la junta, José Carrión III, el representante del Gobierno, Christian Sobrino, y el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Gerardo Portela, solamente participaron de los paneles de la mañana.

Durante su presentación en el panel enfocado en el sistema contributivo, el economista y profesor de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Ramón Cao, lanzó un llamado al cuerpo creado por Promesa para que llevé a la atención del Congreso y la Casa Blanca las graves consecuencias que tendría la reforma contributiva sobre la base industrial de la isla, de ser aprobada tal y como se baraja actualmente a nivel federal. Esto ya que reduciría o eliminaría el incentivo que tienen las compañías multinacionales para permanecer haciendo negocios en Puerto Rico, afectando casi una cuarta parte del producto bruto nacional.

Según informes, el Senado aprobaría antes de que culmine esta semana su versión de la reforma contributiva, mientras que la Cámara federal ya hizo lo propio hace dos semanas. Se espera que ambos cuerpos limen sus diferencias en un comité de conferencia del cual la mayoría Republicana en el Congreso espera producir una versión final en consenso que logre la aprobación final. La administración de Ricardo Rosselló Nevares y el sector privado cabildean fuertemente para lograr cambios en la reforma y evitar que afecte a las compañías foráneas controladas en Puerto Rico.

Asimismo, Cao dijo que es “optimista” pensar que el Gobierno puede entregar un plan fiscal para el 22 de diciembre, sin tener certeza sobre cómo se verá finalmente la reforma contributiva federal y cuánto será la cantidad de fondos federales que llegarán a Puerto Rico para la recuperación tras los huracanes Irma y María.

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Por otro lado, considera imperativo repensar el rol del Gobierno —el cual no debe dejar de ser el “motor económico” de Puerto Rico— al igual que recordar que la economía de Puerto Rico es insular y todo lo que esto conlleva, incluyendo altos costos de energía y transportación. En el área contributiva, el economista sugiere reducir tasas impositivas, eliminar el cobro del IVU entre negocios y reducir el número de exenciones contributivas, entre otras ideas.

Contrario a la postura de Cao en limitar y reevaluar los créditos contributivos que el Gobierno otorga a ciertas compañías o sectores, Gabriel Hernández, socio de la firma de contabilidad BDO Puerto Rico, entiende que ahora más que nunca, Puerto Rico debe apostar a los incentivos para mantenerse competitivo frente a otras jurisdicciones tanto internacionales como en Estados Unidos.

“Si eliminamos los incentivos [contributivos], sacamos a Puerto Rico del juego”, dijo el también CPA, quien aseguró que la isla necesita proveer incentivos si quiere generar actividad económica. Añadió que se necesita una política pública contributiva dirigida a fomentar crecimiento económico, de manera que se use parte de los recaudos del Gobierno para invertir en áreas que atraigan inversión extranjera.

A pesar del argumento del socio de BDO Puerto Rico y ante el debate que surgió en torno al otorgamiento de incentivos contributivos, Cao reiteró que es importante repensar la estrategia ya que el Gobierno tiene “la manía” de dar créditos contributivos “a cuanto pájaro se aparezca”, muchas veces sin redundar en beneficio para la economía local.

Otro de los panelistas que enfatizó en la relación que tiene una economía saludable con la habilidad del Estado en recaudar contribuciones lo fue Xenia Vélez, otrora secretaria de Hacienda bajo el exgobernador Pedro Rosselló y quien ahora trabaja para la firma McConnell Valdés. Para ella, el problema contributivo reside en el estado de la economía, ya que si hay dinero, los residentes pagan contribuciones, explicó Vélez.

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Como parte de sus soluciones, sugirió “certeza y estabilidad” en la economía; mejoras a la infraestructura; mejorar el ambiente de negocios y utilizar los recaudos del erario solamente para “funciones esenciales”. También pidió “sentido común” en la implementación de políticas económicas y contributivas.

Entretanto, Vélez apuntó a implementar un “sistema robusto” de fiscalización, de manera que cada contribuyente en su análisis de costo-beneficio entienda que es mejor cumplir con su responsabilidad contributiva, que evadirla. “El IRS es el estándar de oro”, mencionó.

En cuanto a medidas contributivas específicas que la junta podría impulsar, Isabel Hernández de la firma Kevane Grant Thornton presentó algunas sugerencias tales como dar una deducción especial a compañías sujeto al nivel de empleados, así como una tasa preferencial para aquellas entidades que interesen participar de alianzas público privadas. Asimismo, sugirió reducir las tasas contributivas a nivel del individuo.

Sobre el IVU, Hernández propuso eliminar los productos y servicios que están eximidos y moverse hacia diferentes tasas según el producto o el precio. También sugiere eliminar el impuesto que pagan los negocios a nivel municipal sobre sus inventarios y priorizar los esfuerzos de tasación de propiedades.

El próximo lunes, 4 de diciembre, y en la ciudad de Nueva York, la junta realizará la tercera y última sesión de diálogo previo a la entrega de nuevos planes fiscales del Gobierno el 22 de diciembre. De igual forma, el ente llevará a cabo su undécima reunión pública al día siguiente, también en la ciudad de Nueva York.