8 de Mayo de 2021

Vistazo a propuestas económicas de candidatos a la gobernación

Por el 31 de Octubre de 2016

El momento de las elecciones está a ocho días y Puerto Rico pronto tendrá a un nuevo gobernador con el reto poco envidiable de sacar a la isla de la crisis fiscal y económica.

Con esto en mente, Caribbean Business en Español y ABC5 realizaron hace dos semanas un foro televisado de dos horas de duración llamado “Junteconómico”, en el que seis candidatos a la gobernación de Puerto Rico ofrecieron sus puntos de vista en temas variados como la sostenibilidad alimentaria, la reestructuración de la deuda, la reestructuración del gobierno y el desarrollo económico.

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Los candidatos a la gobernación participaron en el foro Junteconómico, transmitido por ABC5 el pasado 20 de octubre. (Juan J. Rodríguez/CB)

Sobre el tema de la reestructuración de la deuda de $70,000 millones de Puerto Rico, los seis candidatos coincidieron en la necesidad de que el Congreso le otorgue a Puerto Rico una extensión de la suspensión en todas las reclamaciones de responsabilidad ya que renegociar la deuda con los grupos de acreedores de la isla tomará tiempo. La suspensión provista en la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) expira a mediados de febrero de 2017.

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La candidata independiente Alexandra Lúgaro dijo que la reestructuración de la deuda es controlada por la junta de control fiscal federal que fue promulgada en virtud de Promesa, pero el gobernador próximo a salir electo —quienquiera que sea—tiene que hacer recortes en el presupuesto para hacer adelantar el proceso y evitar pleitos legales que podrían ser costosos.

Manuel Cidre, que también es un candidato independiente, dijo que un informe del gobierno muestra que el ELA puede cumplir con la reestructuración de sus casi $18,000 millones en bonos de obligación general mediante el pago de interés y poniéndole un alto al pago del principal de la deuda. La Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Carreteras y Transporte, el Banco Gubernamental de Fomento y la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) tienen la mayor parte de la deuda restante del gobierno central y estas entidades pueden renegociar sus deudas porque tienen sus propias fuentes de ingresos, dijo. “Esto no va a suceder en febrero. Vamos a tener que prolongar la suspensión hasta mayo, que es la segunda extensión proporcionada por Promesa”, señaló Cidre.

Por su parte, Ricardo Rosselló, el candidato a gobernador por el Partido Nuevo Progresista (PNP), dijo que confiaba en que si resulta electo podría llegar a términos de acuerdo con los acreedores durante sus primeros 50 días como gobernador. Dijo que ya se ha reunido con los acreedores y continuará reuniéndose con ellos tras ser elegido para llegar a esos términos de acuerdos para renegociar la deuda. Según Rosselló, con un pago diferido en solo dos de los 19 grupos de acreedores, Puerto Rico podría obtener $800 millones para operar el gobierno y restaurar su credibilidad.

El candidato a gobernador del Partido del Pueblo Trabajador (PPT), Rafael Bernabe, recordó que en 2014 su partido fue el primero en hacer hincapié en la necesidad de renegociar la deuda y de suspender los pagos a los acreedores, acto que hizo que fuera tildado como irresponsable. Él dijo que el Congreso -no la junta- debe prolongar la suspensión en las demandas de responsabilidad. Antes de enfrascarse en la reestructuración de la deuda, Puerto Rico necesita auditar toda su deuda para así determinar cuál puede ser ilegal y anularla, indicó. “Es preciso que el pueblo de Puerto Rico, y no estos siete representantes, renegocie la deuda en nuestros términos”.

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Mientras tanto, David Bernier, candidato a gobernador por el Partido Popular Democrático (PPD), hizo hincapié en la necesidad de reestructurar la deuda en vez de adoptar medidas de austeridad porque los recortes presupuestarios podrían aumentar la pobreza y hacerle daño a las empresas y a los jubilados. Al igual que Bernabe, dijo que la deuda primero debe ser auditada.

María de Lourdes Santiago, candidata a la gobernación por el Partido Independentista de Puerto Rico (PIP), dijo que la isla no puede reestructurar la deuda bajo términos convencionales o los términos de Promesa debido a la diversidad de los acreedores. Dijo que los fondos de cobertura que compraron la deuda a 25 centavos de dólar saldrían bien en una reestructuración si reciben 30 centavos de dólar, pero las cooperativas de crédito de la isla que invirtieron millones en una transacción durante la administración de Luis Fortuño podrían colapsar. “Si las cooperativas de crédito desaparecen porque no se honran sus pagos, entonces una fuente de financiamiento para los pobres también desaparece”, expresó.

Cidre dijo que según el plan fiscal del gobierno, solo el 10% de los acreedores son tenedores de bonos locales, no un 40% como se creía inicialmente. “Los inversionistas locales deben estar separados de los inversionistas especulativos,” sostuvo.

En respuesta a una pregunta, Bernier reiteró su concepto de “entry point” en el que los acreedores cobran de acuerdo al momento en que compraron sus bonos. “En el proceso de reestructuración es necesario diferenciar entre los tenedores locales de bonos y los que compraron solo para especular”, dijo.

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Santiago le dijo a Bernier que bajo Promesa los tenedores de bonos con el mismo tipo de deuda u obligación no pueden ser tratados de manera diferente el uno del otro. “Es por eso que insistimos en que la reestructuración debe hacerse en términos no convencionales, en nuestras manos, y no bajo la junta. Creemos que confrontar a la junta va a crear un evento insostenible para los Estados Unidos… La razón por la que la junta está actuando de una manera dictatorial y por qué el Congreso nombró una junta se debe a la complicidad de los partidos políticos…”, sentenció.

Medidas propuestas para reactivar la economía

Los seis candidatos también hablaron extensamente sobre sus ideas para impulsar la economía y aumentar la tasa de participación en la fuerza laboral, que por años ha estado estancada en un 40%. Santiago dijo que, a menos que Puerto Rico obtenga el control de sus fronteras y alcance la diversidad en el transporte marítimo, la isla será incapaz de reactivar la economía.

Lúgaro propuso que se entrene a los estudiantes para trabajar en empleos de gran demanda, fortalecer la agricultura, reenfocar la industria del turismo y modernizar la manufactura. Rosselló propuso la aplicación del programa Welfare to Work de manera que los que quieren trabajar no pierdan los beneficios que necesitan para subsistir.

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Bernabe hizo un llamado a la necesidad de cobrarle impuestos a las corporaciones extranjeras controladas (CFC, por sus siglas en inglés) e invertir estos ingresos contributivos en el sector privado para crear empleos. Las CFC producen $30,000 millones al año que salen del país, señaló. “Queremos que parte de esas ganancias sean invertidas en Puerto Rico”. Él también propuso un proyecto agroecológico para Puerto Rico que requiere la creación de unas 24,000 granjas en 60,000 acres.

Cidre propuso varias ideas que incluían fomentar la producción de los 25 bienes y artículos que Puerto Rico importa con mayor frecuencia, reducir la dependencia en la asistencia económica y buscar la exención de la Ley Jones para traer las materias primas necesarias para la producción. Aclaró que Promesa contempla excepciones a la Ley Jones en virtud de una disposición de emergencia económica.

Bernier dijo que los incentivos contributivos a las empresas y la reforma contributiva deben ser revisadas para apoyar a las empresas locales.

En respuesta a una pregunta, Santiago dijo que ella crearía los 25,000 a 50,000 empleos promocionados en su plataforma brindándole más incentivos a la agricultura. Indicó que empresas como Monsanto y otras no cultivan alimentos en Puerto Rico y venden fuera de Puerto Rico semillas que no pueden reproducirse. Estas empresas han recibido $519 millones en incentivos en una década, mientras que el gobierno “le da” 238 millones de galones de agua a estas empresas. “Deberíamos convertir la Autoridad de Tierras en la la Autoridad Alimentaria Soberana para que las tierras cultivables puedan distribuírsele a los agricultores locales”, dijo.

Santiago, Bernabe y Bernier apoyaron el financiamiento público de las campañas políticas. Bernier hizo un llamado a campañas políticas más cortas y total transparencia en la contratación de empleados gubernamentales, especialmente aquellos en posiciones de confianza, para evitar cualquier tipo de quid pro quo (“toma y dame”). Bernabe señaló que el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Citizens United no impide que Puerto Rico prohíba los donativos privados a los partidos políticos.

Rosselló dijo que la prevención y la educación son fundamentales en la lucha contra la corrupción gubernamental. Dijo que iba a establecer un Código de Funcionarios Electos y crear el puesto de Inspector General.

Lúgaro no dijo si apoyaría el financiamiento público de las campañas, pero hizo hincapié en el uso de la tecnología para mantenerse al día en cuanto a los gastos del gobierno y las nuevas contrataciones.

Promesas y más promesas

Bernabe, Cidre y Lúgaro dijeron que es posible reestructurar el gobierno sin despedir a los empleados porque los problemas reales en el gobierno son los gastos innecesarios y la duplicidad. Bernabe y Cidre coincidieron en la idea de extenderles beneficios de jubilación a los trabajadores del sector privado y que permitirles aportar dinero a los sistemas para aumentar sus ingresos.

Aunque su plataforma exige un presupuesto de base cero, Lúgaro dijo que para llevar a cabo su plan necesitaría datos económicos gubernamentales confiables, pero al día de hoy los datos varían mucho dependiendo de la agencia.

Cidre dijo que en 2004 había alrededor de 300,000 empleos en el sector público y un presupuesto gubernamental de $7,000 millones. Hoy día, el presupuesto ha aumentado a alrededor de $9,000 millones, pero hay 195,000 empleados, lo que representa una disminución de 105,000 empleos.

“El problema no es la nómina o recortar la nómina. Un buen administrador es el que corta la verdadera grasa…”, dijo. Propuso utilizar una parte del excedente de ingresos proveniente de los recortes en el gobierno para capitalizar los sistemas de retiro y fusionar los tres sistemas de retiro en uno solo.

Rosselló dijo que quiere crear un “gobierno completamente nuevo” para lidiar con los costos excesivos. Dijo que iba a poner en práctica la idea del “empleador único”, que según él podría ahorrar $30 millones durante el primer año y $70 millones en el segundo. Dijo que traería dinero nuevo al sistema de retiro a través de “alianzas público-privadas” participativas, de manera que una parte de sus beneficios se destinen a financiar los sistemas y mediante la creación de un Fideicomiso de Propiedades del Estado, cuyos fondos pueden entrar en los sistemas de retiro.

Santiago explicó que la propuesta del gobernador Alejandro García Padilla para eliminar unos 12,000 empleos en un periodo 10 años está condenada al fracaso porque cuando Fortuño despidió a miles de trabajadores en el 2009 a través de la Ley 7, el sector privado fue incapaz de proporcionarles empleos a los trabajadores desplazados. Ella propuso aumentar el impuesto del 4% que actualmente se le aplica a las ganancias de las CFC para ayudar a financiar los sistemas de retiro.

Bernier propuso redirigir los fondos de otras agencias y utilizar la cartera de retiro para obtener nuevos ingresos para los sistemas de retiro, que están insolventes y necesitan más de $1,100 millones en financiamiento inmediato.

Verificación de datos de Junteconómico

Reestructuración de la deuda

Rafael Bernabe, el candidato a gobernador por el Partido de Pueblo Trabajador, dijo que en 2014 su partido fue el primero en hacer hincapié en la necesidad de renegociar la deuda y suspender los pagos, acto que hizo que fueran tildados como “irresponsables”.

Cierto. Bernabe hizo el comentario de que la deuda no podía ser pagada en una columna de periódico en enero de 2014.

Ricardo Rosselló, candidato a gobernador por el Partido Nuevo Progresista, dijo que confiaba en que pudiera llegar a términos de acuerdo con los acreedores durante los primeros 50 días de su mandato como gobernador —de salir electo— porque los acreedores quieren hacerlo. Dijo que se ha reunido con los acreedores y se reunirá con ellos tras ser electo para llegar a esos términos de acuerdos y así renegociar la deuda.

El tiempo lo dirá: Rosselló le dijo Caribbean Business que tenía el modelo para dos términos de acuerdos con los acreedores.

En respuesta a una pregunta, el candidato a gobernador por el PPD, David Bernier, reiteró su concepto de “entry point” en el que los acreedores cobran según el momento en que compraron sus bonos. “En el proceso de reestructuración, es necesario diferenciar entre los tenedores locales de bonos y los que compran solo para especular”, dijo. Santiago le dijo a Bernier que bajo Promesa los tenedores de bonos con el mismo tipo de deuda u obligación no pueden ser tratados de manera diferente el uno del otro.

-Cierto: Promesa establece en la Sección 601(g) que los derechos existentes de los tenedores de bonos no pueden ser alterados.

Cidre dijo que, de acuerdo con el plan fiscal del gobierno, solo el 10% de los acreedores son tenedores locales de bonos y no el 40% como inicialmente se creía.

-Más bien un 18%. Bonistas del Patio, un grupo de tenedores locales de bonos, dice que poseen más de $15,000 millones de la deuda de la isla, que se estima en $70,000 millones.

Desarrollo económico

Cidre dijo que Promesa permite exenciones bajo la Ley Jones en virtud de una disposición de emergencia económica.

-No del todo: Promesa no menciona específicamente la Ley Jones, pero la propia ley ofrece exenciones en casos de emergencia nacional o si fomentan un interés nacional.

Santiago señaló que empresas como Monsanto y otras no cultivan alimentos en Puerto Rico y venden semillas fuera de Puerto Rico que no pueden reproducirse. Estas empresas han recibido $519 millones en incentivos en una década, mientras que el gobierno les “da” a las empresas 238 millones de galones de agua.

-Aparentemente: La información está contenida en un informe del Centro para el Periodismo Investigativo que analiza ciertos informes gubernamentales sobre las empresas de semillas.

Bernabe dijo que las corporaciones extranjeras controladas generan alrededor de $30,000 millones al año en ingresos que salen del país. Las CFC deben pagar un impuesto del 4% en los ingresos, según lo establecido por la Ley 154 de 2010.

-Añádale $10,000 millones. El plan fiscal del gobierno dice que están programadas a pagar $1,900 millones en impuestos, lo que indica sus ingresos sobrepasan los $40,000 millones al año.

La reestructuración del gobierno y Puerto Rico ante el Congreso

Santiago dijo que la propuesta del gobernador Alejandro García Padilla para eliminar unos 12,000 empleaos en un periodo de 10 años fracasará, porque cuando el exgobernador Luis Fortuño despidió a miles de empleados en 2009 bajo la Ley 7, el sector privado no pudo reemplazar los empleos.

-Cierto: Durante años, el sector privado ha estado económicamente estancado y ha estado obstaculizado por costos adicionales y, por lo tanto, no ha crecido como muchos habían esperado.

Cidre dijo que en 2004 había alrededor de 300,000 empleos en el sector público y el gobierno tuvo un presupuesto de $7,000 millones. Hoy día, el presupuesto ha aumentado a alrededor de $9,000 millones y, sin embargo, el número de empleados gubernamentales se ha reducido a 195,000. Dijo que el problema no es la nómina, sino la administración.

-Más o menos. Para el año fiscal 2004-2005, el presupuesto del fondo general aprobado fue de $8,800 millones. El número de empleados del sector público era 222,985, según cifras del gobierno. Para el año fiscal 2016-2017, el presupuesto aprobado fue de $8,900 millones. La cantidad de empleados gubernamentales es de 158,574.

Bernier dijo que los sistemas de retiro, que están insolventes, necesitan más de $1,100 millones en financiamiento inmediato.

-No tanto: Los sistemas de retiro necesitan más de $300 millones para mantener sus reservas de $1,000 millones.

Transparencia

Bernabe dijo que el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Citizens United no impide que Puerto Rico prohiba los donativos privados a los partidos políticos.

-Cierto: La decisión en Citizens United fue que el gasto político es una forma de expresión protegida por la Primera Enmienda y el gobierno no puede evitar que las empresas o las uniones gasten dinero para apoyar o denunciar a los candidatos en las elecciones.

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